Roberto Yañez Bolaños
Expediente 232/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Yañez Bolaños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a -, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, el original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso y negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso (b, y 21 fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren en autos el expediente relativo al juicio agrario 1657/2016, que la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado, se ordena devolverlo, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.
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CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE TERCERA INTERESADA DE LA SENTENCIA CON ENGROSE DE FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número VI-232/2021-1, promovido por -, por su propio derecho; y. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo. S E R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a -, contra actos del Magistrado y Actuario adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada Ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado permitieron su engrose, ante el Secretario Licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, que autoriza y da fe..." NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA CON ENGROSE DE FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número VI-232/2021-1, promovido por -, por su propio derecho; y. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo. S E R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a -, contra actos del Magistrado y Actuario adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada Ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado permitieron su engrose, ante el Secretario Licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, que autoriza y da fe..." NOTIFICACIÓN QUE SE LE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Morelia, Michoacán, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante en cita, devuelve diligenciado el despacho 47/2021, remitido para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado comisionara a quien correspondiera, se constituyera en el domicilio del tercero interesado - y lo emplazara al presente juicio; para lo cual anexa las constancias relativas. Acúsese recibo. Notifíques
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