Roberto Torres Valencia

Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
93/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Roberto Torres Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Torres Valencia, por propio derecho, contra actos del Fiscal Segundo Especializado en la Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 8, 14, 16 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 93/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Debe desecharse de plano la demanda de amparo, porque se advierte, de manera notoria y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 206, ambos de la Ley de Amparo, como se demostrará. El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En el caso, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: "Del C. FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y DE TRATA DE PERSONAS DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL, con sede en esta ciudad: La medida decretada en la CARPETA DE INVESTIGACIÓN: UIPJ/DVII/491/2021/ESP4; en fecha 4 de febrero del 2022, la cual me fuera notificada en esa misma fecha y que se hace consistir en: SEPARACIÓN INMEDIATA DEL DOMICILIO Las consecuencias directas o indirectas derivadas de dicha medida decretada que ha dictado en mi contra la autoridad que señalo como responsable, violentando con ello todo procedimiento judicial." Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII y 206, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 206 en comentario. Tal proceder encuentra apoyo en la siguiente tesis: Registro digital: 2009938 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , página 690 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Luego, dicha causa de improcedencia se actualiza en el presente asunto, de manera indudable y manifiesta, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional está radicado el diverso juicio 1/2022, donde María Victoria Arellano Castellanos reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento con residencia en esta ciudad, la modificación a la medida de protección dictada en el cuadernillo administrativo 52/2021 el diez de diciembre de dos mil veintiuno, medida que consistía en la separación inmediata del promovente de su domicilio, decretada por el Fiscal Segundo Especializado en la Investigación en Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en esta ciudad. En dicho juicio se admitió la demanda y se proveyó respecto de la suspensión solicitada por la quejosa, tanto provisional como definitiva concediéndose esta última para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban, esto es, para que subsistiera la medida de protección reclamada en los términos otorgada hasta antes de la modificación reclamada. De la lectura del informe previo de la Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de esta ciudad, destaca que dicha autoridad solicitó fecha y hora para la audiencia de revisión la medida de protección decretada, a fin de que el juez de control resolviera sobre la ratificación, modificación o cancelación de la medida impuesta. Solicitud que se anotó y registró con el número de cuadernillo administrativo 52/2021, formado con motivo del oficio 8769 signado por la Fiscal Especializada, fijándose para ello las once horas del diez de diciembre de dos mil veintidós para llevarlo a cabo, resolviendo el juez la modificación de la medida, para el efecto de que Fiscalía girara oficio a las corporaciones policiacas para que realicen rondines cada doce horas en el domicilio donde habitan las personas involucradas, cuyo acto se señaló como reclamado. Por otra parte, mediante oficio 109/2022 de veintidós de febrero del presenta año, la fiscal responsable remitió diversas constancias relativas a las actuaciones llevadas a cabo en la carpeta de investigación UIPJ/DVII/491/2021/ESP4, a fin de acreditar el cumplimiento dado a la suspensión definitiva concedida y vigente en dicho incidente 1/2022, del índice de este juzgado, entre las que destaca el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, notificado al aquí promovente el cuatro siguiente, del que se lee que la fiscal en cita ordenó la separación inmediata del domicilio a favor de las víctimas 199/2021-V y 200/2021-V, precisando que la vigencia de la medida sería hasta que culmine el proceso o se decrete una forma de terminación anticipada de la investigación o en su caso, hasta que se tenga la sentencia de la demanda de amparo que originó dicha suspensión, por lo cual ordenó que se cumpliera estrictamente haciéndole la prevención al ahora promovente para que en caso de que se negara a separarse del domicilio en un plazo de tres días contado a partir de que se le notifique dicho acuerdo se le aplicaría la medida de apremio con la que se le apercibió prevista en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha determinación se notificó al ahora quejoso el cuatro de febrero del año en curso, y de igual forma, por auto de diecisiete de febrero siguiente al no haberse separado del domicilio, se ordenó girar oficio al Comandante de la Policía Ministerial para que hiciera efectiva la medida de apremio. Ahora bien, como ya se precisó el acto reclamado en este asunto, consiste en el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, notificado el cuatro siguiente, emitido, según lo precisó la autoridad, en acatamiento a la suspensión definitiva concedida en el incidente derivado del juicio de amparo 1/2022, ordenándose la inmediata separación del aquí quejoso del domicilio donde se encuentran las personas que figuran como víctimas en la carpeta de investigación UIPJ/DVII/491/2021/ESP4. En ese orden de ideas, es evidente que la autoridad responsable emitió el acto reclamado con el fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a María Victoria Arellano Castellanos en el juicio de amparo indirecto por ella promovido. Por ende, el acto reclamado se emitió como consecuencia directa de la suspensión otorgada, por lo que se encuentra estrechamente vinculada con dicha medida, por lo que no dable, como lo pretende la parte quejosa, combatirlo a través de un nuevo juicio de amparo, sino que en su caso, el actuar de la responsable en ese sentido, era combatible en el propio incidente de suspensión del juicio 1/2022, a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, previamente transcrito. En efecto, cobra relevancia que en la propia demanda el quejoso refiere que la actuación de la fiscal responsable se traduce en un exceso en el cumplimiento a la suspensión ahí concedida, en específico en el hecho cuatro, para lo cual se inserta la siguiente imagen: En consecuencia, si en la Ley de Amparo, se encuentra previsto un medio por el cual combatir el actuar de las autoridades al dar cumplimiento a la suspensión concedida en el juicio de amparo, a saber el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión; entonces, dicho medio es que debe sustanciarse y no, como ahora se pretende, mediante un nuevo juicio constitucional; sobre todo, porque se insiste, la responsable justificó la emisión del acto aquí reclamado en la suspensión decretada en un diverso juicio de amparo. Máxime que, el numeral 81, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, contempla el recurso de revisión el cual pudo hacer valer el aquí quejoso, en contra de la medida cautelar definitiva concedida a su contraria, a fin de combatir el efecto de la concesión. En ese sentido, al tener a la vista como hecho notorio esas constancias del diverso juicio de amparo y su incidente de suspensión es dable constatar que el acto aquí reclamado fue emitido en cumplimiento directo de un mandato emanado de esos autos. Por ende, no sería factible su estudio mediante otra demanda constitucional, para lo cual se inserta la siguiente imagen obtenida precisamente del acto aquí reclamado: Luego, resulta relevante agregar que en el citado incidente de suspensión del juicio de amparo 1/2022 se exhibió el billete de depósito a fin de que siguiera surtiendo efectos la medida cautelar concedida de forma definitiva, por lo que la misma estará vigente hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, con independencia de los medios que hagan valer las partes en dicha incidencia. Finalmente, se precisa que el presente juicio de amparo también resultaría improcedente, de estimarse que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX de la Ley de Amparo, ya que la misma establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, en el caso de una interlocutoria emitida en el incidente de suspensión Así las cosas, de cualquier modo, se llegara a la misma conclusión de desechar de plano la presente demanda. Cabe señalar que basta con que se actualice una causal de improcedencia, para que de oficio se estudie, y no sea necesario incluso examinar una diversa. Tiene sustento lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia: "Registro digital: 195744 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 54/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En razón de lo todo lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 206, así como la fracción IX, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaías Cordero González, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Idalia de la Cruz Santes, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

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