ROBERTO TAPIA VARGAS y Otros.

Expediente 30/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
30/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2018

Partes del expediente

  • ROBERTO TAPIA VARGAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "MESA 3": Ciudad de México, uno de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como corresponda el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, remite los autos originales del juicio de amparo 138/2018, de su índice, así como diversas copias de traslado. Acúsese recibo. Oficio a través del cual solicita a este Juzgado de Distrito se pronuncie respecto de la competencia que por razón de turno plantea, toda vez que, en su concepto, se encuentra relacionado con el presente sumario constitucional. ...hágase del conocimiento de la Juez Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que se acepta la competencia planteada. Por tanto, remítase el juicio de amparo 138/2018, del índice del Juzgado oficiante, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que realice el turno de dicho expediente. Solicitándole al Jefe de la citada Oficina de Correspondencia Común, que el asunto que se le remite lo turne a este Juzgado de Distrito, lo anterior en razón de que el acto reclamado en el mismo, se encuentran estrechamente relacionados con el juicio de amparo en que se actúa (del cual este Juzgado de Distrito conoció primero). Notifíquese.

  2. Principal

    MESA"3" Ciudad de México, a doce de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio número 63/2017, signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, por medio del cual remite el juicio de amparo directo 3/2017 de su índice y una demanda de amparo promovida por ROBERTO TAPIA VARGAS, CHRISTIAN ISAY TAPIA CARRILLO y JUAN CARLOS CARRILLO GODÍNEZ, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables ahí señaladas. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 30/2017-3 y fórmese el expediente correspondiente. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México está obligado a analizar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo y, de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, desechar de plano la demanda. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu . Y esto es así, porque no obstante de tratarse de aspectos relacionados con competencia, ello no puede interpretarse literalmente para afirmar que por el simple hecho de tratarse de una cuestión de esa naturaleza, el juicio de amparo indirecto sea procedente. Pues para que esto ocurra, deben atenderse a que se afecten los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que se destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del directo quejoso, pero además, que sea de carácter definitivo. Por tal razón, si bien es cierto, debe atenderse a que la intención del legislador en relación a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue introducir como un acto contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia en el conocimiento de un asunto, sin especificar las condiciones necesarias para que dicho acto pueda ser analizado en su constitucionalidad en el juicio biinstancial. Por lo que, existe la necesidad de acudir a la interpretación de la ley más acorde con el texto de la constitución a fin de cumplir con el principio de supremacía constitucional, además de una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, teniendo en consideración que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, debe entenderse que dichos actos deben producir una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, además de que dicho acto debe contener la característica de ser definitivo. Entonces, aun cuando en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se haya dispuesto que aquél procedía contra actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, lo cierto es que primero deben superar el examen de procedibilidad citado. Por tanto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial (inhibitoria y declinatoria), en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso existen medios de defensa que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado. En el caso, para dilucidar una cuestión de competencia, es evidente que involucra la participación de dos autoridades, de las cuales, cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia para conocer de determinado asunto. Luego entonces, para dar una interpretación correcta a la fracción VIII del artículo 107 de la ley de la materia, debe entenderse que la afectación real y actual a los derechos del gobernado, surgen hasta el momento en que la autoridad a quien se le plantea dicha competencia, acepta la misma, o bien, resuelve inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de competencia por inhibitoria). Encuentra sustento lo anterior en la contradicción de tesis 239/2014, correspondiente a la sesión pública de veintiocho de mayo de dos mil quince, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, cuyo rubro y contenido son: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparocon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Conforme lo expuesto es inconcuso que si la parte quejosa reclama el auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual, el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, declinó competencia respecto de la causa penal 281/2016, a favor de un Juez Penal de Delitos Graves en esta entidad, resulta evidente que no se está en presencia de un acto definitivo de autoridad competente, que ejerza una afectación real y actual a la esfera jurídica de los gobernados; y dado que en el caso no existe la aceptación de la citada competencia, por tanto, no se encuentran cubiertos los requisitos para la procedencia del juicio de amparo. Así, al no existir constancia de que lo actuado por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, tenga el carácter de definitivo, es por lo que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en conjunto con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte invocada en párrafos que preceden, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el numeral 113 de la misma Ley. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio de los quejosos para recibir notificaciones el que mencionan en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Representante común. En términos del artículo 13 de la ley de amparo, se tiene a Roberto Tapia Vargas como representante común de los quejosos; lo anterior, sin perjuicio de que los impetrantes de derechos, señalen uno diverso. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al representante común de la parte quejosa.

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