Roberto Topete Mendoza
Expediente 1519/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1519/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/09/2018
Partes del expediente
- Roberto Topete Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se desechó por improcedente el recurso de queja contra el auto dictado en dos de mayo de dos mil dieciocho dentro del sumario constitucional 1519/2017. Asimismo, remite las copias certificadas del juicio de amparo mencionado. Acúsese recibo de estilo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de referencia para que obre como legalmente corresponda y sin mayor pronunciamiento, devuélvase el presente expediente al archivo material de donde fue extraído.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se desechó por improcedente el recurso de queja contra el auto dictado en dos de mayo de dos mil dieciocho dentro del sumario constitucional 1519/2017. Asimismo, remite las copias certificadas del juicio de amparo mencionado. Acúsese recibo de estilo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de referencia para que obre como legalmente corresponda y sin mayor pronunciamiento, devuélvase el presente expediente al archivo material de donde fue extraído.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el escrito signado por ********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita copias simples de todo lo actuado en el presente sumario constitucional; luego, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se autoriza la expedición de las copias que indica, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente o el autorizado para tal efecto.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el doce de julio de la presente anualidad (fojas 178 a 179), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de trece de julio (foja 180), se dio vista al quejoso con la referida comunicación y anexo para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al promovente el diecinueve de julio del año en que se actúa (foja 183); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintitrés al veinticinco de julio del año actual. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada el cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 48 a 61), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".Las autoridades responsables Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la mismas, por tanto, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio de dieciséis de junio de dos mil siete y deberán emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Finalmente, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior...". De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar las autoridades responsables denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; Dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil diecisiete; Emitir un nuevo dictamen en el cual se dé un trato igual a la parte quejosa a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la referida Ley para el caso de las mujeres, y; Cubrir al quejoso el importe de su pensión previo dictamen que las autoridades responsables se sirvan emitir. Luego, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 85 a 88), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los preceptos declarados inconstitucionales Por otra parte, mediante diverso comunicado y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 111 a 112), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, acompañó el dictamen de pensión con el porcentaje de 73.10% con un importe mensual que asciende a $20,621.44 (veinte mil seiscientos veintiún pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional). Subsiguientemente, la autoridad en cita, a través de oficio y anexo presentado en este juzgado el doce de julio del año en que se actúa (fojas 178 a 179), comunicó que devolvió al quejoso mediante transferencia interbancaria, las diferencias generadas por concepto de incremento de porcentaje de pensión. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de sus derechos y garantías violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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