Roberto Vela Espinoza
Expediente 1065/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
- Roberto Vela Espinoza
Actuaciones
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1065/2023-VII-B, promovido por Roberto Vela Espinoza, contra actos del Director General de Asentamientos Humanos, con residencia en la localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el catorce de noviembre de dos mil veintitrés y remitido a este juzgado el día siguiente hábil, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quien esencialmente reclamó los actos de autoridad consistentes en los procedimientos, oficios, acuerdos o cualquier otro a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier ordenamiento, tendentes a desposeerlo de un predio, del cual detenta la posesión en calidad de propietario desde dos mil siete, así como el incumplimiento por parte de las autoridades responsables de la obligación de notificar de manera puntual, suficientemente fundada y motivada de las causas por las cuales se está ordenando el aseguramiento del predio identificado como Lote B, Manzana 36, de la Colonia Municipio Libre, en esta ciudad.. SEGUNDO. Mediante proveído de fecha dieciséis de noviembre del presente año, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Notificador, el Coordinador Jurídico y el Director General de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, todos con residencia en la localidad, al rendir sus correspondientes informes previos, convienen en la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama, lo cual es suficiente para tener por acreditados los mismos. SEGUNDO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, se determina que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama los actos de autoridad consistentes en los procedimientos, oficios, acuerdos o cualquier otro a través de los cuales se haya ordenado, acordado, tramitado o ejecutado cualquier ordenamiento, tendentes a desposeerlo de un predio, del cual detenta la posesión en calidad de propietario desde dos mil siete, así como el incumplimiento por parte de las autoridades responsables de la obligación de notificar de manera puntual, suficientemente fundada y motivada de las causas por las cuales se está ordenando el aseguramiento del predio identificado como Lote B, Manzana 36, de la Colonia Municipio Libre, en esta ciudad. Así, para resolver lo relativo a la suspensión de la materia cautelar solicitada respecto a los actos reclamados mencionados con antelación, debe tomarse en consideración que los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, en su orden señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la parte quejosa en el escrito de la demanda de amparo, solicitó la medida suspensiva de los actos antes precisados. Los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos. Lo anterior, conducen al suscrito juzgador a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la parte quejosa, aquí incidentista; además de que las autoridades responsables al rendir sus informes previos reconocieron la existencia del aseguramiento reclamado. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, sin oponerse a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, enero de 1997, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como, el criterio contenido en la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 11, del Tomo XI, junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir que para determinar lo anterior, debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamenten los actos sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por ende, para decidir respecto de la concesión de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos aquí reclamados, debe realizarse un análisis del grado de afectación que sufren tales conceptos (orden público e interés social); de esta manera, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquél que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. En el caso, resulta improcedente otorgar la medida suspensiva solicitada por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, en atención a que dichos actos revisten el carácter de consumados; además de que éstos constituyen el estudio de la materia del fondo en el amparo y de concederla se les estaría dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el expediente principal se dicte, pues si bien, que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados, cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso, que hace posible anticipar con cierto grado de acierto, que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Tiene aplicación, sin oponerse a la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia VI.3o.A. J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ochenta y uno del Tomo: XVI, diciembre de dos mil dos, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento." Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad de los actos y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable a la quejosa; por lo tanto, de otorgarse la medida cautelar se prejuzgaría precisamente sobre el fondo, lo que hace que no concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, la Jurisprudencia 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Así como, la Jurisprudencial 1871, visible a página tres mil dieciséis, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no en el de restituirlas al en que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuanto al fondo." Ahora, respecto a las consecuencias del acto reclamada al respecto, el artículo 129, fracción III, de la Ley de Amparo, considera, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. De ahí, que si la parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifiesta, que el aseguramiento del inmueble que defiende fue realizado por la autoridad municipal responsable. Además, la quejosa anexo a este incidente de suspensión un oficio de quince de junio dos mil diez, donde establece un precio del vente del bien inmueble asegurado, es decir, actualmente pertenece al patrimonio del Ayuntamiento. Por ende, resulta improcedente conceder la suspensión en los términos solicitados, ya que el interés general se afectaría si se dificultara la averiguación de algún delito, dado que la sociedad está interesada en el esclarecimiento de los hechos materia del aseguramiento reclamado; de ahí, que en el caso resulte por el momento, clara la imposibilidad de conceder la suspensión definitiva, dado que de hacerlo dicha medida pudiera traer el entorpecimiento en el esclarecimiento de algún ilícito, cuestión ésta que la sociedad y el estado están interesados y es preponderante al interés individual, y por tanto, se contravendrían el orden público y el interés social. Tiene aplicación al caso, en lo que interesa, la Jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, del Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público." Ahora, en atención a la lectura completa de la demanda de amparo, así como del contenido íntegro de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por contradicción antes transcrita, se advierte que en el caso no se acreditó que la verosimilitud del derecho amerite la suspensión definitiva solicitada; pues resulta incuestionable, que el Máximo Tribunal del País, estableció en dicha ejecutoria que para el otorgamiento de la medida suspensional el Juez de Distrito debe atender a la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que deberá considerar la esencia y propiedades características, tanto del acto de autoridad materia de impugnación, como del derecho subjetivo que se dice conculcado con dicho acto, para lo cual deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante (apariencia del buen derecho). Para un mejor entendimiento de ese extremo (verosimilitud o apariencia del buen derecho) que se exige para poder otorgar la medida suspensiva solicitada por la parte quejosa, resulta pertinente transcribir la ejecutoria que dio origen a la diversa jurisprudencia 15/96 que sustentó el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 16, del Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, del rubro y contenido: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Así, del anterior criterio, puede concluirse que como presupuestos para el otorgamiento excepcional de la medida suspensiva solicitada por la parte quejosa debe de acreditarse la verosimilitud o apariencia del buen derecho y peligro en la demora, basándose el primero de ellos en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, que aplicada a la suspensión del acto reclamado, implica que, la concesión de la medida requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por la parte quejosa; de tal modo, que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, para lo cual debe de advertirse a simple vista la ilegalidad de los actos reclamados, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, sobre la base de un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de definitiva y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. De ahí, que, si en el caso a simple vista no puede advertirse la ilegalidad del aseguramiento reclamado, por tanto, no se acredita el presupuesto de verosimilitud o apariencia del buen derecho, ya que por esos motivos con un cálculo de probabilidades no es posible concluir que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Máxime, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo, que quizá no sea favorable a la parte quejosa, por lo tanto, de otorgarse la medida cautelar sufriría perjuicio la sociedad, y se prejuzgaría precisamente sobre el fondo, lo que hace que no concurran los requisitos exigidos por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, importa destacar que no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad jurisdiccional, en términos de lo previsto en el párrafo tercero del numeral 128 de la legislación en consulta. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 128, 131, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con el considerando segundo, se NIEGA la suspensión definitiva que solicita Roberto Vela Espinoza, contra los actos que le reclama al Director General de Asentamientos Humanos, y otras autoridades, todos con sede en la localidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentando las intervenciones ministeriales 736/2023 y 737/2023, y con ello esgrimiendo alegatos, loa cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, en términos de lo previsto en el artículo 124 de la ley de la materia. Finalmente, por lo que hace a la solicitud de la copia autorizada de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, expídase una vez que se emite, previa razón de su recibo quede en autos, para debida constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con conocimiento de la parte quejosa, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda los oficios signados por el Notificador, el Coordinador Jurídico y el Director General de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, por medio de los cuales se les tiene rindiendo sus respectivos informes previos, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior al momento de celebrarse la audiencia incidental, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9 de la citada Ley de Amparo, se les tiene como delegados a las personas que se indica, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes
- ROBERTO RODRÍGUEZ PAREJA y Otros.1026/2016
- Roberto Rodríguez Ruiz307/2019
- Roberto Rosas Salas y Otros.966/2017
- Roberto Sandoval Boy861/2016
- Roberto Santillano Ramos556/2020
- Roberto Santillano Ramos Fernández702/2016
- Roberto Villalobos Durán357/2014
- Roberto Zarate Lizardo735/2015
- Roberto Zúñiga Soto448/2016
- Rocibel Patricia López Portillo702/2021
- Rocío Angélica Ruiz Sánchez Bermúdez840/2022
- Rocio Angélica Ruíz Sánchez Bermúdez316/2019