Roberto Zeferino Bravo Esquivel

Expediente 129/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Roberto Zeferino Bravo Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de nueve de marzo del dos mil veintidós, en el que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado dicho auto. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el oficio signado por el Actuario adscrito a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en virtud de que mediante proveído del nueve de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el temporal de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; al que se adjunta copia certificada del expediente laboral C. D. T. 482/2021; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se adjuntan al informe de cuenta, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. De autos se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y de emplazar a la parte demandada. Ahora, como lo informa y acredita la junta responsable, mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 482/2021, se admitió a trámite la demanda que presentó la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; de igual forma, de las constancias remitidas, se advierte que el dos de marzo siguiente, el actuario responsable, emplazó a juicio al demandado Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. En el entendido de que si bien, por cuanto hace al diverso demandado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 31 Tlaxcala, el actuario responsable hizo constar la imposibilidad que le asistió para emplazarlo a juicio; ello sólo implica que esta autoridad responsable ya realizó la actividad que le correspondía efectuar conforme a la legislación laboral aplicable y, en este supuesto, ahora atañe a la parte actora -aquí quejosa- promover lo conducente para lograr el llamamiento a juicio de dicho demandado. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello, el acto no agravie al quejoso. Es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo: por lo que el juicio de amparo carece de materia sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo. En el presente caso, como se dijo, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y de emplazar a la parte demandada; empero, mediante auto de catorce de febrero de esta anualidad, la junta responsable dictó auto de radicación de la demanda presentada por la parte quejosa y el dos de marzo siguiente, el actuario responsable emplazó a uno de los demandado e hizo constar la imposibilidad que le asistió para llamar a juicio al restante enjuiciado. En esa virtud, puede estimarse que el acto reclamado fue revocado y se colocó al quejoso en la situación en que se ubicaría en caso de concederse el amparo solicitado, por lo que es dable establecer que los efectos de acto omisivo reclamado fueron destruidos de manera absoluta, completa e incondicional. En mérito de lo anterior, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, por tanto, no existe materia para realizar un pronunciamiento de fondo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia analizado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por ende, a pesar de que en este fecha tendría verificativo la audiencia constitucional y de que esta tendría que diferirse dado que el expediente no se encuentra debidamente integrado, atento a lo resuelto en líneas que anteceden, no ha lugar a señalar una nueva fecha y hora para que se celebre dicha audiencia. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el temporal de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; al que se adjunta copia certificada del expediente laboral C. D. T. 482/2021; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se adjuntan al informe de cuenta, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. De autos se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y de emplazar a la parte demandada. Ahora, como lo informa y acredita la junta responsable, mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 482/2021, se admitió a trámite la demanda que presentó la parte quejosa el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; de igual forma, de las constancias remitidas, se advierte que el dos de marzo siguiente, el actuario responsable, emplazó a juicio al demandado Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. En el entendido de que si bien, por cuanto hace al diverso demandado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 31 Tlaxcala, el actuario responsable hizo constar la imposibilidad que le asistió para emplazarlo a juicio; ello sólo implica que esta autoridad responsable ya realizó la actividad que le correspondía efectuar conforme a la legislación laboral aplicable y, en este supuesto, ahora atañe a la parte actora -aquí quejosa- promover lo conducente para lograr el llamamiento a juicio de dicho demandado. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado numeral establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto es, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional; de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello, el acto no agravie al quejoso. Es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo: por lo que el juicio de amparo carece de materia sobre la que pueda hacerse un pronunciamiento de fondo. En el presente caso, como se dijo, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto de radicación de la demanda presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y de emplazar a la parte demandada; empero, mediante auto de catorce de febrero de esta anualidad, la junta responsable dictó auto de radicación de la demanda presentada por la parte quejosa y el dos de marzo siguiente, el actuario responsable emplazó a uno de los demandado e hizo constar la imposibilidad que le asistió para llamar a juicio al restante enjuiciado. En esa virtud, puede estimarse que el acto reclamado fue revocado y se colocó al quejoso en la situación en que se ubicaría en caso de concederse el amparo solicitado, por lo que es dable establecer que los efectos de acto omisivo reclamado fueron destruidos de manera absoluta, completa e incondicional. En mérito de lo anterior, es dable concluir que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, por tanto, no existe materia para realizar un pronunciamiento de fondo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia analizado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por ende, a pesar de que en este fecha tendría verificativo la audiencia constitucional y de que esta tendría que diferirse dado que el expediente no se encuentra debidamente integrado, atento a lo resuelto en líneas que anteceden, no ha lugar a señalar una nueva fecha y hora para que se celebre dicha audiencia. Notifíquese personalmente al quejoso; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.***

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