Roberto Villela Ibarra

Expediente 1108/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1108/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Roberto Villela Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Visto el estado de los autos, de los cuales se advierte como hecho notorio que en proveído de esta fecha, se ordenó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio de amparo 1108/2022 del cual deriva este incidente; en consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro electrónico de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de dos de junio de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que el quejoso y la tercera interesada, fueron notificadas el dos y siete siguientes, quedando comprendido dicho plazo del seis al veintidós de junio dos mil veintitrés; en la inteligencia que el plazo para las demás partes quedó comprendido en el antes descrito. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó el juicio amparo. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo invocado en el párrafo anterior, realícese su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el propio Acuerdo General.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio signado autógrafamente por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el disco versátil digital que contiene la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de la anualidad pasada, dentro de la causa penal 379/2019 instruida al quejoso Roberto Villela Ibarra, asimismo remite copia certificada de la sentencia condenatoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal antes referida; disco y documentales que se reciben con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a los que haya lugar Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se advierte que Roberto Villela Ibarra hizo consistir el acto reclamado en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 379/2019 del índice del juez responsable, en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento, así como el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha resolución. Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, establece que en materia penal, cuando se aduzcan violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las garantías y derechos de las partes en el proceso penal, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo, porque podrán analizarse en conjunto con la sentencia que ahora rige la situación jurídica del sentenciado. En la especie el quejoso reclamó la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 379/2019 del índice del juez responsable, en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento, así como el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha resolución, bajo el argumento que los medios de prueba actualizaron alguna excluyente del delito o la prohibición de doble enjuiciamiento. Sin embargo, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta se advierte que en la causa penal de origen se dictó sentencia condenatoria el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en contra de Roberto Villela Ibarra y otros, por el delito de secuestro agravado previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, inciso B) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevado a cabo en contra de la libertad de la víctima con resguardo de identidad de iniciales I.C.G.G., condenándoseles a una pena de cincuenta años de prisión y multa por $337,960.00 (trescientos treinta y siete mil novecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), al pago de la reparación del daño integral. Pruebas documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento y el recurso de revocación que la confirmó ya no trascienden a la esfera jurídica del quejoso, al ser ahora la sentencia condenatoria en la causa penal de origen la que rige su situación jurídica. Máxime que la audiencia de juicio oral es el momento procesal oportuno para analizar las cuestiones relativas al sobreseimiento de la causa penal por causas excluyentes del delito y prohibiciones de doble enjuiciamiento con pruebas en sentido estricto y no únicamente con datos de prueba, de ahí que deba combatirse la nueva sentencia y no las determinaciones que señaló en su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XVIII.2o.P.A. P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Así como la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: SITUACIÓN JURÍDICA DEL REO, CAMBIO DE LA. En ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, y se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte tercero interesada, la determinación de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual en síntesis se acordó: Téngase recibido el oficio signado autógrafamente por el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el disco versátil digital que contiene la audiencia inicial de veintiocho de septiembre de la anualidad pasada, dentro de la causa penal 379/2019 instruida al quejoso Roberto Villela Ibarra, asimismo remite copia certificada de la sentencia condenatoria dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal antes referida; disco y documentales que se reciben con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a los que haya lugar Ahora, de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se advierte que Roberto Villela Ibarra hizo consistir el acto reclamado en la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 379/2019 del índice del juez responsable, en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento, así como el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha resolución. Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del numeral transcrito se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, establece que en materia penal, cuando se aduzcan violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a las garantías y derechos de las partes en el proceso penal, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo, porque podrán analizarse en conjunto con la sentencia que ahora rige la situación jurídica del sentenciado. En la especie el quejoso reclamó la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la causa penal 379/2019 del índice del juez responsable, en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento, así como el recurso de revocación interpuesto en contra de dicha resolución, bajo el argumento que los medios de prueba actualizaron alguna excluyente del delito o la prohibición de doble enjuiciamiento. Sin embargo, de las constancias remitidas en el oficio de cuenta se advierte que en la causa penal de origen se dictó sentencia condenatoria el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en contra de Roberto Villela Ibarra y otros, por el delito de secuestro agravado previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, inciso B) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevado a cabo en contra de la libertad de la víctima con resguardo de identidad de iniciales I.C.G.G., condenándoseles a una pena de cincuenta años de prisión y multa por $337,960.00 (trescientos treinta y siete mil novecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), al pago de la reparación del daño integral. Pruebas documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que la resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós en la que se determinó declarar improcedente del incidente de sobreseimiento y el recurso de revocación que la confirmó ya no trascienden a la esfera jurídica del quejoso, al ser ahora la sentencia condenatoria en la causa penal de origen la que rige su situación jurídica. Máxime que la audiencia de juicio oral es el momento procesal oportuno para analizar las cuestiones relativas al sobreseimiento de la causa penal por causas excluyentes del delito y prohibiciones de doble enjuiciamiento con pruebas en sentido estricto y no únicamente con datos de prueba, de ahí que deba combatirse la nueva sentencia y no las determinaciones que señaló en su demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XVIII.2o.P.A. P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Así como la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: SITUACIÓN JURÍDICA DEL REO, CAMBIO DE LA. En ese contexto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, y se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Página 387, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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