Roberto Soberano Álvarez

Expediente 886/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
886/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Soberano Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de veintinueve de septiembre pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Roberto Soberano Álvarez, contra el acto reclamado al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada del proveído de treinta del precitado mes, dictada en el expediente administrativo 14/2021 de su índice. En resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, se declaró no cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, y se requirió lo conducente a la autoridad responsable. Por oficio recepcionado el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la responsable remitió el oficio IDP/DG/1904/2022 de veintinueve de agosto pasado, del que obtiene que fue notificado el aquí quejoso. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: "1. Deje sin efecto la resolución contenida en el oficio número IDPDG/0422/20221 de diez de marzo de dos mil veintidós, que es el acto aquí reclamado. 2. Seguidamente, analice íntegramente los escritos de queja y contestación de las partes, y de las pruebas ofrecidas, y con libertad de jurisdicción, resuelva de manera congruente, considerando y verificando el cumplimiento de los numerales el articulado 39, 40, 41, 42, 43, de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, que establecen las obligaciones, prohibiciones y causas de responsabilidad de los defensores públicos del Estado, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, debiendo precisar los preceptos legales aplicables al caso, así como los razonamientos lógico jurídicos que sustenten su decisión, en los términos expuestos en esta determinación". Al respecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, emitió una nueva determinación, con base en las siguientes consideraciones: Como se puede advertir del apartado sexto de la determinación precitada, la autoridad responsable tomó en consideración: a) Lo establecido en el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado por la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco; b) El escrito de cuatro de septiembre de dos mil veinte, signado por el defensor público en cuestión, adjuntando el dictamen de seis de febrero del referido año, emitido por el Criminólogo del Centro de Reinserción Social del Estado; señalando además que no era posible perfeccionar la solicitud hecha por la jueza de ejecución debido a que el resultado dé dicho documento no era favorable para el sentenciado; Al respecto, la autoridad responsable estableció que "no se ha vulnerado el derecho a la defensa adecuada del sentenciado establecido en la fracción VIII, inciso B), del artículo 20 Constitucional; puesto que en primer término, dio contestación dentro del término concedido al órgano jurisdiccional con el documento precisado en el párrafo que antecede, documental que habría sido de pleno valor probatorio de no ser que el dictamen pericial no era favorable para el sentenciado y que sentenciado solicitó beneficio preliberacional existiendo un dictamen que no le favorecía". Por otra parte, la responsable refirió que era imposible que en tres días el defensor atendiera la petición del órgano jurisdiccional, de perfeccionar la solicitud de beneficio de libertad condicionada; que al no darse por cumplido tan solo uno de los requisitos a que refiere la ley, basta para no obtener un decreto favorable a la solicitud de beneficio de preliberación promovida por el sentenciado. Ello, por considerar que "De la revisión a las documentales aportadas por dicho servidor público en la audiencia que se le dio uso de la voz por los actos que le atribuye el quejoso, consistente en escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Lic. Adolfo Zapata Cruz, dirigido al Juez de ejecución de Sanciones Penales del Estado de Tabasco y oficio CRIM7093-2020, signado por Marisol Jiménez Martínez, Licenciada en Ciencias Criminológicas, adscrita al Centro de Reinserción Social del Estado, demuestra que en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 39 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado, dos meses con cuatro días posteriores a que el sentenciado indebidamente promovió el planteamiento de controversia de beneficio de libertad condicionada a que refiere el auto de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, el defensor público promovió mediante escrito dirigido al órgano jurisdiccional competente, en beneficio de su representado, beneficio de libertad condicionada, adjuntando para satisfacer los requisitos previstos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otros requisitos el estudio criminológico y valoración de análisis de riesgos de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, signado por Marisol Jiménez Martínez, Lic. en Ciencias Criminológicas Adversariales, adscrita al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, así como la testimonial de citada servidora pública, promoción de la cual se dio vista al Fiscal del Ministerio Público, para dar contestación a la acción planteada por la defensa, pues nunca omitió dar continuidad procesal a le carpeta de ejecución". Aunado a lo anterior, la responsable dijo que "tomando en cuenta el orden cronológico de la emisión de referidas documentales, es decir, del dictamen criminológico y de valoración de riesgos emitido por Edgar Iván López Beltrán, Criminólogo del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, y el emitido por Marisol Jiménez Martinez, Lic. en Ciencias Criminológicas Adversariales, adscrita al Centro de Reinserción Social de! Estado de Tabasco, de fecha veintidós de septiembre de la misma anualidad, y que en el mes de agosto, mes en el cual el sentenciado solicitó el planteamiento de libertad condicionada sin cumplir los requisitos que mandata la Ley aplicable a la materia, aún no había sido emitido el dictamen de fecha veintidós de septiembre del año dos mil veinte, signado por Marisol Jiménez Martínez, Lic. en Ciencias Criminológicas Adversariales, adscrita al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, por lo que por lógica jurídica era imposible que su defensor público perfeccionara el pedimento hecho al órgano jurisdiccional por su representado adjuntando este documento, motivo por el cual aportó el dictamen de fecha seis de febrero de dos mil veintidós, es decir, el segundo dictamen fue emitido con posterioridad a la prevención hecha por el órgano jurisdiccional, por lo que no se acredita que el Licenciado Adolfo Zapata Cruz, haya incurrido en una defensa inadecuada". Asimismo, estableció que "el actuar del defensor público fue en seguimiento a su deber, atendiendo a sus funciones y Obligaciones como de defensa pública encaminadas a atender los intereses y derechos de su defendido con un enfoque en el respeto y protección de sus derechos humanos, de la videograbación aportada por el Lic. Adolfo Zapata Cruz, se evidencia que tuvo uso de la voz en dicha audiencia para desahogar sus probanzas, incluso hizo uso de la voz para exponer sus alegatos, pero en su resolución la Jueza consideró que las pruebas no habían sido incorporadas como establece el numeral 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que no cumplían con lo requerido en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, resolvió no conceder el beneficio preliberatorio de libertad condicionada. El primer razonamiento jurídico del A quo, fue debido a los alegatos pronunciados por el asesor jurídico y Fiscal, pues manifestaron que dichos dictámenes se contraponían a lo que el resolutor argumentó que ambos documentos creaban confusión y suspicacia. Es de señalar, que la estrategia de defensa del Lic. Adolfo Zapata Cruz, iba encaminada a obtener una resolución favorable atendiendo al principio pro persona, pero que esta se vió demeritada por los señalamientos del asesor y del Fiscal del Ministerio Público, quienes se valieron de las actuaciones no sancionadas por la defensa que realizó él aquí quejoso. El segundo razonamiento del A quo, en cuanto a que las pruebas no fueron incorporadas atendiendo el artículo 383 de la Código Nacional del Procedimientos Penales, por lo que, en cuanto a esto, el defensor no tuvo la debida destreza para incorporar de pruebas documentales a que refiere el artículo 383 de dicho Código, incurriendo con este hecho en lo precisado en la fracción VIII del artículo 42 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco". Respecto a lo precisado por el quejoso, sobre que el defensor público no alegó nada en su defensa el día de la audiencia, la responsable dijo que "si bien es cierto y se puede constatar que no objetó las pruebas ofrecidas por la contraparte tal como se observa en la copia ce audio y video de referida audiencia que proporcionó el Lic. Adolfo Zapata Cruz, como medio de prueba en la presente carpeta administrativa, es importante traer a colación que el defensor público llevó a cabo los interrogatorios en les testimoniales ofrecidas, formuló alegatos y debido que no se obtuvo una resolución favorable en la controversia de solicitud de beneficio preliberacional, con posterioridad promovió recurso de apelación, tal como consta en el punto Segundo del Resultando de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno, recaída en la toca de ejecución 08/2021-Il-E, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, documento que obra en el presente expediente come prueba aportada por el quejoso, precisándose en el mismo la fecha en la cual de forma separada a Roberto Soberano Álvarez, el Lic. Adolfo Zapata Cruz, promovió el medio de impugnación procedente, cumpliéndose lo establecido en el articule 39, fracción II, por lo que esta queja se estima improcedente". En cuanto a la manifestación realizada por el quejoso relativa a la negativa de su defensor público de elaborar el "recurso de amparo directo" respectivo, con el propósito de obtener el beneficia de libertad condicionada en el toca de ejecución 08/2021-II-E, en contra de la resolución de veintidós de junio de dos mil veintidós, la responsable sostuvo que "si bien es cierto que dentro de las obligaciones de los defensores públicos está promover juicio de amparo de acuerdo a lo establecido al artículo 39 fracción IV de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública, cierto es también que tal como lo señala el Lic. Adolfo Zapata Cruz, en su escrito de fecha veinticuatro de noviembre, no lo consideró necesario, facultad optativa que le confiere el citado artículo 39, en su fracción IV, que en el caso que nos ocupa el defensor optó (como se señaló dentro de su facultad) por tener la vía expedita el sentenciado de promover cualquier benéfico para que no se agotara su derecho con la resolución dictada. Entonces, tomando en cuenta su experiencia en la materia, no promovió juicio de amparo por estrategia de defensa, considerando también que agotar el juicio de garantías únicamente postergaría el proceso y con ello la oportunidad de ejercitar nuevamente su derecho a promover controversia de beneficio preliberacional consistente en su libertad condicionada tal como dejó a salvo su derecho el juez conocedor de la causa al final de la pronunciación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. Justificación anterior no debe temarse como una actitud pasiva, falta de profesionalismo, desacato o desinterés por parte del defensor público perjudicando los intereses del usuario del servicio, sino como parte de la defensa, pues tomando en cuenta que no se tuvo la debida destreza al incorporar las pruebas documentales, no se emitió una sentencia favorable en él Tribunal de Ejecución, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia, lo más conveniente era promover nuevamente referida controversia, tal como el A Quo, dejó a salvo el derecho del quejoso, derecho que evidencié el defensor público con una copia del audio y video de la audiencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, el defensor público consideró que si los conceptos de violación serían improcedentes en el juicio de amparo, como alternativa o solución que más favoreciera a su representado sugirió promover nuevamente el beneficio de preliberación ante el órgano jurisdiccional competente, proceder de citado servidor público que se encuentra contemplado en el artículo 39 fracción VII de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco". Respecto a lo precisado por Roberto Soberano Álvarez, en cuanto a la valoración médica de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, signada por Gustavo Camelo Zapata, para que se tramitara ante el Juez de Ejecución la suspensión de la pena, la responsable expuso que "No obstante que el sentenciado no acredita la exístanla del documento que contiene la valoración médica de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, de las documentales aportadas por el defensor público en la audiencia en la cual se le otorgó el uso de la voz, se constata la existencia un escrito de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por el defensor público, dirigido al Juez ce ejecución de Sanciones Penales en el Estado, mediante el cual en relación a lo manifestado por el quejoso en cuanto a que no se ha solicitado el dictamen para declarar procedente un arraigo domiciliario derivado de sus enfermedades, solicitó se gire instrucciones al Secretario de Salud, con !a finalidad que se asigne un especialista en Geriatría, debido a que su representado se duele de enfermedades y que le han realizado diversos estudios tales como traumatología, coloproctología, nefrología, gastroenterología, oftalmología, dermatología y otorrinolaringología y ha presentado diversos escrito para su atención médica, por lo cual se requiere se emita un dictamen donde se concluya que su representado puede seguir compurgando su pena en el centro penitenciario recluido o en algún otro lugar en cual tenga las comodidades necesarias compatibles a sus enfermedades. En relaci6n a lo anterior, el defensor público demostró en el presente expediente en que se actúa con la documental consistente en auto de fecha siete de octubre de des mil veintiuno, recaído en la carpeta de ejecución 702/2014, y emitido por María del Socorro González Valencia, Jueza de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado, la existencia del dictamen que requería al sentenciado que sirviera de apoyo para solicitar un arraigo domiciliario, siendo este el documente con numero de oficio DIF/DAAM/882/2021, de fecha seis de octubre de la misma data, suscrito por la Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez, Directora del Atención al Adulto Mayor del sistema DIF-Tabasco, mediante e! cual remite la valoración gerontológica realizada al sentenciado Roberto Soberano Álvarez, por el Doctor Nicómedes de la Cruz Damas, médico adscrito al Centro Gerontológica del sistema DIF Tabasco, en el cual concluyó que el sentenciado Roberto Soberano Álvarez, es un varen capaz de realizar actividades de la vida diaria de manera independiente de cincuenta y siete años de edad , con comorbilidades crónicas degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial, sugiriendo estudios de laboratorio y control con su médico de la clínica para posible ajuste a tratamiento médico; precisando que por el rnomento repercusión hemodinámicas al paciente Roberto Soberano Álvarez, puede continuar con su reclusión (sic). No obstante la valoración de un Geriatra adscrito Centro Gerontológico del sistema DIF Tabasco, también queda demostrado mediante acuerdo de fecha quince de septiembre del des mil veintiuno, recaído en la carpeta de ejecución 702/2014, en su punto Primero, se tuvo por recibido informe emitido por el Doctor Gustavo Camels Zapata, Coordinador Médico de! Centro de Reinserción Social del Estado, que mediante el cual comunica al órgano jurisdiccional la atenciones médicas en favor de Roberto Soberano Álvarez, en las distintas especialidades como son traumatología, coloprectología, nefrología, gastroenterología, oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, coloproctología, concluyendo el profesional de la salud que el sentenciado se encuentra en control por l servicio de medicina interna para el manejo de su diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial, precisando que los padecimientos se encuentran controlados, de encontrarse en control por el servicio de urología". Por las anteriores consideraciones, la autoridad responsable desechó la queja de mérito y declaró improcedente su remisión a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, exhortó al licenciado Adolfo Zapata Cruz, defensor público de su adscripción, a efecto de que se conduzca con estricto apego a los artículos 3, 39 y 42 de la Ley del Servicio de la Defensoría Publica del Estado de Tabasco, y los relativos y aplicables del Código de Conducta de las Personas Servidoras Publicas de la Secretaria de Gobierno. Determinación que le fue notificada al aquí quejoso el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de dicho acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco, a través del cual remite el diverso IDP/DG/1904/2022 de veintinueve de agosto pasado, del que se obtiene que fue notificado al aquí quejoso el veintiuno de los actuales. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de treinta de agosto pasado, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Roberto Soberano Álvarez, contra el acto reclamado al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recepcionado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada del proveído de treinta del precitado mes, dictada en el expediente administrativo 14/2021 de su índice. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: "1. Deje sin efecto la resolución contenida en el oficio número IDPDG/0422/20221 de diez de marzo de dos mil veintidós, que es el acto aquí reclamado. 2. Seguidamente, analice íntegramente los escritos de queja y contestación de las partes, y de las pruebas ofrecidas, y con libertad de jurisdicción, resuelva de manera congruente, considerando y verificando el cumplimiento de los numerales el articulado 39, 40, 41, 42, 43, de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, que establecen las obligaciones, prohibiciones y causas de responsabilidad de los defensores públicos del Estado, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, debiendo precisar los preceptos legales aplicables al caso, así como los razonamientos lógico jurídicos que sustenten su decisión, en los términos expuestos en esta determinación". Con las constancias que remitió, la autoridad responsable demuestra que el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado y que, en su lugar, emitió una nueva determinación. Sin embargo, no se advierte que la haya notificado al quejoso, lo cual refiere éste en el momento que el actuario le dio vista con el acuerdo de treinta de agosto pasado. En ese tenor, como de autos se obtiene que el impetrante de amparo se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a efecto de garantizar su derecho constitucional de defensa adecuada, esta juzgadora considera imprescindible que la autoridad responsable le notifique personalmente la precitada resolución en el lugar donde se encuentra. CONCLUSIÓN En consecuencia, se declara NO CUMPLIDA la ejecutoria de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y 2 fracción IX del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tabasco, para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído: Remita copia certificada de la constancia de notificación realizada al aquí quejoso de la determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente de origen. Apercibiéndose a Arturo Adolfo Peña de la Fuente que, de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2014 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, página 1520, intitulada "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS". Notifíquese.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano