Roberto Torres Ramírez

Expediente 932/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
932/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Roberto Torres Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, Guanajuato, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado en proveído de veintiocho de agosto del año en curso y registró la demanda de amparo con el número 891/2023 de su índice. II. Archivo. Por lo anterior, en razón de que no existen actuaciones pendientes por realizar, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación2 , dado que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer de la demanda, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN...

  3. Principal

    SE DECLINA COMPETENCIA. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, carece de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por las razones que se expondrán a continuación: El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto reproducido establece tres hipótesis para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: Será competente el Juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se colige a su vez, que, la "ejecución material" como criterio de preeminencia para fincar competencia del juez de amparo, debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven a esa situación; esto es, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En el caso particular, se considera actualizada la primera regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, que el juzgado de Distrito que debe conocer de la presente demanda de amparo es aquel en cuya jurisdicción se materializan los efectos de la omisión reclamada, es decir, el que ejerce jurisdicción en la ciudad de Silao, Guanajuato, pues es en esa ciudad en la que tiene su sede la autoridad responsable obligada a resolver el recurso de queja interpuesto en contra del cumplimiento dado al proceso de nulidad ***, así como la omisión de substanciar la ejecución de esa sentencia y su notificación. Por lo que tal lugar (Silao, Guanajuato) es donde los actos reclamados serán ejecutados, respecto del cual no ejerce jurisdicción este Juzgado. Para evidenciarlo, nuevamente se trae a cuenta que el promovente señala como actos reclamados la omisión de resolver el recurso de queja interpuesto en contra del cumplimiento dado al proceso de nulidad ***, así como la omisión de substanciar la ejecución de esa sentencia y su notificación, mismos que atribuye a la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la cual tiene su domicilio en ***, según se advierte de la consulta del sitio web Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (tjagto.gob.mx). Y aunque se trata de actos omisivos, lo cierto es que conllevan efectos positivos, porque la pretensión de la parte quejosa es que la autoridad responsable resuelva el recurso de queja que interpuso en contra del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en ese proceso de nulidad, así como que se substancie de forma eficiente y prona la ejecución de esa sentencia ***y al no hacerse, se genera una omisión con consecuencias materiales, pues se vulnera de manera directa su derecho a recibir justicia de manera pronta y expedita. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque derivó de un precedente en materia penal, lo cierto es que la conclusión a la que arribó la Superioridad es aplicable por igualdad de razón al caso que nos ocupa, pues parte del análisis del derecho reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita y que no es exclusivo de alguna materia. Sobre el particular, dicha Sala concluyó que la omisión de dictar con prontitud la sentencia definitiva, vulnera de manera directa aquella prerrogativa, y es tal desatención ?y no alguna otra cuestión relacionada con la naturaleza del asunto- la que produce las consecuencias materiales que actualizan la primera hipótesis de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo. Esa jurisprudencia es del siguiente tenor: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Por todo lo anterior, si tanto la Primera como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coinciden en que la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real, entonces, es definitivo que la omisión de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, -la cual tiene su domicilio en Parcela 76 Z-6 P-1/1 S/N Ejido el Capulín, Silao de la Victoria, Guanajuato- de resolver el recurso de queja que interpuso en contra del cumplimiento dado al proceso de nulidad 1420/3aSala/15, generan consecuencias positivas en el plano fáctico en el lugar en dónde se encuentra la autoridad obligada a despachar lo conducente, pues tiene frente a sí el derecho de las partes el acceso a la jurisdicción. Derecho que es igualmente relevante para el debido proceso, y cuya transgresión ocasiona violaciones de similar intensidad en detrimento de la tutela jurisdiccional efectiva, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este derecho abarca las etapas previas al juicio, y que propende a hacer efectiva la obligación de Estado de garantizar la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, lo que es presupuesto para que la justicia administrada se convierta en una realidad, dado que mientras subsistan las omisiones reclamadas, se generá una violación a las formalidades esenciales del procedimiento así como al derecho a una impartición de justicia pronta. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 28/2023 (11a.), que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONTENIDO, ETAPAS Y ALCANCE DE SU VERTIENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS SENTENCIAS. Hechos: Una entidad de la administración pública federal fue condenada en un juicio civil por el incumplimiento de un contrato. En la etapa de ejecución, la parte actora requirió que se diera cumplimiento voluntario a la sentencia y, ante la contumacia, solicitó el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de dicha institución pública. El juzgador federal negó la solicitud de embargo con fundamento en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha decisión fue confirmada en apelación. En desacuerdo, se promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue negado al considerar que no existía una violación a los derechos de igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia. En contra de esta última resolución se interpuso revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y abarca las etapas previas al juicio, durante y posterior al mismo; siendo que parte esencial de este derecho es la efectividad en la ejecución de sentencias y resoluciones. Justificación: El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en una gran diversidad de normas de rango constitucional y ha sido interpretado en varios precedentes de este Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En suma, atendiendo integralmente a todo este parámetro, se sostiene que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. Derecho que comprende tres etapas: i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así las cosas, se considera que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Por lo tanto, para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable; esto inclusive cuando el Estado, como parte, sea quien incumpla la ejecución de una sentencia o resolución. Lo anterior es así, pues detrás del reconocimiento del derecho de acceso a la justicia en su modalidad del derecho a la ejecución de las sentencias, no sólo están el derecho subjetivo del vencedor en juicio y el derecho de acceso a la justicia, sino que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. Por ende, la omisión de resolver el recurso de queja interpuesto en contra del cumplimiento dado al proceso de nulidad 1420/3aSala/15, así como la omisión de substanciar la ejecución de esa sentencia y su notificación, no constituyen omisiones simples para los efectos del juicio de amparo, sino que generan consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir, tienen ejecución material, porque el incumplimiento a ese deber constitucional de la autoridad, mientras subsista, se materializará en forma directa en detrimento del derecho de las partes de acceder a la jurisdicción. Lo anterior pone de manifiesto que las omisiones que se reclaman tienen efectos materiales en el lugar en donde debe cumplirse la obligación desatendida, siendo éste en donde se lleva el proceso de nulidad administrativa 1420/3aSala/15, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, en turno, que es quien ahí ejerce jurisdicción. Corolario de lo anterior, previo cuaderno de antecedentes que se forme, el original del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente a fin de que provea lo que conforme a derecho corresponda. Solicítese al Juzgado que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes y formar el cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de ingreso, certificada de la demanda de amparo y del presente acuerdo.

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