ROBERTO TORRES RUDIÑO y Otros.

Expediente 341/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
341/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Roberto Torres Rudiño
  • ROBERTO TORRES RUDIÑO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Actuaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que realice los movimientos correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan. Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 341/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley de la materia. En la especie, se considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, uno de los principios rectores del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, cuya justificación se encuentra en el hecho de que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de amparo indirecto presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional respectivo demandando el cese de la violación de que se duele. De ahí que la legitimación a que se alude en dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, sea de naturaleza jurídica o patrimonial, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa, debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Asimismo, resulta importante destacar que el agravio debe recaer en la persona que promueve el juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; dado que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. Concomitante con lo anterior, el artículo 6 de la legislación de la materia dispone que el juicio de amparo puede promoverse sólo por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclama. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados: a) La ejecución del cateo efectuado por las autoridades ministeriales responsables, derivada de la orden obsequiada por el Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, dentro de la carpeta judicial 012/0685/2022-OC, respecto del inmueble ubicado en Avenida Ingeniero Eduardo Molina número 168 en la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15270, cateo que tuvo su origen en la carpeta de investigación CI-FIVC/UAT-CC-2/UI-1S/D/00442/03-2022, por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; y, b) El aseguramiento de dicho inmueble. Asimismo, manifiesta expresamente que acude a esta instancia en calidad de apoderado del inmueble antes mencionado y para acreditar dicha circunstancia, exhibe testimonio de la escritura pública número veintiséis mil ciento cincuenta y dos, expedida por la Notaría Número Ciento Ochenta y Ocho del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cuyo contenido se aprecia de las imágenes que a continuación se insertan: Del poder notarial en trato, se desprende que al aquí quejoso se le otorgaron facultades para que en nombre y representación de sus poderdantes enajene en el precio, forma de pago y demás condiciones que libremente convenga, el inmueble número ciento sesenta y ocho de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y terreno que ocupa, pudiendo tramitar, obtener y firmar la documentación pública o privada, previa o posterior que se requiera o sea necesaria, el cual podrá ejercer con las facultades que contemplan los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En ese sentido, se considera que el promovente carece de legitimación para instar el presente juicio. Ello es así, ya que las facultades que se le otorgaron únicamente le habilitan para realizar las acciones que estime necesarias para enajenar el inmueble que defiende, para lo cual contará con las atribuciones que ahí se especifican; empero, ello no implica que cuente con un poder general amplio y bastante, al amparo del cual se pueda considerar que su esfera de derechos se encuentra afectada por los actos de autoridad que reclama y con ello legitimarse para acudir a esta instancia constitucional como apoderado del inmueble, pues se itera, sólo fue facultado para enajenar el bien de que se trata, no así para representar a este ante autoridades jurisdiccionales. No pasa desapercibido que en el segundo párrafo de la cláusula primera del poder notarial, se asentó: ".En ejercicio de dicho mandato el apoderado gozará de las facultades a que se refieren los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal."; sin embargo, el mismo constituye únicamente un poder especial y no así uno general, con todas las facultades y derechos que ostentaría como si fuera el propietario. En ese tenor, y tomando en consideración que quien suscribe la demanda no está legitimado para interponer el juicio de amparo a nombre o representación de las personas que en su caso, resultaran afectados por los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6, del mismo ordenamiento legal, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo). Devolución de documentos Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita la devolución del instrumento notarial y la licencia para conducir que exhibe de manera adjunta asu escrito de demanda, con apoyo en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2, de la Ley de Amparo, se ponen a su disposición, previo cotejo de la copia simple que de ellas se obtenga para su debida constancia en autos. Lo anterior, en el entendido que su devolución sólo se hará en el horario establecido por este Juzgado, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ".

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan. Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 341/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley de la materia. En la especie, se considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, uno de los principios rectores del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, cuya justificación se encuentra en el hecho de que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de amparo indirecto presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional respectivo demandando el cese de la violación de que se duele. De ahí que la legitimación a que se alude en dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, sea de naturaleza jurídica o patrimonial, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa, debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Asimismo, resulta importante destacar que el agravio debe recaer en la persona que promueve el juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también debe ser de realización pasada, presente o inminente, es decir, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; dado que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. Concomitante con lo anterior, el artículo 6 de la legislación de la materia dispone que el juicio de amparo puede promoverse sólo por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que se reclama. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados: a) La ejecución del cateo efectuado por las autoridades ministeriales responsables, derivada de la orden obsequiada por el Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, dentro de la carpeta judicial 012/0685/2022-OC, respecto del inmueble ubicado en Avenida Ingeniero Eduardo Molina número 168 en la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15270, cateo que tuvo su origen en la carpeta de investigación CI-FIVC/UAT-CC-2/UI-1S/D/00442/03-2022, por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; y, b) El aseguramiento de dicho inmueble. Asimismo, manifiesta expresamente que acude a esta instancia en calidad de apoderado del inmueble antes mencionado y para acreditar dicha circunstancia, exhibe testimonio de la escritura pública número veintiséis mil ciento cincuenta y dos, expedida por la Notaría Número Ciento Ochenta y Ocho del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), cuyo contenido se aprecia de las imágenes que a continuación se insertan: Del poder notarial en trato, se desprende que al aquí quejoso se le otorgaron facultades para que en nombre y representación de sus poderdantes enajene en el precio, forma de pago y demás condiciones que libremente convenga, el inmueble número ciento sesenta y ocho de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y terreno que ocupa, pudiendo tramitar, obtener y firmar la documentación pública o privada, previa o posterior que se requiera o sea necesaria, el cual podrá ejercer con las facultades que contemplan los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). En ese sentido, se considera que el promovente carece de legitimación para instar el presente juicio. Ello es así, ya que las facultades que se le otorgaron únicamente le habilitan para realizar las acciones que estime necesarias para enajenar el inmueble que defiende, para lo cual contará con las atribuciones que ahí se especifican; empero, ello no implica que cuente con un poder general amplio y bastante, al amparo del cual se pueda considerar que su esfera de derechos se encuentra afectada por los actos de autoridad que reclama y con ello legitimarse para acudir a esta instancia constitucional como apoderado del inmueble, pues se itera, sólo fue facultado para enajenar el bien de que se trata, no así para representar a este ante autoridades jurisdiccionales. No pasa desapercibido que en el segundo párrafo de la cláusula primera del poder notarial, se asentó: ".En ejercicio de dicho mandato el apoderado gozará de las facultades a que se refieren los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal."; sin embargo, el mismo constituye únicamente un poder especial y no así uno general, con todas las facultades y derechos que ostentaría como si fuera el propietario. En ese tenor, y tomando en consideración que quien suscribe la demanda no está legitimado para interponer el juicio de amparo a nombre o representación de las personas que en su caso, resultaran afectados por los actos reclamados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 6, del mismo ordenamiento legal, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo). Devolución de documentos Ahora bien, tomando en consideración que el promovente solicita la devolución del instrumento notarial y la licencia para conducir que exhibe de manera adjunta asu escrito de demanda, con apoyo en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2, de la Ley de Amparo, se ponen a su disposición, previo cotejo de la copia simple que de ellas se obtenga para su debida constancia en autos. Lo anterior, en el entendido que su devolución sólo se hará en el horario establecido por este Juzgado, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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