Roberto Valenzuela Meza

Expediente 752/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
752/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Roberto Valenzuela Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia constitucional de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en la instancia constitucional que nos ocupa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión relativo y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido...

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 UEIDCS de la Ciudad de México, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, debido a que mediante interlocutoria de tres de enero de esta anualidad, se resolvió la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad oficiante.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual solicita que este Juzgado requiera a la autoridad responsable para que remita copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS/0000721/2016; lo anterior, a fin de demostrar la existencia del acto reclamado que pretende combatir por esta vía. Atento a lo anterior, el quejoso en el escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A quien tiene la categoría de ordenadora, le estoy reclamando las ordenes tanto escritas como verbales dadas a la ejecutora, para el efecto de ser localizado, privado de mi libertad y presentado ante la multicitada autoridad responsable ordenadora, por hechos provenientes de la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEIDCS-BC/0000721/2016." En atención a lo anterior, hágasele saber que no ha lugar acordar de conformidad su petición, al considerar que las constancias que integran la carpeta de investigación antes precisada, resultan innecesarias para resolver la controversia planteada en el presente juicio de derechos fundamentales; ello en virtud, que de los informes justificados que rindieron el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 UEIDCS de la Ciudad de México y la autoridad local y Encargado Provisional de la Jefatura Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se advierte que negaron la existencia de los actos reclamados que quedaron precisados en el párrafo que antecede. En el entendido de que, dichas manifestaciones constituyen una confesión de acuerdo con el numeral 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; y atendiendo al artículo 262 de la Ley de Amparo, se establece una pena de prisión a la autoridad responsable que al rinda hechos falsos o niegue la verdad en un informe justificado; de ahí que es responsabilidad de ésta la narración del mismo. Ahora, los numerales 50, 215, 216, 217, 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 50. Acceso a las carpetas digitales Las partes siempre tendrán acceso al contenido de las carpetas digitales consistente en los registros de las audiencias y complementarios. Dichos registros también podrán ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas, salvo que durante el proceso el Órgano jurisdiccional restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación, el principio de presunción de inocencia o los derechos a la privacidad o a la intimidad de las partes, o bien, se encuentre expresamente prohibido en la ley de la materia. El Órgano jurisdiccional autorizará la expedición de copias de los contenidos de las carpetas digitales o de la parte de ellos que le fueren solicitados por las partes." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De lo anterior se desprende en esencia que la sustanciación de la investigación inicial, es potestad y deber del Ministerio Público, por lo que, debe recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por lo que, la información contenida en la carpeta de investigación es estrictamente reservada y de secrecía. En ese tenor, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, que atendiendo el derecho de audiencia y defensa, es necesario garantizar a las partes el acceso a la información para la defensa de sus intereses, razón por la que el legislador consideró pertinente precisar que únicamente las partes podrán tener acceso a los registros de la investigación, atendiendo a los lineamientos restrictivos que para tal efecto establecen el ordenamiento legal, ello es así, ya que se busca garantizar la secrecía necesaria para el éxito de las investigaciones. De ahí que, en el supuesto de que el Ministerio Público investigador se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de Control para que resuelva lo conducente. Asimismo, tanto el imputado como su defensor, una vez convocados a la audiencia inicial, podrán obtener copia de los registros de la investigación con la oportunidad debida para preparar su defensa. Sirve de apoyo a lo anterior por su contenido, la tesis (X Región) 2o.1 P (10a.)1, cuyo rubro a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Sin embargo, como se dijo con anterioridad, en el caso, las autoridades responsables han negado la existencia de los actos reclamados, y a la fecha, no 1 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2592, con número de registro 2012423. existe noticia de que el quejoso se encuentra involucrado en los autos de la carpeta de investigación de que se trata, ni que se le haya negado el acceso a la misma, por lo que, no es dable solicitar las constancias que precisa el promovente en el ocurso de cuenta.

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