Roberto Téllez López
Expediente 2150/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2150/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/11/2020
Partes del expediente
- Roberto Téllez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó negar el amparo. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes y transcurrido el plazo citado, procédase en los términos que ordena el citado artículo 18 del Acuerdo General invocado. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que en dicho incidente se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, una vez que transcurran seis meses posteriores a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por ende, háganse las anotaciones correspondientes y transcurrido el plazo citado, procédase en los términos que ordenan los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General invocado. De igual manera, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo d puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ROBERTO TÉLLEZ GÓMEZ respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Vista la diligencia que antecede, Roberto Téllez López manifiesta que ese es su nombre correcto y no Roberto Téllez Gómez como lo manifestó en su escrito de demanda; asimismo, ratifica el contenido y firma del escrito de demanda presentado el diecisiete del mes y año en curso en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; en consecuencia, se acuerda 2 DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita está obligada a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la demanda de amparo y sus anexos se advierte que Roberto Téllez López, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional la orden de inspección ordinaria PFPA/27.3/2C.27.2/219/19 de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, signada por el Subdelegado de Inspección de Recurso Naturales y Encargado de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla, y como consecuencia la orden de clausura total temporal contenida en el acta de inspección en materia forestal de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, respecto del centro de almacenamiento y trasformación de materias primas forestales denominado "Roberto Téllez López", ubicado en Calle del Trabajo, sin número, localidad de La Magdalena, municipio de Honey, Puebla, en esencia, por no contar con los sistemas de control para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales maderables y el libro de registro de entradas y salidas de las materias primas forestales maderables. Establecido lo anterior, la suscrita advierte que respecto al citado acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Del precepto legal en cita, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a dichas leyes, se suspendan los efectos de los actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa de que se trate, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De los preceptos en cita, se observa que -entre otras cuestiones- el juicio contencioso administrativo, procede en contra de los actos y resoluciones jurídico-administrativos que el Estado y Municipios dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. Por ende, la orden de inspección ordinaria PFPA/27.3/2C.27.2/219/19 de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, signada por el Subdelegado de Inspección de Recurso Naturales y Encargado de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Puebla, y como consecuencia la orden de clausura total temporal contenida en el acta de inspección en materia forestal de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, respecto del centro de almacenamiento y trasformación de materias primas forestales denominado "Roberto Téllez López", ubicado en Calle del Trabajo, sin número, localidad de La Magdalena, municipio de Honey, Puebla, en esencia, por no contar con los sistemas de control para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales maderables y el libro de registro de entradas y salidas de las materias primas forestales maderables, es susceptible de ser recurrida a través del juicio contencioso administrativo. Máxime que de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión. Lo anterior, se corrobora con el examen comparativo del artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, frente a los artículos 125, 126, 128, 132, 135 y 136 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, De los precitados numerales se advierten los requisitos, o condiciones, previstos en la Ley de Amparo, a fin de que sea procedente otorgar la suspensión del acto. A saber, el artículo 128 de la mencionada legislación establece como requisitos: I. Que la solicite el quejoso; II. Que su otorgamiento no produzca perjuicio al interés social, ni la contravención a disposiciones de orden público. Por otra parte, el diverso 136 de la ley de la materia, establece que el auto en el que el Juez de Distrito, conceda la suspensión del acto surtirá sus efectos aun cuando se interponga el recurso de revisión, sin embargo, si dentro del término de cinco días el quejoso no da cumplimiento a los requisitos exigidos dejará de surtir los efectos correspondientes. En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no prevé mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, es menester citar el numeral 55, de la citada ley administrativa, El precepto normativo de referencia, indica en forma concreta, los supuestos ante los cuales se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, mismos que no exceden de los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, ya que permite que la garantía del interés fiscal se haga ante la autoridad ejecutora por cualquier medio establecido en las leyes fiscales, aunado a que la garantía podrá reducirse de acuerdo a la capacidad económica del particular. Asimismo, en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; y, para el caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. De igual forma, establece que el Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. De lo expuesto, se desprende que el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; no establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que los consignados en los artículos 128, 132,135 y 136, de la Ley de Amparo; por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, y por tanto no se surte la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, aunado al hecho de que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales; no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza esta excepción y; el acto reclamado no es de los contenidos en el artículo 22 constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos 112 y 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Roberto Téllez López.
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