Roberto Vázquez González
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Vázquez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintitrés de marzo del presente año, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Roberto Vázquez González, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto. En la inteligencia de que, para poder ingresar a este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea).
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que en proveído de veinte de abril pasado, se ordenó notificar a la parte quejosa por lista ese auto y personalmente por medio de lista el diverso de veintitrés de marzo pasado. Sin embargo, de la revisión a la "CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA" realizada el veintiuno de abril pasado por la actuaria judicial adscrita *******************, se desprende que no obstante que se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa los acuerdos de datas veintitrés de marzo (personalmente por lista) y veinte de abril (por lista), ambos del año en curso, la fedataria únicamente le notificó el segundo de ellos, como se desprende de la siguiente imagen: Aunado a que, al revisar la lista de acuerdos publicada el veintiuno de abril pasado, se desprende que respecto al asunto en que se actúa, únicamente se encuentra listado el contenido del proveído de veinte de abril pasado, no así el de veintitrés de marzo pasado, como se desprende de la siguiente imagen: Por tanto, se instruye a la licenciada ***************, actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, para que de inmediato realice la notificación a la parte quejosa encomendada en auto de veinte de abril pasado; asimismo, instrúyasele para que, en lo subsecuente, realice las funciones que su cargo detenta y atienda a cabalidad las resoluciones que emita esta Juzgadora Federal. Asimismo, se notifica a la parte quejosa el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, que a la letra dice: "Recepción y admisión de la demanda. Por recibida la demanda de amparo a nombre de *************** en contra de actos del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad y otra autoridad, fórmese el expediente físico y digital con el número 356/2022-7. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, suscrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, se entiende por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Sentado ello, es menester poner en relieve que el acto reclamado en esta instancia se hace consistir en: La resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio BOO.910.01.1/001727 (DIC), suscrito por el director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en la que se negó al aquí quejoso Roberto Vázquez González la prórroga de vigencia del título de concesión 08GUA118405/12AAGE01; y su ejecución. Oficio que según los documentos que adjunta la parte promovente, le fue notificado personal y directamente a **************** el veintisiete de septiembre del mismo año. Así, esta potestad considera extemporánea la presentación de la demanda de amparo, lo que obliga a desecharla de plano; pues oficiosamente advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV.- Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.- Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.- Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III.- Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia. De igual forma, se obtiene que el término genérico para la interposición del juicio de amparo es de quince días -el cual, por exclusión, es aplicable al presente caso-, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Así, la causa que torna inejercitable la acción de derechos tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera los casos específicos de excepción) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La Jurisprudencia que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que es de estudio oficioso y preferente; ello es así, porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. En mérito de lo expuesto, debe estimarse que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa no presentó su demanda de amparo dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que surtió efectos la notificación de la resolución que reclama. Se explica: Del análisis de las constancias allegadas a la demanda, se desprende que la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio BOO.910.01.1/001727 (DIC), suscrito por el director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en la que se negó al aquí quejoso ************ la prórroga de vigencia del título de concesión **************, le fue notificada personal y directamente al accionante el veintisiete de septiembre del mismo año, según se advierte de la siguiente imagen: Bajo este contexto, se advierte que al quejoso le fue notificada la resolución reclamada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y su plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a computarse el día veintinueve del mismo mes y año, acorde con el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, concluyó el veinte de octubre de la misma anualidad; sin embargo, presentó su ocurso constitucional el dieciocho de marzo de dos mil veintidós. De este modo, se arriba a la convicción que la demanda es extemporánea, al haber sido presentada fuera del término genérico de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso numeral 113, de dicha ley, procede desechar de plano la demanda intentada. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Cabe destacar que en el presente caso, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos de excepción señalados en las fracciones I a IV del numeral 17 de la Ley de Amparo, pues se trata de una resolución de naturaleza administrativa en la que se negó una prórroga de vigencia de un título de cesión de un pozo de agua. Por tanto, como se consideró, el plazo aplicable para determinar la oportunidad de la promoción de este juicio es el genérico de quince días a que se refiere el primer párrafo del precepto legal mencionado en el acápite que antecede, dado que no se está en presencia de: Una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición (fracción I -treinta días-); Una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión (fracción II -ocho años-). Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal (fracción III -siete años-). Actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (fracción IV -cualquier tiempo-). Domicilio y autorizados. Ahora, dado que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en carretera Manuel Doblado - La Piedad, sin número, en el inmueble conocido como "La Ermita" en el municipio de Pénjamo, Guanajuato; acorde a lo previsto en el artículo 27, fracción II de la ley reglamentaria en cita, gírese atento exhorto vía electrónica al juez de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, para que ordene al actuario de su adscripción que se constituya en el domicilio supraindicado y: Notifique al quejoso el presente proveído. Lo requiera para que al m omento de la notificación, o bien, dentro del plazo siguiente de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, sin ulterior acuerdo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad exhortada pueda llevar a cabo la notificación del presente proveído de que se trata. En otro contexto, se tiene al accionante del amparo proporcionando el correo electrónico que menciona y el número telefónico, únicamente como medio de contacto en los casos en que se estime conveniente, no así para la realización de notificaciones, dado que dicha figura no se encuentra reglamentada en la Ley de Amparo. En términos amplios del artículos 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a *************** quien -como se advierte de la certificación de cuenta- cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."
- Principal
Visto el estado de autos se desprende que, con la finalidad de notificar a las autoridades responsables la sentencia dictada en el presente asunto se emitieron los oficios siguientes: 5760/2022 DIRECTORA DEL HOSPITAL REGIONAL ISSSTE CON RESIDENCIA EN CELAYA, GUANAJUATO (AUTORIDAD RESPONSABLE) 5761/2022 DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL ISSSTE CON RESIDENCIA EN LEÓN, GUANAJUATO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Sin que a la fecha obren los acuses de recibo correspondientes; por tanto, con el objetivo de integrar debidamente el presente expediente y evitar mayor dilación procesal, reexpídanse las misivas en comento. De igual forma, requiérase a la autoridad con residencia en León, Guanajuato, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído y reciba el oficio correspondiente, remita el acuse relativo al correo electrónico 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx (preferentemente). Apercibida la autoridad requerida que de incumplir con lo anterior, se le impondrá una multa incrementada cien veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se libró el exhorto local 116/2022 a efecto de notificar al quejoso ************ dicho acuerdo, en el domicilio ubicado en carretera *************, Guanajuato. Dicha comunicación oficial fue remitida vía electrónica en la misma data, y correspondió conocer de ella a la titular del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, como se advierte de la siguiente imagen obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Sin embargo, a la fecha no se tiene noticia del resultado a dicha encomienda. Por tanto, comedidamente solicítese, vía interconexión, a la titular de dicho órgano jurisdiccional, informe el estado en que se encuentra el exhorto de mérito, ello con el fin de integrar debidamente el presente expediente.
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