Roberto Suarez Hernandez
Expediente 1653/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1653/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Roberto Suarez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio presentado en representación del Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia certificada de: El oficio PM/PM/252/2023, por el cual da contestación al escrito presentado por la parte quejosa el pasado treinta de abril de dos mil veinte. La cédula de notificación personal de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se advierte que el quejoso ha quedado enterado del oficio PM/PM/252/2023, por el cual se le dio contestación a su escrito. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito firmado por Elvia Cuellar Córdoba, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita se instruya a quien corresponda a fin de que suba al portal de servicios en línea la sentencia definitiva de veintidós de mayo de dos mil veintitrés; asimismo, manifiesta que, a la fecha, no se le ha notificado por el portal en línea o de manera personal dicha sentencia. En atención a lo anterior, y vista la certificación de cuenta, dígasele a la promovente que, el pasado veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se notificó personalmente al autorizado de la quejosa Héctor Francisco Monsalvo Ayala, respecto a la resolución de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, como se advierte de la cédula de notificación que obra en autos. Por otro lado, de conformidad a lo solicitado, se comisiona a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional a fin de que habilite la consulta de la multicitada resolución. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo: 1653/2022 Parte quejosa:******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Marco Antonio García Cortez S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1653/2022, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, y remitido el siete de noviembre siguiente a este Juzgado, se tiene que******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad responsable [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, inicialmente respecto del acto consistente en: "La omisión de dar respuesta a mi escrito de fecha 30 de abril de 2020, a través del cual, en esencia, solicité el suministro de agua para el ********************, Municipio de Ayala, Morelos." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 35, fracción V, y 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda referida, y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y al no advertirse la existencia de un tercero interesado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, previo desahogo de la prevención respectiva, este juzgado tuvo por admitida la ampliación de demanda en los términos siguientes: "[.] se tiene por admitida la ampliación de demanda por lo que hace a la autoridad responsable Ayuntamiento de Ayala, Morelos, integrado por el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Regidurías de dicho ayuntamiento, acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada el treinta de abril de dos mil veinte, así como la omisión de dotar de agua potable al ********************, Municipio de Ayala, Morelos; y conceptos de violación, que refiere en su escrito de cuenta;" Finalmente, una vez sustanciado el juicio, se celebró la audiencia constitucional el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, al tenor del acta que antecede; así, procede el dictado de la resolución respectiva. CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos, carentes de ejecución material, y de los cuales previno este juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridad responsable [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos. Actos reclamados [a] La omisión de contestar su petición de treinta de abril de dos mil veinte, presentada el once de mayo de dos mil veinte, mediante la cual, solicitó que se instruyera al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala (SOAPSA) para que realizara las obras necesarias para dotar de agua a las personas habitantes del ********************. [b] La omisión de dotar de agua potable al ********************, municipio de Ayala, Morelos. III. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso [b]. No es cierto el acto consistente en la omisión de dotar de agua potable al ********************, Ayala, Morelos, reclamado a la autoridad responsable [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, en razón de que lo negó al rendir su informe justificado. Aunado a ello, se tiene que el [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, no incumple en suministrar directamente del vital líquido que indica la parte quejosa, pues a pesar de que dicho ente público tiene a su cargo el servicio público de agua potable conforme al artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que en esa localidad [Ayala, Morelos], la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de agua, están a cargo del organismo operador denominado Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, y de las dependencias, así como unidades administrativas que integran dicho organismo. Ello, como se aprecia de los artículos 1, fracciones I, II, III y IV, 2, 4, fracción I, y 13, de la Ley Estatal de Agua Potable, así como 1, 2 y 3, fracciones I, II, XI y XXV, y 17 del Acuerdo que Crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala [emitido por el cabildo de ese municipio], los cuales, en lo que interesa, indican lo siguiente: Ley Estatal de Agua Potable "ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto regular en el Estado de Morelos: I.- El Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua; II.- La prestación de los servicios públicos de conservación, Agua Potable y Saneamiento de agua; III.- La estructura y funcionamiento de los organismos operadores del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua; IV.- Las facultades dela Comisión Estatal del Agua y de los Ayuntamientos; [.]. ARTÍCULO *2.- Los servicios públicos de conservación, agua potable y saneamiento de agua, estarán a cargo de los Ayuntamientos, con el concurso del Estado y sólo podrán prestarse, en los términos de la presente Ley: I.- Directamente, a través de la dependencia correspondiente o por conducto de: II.- Organismos operadores municipales; III.- Organismos operadores intermunicipales; IV.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua, de acuerdo con la presente Ley y la de Administración Pública, en los casos y con las condiciones que los propios ordenamientos establecen; V.- Grupos organizados de usuarios del sector social, a través de concesión; VI.- Particulares que cuenten con concesión o que hayan celebrado uno o varios contratos de los previstos en esta Ley. Los organismos señalados en las fracciones II y III formarán parte de la administración para-municipal de los Ayuntamientos. Los órganos o dependencias de la administración pública municipal o paramunicipal, en su caso el Estado, o los grupos organizados de usuarios del sector social, que presten los servicios a que se refiere esta Ley, adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la autonomía financiera en la prestación de los mismos y establecerán los mecanismos de control necesarios para que se realicen con eficiencia y eficacia técnicas y transparencia administrativa. Para este efecto, los ingresos resultantes deberán destinarse única y exclusivamente en la planeación, construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y prestación de los servicios de agua potable, y en su caso, al saneamiento. Los Ayuntamientos en los casos de administración directa, deberán contar con registros contables que identifiquen los ingresos y egresos derivados de las acciones y objetos a que alude el párrafo inmediato anterior. [.]. ARTÍCULO *4.- El Ayuntamiento o en su caso el organismo operador municipal correspondiente, tendrá a su cargo: I.- Planear y programar en el ámbito de la jurisdicción respectiva, así como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar tanto los sistemas de captación y conservación de agua, potable, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso de las mismas y manejo de lodos; [.]. ARTÍCULO 13.- Se crean los organismos operadores municipales como organismos públicos descentralizados de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que les confiere la presente Ley. Los organismos operadores municipales deberán instalarse mediante acuerdo del Ayuntamiento correspondiente, y en su estructura, administración y operación, se sujetarán a lo dispuesto en la presente Ley. [.]." Acuerdo que Crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala "ARTÍCULO 1.- Se crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con funciones de Autoridad Administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua Potable. [.] ARTÍCULO 2.- El Organismo Operador tiene por objeto prestar y administrar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Municipio de Ayala. ARTÍCULO 3.- El Organismo Operador tendrá a su cargo: I. Planear y programar en el ámbito del Municipio de Ayala, así como estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar tanto los sistemas de captación y conservación de agua potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, resudo de las mismas y manejo de lodos; II. Proporcionar a los centros de población y asentamientos humanos de la jurisdicción del Municipio de Ayala, los servicios descritos en la fracción anterior en los términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren; [.] XI. Realizar por si o por terceros, las obras de agua potable y alcantarillado de la jurisdicción del Municipio de Ayala y recibir las que se construyan en el mismo; [.] XXV. Supervisar y autorizar la construcción de la infraestructura hidráulica en los fraccionamientos, condominios y conjuntos habitacionales y plazas comerciales que se pretendan construir dentro de su jurisdicción; [.]. ARTÍCULO 17.- El Sistema contará con la estructura técnica operativa y administrativa necesaria para la realización de su objeto." Al efecto, sirve de apoyo el numeral 1 del Reglamento Interior del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, de contenido siguiente: "Artículo 1.- El presente Reglamento, es de orden público y de observancia general, tiene por objeto establecer las normas de integración, organización y funcionamiento de las actividades del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal de Ayala, Morelos, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confiere la Ley Estatal de Agua Potable y el Acuerdo que Crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala y otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones de carácter general aplicables." Por ende, es que ese organismo municipal tiene competencia en el municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio de las atribuciones que establece la Ley Estatal de Agua Potable, el Acuerdo que Crea el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, el referido reglamento interior de ese organismo municipal y demás normativa aplicable, en lo que concierne a la prestación del servicio de agua potable, ya que el Ayuntamiento le encomendó el ejercicio de la atribuciones a que refiere el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se evidencia en tanto que al Sistema en cita, se le dotó de estructura orgánica o personal con el cual cumpliera su objeto relativo a la prestación del servicio de agua potable, entre otros, en el municipio de Ayala, Morelos. Lo anterior, tiene sustento por analogía, en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018110 y de contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." De tal criterio, en esencia, se obtiene que los órganos jurisdiccionales deben analizar si la autoridad responsbale está o no en aptitud legal de actuar en el sentido que la parte quejosa indica; así, en este asunto, se concluyó que la autoridad encargada de la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Ayala, Morelos, es el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, al ser el organismo competente para ello. De ahí que, resulte insuficiente lo alegado por la parte quejosa [en el sentido de que al Ayuntamiento le compete suministrar directamente el servicio de agua potable] para desvirtuar la negativa externada por la autoridad responsable [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, y en esas condiciones, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dotar de agua potable al ********************, Ayala, Morelos. Además, cabe precisar que si bien la omisión reclamada por el quejoso la sustenta en el hecho de que al ********************, Ayala, Morelos, no se le ha dotado de agua potable, debe decirse que, aun de ser existente, el asunto sería improcedente respecto de ese acto, en tanto que, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el quejoso carece de interés jurídico para reclamar esa omisión genérica, de la que refiere, se duelen las personas habitantes de ese lugar. Lo anterior, en tanto que no acredita que esté legitimado para representar a las personas habitantes del ********************, Ayala, Morelos, ni ser propietario o residente en el mismo, en tanto que las constancias que exhibió adjuntas a su demanda, son insuficientes para demostrar lo anterior, ya que son copias simples las cuales no dan plena certeza que efectivamente el promovente del amparo cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el inmueble del cual dice ser propietario, identificado como casa número tres, lote diecisiete, manzana cuatro, calle Andador del Durazno, del Fraccionamiento "HUERTAS DE CUAUTLA IV", localizado en el poblado de Tlayecac, del municipio de Ayala, Morelos, con ubicación en el kilómetro ciento ocho punto nueve, de la carretera federal México-Oaxaca. Así, es que resulta innecesario el estudio de las diversas causas de improcedencia que hace valer la autoridad municipal responsable, previstas en el artículo 61, fracciones XII y XIII, en relación con los artículos 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello, en tanto que, aun de ser procedentes sus planteamientos, en nada cambiaría el sentido de lo aquí determinado. IV. Certeza del acto reclamado identificado con el inciso [a]. Es cierto el acto reclamado al [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, consistente en [a] la omisión de contestar su petición de treinta de abril de dos mil veinte, presentada el once de mayo de dos mil veinte, mediante la cual, solicitó que se instruyera al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala (SOAPSA) para que realizara las obras necesarias para dotar de agua a las personas habitantes del ********************, pues así lo afirmó al rendir su informe justificado. Ahora, se tiene que esa certeza se corrobora con las manifestaciones y documento que presentó la parte quejosa, consistente en el acuse de recibo original respecto del escrito de treinta de abril de dos mil veinte, presentado ante la responsable el once de mayo siguiente. Precisamente, al reclamar la persona peticionaria del amparo la omisión de dar respuesta al escrito que presentó ante la autoridad municipal responsable, se tiene que se trata de un acto del tipo omisivo, el cual para ser existente se requiere no únicamente la simple omisión por parte de la autoridad, sino que además es imprescindible que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la referida jurisprudencia a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que la autoridad fue omisa en dar trámite a la solicitud del quejoso, es necesario que se encuentre acreditado que tuvo conocimiento de la petición conducente, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de la Sexta Época Judicial, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXII, Tercera Parte, página 39, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." En ese sentido, la parte quejosa acreditó haber presentado la petición respectiva, ello con el acuse de recibo original de su solicitud, que contiene sello de recepción por parte de la autoridad responsable, el cual adjuntó a su ampliación de demanda de amparo, y que al no haber sido objetada tal documental, adquiere valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133, 188, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. De allí que la parte quejosa sí demostró haber presentado la respectiva solicitud por escrito de forma pacífica y respetuosa, sin que la responsable comprobara haberle dado una respuesta congruente y que se la hubiera notificado, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se le atribuye, en tanto que la responsable tuvo que acreditar que dio contestación al escrito de petición de la persona peticionaria del amparo, y que dicha respuesta se la dio a conocer en un breve término, antes de la promoción del presente juicio de amparo -la cual se toma como base para determinar si los actos reclamados son o no existentes al momento de la promoción del juicio constitucional-. Por tanto, es que resulta cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, por lo que se continúa con el estudio del asunto. IV. Procedencia. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En consecuencia, al no haber hecho valer las partes causa de improcedencia respecto del acto consistente en [a] la omisión de contestar su petición de treinta de abril de dos mil veinte, presentada el once de mayo de dos mil veinte, y al no advertirse de oficio su actualización, se procede al estudio del fondo del asunto. V. Estudio. Es fundado el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, por lo cual resulta procedente conceder el amparo solicitado. En esencia, la persona solicitante del amparo aduce que la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito de treinta de abril de dos mil veinte, presentado el once de mayo de dos mil veinte, es violatorio del derecho de petición reconocido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ha transcurrido un tiempo excesivo para ello. Motivo de disenso que, como se adelantó, resulta fundado por los motivos que se exponen a continuación. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho público subjetivo de petición a favor de cualquier persona, que básicamente consiste en que a cualquier solicitud que realicen ante los funcionarios y empleados públicos, en su calidad de ente de gobierno, éstos deben emitir una contestación y hacerla de su conocimiento. En ese sentido, tanto la persona interesada al formular su solicitud, como la autoridad al contestarla, deben cumplir determinados requisitos que también precisa el texto constitucional, a saber: i) en cuanto a la solicitud, ésta debe realizarse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y ii) por lo que se refiere a la contestación, debe hacerse por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la petición, ser congruente con lo solicitado y además, debe darse a conocer al peticionario en breve término. Y aunque la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse.". Ahora bien, en la especie, el once de mayo de dos mil veinte, la persona aquí quejosa presentó un escrito ante la autoridad municipal, mediante el cual solicitó que se instruyera al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Ayala (SOAPSA) para que realizara las obras necesarias para dotar de agua a las personas habitantes del ********************. Partiendo de lo hasta aquí expuesto, resulta que la autoridad responsable transgredió el derecho de petición de la persona quejosa, pues ha pasado un tiempo considerable desde que presentó el escrito de mérito [más de tres años] y a la fecha de emisión de esta resolución no se advierte que la autoridad responsable haya emitido respuesta, lo cual se considera más allá de un término razonable para haberlo hecho, pues aunque no hay disposición expresa que contenga un plazo para que la autoridad conteste las peticiones que se le hacen, lo cierto es que el estudio, para efecto de contestar la petición, se constriñe únicamente a acordar lo contenido en ella, con independencia de que con ello pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado. Así, es que resulta aplicable por las consideraciones que lo integran, el criterio citado de por el quejoso, con registro digital 237232, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contenido siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." En tales condiciones es dable afirmar que la autoridad responsable no ha dado una respuesta completa y congruente con lo solicitado, por lo que, al resultar fundado el concepto de violación analizado procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión. Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, con plenitud de atribuciones de contestación de manera congruente y completa a lo solicitado por el quejoso en el escrito de treinta de abril de dos mil veinte, presentado el once de mayo de dos mil veinte. Cabe precisar que tal respuesta, deberá darla a conocer al aquí quejoso, y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no la obliga a contestar en determinado sentido. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, respecto del acto consistente en [b] la omisión de dotar de agua potable al ********************, municipio de Ayala, Morelos, reclamado al [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, por los fundamentos y motivos expuestos en el tercer punto considerativo de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, del acto consistente en [a] la omisión de contestar su petición de treinta de abril de dos mil veinte, presentada el once de mayo de dos mil veinte, reclamado al [1] Ayuntamiento del municipio de Ayala, Morelos, por las razones expuestas en el penúltimo punto y para los efectos precisados en el último considerativo, todos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Cuernavaca Morelos, siendo las once horas con quince minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 1653/2022, promovido por ****************; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, ampliación de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Al respecto, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los formulados por la parte quejosa, asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Pública adscrita, no formuló pedimento alguno; se cierra el periodo de alegatos. Y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, quedan los autos pendientes para el dictado de la resolución correspondiente. Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos Secretario Arnulfo Torres García
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