Roberto Y/O Alberto Rodriguez Garcia

Expediente 780/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
780/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2018

Partes del expediente

  • Roberto Y/O Alberto Rodriguez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el escrito de cuenta que suscribe *** a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General de Ejecución Penitenciaria y Readaptación Social del Centro Estatal de Readaptación Social en Celaya, Secretario de Seguridad Púbica en el Estado de Guanajuato, Coordinador de Seguridad en el Centro Estatal de Readaptación Social, y Subdirector Técnico del Centro Estatal de Readaptación Social, ambos con residencia en Celaya Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 780/2018-III-2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. El quejoso en su escrito de demanda señala como actos reclamados los siguientes: a).- La sentencia definitiva dictada en el expediente *** dictada por el Juzgado Cuarto Penal de Partido, de esta ciudad de Celaya, Gto., donde se me deja a disposición de la autoridad ejecutora. b).- La orden de traslado del Centro Estatal de Readaptación Social de Celaya, Guanajuato, a otro centro carcelario estatal o a uno de máxima seguridad. c).- La modificación de las condiciones en que debe ejecutarse la privación de su libertad del suscrito. d).- La privación de tener visitas familiares como es la de mi madre *** y la de mi hermano Juan Gerardo García y de mis dos menores hijas ***. f) La supervisión de las acciones, conductas y medios utilizados por las autoridades penitenciarias para lograr su reinserción." Toda vez que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí, por orden de los actos mencionados, este Juzgado Federal conocerá únicamente en relación al inciso a), esto es, la sentencia definitiva dictada en el expediente *** dictada por el Juzgado Cuarto Penal de Partido, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde dice el quejoso, se le deja a disposición de la autoridad ejecutora. Por lo que conforme al criterio contenido en la jurisprudencia P./J.76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, donde se establece sí en una demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia en comento. Por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación, proveyendo la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, ordenando el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda; de tal manera que si uno de ellos es competencia de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, en aras de una mejor administración de justicia. La jurisprudencia referida es del tenor siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así mismo, es aplicable la diversa jurisprudencia P./J.78/97, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 117, que prescribe: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Por lo tanto, se ordena girar oficio a la Jefa de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, adjuntando copia certificada del escrito de demanda, así como de sus anexos, para que proceda turnarlos al |Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda conocer de los actos señalados en los incisos del b) al f), para los efectos estadísticos correspondientes. Por otra parte, se procede a analizar la demanda de amparo, por lo que se reitera que el acto reclamado en el presente asunto, consiste únicamente en la sentencia definitiva dictada en el expediente 4/2010 dictada por el Juzgado Cuarto Penal de Partido, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde dice el quejoso, se le deja a disposición de la autoridad ejecutora. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Como puede apreciarse del artículo transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en las que se conceda algún recurso o medido de defensa. Explicado lo anterior, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues de lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, la parte quejosa previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En este contexto, si el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva dictada en el expediente 4/2010 por el Juzgado Cuarto Penal de Partido, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde se deja al quejoso a disposición de la autoridad ejecutora. Luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer ante la autoridad correspondiente, el Recurso de Apelación, previsto por los artículos 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, el cual a la letra dicen: Artículo 354. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción, siempre que este código o alguna Ley no disponga lo contrario. En este orden, es evidente pues que si el ahora promovente es parte en el procedimiento del que deriva el acto que señala como reclamo constitucional, es claro entonces que tiene la posibilidad de acudir al mismo a promover los medios de defensa que la ley de la materia prevea frente a los actos que en aquél se emitan, como en el caso, la sentencia dictada en el expediente 4/2010, dictado por el Juzgado Cuarto Penal de Partido de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis: P./J. 16/2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, consultable en la página 10.- cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA. De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.". Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías." De lo anterior se desprende entonces que a través del recurso de apelación el ahora promovente, puede obtener la revocación o modificación del acto reclamado; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por *** de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. De igual manera resulta aplicable, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También tiene aplicación, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ***, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Por otro lado, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo vigente, téngase como autorizado en términos restringidos, a ***, toda vez que ninguno tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior de conformidad con el decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 891 y 245 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por **por las consideraciones vertidas en el presente proveído.

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