Roberto Sola González
Expediente 654/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Sola González
- ROBERTO SOLA GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito presentado por FXX autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita, y autorizando para recibirlas a la persona señalada en su escrito de cuenta, previa constancia que por su recibo se deje en autos. X
- Principal
[...] En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable ordenadora en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado alguna manifestación; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Mediante sentencia engrosada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, por conducto de su autorizado interpuso recurso de revisión, que conocieron los Integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el toca R-376/2016, quienes por ejecutoria de veinticuatro de marzo del año en curso, determinaron revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al inconforme, para el a efecto de que la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la parte relativa del acto reclamado, dictado el seis de agosto de dos mil quince, donde emitió auto de formal prisión en contra del impetrante Roberto Sola González, como probable responsable en la comisión de los delitos de robo y homicidio, ambos calificados, dentro de la causa penal 337/2010. b) Deje intocadas las consideraciones relativas donde decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Roberto Sola González, como probable responsable en la comisión de los diversos delitos de lesiones calificadas y chantaje, al no haber sido materia de estudio en la litis constitucional. c) Con libertad de jurisdicción, dicte la determinación legal que en el caso proceda respecto a la comisión de los delitos de robo y homicidio, ambos calificados y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, purgando los vicios de forma destacados en esta ejecutoria; esto es, debidamente fundado y motivado, sin que se le vincule a resolver en determinado sentido o acatando específicos lineamientos en cuanto al fondo del asunto. La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad ejecutora Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, al no reclamársele por vicios propios. Ahora bien, de las constancias que envió el JUEZ SÉPTIMO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, se advierte que mediante resolución de once de abril de este año dictada en el proceso 337/2010 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la parte relativa del acto reclamado, dictado el seis de agosto de dos mil quince, donde emitió auto de formal prisión en contra del impetrante como probable responsable en la comisión de los delitos de robo y homicidio, ambos calificados. Dejó intocadas las consideraciones relativas donde decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí peticionario como probable responsable en la comisión de los diversos delitos de lesiones calificadas y chantaje, al no haber sido materia de estudio en la litis constitucional. Con libertad de jurisdicción, resolvió la situación jurídica del quejoso decretando en su contra auto de formal prisión, para lo cual: En el apartado relativo al estudio del cuerpo del delito de robo calificado, soslayó hacer referencia a personal determinadas, pues se limitó a precisar de manera genérica que diversos sujetos realizaron el hecho delictivo. Expresó los razonamientos jurídicos que lo llevaron a determinar que dicho delito de robo calificado se encontraba sancionado, entre otro precepto, en la fracción I, del artículo 374 (y no 373 de la ley adjetiva penal local como lo indicó el Tribunal Revisor), al señalar que no existe prueba plena que determine el monto de lo robado, pues de las declaraciones de los atestes, como del agraviado se desprenden diversas cantidades. Al abordar el estudio del cuerpo del delito de homicidio calificado, consideró otorgar el valor de indicio al dictamen de criminalística 194, en razón de que no fue ratificado por su emisor. Finalmente, en cuanto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos de robo y homicidio, ambos calificados, omitió hacer referencia a que del testimonio del agraviado se advertía la participación del inculpado en los delitos de lesiones calificadas y chantaje, puesto que respecto a esos ilícitos decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar. En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo no se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo no han sido satisfechos por la autoridad responsable tal y como se evidencia a continuación. En lo atinente a las declaraciones de Hugo Gabriel Hernández García y/o Gabriel Romero Hernández, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diez, dentro de la averiguación previa 814/2010/DMZS y de Sergio Alcántara Bello, de veintiocho de octubre de dos mil diez, dentro de la averiguación 38/2010/AEHOM, consideró que no puede otorgárseles valor a sus declaraciones como confesiones lisas y llanas, en términos del numeral 195 del código procesal de la materia. Empero, tampoco precisó cuál valor tiene dichas declaraciones, pues en los términos que concluye tornan incongruente la determinación analizada. Por lo que en ese aspecto, resulta necesario que precise el valor que otorga a dichas declaraciones, indicando si reúnen los requisitos de un testimonio o, en su caso, de un indicio, en términos de los numerales 201 y 178 de la legislación anteriormente invocada, respectivamente. No pasa inadvertido que en el apartado relativo a la probable responsabilidad del inconforme haya hecho referencia a que el dicho de Hugo Gabriel Hernández García y/o Gabriel Romero Hernández y de Sergio Alcántara Bello, tienen el carácter de testimonio, pues en necesario, a fin de dar certeza jurídica al inconforme, que la valoración que realizase a dichas declaraciones en los dos apartados sea congruente, precisando de manera fundada y motivada el valor que se les otorga. Respecto al dictamen de necropsia número 155 incurre en las mismas violaciones destacadas por el Tribunal Revisor, al otorgarles nuevamente valor en conformidad con el arábigo 200 del código procesal de defensa social, pues en la ejecutoria se indicó: Sin embargo, debe decirse que dicha valoración es indebida, pues para que dichas periciales adquieran valor probatorio, de conformidad con el artículo 200 del Código Procesal de la Materia, deben estar ratificadas ante el juez del proceso por los peritos oficiales que las emitieron. Consecuentemente, los dictámenes periciales oficiales no ratificados aportados en la etapa de averiguación previa, debieron ser valorados como datoindicio; sin que constituyan prueba ilícita, sino imperfecta, toda vez que deberán ser ratificados en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionados, a efecto de que pueda otorgárseles valor probatorio pleno en la sentencia definitiva. Por lo que respecto a los dictámenes en necropsia y criminalística debe concluir en los mismos términos. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS" En consecuencia, resulta procedente requerir al Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término IMPRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, dé cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, esto es, atendiendo cada uno de los puntos especificados en la sentencia de amparo y en el presente auto, realice lo siguiente: Emita una nueva resolución en la que deje insubsistente el auto de formal reclamado y el diverso de once de abril pasado, a través del cual pretendió acatar el fallo protector. Deje intocadas las consideraciones relativas donde decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Roberto Sola González, como probable responsable en la comisión de los diversos delitos de lesiones calificadas y chantaje, al no haber sido materia de estudio en la litis constitucional. Con libertad de jurisdicción, dicte la determinación legal que en el caso proceda respecto a la comisión de los delitos de robo y homicidio, ambos calificados y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, purgando los vicios de forma destacados en la ejecutoria y en este acuerdo; esto es, debidamente fundado y motivado, sin que se le vincule a resolver en determinado sentido o acatando específicos lineamientos en cuanto al fondo del asunto. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y este juzgado determinará que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado que corresponda con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.
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