Roberto Urbina Celis
Expediente 760/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 760/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Urbina Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que puede ser depurable en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Roberto Urbina Celis, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ° Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN Y DE NO ACATAMIENTO DE LAUDO, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021, dictada por la responsable en el expediente laboral número 42/16.". SEGUNDO. El treinta de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 760/2021, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad, advirtió la existencia del juicio de amparo 831/2021, de este propio índice, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, contra los actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, señalando como actos reclamados los siguientes: ".la resolución incidental de fecha 16 de marzo de 2021, dejando de cumplir con lo dispuesto en los arábigos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, y por consecuencia se violan en agravio mí poderdante los artículos 14 y 16 Constitucionales." Atendiendo a lo anterior, este Juzgado Federal, declaró procedente la acumulación del citado juicio de amparo al presente en que se actúa, reiterando la fecha y hora de audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a las demandas y el análisis de las constancias de autos, se desprende que reclaman la resolución interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio natural 42/2016. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. Sin embargo, este juzgador no advierte que se actualice alguna de ellas y, por ende, procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del asunto. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones, en la forma siguiente: El quince de enero de dos mil dieciséis, Roberto Urbina Celis, demandó una serie de prestaciones laborales en contra de la persona moral Comisión Federal de Electricidad. El diez de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, admitió la demanda de origen, radicando el asunto con el número de expediente 42/2016, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica y ordenó la notificación a las partes. El quince de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio natural 42/2016, se dictó resolución en forma de laudo, condenando a Comisión Federal de Electricidad, a diversas prestaciones, y ordenando la apertura del incidente de liquidación para la cuantificación relativa a las prestaciones cuyo monto no fue determinado en el fallo. Mediante sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, derivado de la promoción del juicio de amparo directo 877/2018, promovido por Comisión Federal de Electricidad, contra los resolutivos primero y segundo del laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Comisión Federal de Electricidad. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se dictó resolución respecto del incidente de liquidación y de no acatamiento de laudo, el cual en su primer resolutivo determino lo siguiente: ".Se aprueba la planilla de liquidación de laudo, salvo error u omisión de carácter aritmético, hasta por la cantidad de $434,359.53,(CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100). Esta última resolución, es la que constituye el acto que ahora se reclama. SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado por Roberto Urbina Celis. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. Contra la resolución reclamada, el quejoso aduce que se violaron sus derechos de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por las razones que enuncia en tres argumentos, los cuales, en síntesis, versan de la siguiente manera: 1. Que la responsable realizó una cuantificación incorrecta, la que incluso fue más baja que la presentada por el propio patrón, con violación del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador, situación que inobservó la responsable en la resolución combatida. 2. Que la resolución combatida deja de apegarse a la legalidad, ya que no contemplo la condena a la patronal de salarios caídos y sus aumentos en un 50%, de conformidad con el ordinal y el respectivo interés. En principio, resulta importante precisar que el incidente de liquidación tiene como objetivo determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio con el propósito de perfeccionarlas, y no de modificar, anular o rebasar lo decidido en el laudo, pues ello atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. Sin que las prestaciones que se liquiden en éste, sean únicamente las que se paguen a la parte vencedora, porque se reitera, su finalidad es solamente establecer los montos de las prestaciones que no se liquidaron en el laudo, a efecto de cuantificarlos en unión de éstos, para una vez que se pague lo conducente a la demandante, pueda tenerse cumplido cabalmente el laudo. Apoya lo expuesto, por identidad de razones, la jurisprudencia I.11o.C. J/10 del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Registro digital 171449, Novena Época, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que todo acto de autoridad emitido por las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, debe estar debidamente fundado y motivado. Por motivación debe entenderse la expresión de las razones, causas o motivos que llevaron a la autoridad a estimar que el caso encuadraba en la hipótesis legal y, por fundamentación, se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto o los preceptos legales aplicables al caso, esto es, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído o resolución, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, entonces no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. De lo anterior, se desprende entonces que todo mandamiento de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, lo cual, además, implica cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que dicho precepto constitucional impone. Así, tenemos que el principio de congruencia, en su esencia, está referido a que las determinaciones deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la determinación no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Asimismo, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Conviene señalar que de la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 843.- En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en la sentencia o convenio a ejecutar, entendiéndose por ésta, la cuantificada en éstas.". En relación con las disposiciones transcritas, se obtiene que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos. Por tanto, cabe precisar que el incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, pues su finalidad es cuantificar la condena formulada en el laudo que se trata de liquidar, por lo que la actividad de la Junta respectiva debe concretarse a verificar si la liquidación propuesta por el interesado es correcta o no. Apoya a lo anterior, la tesis Jurisprudencial I.1o.T. J/67, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 83, Noviembre de 1994 , Registro digital 209859, Octava Época, Página 46, de rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. DEBE CONCRETARSE A LOS TÉRMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos." En el caso, de los antecedentes relatados se desprende que la demandada Comisión Federal de Electricidad, fue condenada en el laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, entre otras cosas, al pago de concepto de servicio eléctrico, equivalente al costo de 350 KWH, mensuales, previsto en la cláusula 67 del contrato colectivo, por un lapso de doce meses computados a partir de la fecha del despido; al pago del concepto de alimentos, previsto en la cláusula 19, del contrato colectivo, por un lapso de doce meses, por el periodo comprendido del quince de enero de dos mil quince al once de enero de dos mil dieciséis, computados a partir de la fecha del despido; y también se estableció el pago de $194, 951.97, por concepto de pago de interés del 2% mensual, sobre el importe de quince meses, a partir del once de enero de dos mil diecisiete, y hasta el once de agosto de 2018, por lo tanto, a partir del doce de agosto de dos mil dieciocho, debía seguirse pagando dicho interés y por tanto cuantificarse en el incidente de liquidación de laudo correspondiente. Por ende, es indudable que el incidente de liquidación debe estarse a lo resuelto en el laudo y versar sobre los efectos para los cuales se ordenó su apertura. Ahora, en su primer concepto de violación, el cual resulta inoperante, en razón de que no es el procedimiento en la resolución del incidente de liquidación con lo que el quejoso pretende delatar la incongruencia en que incurrió la responsable al emitir su resolución, pues argumenta que, existe discrepancia en las planillas de liquidación y que incluso la cantidad fijada en menor a la propia planilla exhibida por la parte demanda en el juicio natural; además, por otro lado refiere que contrario a lo considerado por la junta responsable, en el laudo sí se condenó a la demandada a pagar los conceptos de salarios caídos y aumentos en un cincuenta por ciento, conforme a la cláusula 46 del contrato colectivo. Como se adelantó al inicio de este considerando, el motivo de inconformidad vertido por el solicitante del amparo es también infundado, puesto que precisamente conforme al dispositivo que invoca, en el sentido de que debe prevalecer lo que más favorezca al trabajador, si bien es cierto que se establecieron en el laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho, entre otras prestaciones el pago de salarios caídos, también lo es que se fijó una cantidad liquida de $410,425.20, y de igual forma se estableció la cantidad liquida de $205,212.60, equivalente al cincuenta por ciento del monto de salarios caídos, por tanto, la finalidad del incidente de liquidación lo es precisamente establecer una cantidad liquida de la condena y de aquellos conceptos que en el propio laudo no haya sido objeto de cuantificación, de ahí lo infundado de su concepto de violación, porque los conceptos que la quejosa refiere, se denota del propio laudo se establecieron cantidades liquidas. Por cuanto al interés previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad señalada como responsable realizó el cálculo del periodo comprendido del doce de agosto de dos mil dieciocho al once de marzo de dos mil veintiuno, fijando la cantidad liquida de $318,079.53, sin que la parte quejosa argumente contra dicha determinación, sino que solo se limita a realizar manifestaciones respecto de conceptos que como se advierte de la resolución del incidente de liquidación reclamado, ya fueron contemplados conforme al laudo firme que obra en autos del juicio natural de donde emanan los actos reclamados. Así, lo cierto es que la condena únicamente versó sobre los conceptos referidos, por lo que el incidente de liquidación no puede ir más allá de esas prestaciones. Es decir, de la redacción del concepto de violación, se puede advertir que lo que externó el quejoso fue que se condenaba a la demandada al pago de los conceptos citados; sin que pueda estimarse que la sola cita e incluso sin referir disposiciones normativas tenga el alcance de condenar respecto de conceptos que no fueron materia de pronunciamiento y análisis en el laudo; de ahí que su sola mención no conlleva per se su condena. Por tanto, ahora en el incidente de liquidación, no hay la posibilidad de adicionar o modificar lo condenado, pues el incidente de liquidación del juicio laboral no es una nueva oportunidad de ampliar la controversia o introducir nuevos elementos en ella, sino que debe ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo. Atendiendo a lo anterior, debe negarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Ahora, en otro aspecto, en particular de los incrementos que señala la autoridad señalada como responsable que no fueron motivo de precisión por la parte quejosa, se estima correcta la determinación de la autoridad responsable al decir que al plantear el incidente de liquidación la parte actora no señaló incremento alguno y que la demandada no controvirtió el señalamiento de la actora en cuanto al referido concepto, lo que resulta de esa forma porque el trabajador se limitó a señalar de manera genérica el aumento salarial, sin que como ya se estableció, no se manifestó a cuanto ascendía y por lo tanto el demandado por lógicas razones no podía controvertirlo. Sin que pase desapercibido para quien resuelve la circunstancia de que conforme al laudo, al resolver la incidencia relativa se debía tomar en cuenta el salario con su respectivo incremento, pero para cuando se materializara la reinstalación. Atendiendo a lo anterior, debe negarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Por otra parte, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado por la Comisión Federal de Electricidad. Son inoperantes por una parte e infundados en otra, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. Sin que, en el caso, sea dable suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado emana de un juicio laboral, en el que la ahora quejosa tiene el carácter de patrona, además de que tampoco se advierte ninguna violación evidente a la Ley o que se le haya dejado sin defensa. En su escrito inicial de demanda, la peticionaria de amparo aduce que se violaron sus derechos, ante la falta de congruencia de la resolución reclamada, por las razones que enuncia en dos conceptos de violación, los cuales, en síntesis, versan de la siguiente manera: En su primer concepto de violación aduce que la autoridad responsable parte una premisa falsa, al no considerar que el actor Roberto Urbina Celis, fue quien manifestó expresamente su deseo de obtener liquidación por la no reinstalación. En el segundo concepto de violación, la parte demandada aquí quejosa Comisión Federal de Electricidad, refiere que la autoridad señalada como responsable no contaba con elementos para fijar la cuota diaria de alimentos, es decir, básicamente refiere que la acreditación del monto de la prestación extralegal recae la carga de la prueba en él actor. Como se dijo el inicio de este considerando, tales argumentos son inoperantes e ineficaces, por las razones que se expondrán a continuación. Primero, respecto de los conceptos de violación sintetizados en el inciso a), debe decirse que devienen inoperantes, toda vez que la parte quejosa estaba obligada a evidenciar a través de argumentos lógico jurídicos, las violaciones consistentes en la falta de fundamentación y motivación, así como la incongruencia que atribuye al acto reclamado, lo cual no aconteció, ya que únicamente se limitó a hacer afirmaciones sobre la forma en que debía resolver, pero sin especificar en qué parte de la resolución se advertían incongruencias; es decir, no proporciona argumentos lógicojurídicos que demuestren sus afirmaciones, sino que solo sostienen una posición en sentido contrario a lo resuelto. En ese orden de ideas, la peticionaria de amparo se encontraba obligada a exponer a través de razonamientos claros y concretos en sus conceptos de violación que las consideraciones de la autoridad responsable eran erróneas; esto es, demostrar en qué medida o sentido estaba indebidamente fundada y motivada la resolución reclamada o los puntos en los que advertía las incongruencias con el laudo que señala y cuál era la fundamentación y motivación que estimaba correcta y por qué; lo cual no aconteció. Por tanto, si la quejosa no controvirtió eficazmente los razonamientos que sustentan la resolución de la autoridad responsable que se analiza, como se adelantó, sus planteamientos se tornan inoperantes. Encuentra apoyo a esta determinación la jurisprudencia 501, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 439, del tomo IV, materia civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 913443, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO NI SE ESTÁ EN ALGUNO DE LOS CASOS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTOS EN LA LEY. Si en un juicio de amparo en materia civil, el quejoso omite controvertir y, por lo mismo, demostrar, que las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo reclamado son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, sin que, por otra parte, se surta alguna de las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuya virtud deba suplirse la queja deficiente en favor del agraviado; los conceptos de violación resultan inoperantes y debe negarse la protección constitucional solicitada." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 1ª./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Ahora bien, en su segundo concepto de violación la quejosa Comisión Federal de Electricidad, vierte argumentos en el sentido de que la autoridad señalada como responsable no contaba con elementos para fijar la cuota diaria de alimentos, es decir, básicamente refiere que la acreditación del monto de la prestación extralegal recae la carga de la prueba en el actor, el cual resulta infundado a consideración de quien resuelve. Empero, no le asiste la razón a la demandada en el juicio natural aquí también quejosa, Comisión Federal de Electricidad, en primer lugar porque al momento de dar contestación al incidente de liquidación no controvirtió la cantidad y en segunda porque es un hecho notorio que el monto sobre el cual se calculara la prestación condenada puede ser consultado desde el portal de internet de la propia Comisión Federal de Electricidad. Es decir, en el caso de las prestaciones extralegales, cuando exista la presunción de certeza de los hechos narrados en la demanda, siempre que no haya sido contradicha con alguna otra probanza, resulta suficiente para demostrar la procedencia de la prestación relativa, de ahí lo infundado del concepto de violación, y contrario a lo argumentado por la quejosa y demandada en el juicio de origen, ese solo hecho tiene eficacia demostrativa para su reclamo, aún y cuando no se haya exhibido el contrato relativo en autos del natural. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.II.L.J/1 L (11ª.), de los Plenos de Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 3019, Undécima Época, Materia Laboral, cuyo rubro y texto dicen: "PRESTACIONES EXTRALEGALES. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO DESVIRTUADA EN EL JUICIO LABORAL, ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO O LAS CLÁUSULAS RELATIVAS Y SU PROCEDENCIA, AUN CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN EXHIBIDO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 1 DE MAYO DE 2019 Y LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones contrarias al analizar qué efectos debe tener en un juicio laboral para tener por demostrados los términos de las prestaciones extralegales, el hecho de que la parte actora no haya exhibido el contrato colectivo de trabajo, o las cláusulas correspondientes, pero se haya tenido por contestada la demanda afirmativamente y, por ende, actualizada la presunción de certeza de los hechos ahí narrados no contradicha con diversa prueba, pues mientras uno determinó que al haberse tenido por contestada la demanda afirmativamente, la presunción derivada de ello, no contradicha con otra prueba, es suficiente para demostrar su procedencia, el otro estimó que la circunstancia de tener por contestada la demandada afirmativamente no genera que deban tenerse por consentidas las prestaciones extralegales que se reclamen, por lo que no debe liberarse al actor de la carga probatoria para acreditar prestaciones de esa naturaleza. Criterio jurídico: El Pleno en Materia de Trabajo del Segundo Circuito establece que el hecho de que se haya tenido por contestada afirmativamente la demanda y, por ende, actualizada la presunción de certeza de los hechos narrados en ese escrito, sí tiene eficacia demostrativa suficiente para acreditar la procedencia del reclamo de prestaciones extralegales, aun cuando no se haya exhibido el contrato colectivo de trabajo, las cláusulas correspondientes o diversas pruebas, siempre y cuando esa presunción no se encuentre contradicha en el juicio laboral con diverso elemento de prueba. Justificación: Conforme a los artículos 777 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1 de mayo de 2019 y 220 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, con relación a los hechos expuestos en el escrito de demanda, en el de la contestación a la misma, o en ambos, sólo deberán ser materia de prueba aquellos que se controviertan; mientras que los artículos 784 de la legislación federal en cita y 221 de la normatividad local de referencia, eximen de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios se esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Entonces, cuando se tiene por contestada una demanda en sentido afirmativo, es inconcuso que los efectos de la presunción de certeza de los hechos ahí narrados, deben entenderse en el sentido de que se establece una presunción favorable a la parte actora y contraria a los intereses de la demandada, que puede ser destruida con prueba en contrario y en tanto que no se advierta algún elemento de convicción que desestime esa presunción, adquiere eficacia suficiente para demostrar los hechos que se narran en la demanda. Luego, si el trabajador está en la posibilidad legal, siguiendo el criterio de encontrar la verdad, de allegar a la autoridad toda clase de pruebas, mediante cualquiera de las formas y medios que prevé la legislación laboral, la presunción de certeza de los hechos expuestos en el escrito de demanda, derivada de su falta de contestación, no desestimada con prueba en contrario, es apta para demostrar, tratándose del reclamo de prestaciones extralegales, la procedencia a recibir el beneficio invocado, aun y cuando la parte actora no haya exhibido el documento relativo o diversas pruebas, pero la prestación sea lo suficientemente clara para que pueda controvertirse, no sea contraria a la ley ni sea inverosímil." Atendiendo a lo anterior, debe negarse el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 77, 117 y 119 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Roberto Urbina Celis y Comisión Federal de Electricidad, respecto de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación de laudo en el juicio laboral 42/2016, por las razones y fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso en el amparo acumulado 831/2021, atento a su contenido, dígase al promovente que con fecha dieciséis de febrero de la presente anualidad, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, quedando pendiente el dictado de la sentencia correspondiente, por lo que una vez que se dicte la misma, esta le será notificada de manera personal en el domicilio que para tal efecto haya señalado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de enero de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no obra en autos la constancia de notificación personal de la parte quejosa Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal Ricardo Abarca González del proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se hace del conocimiento de dicha parte la acumulación del juicio 831/2021, al presente juicio de amparo 760/2021, promovido por Roberto Urbina Celis. En ese sentido, y en obvio de mayores dilaciones procesales, con la finalidad de evitar infringir las formalidades establecidas en la ley de la materia, se ordena de nueva cuenta notificar personalmente a la parte quejosa el auto anteriormente citado, como esta ordenado dentro del juicio de amparo 831/2021. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las diez horas con diecisiete minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese, y personalmente a Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal Ricardo Abarca González. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de la Licenciada Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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