Roberto Treviño Sánchez

Expediente 678/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
678/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Roberto Treviño Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que el Secretario certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del tres al nueve de junio del año en curso, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda, no existen documentos originales y no se trata de un asunto con valor jurídico, histórico o relevancia documental que amerite su conservación. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase recibido oficio de la Juez Cuarto de lo Familiar en el Estado, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para ello informa que: a) Decretó, provisionalmente, régimen de convivencia familiar entre los menores Hiram Alejandro y Alexa Nahid de apellidos Robledo Martínez y su madre Ma. del Carmen Martínez Ventura. b) La consabida convivencia se llevara a cabo en las instalaciones del Juzgado Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, los días martes y jueves de cada semana, iniciando el próximo martes, en horario de 13:00 a 14:00 horas. c) Requirió al padre de los menores Alejandro Robledo Flores, para que haga presente a los menores. d) Apercibió a las partes, para el caso de incumplimiento La referida medida provisional la Juzgadora la consideró prudente a efecto de que prevaleciera el interés superior de los menores de convivencia, pues de autos no advirtió constancia alguna de se lo impidiera, aunado a que el Estado velará que los niños contra su propia voluntad no sean separados de sus padres. De la lectura de la sentencia de treinta de abril de dos mil quince, se desprende que el efecto del amparo y protección de la justicia a los menores, fue para que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, decretara las medidas conducentes, necesarias y efectivas para que se gestara la convivencia de los menores con sus progenitores, pero partiendo de la base de que la madre es quien legalmente ejerce la guarda y custodia de los menores. En concepto de este Juzgador, aún no se encuentra cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, porque, el régimen de convivencia que estableció la responsable, no parte de la base de que la madre es quien legal y provisionalmente ejerce la guarda y custodia de los menores. Circunstancia que resulta de gran trascendencia para el caso concreto, pues si bien es cierto, como refiere la responsable, los menores no pueden ser separados de sus padres en contra de su propia voluntad, pero también lo es, que actualmente la autoridad no cuenta con manifestación expresa de los menores en donde hayan manifestado que quieren estar con su padre, por el contrario, en principio las que existen datan de tiempo no acorde a su edad, pues el dieciocho de febrero de dos mil trece, escuchó a ambos menores, mientras que el veintidós de octubre de dos mil trece, solo escuchó a Hiram Alejandro Robledo Martínez, y segundo, de autos se advierte, y en segundo término, la autoridad fue informada de que los menores están con su padre, debido a que éste indebidamente los sustrajo del domicilio de la madre. Por lo anterior, es inconcuso, que el régimen de convivencia fijado sea entre la madre e hijos, cuando es ella quien por determinación de la autoridad jurisdiccional legalmente debe ejercer la guarda y custodia, salvo que haya variado o quedado insubsistente y que tal figura haya pasado a favor del padre. Por tanto, el efecto de la sentencia de amparo, fue para que las medidas conducentes, necesarias y efectivas para que se gestara la convivencia de los menores con sus progenitores, en principio, deberían ser para la madre tuviera a los menores, pues se insiste, es quien legalmente ejerce la guarda y custodia de los menores (salvo que exista manifestación actual por parte de los menores en sentido adverso y que se justifique), para posteriormente emitir el consabido régimen de convivencia pero entre padre y menores, dictando medidas efectivas para que se cristalice la convivencia. Por último, la autoridad únicamente apercibe a las partes (madre y padre) a efecto de que en caso de incumplimiento podrán hacerse acreedores a una de las sanciones establecidas en el numeral 71 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí; sin embargo, no tomó en consideración, las múltiples desatenciones, específicamente el padre de los menores (aquí quejoso), a efecto de que, tanto los entregar a la madre como los presentara al Juzgado para que fueran escuchados por el Juzgador. Por todo lo anterior, es que se considera que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en sus términos, y en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para tal efecto, en atención al cuarto párrafo del dispositivo en mención, se amplía el término de tres a ocho días; cinco para lograr poner en posesión a los menores con la madre, por ser quien legalmente ejerce la guarda y custodia, salvo que exista o sobrevenga causa justificada de que los menores estén con el padre; y los otros tres días para que nuevamente establezca régimen de convivencia familiar entre padre y menores. Con el apercibimiento legal que de no hacerlo sin causa justificada, dentro del plazo que al efecto se le concede, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, párrafo tercero y 258 de la Ley de Amparo en vigor, sin perjuicio de que se remita el presente expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Turno, para que siga el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación acorde al numeral 192, párrafo segundo de ley de la materia.

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