Robertony Zuarth Esquinca y Otros.
Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/07/2023
Partes del expediente
- Robertony Zuarth Esquinca y Otros.
- Robertony Zuarth Esquinca
Actuaciones
- Principal
Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada por Ministerio de Ley y Presidente de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al diverso 17642/2023 de este índice, informa con relación al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo; esto es que mediante proveído de tres de julio del año en curso, hizo efectivo a la autoridad demandada en el juicio de origen 103/18-19-01-4-OT, Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Representación en Chiapas, con sede en esta ciudad, (aquí autoridad responsable), el apercibimiento decretado en auto de veintidós de mayo del año en curso, consistente en 300 Unidades de Medida y Actualización; y, requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable antes citada el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo; actuaciones con las cuales demuestra que esa Sala ha realizado gestiones directas encaminadas al cumplimiento del fallo protector. Anexando al efecto, copia simple del acuerdo de Sala de tres de julio del año en curso. Atento a lo anterior, agréguese en autos el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, se tiene a la autoridad responsable Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, informando de las acciones que realiza para el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo. Visto; el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de tres de julio del año en curso, se dio cuenta del oficio remitido por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió las constancias con las que refiere se acredita el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo; reservándose este órgano de control constitucional de proveer sobre el cumplimiento del fallo protector hasta en tanto la diversa autoridad responsable Sala Regional en Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, se pronunciara respecto del cumplimiento. No obstante lo anterior, advirtiéndose que el proveído de tres de julio del año en curso, pronunciado por la autoridad responsable antes citada, fue dictado en la misma data en que este juzgado federal se reservó de proveer con relación a lo informado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad. Este órgano jurisdiccional, estima procedente continuar la reserva para pronunciarse con relación al cumplimiento del fallo protector, hasta en tanto la autoridad responsable Sala Regional en Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, informe a esta autoridad, respecto del cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, conforme las acciones realizadas para tal efecto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad; las cuales se presume no le han sido comunicadas debido al empalme en la misma data, de los autos dictados por dicha Sala y por este juzgado federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el ocurso de cuenta signado por Gerardo Andrés Sáinz González y********************, en sus calidades de delegados fiduciarios de ********************, por medio del cual amplía su demanda de amparo respecto a los siguientes actos reclamados: A la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa para Delitos relacionados con Notarios y Corredores Públicos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, se reclama el oficio ********************, dictado en el expediente C.I. ********************; Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, se reclama la omisión de dar cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en la Carpeta de Investigación ********************; Director de Catastro del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se reclama la omisión de dar cumplimiento a lo requerido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en la carpeta de investigación ********************; y, Fiscalía General del Estado de Chiapa, con sede en esta ciudad, se reclama la variación y mejora de la fundamentación y motivación del oficio de inhabilitación del registro catastral del Boquerón. Así como los antecedentes y conceptos de violación que relata. Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada su demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, el que podrán rendir al correo electrónico 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días, al en que reciba el oficio en el que se les solicita; al que deberán acompañar los originales, o en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe o por medios digitales; apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el dispositivo 75, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, de los Artículos 103 y 107 de las Constitución General de la República, solicítese a la autoridades responsables para que en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexen copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237, fracción I y 251, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia del escrito de ampliación. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, por no encontrase registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. De la certificación de cuenta que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontraron registrados los usuarios "********************" y "********************"; en tal virtud, se autoriza la consulta del expediente electrónico con los citados usuarios. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. Se faculta el uso de medios electrónicos, como scanner, cámara fotográfica, lectores láser, siempre y cuando, el medio que utilicen no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este Órgano Jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este Órgano de Control Constitucional no está acreditado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso dañe el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por propio derecho por Robertony Zuarth Esquinca, contra actos de las autoridades responsables señaladas como: ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 988/2023-II. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de la Materia impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: Lo anterior, pues a juicio de este juzgador se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b).- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; C).- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I.- Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II.- Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III.- Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I.- Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II.- Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III.- Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV.- Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V.- Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI.- Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I.- Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II.- Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En efecto, en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente. IV.- ACTO RECLAMADO.- la falta de notificación en el toca número 325-B/C01/2018, por parte del actuario adscrito a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, misma que no fue conforme a los artículos 113, 114, 115 y 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. En contra de dicha actuación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el quejoso debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones. Ello es así, porque el numeral 1349 del Código de Comercio, establece lo siguiente: "Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Al respecto, también conviene invocar lo dispuesto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual establece: "ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida..." Del precepto transcrito se advierte que contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida, es procedente el incidente de nulidad de notificaciones. Por tanto, en contra del acto combatido, procede el incidente de nulidad de notificaciones, de conformidad con el numeral invocado, pues a través de dicho medio ordinario de defensa, la parte quejosa puede controvertir la notificación que estima se realizó de forma distinta a lo establecido en el Ley de la materia. En consecuencia, se reitera que el solicitante de amparo, previo a la promoción del juicio de amparo biinstancial, debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones. Máxime que el aquí quejoso es parte formal en el juicio de origen, y como tal, se encuentra legitimado para hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que estime le agravian. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir los actos que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyo rubro a la letra se transcribe: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD." Se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, en razón que así lo solicito la parte quejosa.
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