Roberto Treviño Luna
Expediente 214/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Roberto Treviño Luna
- Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes, en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, respecto del oficio 1808/5/2023, y constancia adjunta, remitido por las autoridades responsables Presidente y Actuaria adscritas a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se informó y se acreditó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar debidamente notificadas de dicho auto. En consecuencia, este juzgado de distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el artículo 214, de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." CUMPLIMIENTO Ahora, el doce de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral 449/5/2021, a partir del ilegal emplazamiento, inclusive, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Luego, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la sentencia pronunciada causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Así, el ocho de agosto del presente año, se recibió en este juzgado de distrito, el oficio 1808/5/2023 y anexo, procedente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió con firmas autógrafas el proveído dictado el siete de agosto de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente lo actuado en el juicio laboral 449/5/2021, y ordenó reponer el procedimiento a partir del ilegal emplazamiento practicado a la parte demandada en dicho juicio, aquí parte quejosa. Posteriormente, en proveído de diez de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha en que se actúa hayan manifestado algo al respecto. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, pues la responsable restituyó a dicha parte en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". ARCHIVO DEFINITIVO Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN En consecuencia, el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en el capítulo quinto, artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al ser un asunto en el que se concedió el amparo. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo acuerdo. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, el expediente principal y el cuaderno incidental deberán conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posterior al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir los expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. SE DEVUELVEN CONSTANCIAS En otro orden de ideas, devuélvase a la junta responsable el legajo de pruebas constante de un tomo que remitió a fin de apoyar su informe justificado, dado que resulta innecesario su retención. CAPTURA DE DATOS Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Luis Roberto Pérez Franco, Secretario que autoriza y da fe.Jesús
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1808/5/2023, firmado por la Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, anexando la constancia respectiva; por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes la constancia remitida por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el doce de julio de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. El apercibimiento de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretado en este proveído tiene su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente. Finalmente, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
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Sexto. Resulta necesario dejar en claro que en el presente considerando sólo se efectuará el análisis de los aspectos impugnados por la parte quejosa con relación al emplazamiento reclamado, en su escrito inicial de demanda, excluyéndose todas aquellas cuestiones no controvertidas y que de igual forma son parte de las diligencias relativas al citatorio previo y a dicho emplazamiento, habida cuenta que en el caso, la quejosa es parte patronal en el juicio de origen, pues de las constancias que integran el expediente laboral ********************, se observa que fue demandado con el carácter de propietario y gerente de la empresa Construcción Desarrollo e Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable, y dada su calidad en aquélla instancia aquí no procede que la institución de la suplencia de la queja opere en su favor en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para una debida comprensión del asunto, es conveniente destacar que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha interpuesto en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica, es considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, por ende, reviste gran importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia establecido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, en lo que aquí interesa: ". Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. ." De lo anterior, queda claro que el derecho de audiencia, consagrado en el precepto constitucional antes transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas se infringiría el referido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. También es oportuno precisar que el citatorio constituye un medio de comunicación procesal por el que se llama a una persona o personas determinadas para que se presenten en un lugar, día y hora específicos que se les señale, para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de alguna resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses; así, al realizarse la diligencia de emplazamiento, necesariamente tienen que cumplirse las formalidades que la ley de la materia establezca para llevar a cabo ese acto judicial. Precisado lo anterior, quien esto resuelve estima que son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en el escrito de demanda, en donde básicamente alega: Que en el juicio laboral de origen, la Actuaria responsable no se cercioró tanto en el citatorio previo (foja 9 -tomo de pruebas-) como en el emplazamiento (foja 8 -tomo de pruebas-), que el aquí quejoso tenía su domicilio en el lugar señalado en autos para llevar a cabo el emplazamiento a juicio, de conformidad con el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Para ilustrar lo planteado con antelación se plasman en este fallo las diligencias de trato. Citatorio. Cédula de notificación. Analizadas las imágenes anteriores, se observa y se reitera lo indicado en los párrafos que anteceden; es decir, la actuaria responsable, en ambas diligencias (citatorio y cédula de notificación) se limitó a indicar lo siguiente: ."Cerciorándose el suscrito que es el domicilio correcto ya que es el indicado en el escrito inicial de demanda así como la nomenclatura de dicha calle cerciorándose además que la persona física, es la demandada ya que es el lugar de la fuente de trabajo.". De lo anterior se observa que no es suficiente manifestar "por la nomenclatura de dicha calle" para tener certeza plena de estar constituido en el domicilio buscado, toda vez que no indicó cómo se cercioró de ello, pues no especificó en ninguna de las diligencias como obtuvo esa información; es decir, si había una placa metálica en algún lugar de la calle (normalmente en las esquinas), lamina o anuncio, con el nombre de la calle buscada. Tampoco dejó asentado en las diligencias, si en dicha ubicación estaba habitaba el quejoso y de ser el caso como se cercioró de ello, limitándose a manifestar "la persona física es la demandada ya que el lugar es la fuente de trabajo". Dado lo anterior, se reitera que son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Por otra parte, indica que, tales deficiencias en el emplazamiento le ocasionó el desconocimiento del juicio seguido en su contra, por lo que dicho procedimiento infringe en su perjuicio lo dispuesto por los numerales citados de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia, su derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, ya que no se le permitió comparecer a juicio a defender sus derechos. Sobre el particular, tenemos que la fracción I, del artículo 742, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que debe notificarse en forma personal el emplazamiento a juicio y el primer proveído que en el mismo se dicte y el diverso numeral 743, del mismo cuerpo de leyes, contiene una serie de disposiciones que inevitablemente deben cumplirse al realizar la primera notificación personal; al respecto, cabe destacar el contenido de las fracciones I, II, III, y IV, y último párrafo de este último precepto, en donde textualmente se dispone lo siguiente: "743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el Actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el Actuario se asegurará de que la persona con quien entienda es representante o apoderado legal de aquella; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; . En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Del precepto legal transcrito, claramente se colige que, en los juicios laborales, tratándose de la primera notificación personal, el Actuario encargado de realizarla, tiene la obligación ineludible de cerciorarse, por cualquier medio bastante y convincente, que la persona que va a emplazar o notificar tiene su domicilio, habita o trabaja en el local o casa señalado en autos para ese efecto, debiendo expresar, además, en forma precisa los elementos en que apoye la diligencia que realice. A este respecto cobra aplicación, la jurisprudencia II.T. J/17, proyectada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2001, Materia Laboral, Tomo XIV, visible en la página 1190, registro 188834, que establece: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. Según el artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, deberá notificarse personalmente el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo y el siguiente numeral 743, fracción I, respecto a la primera notificación personal, obliga al actuario a cerciorarse de que quien debe ser notificado, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para efectuarla, lo cual implica necesariamente la obligación de verificar esas circunstancias previamente a la práctica de la diligencia, con el propósito de constatar la concurrencia al lugar correcto y en donde pueda ser localizado el demandado, por encontrarse de manera ordinaria, habitual o permanente, lo cual evidentemente resulta un presupuesto fundamental, pues de no hacerse así, se estaría ante la incertidumbre de que en el sitio donde se efectuó, no se encontraba la persona requerida." Además, la obligación impuesta al Actuario para cerciorarse de que la persona que va a ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para llevar a cabo la diligencia respectiva, tiene por objeto el dar plena certeza de que el demandado tiene ahí su domicilio y que en él puede encontrársele, o sea, el funcionario judicial debe comprobar que en el lugar en que va a emplazar al demandado, éste puede ser localizado ahí, porque habite, trabaje o esté domiciliado en el mismo; dicho en otras palabras, el término cerciorarse se entiende como asegurarse de la verdad de algo. De manera que si la Ley Federal del Trabajo establece, en su artículo 743, fracción I, que el Actuario que realice la primera notificación personal en un juicio laboral debe cerciorarse de que la persona que busca habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para practicar la notificación, ello debe entenderse en el sentido de que tal funcionario debe asegurarse de que verdaderamente la persona por notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar donde se constituye. Expuesto lo anterior, como se adelantó, debe decirse que le asiste razón a la parte quejosa, que la Actuaria de la Junta responsable, en las diligencias relativas al citatorio previo y de emplazamiento, no se cercioró fehacientemente de si tenía su domicilio en el proporcionado por la parte actora, habida cuenta que no levantó una razón actuarial completa conforme a lo establecido en último párrafo del el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Las diligencias relativas al citatorio previo y emplazamiento, obran glosadas respectivamente a fojas 9 y 8 del tomo de pruebas. De las diligencias anteriores, se advierte que la Actuaria judicial encargada de llevar a cabo el emplazamiento de mérito, omitió especificar si la parte quejosa tenía su domicilio en el lugar señalado para ese efecto, es decir, no determinó, como era su obligación hacerlo, si esa hipótesis a que se refiere el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se actualizaba; siendo inconcuso que el funcionario no se cercioró de ese hecho, tal y como la obliga la fracción, numeral y ordenamiento legal antes indicados, habida cuenta que no preguntó sobre ese aspecto a la persona con quien entendió dichas diligencia, sino que sólo asentó que ahí era la fuente de trabajo; pero no se aprecia que el fedatario haya cuestionado a la citada persona sobre si efectivamente ese lugar era el domicilio del demandado ********************y tampoco asentó datos objetivos que le permitieran arribar a esa conclusión. En efecto, de un análisis sistemático entre el precepto legal 743 de la Ley Federal del Trabajo y las diligencias de trato, se advierte que no obstante que en el texto de dichas actuaciones el funcionario judicial respectivo refirió que se constituyó en el domicilio señalado en autos como el del demandado, quien esto resuelve considera que no se da cumplimiento a lo ordenado por la fracción I, del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues en forma alguna expresó cómo es que se cercioró de que el lugar en el que se constituyó era el mismo en el que tenía su domicilio, se reitera, pues no lo preguntó a la persona que la atendió. Es evidente, como se ha dicho, que el Actuario responsable al llevar a cabo el emplazamiento referido, no asentó elementos objetivos de convicción sobre el particular, así como tampoco una razón clara y precisa de los mismos, en que se apoyó para determinar que en el lugar en que practicó el emplazamiento que ahora se le reclama, tenía su domicilio la empresa demandada y, en esa medida, resulta ilegal el emplazamiento efectuado, pues como ha quedado de manifiesto, no se cumplió con el requisito establecido en el numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta que no se le permitió tener pleno conocimiento del asunto, por ende, no tuvo oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en defensa de sus intereses y opusiera las excepciones y defensas a su alcance, ofreciendo las pruebas que acreditaran sus medidas defensivas, objetara las de su parte contraria y formulara los alegatos que a su derecho conviniera. Tiene aplicación a lo así considerado, la jurisprudencia III.2o.T. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Laboral, visible en la página 1452, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR. La fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo prevé, como requisito de validez para la primera notificación personal, que el actuario se cerciore que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación. En tal virtud, si de las actas del citatorio y del emplazamiento se aprecia que el funcionario referido solamente se cercioró de que el lugar en que se constituyó era la casa o local señalado en autos para practicar la diligencia, pero omitió corroborar que éste fuera donde habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la persona que debía notificar, dicho emplazamiento es ilegal y, consecuentemente, nulo, toda vez que de esto último debe asegurarse de manera independiente respecto de la mera ubicación espacial; y, por ende, su aseveración de que se constituyó en el domicilio del demandado resulta, por una parte, insuficiente para tener por cumplido el requisito en comento; y, por otra, dogmática al no apoyarse en cercioramiento fehaciente de que así fuera; consecuentemente, tales actuaciones son nulas de conformidad con el artículo 752 de la aludida legislación, puesto que el citatorio y el emplazamiento no se practicaron conforme al artículo primeramente referido." Por lo anterior, se deja de manifiesto que ese acto procesal tan trascendental no fue llevado a cabo en los términos previstos por la ley laboral, y en esa virtud, no se puede afirmar que se cumplió con el derecho de audiencia del demandado en el juicio natural y aquí quejoso y que así estuvo en aptitud de ocurrir al juicio a defender sus derechos, pues de admitir lo contrario, estaríamos ante una presunción de legalidad, lo que resulta inadmisible tratándose del emplazamiento pues este resulta ser un acto esencial al procedimiento. En las relatadas consideraciones, al haberse demostrado que el emplazamiento reclamado por la ahora quejosa vulnera sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, precisamente el establecido en el artículo 14, así como las reglas previstas para el emplazamiento en el diverso numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************, a partir del ilegal emplazamiento, inclusive, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen. Sirve de apoyo a lo último considerado, la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 451/2016; publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Materia Común, visible en la página 287, registro 2015693, del libro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Respecto del Actuario responsable, se hace extensiva la concesión de amparo otorgada en el presente juicio. Asimismo, dicho beneficio que debe extenderse al codemandado ********************, ********************únicamente respecto de la anulación y reposición del procedimiento de origen, con excepción de la diligencia de emplazamiento efectuada a la citada moral codemandada. Lo que obedece al carácter de litisconsorte pasivo necesario que tiene en el juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial Número Cinco de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad. Ello, en el entendido de que el litisconsorcio implica una pluralidad de partes en el juicio, que será pasivo si se está en el caso de dos o más demandados, y necesario cuando lo impone la naturaleza del derecho que se dilucida en el litigio; así, el litisconsorcio pasivo necesario implica una pluralidad de demandas y una unidad de acción, como ocurre en este asunto, pues en el laudo que se pronunció en el juicio laboral de origen de nueve de mayo de dos mil veintidós, la junta responsable condenó a la aquí moral quejosa, así como a la codemandada al pago de diversas prestaciones reclamadas por el actor ********************(aquí tercero interesado). En ese sentido, el no hacer extensivos los efectos precisados, implicaría la posible subsistencia de una pluralidad de sentencias contradictorias respecto de las partes, en detrimento de la seguridad jurídica de los contendientes. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 9/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDEN EN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la Protección Federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías, pues los efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, si se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la Protección Constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la Protección Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************en el juicio de amparo 214/2023, respecto de los actos consistentes en el emplazamiento practicado dentro del juicio laboral ********************, así como la tramitación del mismo, el laudo y su ejecución, reclamados a las autoridades responsables Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuaria adscrita a dicha junta, residentes en esta ciudad, por los motivos legales y para los efectos jurídicos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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