Roberto Valenzuela López
Expediente 885/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 885/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Roberto Valenzuela López
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; posteriormente, el ocho de octubre de octubre del año en curso, causó ejecutoria la aludida resolución y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, cuyo efecto se emitió para lo siguiente: "Deje sin efectos la fecha señalada en auto de siete de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 1378/2019 y en su lugar señale una nueva para la celebración de la audiencia de ley dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo." III. Análisis de cumplimiento. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio remitido por la presidenta de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de dieciocho de octubre del año en curso, en el que dejó insubsistente la hora y fecha señalada, y fijó las doce horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente 1378/2019. IV. Vista cumplimiento. Con el oficio y sus anexos, en ese propio acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara al respecto; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; lo que le fue notificado debidamente, sin que hiciera manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto, pues consta que se efectuaron las gestiones para el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, la cual ya fue notificada. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 16/NOVIEMBRE/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión; posteriormente, el ocho de octubre de octubre del año en curso, causó ejecutoria la aludida resolución y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, cuyo efecto se emitió para lo siguiente: "Deje sin efectos la fecha señalada en auto de siete de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 1378/2019 y en su lugar señale una nueva para la celebración de la audiencia de ley dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo." III. Análisis de cumplimiento. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio remitido por la presidenta de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de dieciocho de octubre del año en curso, en el que dejó insubsistente la hora y fecha señalada, y fijó las doce horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente 1378/2019. IV. Vista cumplimiento. Con el oficio y sus anexos, en ese propio acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara al respecto; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; lo que le fue notificado debidamente, sin que hiciera manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto, pues consta que se efectuaron las gestiones para el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, la cual ya fue notificada. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, e informe justificado rendido por la responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que obran en el presente sumario; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable y parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 885/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Roberto Valenzuela López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La fecha y hora señalada mediante auto de siete de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la ley obrera, dentro del juicio laboral 1378/2019. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la junta laboral responsable, por así declararlo al rendir su informe justificado, certeza que se corrobora con la constancia que remitió en apoyo, de la cual se advierte el acto impugnado. Consideraciones jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y quien resuelve de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. La parte quejosa aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, efectivamente, la junta responsable fijó fecha para dicha audiencia la cual supera el plazo que indica la Ley Federal del Trabajo y, por ende, viola los derechos que reconoce el precepto constitucional aludido. En efecto, el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, los artículos 685, 686, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, establecen, entre otras cosas, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, tan es así, que el propio código obrero impone la obligación a la autoridad laboral de substanciar el procedimiento dentro de los plazos que en él se señalan; que los presidentes de las juntas y los auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos. Asimismo, se advierte que una vez radicada la demanda laboral, la junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de ley dentro de los quince días siguientes, por lo que el emplazamiento de las partes deberá llevarse a cabo, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para tal efecto. Ahora, en el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitidas por la responsable, se advierte que: El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió demanda laboral ante la responsable radicada como juicio laboral 1378/2019. Posteriormente, en el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, la responsable señaló el veintiuno de enero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, pone de manifiesto que el proceder de la autoridad responsable va en contra de los principios rectores del proceso laboral, en virtud de que la fecha estipulada para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es de más de seis meses después, data que supera el plazo de quince días establecido en la legislación obrera. En consecuencia, se concluye que se violenta el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, en tanto que la autoridad desfasa los plazos establecidos en el código obrero, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por su parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva; sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio VI. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones: Deje sin efectos la fecha señalada en auto de siete de julio de dos mil veintiuno en el juicio laboral 1378/2019 y en su lugar señale una nueva para la celebración de la audiencia de ley dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Respecto de los alcances de la protección federal, se destaca que se limitan a los actos reclamados y a la etapa procesal en la que se sitúan dentro del procedimiento laboral. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: VII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Valenzuela López, respecto del acto reclamado identificado en el apartado III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
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CON FECHA 11/08/2021: SE ADMITE DEMANDA DE AMPARO, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES POR INFORME, SE SEÑALAN LAS 09:55 DEL 21/09/2021 PARA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
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