Roberto Vargas Hernández
Expediente 415/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Roberto Vargas Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TREEINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE. VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 415/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Roberto Vargas Hernández, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con domicilio en Ayutla de los Libres, Guerrero. ACTO RECLAMADO "Del C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, reclamó la sentencia interlocutoria dictada en fecha cuatro del mes y año en curso en los autos originales del expediente número 04/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio que el aquí tercero perjudicado RAFAEL (sic) CARRERA MARTÍNEZ, promovió en contra de los demandados en el juicio natural KARLA ADRIANA VARGAS ROCHA y JOSÉ MARÍA VARGAS ROCHA, ante la mencionada autoridad señalada como responsable C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada bajo el número 415/2017; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica, ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio reivindicatorio por un tribunal civil que radica en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. De las constancias que integran el sumario se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete (foja 380 del tomo II de prueba); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo siguientes, descontándose los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el dos de mayo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda, se precisa que el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, la resolución interlocutoria de cuatro de abril del año en curso, que declaró improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016, promovido por el aquí tercero interesado Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, así como del Instituto Nacional Electoral a través de la 08 Junta Distrital Ejecutiva. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la resolución incidental que se reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Además, su existencia se encuentra corroborada con las constancias que integran el duplicado del expediente 4/2016 que remitió (tomo II de prueba), mismas que hacen prueba plena en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del código adjetivo federal en cita de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Desestimación de una causal de improcedencia. Ante la existencia de la conducta impugnada, previamente al estudio del fondo se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el juez responsable sostiene que el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que al ser una medida cautelar la combatida, el quejoso debió agotar el principio de definitividad, de lo que se sigue que hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, consagra el principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de garantías, de acuerdo con el cual éste resulta improcedente si contra el acto reclamado procede algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Así, tenemos que resulta infundada dicha causal, ya que en el caso, esa fue precisamente la conducta procesal adoptada por el quejoso, dado que, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, promovió como tercero ante el Juez responsable, el incidente de reclamación en contra de la medida cautelar indeterminada decretada en el juicio civil reivindicatorio 4/2016; el cual se declaró improcedente por resolución incidental de cuatro de abril de dos mil diecisiete, que por esta vía se reclama y contra la cual no procede recurso alguno de conformidad con numeral 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, de ahí que en el caso no opere el principio de definitividad a que se hizo alusión en el párrafo anterior. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Cabe señalar que en la materia que nos ocupa (civil) no procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; dado que nos encontramos ante un tema de estricto derecho, habida cuenta que no se advierte que el acto reclamado se haya fundado en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se afectan derechos de menores o incapaces; no se trata de un caso en materia penal, laboral o agraria; ni tampoco que haya existido en contra del quejoso una violación manifiesta que lo hubiera dejado sin defensa. En principio, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento de la resolución interlocutoria reclamada, los cuales se obtienen de las constancias que integran el duplicado del expediente 4/2016 (tomo II de prueba), cuyo valor se otorgó en el considerando cuarto que antecede, apreciándose en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, el aquí tercero interesado Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, promovió en la vía ordinaria civil en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, así como de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la reivindicación del predio urbano en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, solicitando además como medida precautoria se requiriera judicialmente a la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto demandado consignara a ese juzgado el pago de las rentas mensuales por el uso y goce del inmueble aludido. 2. En acuerdo de veintidós de enero siguiente, el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Allende, radicó el asunto bajo el número 4/2016, y previno al actor para que proporcionara el domicilio habitacional de los demandados. 3. Desahogada la prevención, por acuerdo de dos de febrero del año pasado, se admitió a trámite la demanda en la vía propuesta y se ordenó emplazar a los demandados para que en el término de nueve días dieran contestación a la misma. 4. Mediante acuerdo de tres de mayo del año pasado, el juez responsable declaró procedente la medida cautelar solicitada por la parte actora, por lo que requirió a la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, que las cantidades establecidas por concepto de rentas mensuales respecto del bien inmueble en litigio que ocupaba dicha institución, fueran depositadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en la cuenta bancaria 2564009897 de la institución HSBC, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una multa por el equivalente a cincuenta días de unidades de medida y actualización de conformidad con el numeral 144, fracción I del código adjetivo civil de esta entidad federativa. 5. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso como tercero extraño interpuso incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar decretada en auto de tres de mayo de esa anualidad, por lo que el juez responsable en acuerdo de quince del mismo mes le requirió para que compareciera a ratificar su escrito, lo que aconteció mediante comparecencia de once de enero de dos mil diecisiete, en consecuencia se ordenó dictar por cuerda separada lo que en derecho correspondiera respecto al incidente planteado. 6. Por auto de nueve de febrero del presente año, se tuvo al actor contestando el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar hecho valer, con lo que se dio vista al aquí quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y en auto de veinte del mismo se le tuvo desahogando la misma. 7. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó dar intervención al representante legal del Instituto Nacional Electoral para que dentro del término de tres días remitiera copia certificada de la escritura que sirvió como base de elaboración del contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que celebró con el aquí quejoso Roberto Vargas Hernández. 8. En proveído de veintidós de marzo pasado se tuvo al Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, desahogando el requerimiento efectuado y se ordenó dictar la resolución correspondiente al incidente de reclamación de la medida cautelar de retención de rentas dictada en autos. 9. Finalmente, en interlocutoria dictada el cuatro de abril de dos mil diecisiete se declaró improcedente por falta de legitimación en la causa, el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar promovido por el quejoso Roberto Vargas Hernández, resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, el quejoso en sus conceptos de violación sostiene en esencia que la resolución reclamada transgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que no se encuentra fundada ni motivada, ni fue emitida conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, lo anterior, dado que el Juez responsable sostuvo que no se encuentra legitimado en la causa para promover en su calidad de tercero opositor el incidente de reclamación contra la medida cautelar decretada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 4/2016, no obstante que al promover dicha incidencia exhibió el contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis que celebró con el Instituto Nacional Electoral respecto del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A, colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, que goza de valor probatorio pleno y del que se demuestra que es derechohabiente de las rentas que produce dicho inmueble y que son materia de la medida cautelar ahí decretada. Aunado a que de la copia certificada del oficio número 818/2016 signado por el Delgado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, que exhibió el actor incidentado, contrario a lo que sostuvo el juez responsable no se obtiene que esté relacionado con movimiento alguno de traslación de dominio por compraventa del inmueble aludido. Es infundado el concepto de violación respecto a que se conculcan las garantías del quejoso, contenidas en el artículo 14 Constitucional, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y se hace una relación enunciativa y genérica de éstas, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. A su vez, conforme al último párrafo del artículo citado, para que exista un acto privativo en materia civil, debe haberse emitido una sentencia en contra del gobernado. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero los mismos no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del último párrafo del artículo 14 Constitucional puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión si la privación de un derecho, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De igual forma, entre las reglas del procedimiento protegidas por el artículo 14 Constitucional se encuentran todas las etapas y reglas procesales que deben cumplirse por el juzgador dentro de un proceso. Lo que consagra la garantía de audiencia para el gobernado; la que no ha sido vulnerada por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Ello es así, ya que de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el quejoso si bien se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, el juez responsable respeto su garantía de audiencia ya que dio trámite a la incidencia que hizo valer, la cual constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia precautoria, ya que se le permitió postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarlo y alegar lo que a su derecho convino, de ahí que la autoridad responsable no ha vulnerado la garantía contenida en el artículo 14 Constitucional. Asimismo, tampoco asiste razón al quejoso, pues se desprende que el juez responsable respetó la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En dicho artículo se encuentra consagrada la garantía de legalidad que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en qué consisten los requisitos de fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 73, publicada en la página 52, tomo III, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. En ese orden de ideas, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que los argumentos por los que se determinó declarar improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016 fueron esencialmente que carecía de legitimación en la causa al ejercitar un derecho que no le correspondía, pues el documento base de la acción que exhibió para acreditar el carácter de propietario del bien inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, tenía como antecedente una escritura declarada nula, circunstancia que demeritaba su eficacia para obtener lo que pretendía y que se traduce en la cancelación de la medida cautelar decretada en proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis y que se le reembolsaran las rentas depositadas por el Instituto Nacional Electoral a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Lo anterior, lo fundamentó en los artículos 75, 206, 208, 298, 303, 349, 350, 405, 406, 407, 408, 409 y 411 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa. En ese orden, se advierte que al emitir la resolución combatida, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende se ajustó a los derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna, ya que citó los artículos que estimó aplicables, además de que citó precedentes del Poder Judicial de la Federación para respaldar su proceder; asimismo, expuso las razones lógico jurídicas de su actuar, cumpliendo por tanto con el requisito de fundamentación y motivación, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en que se sostiene lo contrario. Asimismo, deviene infundado el concepto de violación en que sostiene que fue ilegal que el Juez responsable determinara que no se encuentra legitimado en la causa para promover en su calidad de tercero opositor el incidente de reclamación contra la medida cautelar decretada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 4/2016, pues con la documental que exhibió acreditó ser derechohabiente de las rentas que produce el inmueble materia de la medida cautelar decretada, como se expone a continuación. El artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 211. Reclamación de la providencia por el deudor o por un tercero. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta en caso de no haberse ejecutado con su persona o su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Igualmente puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se sustanciarán en forma incidental." Del artículo transcrito se obtiene que la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de que se pronuncie sentencia definitiva y que igualmente, puede hacerlo un tercero que alegue que los bienes secuestrados, son de su propiedad, o por lo menos que los posee legalmente. En el caso, el quejoso promovió el incidente de reclamación relativo en términos del artículo 211 del Código Procesal Civil del Estado, con objeto de que se revocara el auto de tres de mayo de dos mil dieciséis y se le reembolsaran las rentas depositadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por el Instituto Nacional Electoral, a partir del mes de mayo del mismo año hasta que se resolviera el incidente, ostentándose como propietario del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, para lo cual exhibió el contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis que celebró con el demandado Instituto Nacional Electoral respecto del indicado inmueble. Sin embargo, se estima acertado que el juez hubiere declarado improcedente el incidente de reclamación y cancelación promovido por el aquí quejoso Roberto Vargas Hernández, pues como se advierte de la resolución interlocutoria reclamada consideró que carecía de legitimación en la causa al ejercer un derecho que no le correspondía, en razón que de las documentales ofrecidas por el actor Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en específico de la copia certificada del oficio 818/2016 emitido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, que obraba en el diverso expediente 13/2002, se desprendía que quien aparecía como titular de dicho inmueble era Aided Castro Morales, a quien se le transmitió la propiedad mediante compraventa consignada en escritura pública número 2017 de dieciocho de diciembre de dos mil quince, expedida por el Juez Mixto de Primera Instancia y Notario Público por ministerio de ley del Distrito Judicial de Allende, además que la escritura pública número 1707 de veintiuno de marzo de dos mil quince, expedida también por el Juez Mixto de Primera Instancia y Notario Público por ministerio de ley del Distrito Judicial de Allende, que consigna la donación pura y gratuita celebrada entre los demandados Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como donantes y el quejoso Roberto Vargas Hernández como donatario y que sirvió de sustentó para acreditar la propiedad de dicho inmueble en el contrato de arrendamiento de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que este último exhibió, deriva de la diversa escritura pública número 4260 de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como compradores y como vendedor Miguel Ángel Cortez Carrera, fue declarada nula mediante sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil doce emitida en el diverso juicio ordinario civil de nulidad de escritura número 13/2002 de su índice, promovido también por Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, fallo que fue confirmado por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil trece dictada en el toca civil 236/2013, de todo lo cual se deducía que desde el veintisiete de septiembre de dos mil trece los ahí demandados Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, ya no podían vender, donar o ceder el inmueble aludido. Sin que pase desapercibido lo manifestado por el quejoso en el sentido de que del oficio 818/2016 emitido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, no se advertía la traslación de dominio por compraventa a favor de Aided Castro Morales, en razón de que la autoridad registral en el mismo manifestó que en el folio registral 3628 existían dos contratos de compraventa a diferentes personas por lo que el juez responsable le debía indicar los términos en que quedarían esas inscripciones; empero, el hecho de que con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince se hubiere registrado en dicho folio registral la escritura pública número 1707 de veintiuno de marzo de dos mil quince, que consigna la donación pura y gratuita celebrada entre Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como donantes y el quejoso Roberto Vargas Hernández como donatario y que sirvió de sustentó para acreditar la propiedad de dicho inmueble en el indicado contrato de arrendamiento, no es suficiente para acreditar su carácter de propietario, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, sólo tienen efectos declarativos, pero no constitutivos de derechos, de tal suerte que sólo demuestran la existencia de la inscripción en los libros del registro, pero no la existencia del acto jurídico a través del cual se adquirió el derecho real de propiedad. En ese sentido, la falta de legitimación a que alude el juez en su resolución, se encuentra relacionada con la condición jurídica en que se halla el quejoso en relación con el derecho que invoca en el juicio, en el caso su carácter de propietario del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, pues si bien el quejoso exhibió el aludido contrato de arrendamiento, dicha documental no puede servir de título para justificar su pretensión ya que tiene como antecedente una escritura que fue declarada nula, circunstancia que demerita su eficacia para obtener lo pretendido. Es decir, los documentos deben ser valorados conforme al sano juicio del juzgador, y es evidente, que en la hipótesis como la planteada, la correcta apreciación de ese documento debe llevar a estimar que no tiene eficacia para acreditar de manera fehaciente la calidad de propietario del quejoso del inmueble que defiende, dada la particularidad reseñada con antelación. En ello radica la falta de legitimación del quejoso a que alude el juez responsable, en el ejercicio de un derecho que no le corresponde, máxime que proceder conforme a su pretensión, implicaría desnaturalizar la finalidad principal de la medida precautoria decretada que consiste en conservar y resguardar la materia sobre la que versa el juicio, o asegurar el cumplimiento de una resolución futura, esto último sobre la base de que las rentas que fueron objeto de la medida cautelar, son un fruto del inmueble cuya reivindicación se demanda en el juicio natural, por lo que el derecho a recibirlas corresponde al propietario de la finca. Así, queda de relieve que el quejoso no demostró ubicarse en el supuesto del artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, al no acreditar en el incidente de reclamación su carácter de propietario del inmueble en mención que lo legitima a recibir el fruto de la disposición del bien raíz, aunado a que tampoco se observa que se ubique en una relación distinta de los demandados, pues como se dijo, el origen del derecho que pretende, le sea salvaguardado, inexorablemente se encuentra relacionado con uno anterior sobre el cual la potestad común ya definió su ineficacia, y por ende, los efectos legales que pudiere producir. En las narradas consideraciones, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Roberto Vargas Hernández, contra la resolución interlocutoria de cuatro de abril del año en curso que declaró improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Roberto Vargas Hernández, contra el acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITA PARTE TERCERO INTERESADA, ORDENADO EN AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE.... DE VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 415/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dos de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Roberto Vargas Hernández, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con domicilio en Ayutla de los Libres, Guerrero. ACTO RECLAMADO "Del C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, reclamó la sentencia interlocutoria dictada en fecha cuatro del mes y año en curso en los autos originales del expediente número 04/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio que el aquí tercero perjudicado RAFAEL (sic) CARRERA MARTÍNEZ, promovió en contra de los demandados en el juicio natural KARLA ADRIANA VARGAS ROCHA y JOSÉ MARÍA VARGAS ROCHA, ante la mencionada autoridad señalada como responsable C. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada bajo el número 415/2017; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica, ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio reivindicatorio por un tribunal civil que radica en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. De las constancias que integran el sumario se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete (foja 380 del tomo II de prueba); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del veinticinco de abril al diecisiete de mayo siguientes, descontándose los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el dos de mayo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda, se precisa que el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, la resolución interlocutoria de cuatro de abril del año en curso, que declaró improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016, promovido por el aquí tercero interesado Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, así como del Instituto Nacional Electoral a través de la 08 Junta Distrital Ejecutiva. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la resolución incidental que se reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Además, su existencia se encuentra corroborada con las constancias que integran el duplicado del expediente 4/2016 que remitió (tomo II de prueba), mismas que hacen prueba plena en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del código adjetivo federal en cita de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Desestimación de una causal de improcedencia. Ante la existencia de la conducta impugnada, previamente al estudio del fondo se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el juez responsable sostiene que el presente juicio de amparo resulta improcedente en virtud de que al ser una medida cautelar la combatida, el quejoso debió agotar el principio de definitividad, de lo que se sigue que hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, consagra el principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de garantías, de acuerdo con el cual éste resulta improcedente si contra el acto reclamado procede algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Así, tenemos que resulta infundada dicha causal, ya que en el caso, esa fue precisamente la conducta procesal adoptada por el quejoso, dado que, mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, promovió como tercero ante el Juez responsable, el incidente de reclamación en contra de la medida cautelar indeterminada decretada en el juicio civil reivindicatorio 4/2016; el cual se declaró improcedente por resolución incidental de cuatro de abril de dos mil diecisiete, que por esta vía se reclama y contra la cual no procede recurso alguno de conformidad con numeral 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, de ahí que en el caso no opere el principio de definitividad a que se hizo alusión en el párrafo anterior. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede a estudiar el fondo materia del presente asunto. Cabe señalar que en la materia que nos ocupa (civil) no procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; dado que nos encontramos ante un tema de estricto derecho, habida cuenta que no se advierte que el acto reclamado se haya fundado en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se afectan derechos de menores o incapaces; no se trata de un caso en materia penal, laboral o agraria; ni tampoco que haya existido en contra del quejoso una violación manifiesta que lo hubiera dejado sin defensa. En principio, resulta conveniente exponer una breve reseña de los antecedentes que preceden al pronunciamiento de la resolución interlocutoria reclamada, los cuales se obtienen de las constancias que integran el duplicado del expediente 4/2016 (tomo II de prueba), cuyo valor se otorgó en el considerando cuarto que antecede, apreciándose en lo que interesa, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, el aquí tercero interesado Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, promovió en la vía ordinaria civil en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, así como de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la reivindicación del predio urbano en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, solicitando además como medida precautoria se requiriera judicialmente a la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto demandado consignara a ese juzgado el pago de las rentas mensuales por el uso y goce del inmueble aludido. 2. En acuerdo de veintidós de enero siguiente, el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Allende, radicó el asunto bajo el número 4/2016, y previno al actor para que proporcionara el domicilio habitacional de los demandados. 3. Desahogada la prevención, por acuerdo de dos de febrero del año pasado, se admitió a trámite la demanda en la vía propuesta y se ordenó emplazar a los demandados para que en el término de nueve días dieran contestación a la misma. 4. Mediante acuerdo de tres de mayo del año pasado, el juez responsable declaró procedente la medida cautelar solicitada por la parte actora, por lo que requirió a la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, que las cantidades establecidas por concepto de rentas mensuales respecto del bien inmueble en litigio que ocupaba dicha institución, fueran depositadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en la cuenta bancaria 2564009897 de la institución HSBC, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondría una multa por el equivalente a cincuenta días de unidades de medida y actualización de conformidad con el numeral 144, fracción I del código adjetivo civil de esta entidad federativa. 5. Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, el aquí quejoso como tercero extraño interpuso incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar decretada en auto de tres de mayo de esa anualidad, por lo que el juez responsable en acuerdo de quince del mismo mes le requirió para que compareciera a ratificar su escrito, lo que aconteció mediante comparecencia de once de enero de dos mil diecisiete, en consecuencia se ordenó dictar por cuerda separada lo que en derecho correspondiera respecto al incidente planteado. 6. Por auto de nueve de febrero del presente año, se tuvo al actor contestando el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar hecho valer, con lo que se dio vista al aquí quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y en auto de veinte del mismo se le tuvo desahogando la misma. 7. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó dar intervención al representante legal del Instituto Nacional Electoral para que dentro del término de tres días remitiera copia certificada de la escritura que sirvió como base de elaboración del contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que celebró con el aquí quejoso Roberto Vargas Hernández. 8. En proveído de veintidós de marzo pasado se tuvo al Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, desahogando el requerimiento efectuado y se ordenó dictar la resolución correspondiente al incidente de reclamación de la medida cautelar de retención de rentas dictada en autos. 9. Finalmente, en interlocutoria dictada el cuatro de abril de dos mil diecisiete se declaró improcedente por falta de legitimación en la causa, el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar promovido por el quejoso Roberto Vargas Hernández, resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, el quejoso en sus conceptos de violación sostiene en esencia que la resolución reclamada transgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que no se encuentra fundada ni motivada, ni fue emitida conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, lo anterior, dado que el Juez responsable sostuvo que no se encuentra legitimado en la causa para promover en su calidad de tercero opositor el incidente de reclamación contra la medida cautelar decretada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 4/2016, no obstante que al promover dicha incidencia exhibió el contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis que celebró con el Instituto Nacional Electoral respecto del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A, colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, que goza de valor probatorio pleno y del que se demuestra que es derechohabiente de las rentas que produce dicho inmueble y que son materia de la medida cautelar ahí decretada. Aunado a que de la copia certificada del oficio número 818/2016 signado por el Delgado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, que exhibió el actor incidentado, contrario a lo que sostuvo el juez responsable no se obtiene que esté relacionado con movimiento alguno de traslación de dominio por compraventa del inmueble aludido. Es infundado el concepto de violación respecto a que se conculcan las garantías del quejoso, contenidas en el artículo 14 Constitucional, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." El citado dispositivo consagra las garantías que deben prevalecer en todo acto privativo y se hace una relación enunciativa y genérica de éstas, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el ser llamado a juicio, oído y vencido y el derecho de aportar pruebas, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. A su vez, conforme al último párrafo del artículo citado, para que exista un acto privativo en materia civil, debe haberse emitido una sentencia en contra del gobernado. Esto es, para los efectos de dicho artículo, por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante que exista una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ello es así, ya que existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero los mismos no tienen la finalidad de privar en forma definitiva de dicho derecho a su titular, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no la privación definitiva. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del último párrafo del artículo 14 Constitucional puesto que para ello es menester que la merma o menoscabo tengan el carácter de definitivos. En conclusión si la privación de un derecho, bajo los aspectos indicados anteriormente es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, no tiende a dicho objetivo sino que la restricción provisional es sólo un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el artículo 14 Constitucional, en su segundo párrafo exige el respeto a la garantía de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos, en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16 de la propia Constitución. De igual forma, entre las reglas del procedimiento protegidas por el artículo 14 Constitucional se encuentran todas las etapas y reglas procesales que deben cumplirse por el juzgador dentro de un proceso. Lo que consagra la garantía de audiencia para el gobernado; la que no ha sido vulnerada por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Ello es así, ya que de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el quejoso si bien se ostenta como tercero extraño al juicio de origen, el juez responsable respeto su garantía de audiencia ya que dio trámite a la incidencia que hizo valer, la cual constituye el medio de defensa garante del derecho del afectado a ser oído dentro del procedimiento en el cual se dictó la providencia precautoria, ya que se le permitió postular una pretensión opositora a la providencia cautelar, ofrecer pruebas para demostrarlo y alegar lo que a su derecho convino, de ahí que la autoridad responsable no ha vulnerado la garantía contenida en el artículo 14 Constitucional. Asimismo, tampoco asiste razón al quejoso, pues se desprende que el juez responsable respetó la garantía contenida en el artículo 16 Constitucional, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." En dicho artículo se encuentra consagrada la garantía de legalidad que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en qué consisten los requisitos de fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 73, publicada en la página 52, tomo III, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Conceptuadas así la fundamentación y motivación, la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. En ese orden de ideas, de la lectura de la resolución reclamada se advierte que los argumentos por los que se determinó declarar improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016 fueron esencialmente que carecía de legitimación en la causa al ejercitar un derecho que no le correspondía, pues el documento base de la acción que exhibió para acreditar el carácter de propietario del bien inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, tenía como antecedente una escritura declarada nula, circunstancia que demeritaba su eficacia para obtener lo que pretendía y que se traduce en la cancelación de la medida cautelar decretada en proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis y que se le reembolsaran las rentas depositadas por el Instituto Nacional Electoral a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. Lo anterior, lo fundamentó en los artículos 75, 206, 208, 298, 303, 349, 350, 405, 406, 407, 408, 409 y 411 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa. En ese orden, se advierte que al emitir la resolución combatida, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende se ajustó a los derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna, ya que citó los artículos que estimó aplicables, además de que citó precedentes del Poder Judicial de la Federación para respaldar su proceder; asimismo, expuso las razones lógico jurídicas de su actuar, cumpliendo por tanto con el requisito de fundamentación y motivación, de ahí que resulte infundado el concepto de violación en que se sostiene lo contrario. Asimismo, deviene infundado el concepto de violación en que sostiene que fue ilegal que el Juez responsable determinara que no se encuentra legitimado en la causa para promover en su calidad de tercero opositor el incidente de reclamación contra la medida cautelar decretada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 4/2016, pues con la documental que exhibió acreditó ser derechohabiente de las rentas que produce el inmueble materia de la medida cautelar decretada, como se expone a continuación. El artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 211. Reclamación de la providencia por el deudor o por un tercero. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta en caso de no haberse ejecutado con su persona o su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Igualmente puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se sustanciarán en forma incidental." Del artículo transcrito se obtiene que la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de que se pronuncie sentencia definitiva y que igualmente, puede hacerlo un tercero que alegue que los bienes secuestrados, son de su propiedad, o por lo menos que los posee legalmente. En el caso, el quejoso promovió el incidente de reclamación relativo en términos del artículo 211 del Código Procesal Civil del Estado, con objeto de que se revocara el auto de tres de mayo de dos mil dieciséis y se le reembolsaran las rentas depositadas a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por el Instituto Nacional Electoral, a partir del mes de mayo del mismo año hasta que se resolviera el incidente, ostentándose como propietario del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, para lo cual exhibió el contrato de arrendamiento de fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis que celebró con el demandado Instituto Nacional Electoral respecto del indicado inmueble. Sin embargo, se estima acertado que el juez hubiere declarado improcedente el incidente de reclamación y cancelación promovido por el aquí quejoso Roberto Vargas Hernández, pues como se advierte de la resolución interlocutoria reclamada consideró que carecía de legitimación en la causa al ejercer un derecho que no le correspondía, en razón que de las documentales ofrecidas por el actor Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en específico de la copia certificada del oficio 818/2016 emitido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, que obraba en el diverso expediente 13/2002, se desprendía que quien aparecía como titular de dicho inmueble era Aided Castro Morales, a quien se le transmitió la propiedad mediante compraventa consignada en escritura pública número 2017 de dieciocho de diciembre de dos mil quince, expedida por el Juez Mixto de Primera Instancia y Notario Público por ministerio de ley del Distrito Judicial de Allende, además que la escritura pública número 1707 de veintiuno de marzo de dos mil quince, expedida también por el Juez Mixto de Primera Instancia y Notario Público por ministerio de ley del Distrito Judicial de Allende, que consigna la donación pura y gratuita celebrada entre los demandados Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como donantes y el quejoso Roberto Vargas Hernández como donatario y que sirvió de sustentó para acreditar la propiedad de dicho inmueble en el contrato de arrendamiento de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que este último exhibió, deriva de la diversa escritura pública número 4260 de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve que consigna el contrato de compraventa celebrado entre Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como compradores y como vendedor Miguel Ángel Cortez Carrera, fue declarada nula mediante sentencia definitiva de uno de agosto de dos mil doce emitida en el diverso juicio ordinario civil de nulidad de escritura número 13/2002 de su índice, promovido también por Arnulfo Carrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rafael Carrera Casarrubias, en contra de Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, fallo que fue confirmado por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil trece dictada en el toca civil 236/2013, de todo lo cual se deducía que desde el veintisiete de septiembre de dos mil trece los ahí demandados Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, ya no podían vender, donar o ceder el inmueble aludido. Sin que pase desapercibido lo manifestado por el quejoso en el sentido de que del oficio 818/2016 emitido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, no se advertía la traslación de dominio por compraventa a favor de Aided Castro Morales, en razón de que la autoridad registral en el mismo manifestó que en el folio registral 3628 existían dos contratos de compraventa a diferentes personas por lo que el juez responsable le debía indicar los términos en que quedarían esas inscripciones; empero, el hecho de que con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince se hubiere registrado en dicho folio registral la escritura pública número 1707 de veintiuno de marzo de dos mil quince, que consigna la donación pura y gratuita celebrada entre Karla Adriana y José María, de apellidos Vargas Rocha, como donantes y el quejoso Roberto Vargas Hernández como donatario y que sirvió de sustentó para acreditar la propiedad de dicho inmueble en el indicado contrato de arrendamiento, no es suficiente para acreditar su carácter de propietario, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad, sólo tienen efectos declarativos, pero no constitutivos de derechos, de tal suerte que sólo demuestran la existencia de la inscripción en los libros del registro, pero no la existencia del acto jurídico a través del cual se adquirió el derecho real de propiedad. En ese sentido, la falta de legitimación a que alude el juez en su resolución, se encuentra relacionada con la condición jurídica en que se halla el quejoso en relación con el derecho que invoca en el juicio, en el caso su carácter de propietario del inmueble ubicado en calle Juan N. Álvarez número 35-A antes Centenario, de la colonia La Villa, en Ayutla de los Libres, Guerrero, pues si bien el quejoso exhibió el aludido contrato de arrendamiento, dicha documental no puede servir de título para justificar su pretensión ya que tiene como antecedente una escritura que fue declarada nula, circunstancia que demerita su eficacia para obtener lo pretendido. Es decir, los documentos deben ser valorados conforme al sano juicio del juzgador, y es evidente, que en la hipótesis como la planteada, la correcta apreciación de ese documento debe llevar a estimar que no tiene eficacia para acreditar de manera fehaciente la calidad de propietario del quejoso del inmueble que defiende, dada la particularidad reseñada con antelación. En ello radica la falta de legitimación del quejoso a que alude el juez responsable, en el ejercicio de un derecho que no le corresponde, máxime que proceder conforme a su pretensión, implicaría desnaturalizar la finalidad principal de la medida precautoria decretada que consiste en conservar y resguardar la materia sobre la que versa el juicio, o asegurar el cumplimiento de una resolución futura, esto último sobre la base de que las rentas que fueron objeto de la medida cautelar, son un fruto del inmueble cuya reivindicación se demanda en el juicio natural, por lo que el derecho a recibirlas corresponde al propietario de la finca. Así, queda de relieve que el quejoso no demostró ubicarse en el supuesto del artículo 211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, al no acreditar en el incidente de reclamación su carácter de propietario del inmueble en mención que lo legitima a recibir el fruto de la disposición del bien raíz, aunado a que tampoco se observa que se ubique en una relación distinta de los demandados, pues como se dijo, el origen del derecho que pretende, le sea salvaguardado, inexorablemente se encuentra relacionado con uno anterior sobre el cual la potestad común ya definió su ineficacia, y por ende, los efectos legales que pudiere producir. En las narradas consideraciones, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Roberto Vargas Hernández, contra la resolución interlocutoria de cuatro de abril del año en curso que declaró improcedente el incidente de reclamación y cancelación de la medida cautelar que como tercero extraño hizo valer en el juicio ordinario civil reivindicatorio número 4/2016. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Roberto Vargas Hernández, contra el acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITA PARTE TERCERO INTERESADA, ORDENADO EN AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES
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