Roberto Solorzano Gómez

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 50 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
50
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Solorzano Gómez
  • Rosalva González Zazueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído en el juicio de amparo es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del diecinueve de octubre de dos mil veinticinco. Por otra parte, en términos de los artículos 18, fracción I, inciso a), y 21, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General precitado, se indica que toda vez que en el incidente de suspensión relativo al presente asunto en resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo 18 del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Asimismo, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de veinte días que se otorgó a la parte quejosa en proveído de veintidós de marzo del año en curso, para que acreditara haber entregado los edictos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y en alguno de los diarios de mayor circulación en la Republica, con el fin de emplazar a juicio al tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou, no obstante estar debidamente notificado para ello desde el treinta de marzo de dos mil veintidós. De lo anterior, podemos advertir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dispositivos de cuya interpretación armónica se obtiene que la causa de sobreseimiento de mérito cobra vigor, cuando la parte quejosa no acredita haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición. Ahora, mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó en lo que aquí interesa, la investigación oficiosa del domicilio del tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou. En ese sentido, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, una vez agotada la búsqueda de un domicilio para notificar a dicha parte procesal, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de la certificación que antecede se constata que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, sin que compareciera por conducto de sus autorizados o interpósita persona a recibirlos e iniciar el trámite para su publicación, no obstante de estar legal y oportunamente notificada de lo anterior. Por otro lado, tampoco acreditó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto del suscrito, de los elementos que constan en los autos que integran el presente juicio de amparo, existan indicios que demuestren que la parte agraviada, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; por lo tanto, se evidencia que la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento. Por tal motivo, y dado que el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, pues, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto de validez del proceso cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por la falta de pago de los edictos, impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del promovente del amparo, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con la falta de emplazamiento del referido tercero interesado, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, , que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Asimismo, tiene aplicación por identidad de razón la de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para acreditar la publicación de los edictos de mérito, el quejoso, por sí, o bien, por conducto de su autorizado, no manifestaron su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar al tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou, y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Además, el sobreseimiento deriva del incumplimiento de la obligación de la parte quejosa, de realizar el pago y publicación de los edictos dentro del plazo concedido en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, o su falta de acreditación sobre la imposibilidad para solventarlos, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, prohibido por los artículos 17, del Pacto Federal. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, en relación a la fracción III, inciso b), párrafo segundo, del numeral 27, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, sin que se soslaye, que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se dejó sin efecto la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las once horas con treinta del veintiocho de marzo de dos mil veintidós; sin que a la fecha, se haya fijado nueva hora y fecha para la celebración de la misma; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así, lo acordó y firma electrónicamente Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Alejandro Ortiz Monroy, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción de notificar personalmente a la parte tercera interesada Rosalva González Zazueta, el proveído de veintidós de marzo del año en curso, por los motivo expuestos en la misma. En ese contexto, notifíquese a la parte tercera interesada el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, así como las subsecuentes, por medio lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio procesal en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte tercera interesada Rosalva González Zazueta, el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, y el presente proveído. Con fundamento, en la fracción III inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte tercera interesada Rosalva González Zazueta, el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), mediante el cual informa que al efectuar una revisión en el Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social de Salud, no se encontró domicilio alguno a nombre Jesús Alfonso Trueba Camou. En otro contexto, vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se han agotado los medios de localización ordenados en autos de tres de mayo de dos mil veintiuno, a fin de llamar a juicio a Jesús Alfonso Trueba Camou, sin que a la fecha haya sido posible su emplazamiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, por disposición expresa del numeral 2º; se ordena emplazar al tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo, y los mismos deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los diarios de mayor circulación en la República, a través de los cuales se le hará saber que deberá presentarse ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. En el entendido de que acorde al artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la publicación deberá hacerse de siete en siete días, lo que significa que los días que deben mediar entre las publicaciones sean precisamente seis días hábiles. Por lo que hecha la primera publicación del edicto en un diario de circulación nacional, la segunda habrá de realizarse al séptimo día hábil de aquélla y la tercera al séptimo día hábil de la segunda publicación; esto es, deberán transcurrir seis días hábiles entre el primer día de su publicación y la subsecuente fecha en que se realice la segunda, y el mismo plazo entre la segunda y tercera publicación, para que precisamente éstas se cumplan en el séptimo día de la publicación anterior. En apoyo a lo expuesto, por el criterio que contiene, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 19/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 220, registro 169846, con el siguiente contenido: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Por las mismas razones la tesis XVII.2o.30 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil setecientos veintitrés, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184655, de rubro y texto: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Además, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el presente juicio, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a la tercero interesada en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en líneas que anteceden para su publicación correspondiente, o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que deberá acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, consistentes en lo siguiente: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; y, Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseerá en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se citan. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), mediante el cual informa que al efectuar una revisión en el Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social de Salud, no se encontró domicilio alguno a nombre Jesús Alfonso Trueba Camou. En otro contexto, vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se han agotado los medios de localización ordenados en autos de tres de mayo de dos mil veintiuno, a fin de llamar a juicio a Jesús Alfonso Trueba Camou, sin que a la fecha haya sido posible su emplazamiento. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, por disposición expresa del numeral 2º; se ordena emplazar al tercero interesado Jesús Alfonso Trueba Camou, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo, y los mismos deberán ser publicados por tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los diarios de mayor circulación en la República, a través de los cuales se le hará saber que deberá presentarse ante este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. En el entendido de que acorde al artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la publicación deberá hacerse de siete en siete días, lo que significa que los días que deben mediar entre las publicaciones sean precisamente seis días hábiles. Por lo que hecha la primera publicación del edicto en un diario de circulación nacional, la segunda habrá de realizarse al séptimo día hábil de aquélla y la tercera al séptimo día hábil de la segunda publicación; esto es, deberán transcurrir seis días hábiles entre el primer día de su publicación y la subsecuente fecha en que se realice la segunda, y el mismo plazo entre la segunda y tercera publicación, para que precisamente éstas se cumplan en el séptimo día de la publicación anterior. En apoyo a lo expuesto, por el criterio que contiene, se cita la jurisprudencia 1ª./J. 19/2008, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 220, registro 169846, con el siguiente contenido: "NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. Conforme a dicho precepto legal, tratándose de personas inciertas o de aquellas cuyo domicilio se ignore, procede la notificación por edictos, los cuales deben publicarse por tres veces "de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la expresión "de tres en tres días" debe interpretarse en el sentido de que entre cada una de las publicaciones deben mediar dos días hábiles, para que la siguiente publicación se realice al tercer día hábil siguiente. Ello es así, porque dicha expresión únicamente señala cuándo deben realizarse las publicaciones, sin precisar los días que han de mediar entre ellas. Sin embargo, ese dato puede determinarse a partir del mandato consistente en que la publicación deberá realizarse "de tres en tres días", ya que si se afirmara que deben mediar tres días hábiles, la publicación se realizaría al cuarto día, en contravención a la regla prevista en el precepto citado. Además, si la intención del legislador hubiese sido que entre las publicaciones mediaran tres días hábiles, así lo habría determinado expresamente, como lo hizo en el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que sí menciona los días hábiles que deben transcurrir entre las publicaciones." Por las mismas razones la tesis XVII.2o.30 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página mil setecientos veintitrés, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 184655, de rubro y texto: "EDICTOS, EMPLAZAMIENTO POR. DEBEN MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN SEIS DÍAS HÁBILES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El emplazamiento por medio de edictos se lleva a cabo cuando se desconozca en qué lugar se encuentra una persona por notificar, mediante las publicaciones que el Juez ordena, que de conformidad con lo que dispone el artículo 123, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado deberán realizarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el Periódico Oficial del Estado, así como en un diario que se edite en el lugar del juicio. Ahora bien, como el emplazamiento es una actuación procesal que debe practicarse en días hábiles, tal como lo prevé el artículo 69 del ordenamiento legal antes invocado, las publicaciones de los edictos sólo deben efectuarse en esos días y deben mediar entre ellas seis días hábiles, para que precisamente la siguiente se efectúe en el séptimo, también hábil; en consecuencia, si entre cada publicación no existen esos días, el emplazamiento por edictos resulta ilegal y violatorio de garantías." Además, se ordena fijar en la puerta de este Juzgado una copia íntegra del presente proveído por todo el tiempo del emplazamiento; asimismo, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada a las once horas con treinta del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el presente juicio, debiéndose fijar una nueva fecha para la audiencia constitucional una vez que transcurra el término del emplazamiento a la tercero interesada en comento, respecto de lo cual, deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleve en este Juzgado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos ordenados en líneas que anteceden para su publicación correspondiente, o en su caso manifieste la imposibilidad para hacerlo. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que deberá acreditar haber hecho los trámites correspondientes dentro de los veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, consistentes en lo siguiente: Recoger los edictos ante este órgano jurisdiccional. Entregarlos para su publicación; y, Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término ordenado, se sobreseerá en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización que a continuación se citan. Notifíquese personalmente.

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