Roberto Serrano Carreño

Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Roberto Serrano Carreño
  • Lic. Jorge Alberto Aranda Díaz, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, En Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista la sentencia de trece de octubre de este año, a la parte tercero interesada Alejandra Rodríguez Astorga, que dice: S E N T E N C I A VISTOS, los autos del expediente número 155/2022-III, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Roberto Serrano Carreño, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el ocho de marzo de dos mil veintidós1, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, Roberto Serrano Carreño, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que señala en su demanda de la siguiente manera: "V. Autoridad responsable. Jorge Alberto Aranda Díaz, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con domicilio en las instalaciones del Centro de Justicia Penal del propio Estado, con sede en esta ciudad." "VII. Actos reclamados. La resolución de 14 de febrero de 2022, emitida en el cuaderno preliminar 389/2021, del índice del Centro de Justicia Penal del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Resolución en la que el juez responsable, al pronunciarse sobre el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo declaró improcedente, bajo el argumento de que el suscrito denunciante, al no ser víctima u ofendido del delito carecía de legitimación para promoverlo."2 SEGUNDO. Trámite del juicio. El diez de marzo de dos mil veintidós3, la demanda se radicó bajo número de expediente 155/2022-III y se admitió, se dio intervención al Agente del 1 Fojas 02 a 28. 2 Transcripción literal de los apartados correspondientes de la demanda visibles en las fojas 04 y 05. 3 Fojas 33 a 36 Ministerio Público de la Federación adscrito y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. En acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós,4 se reconoció con el carácter de terceros interesados a la Agente del Ministerio Titular de la Unidad Investigadora del Sistema Estatal de Justicia Alternativa, que intervino en la audiencia celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós en el cuaderno preliminar 389/2021, así como a Alejandra Rodríguez Astorga y Fidel García Villanueva, a quien se les emplazó a juicio en quince de junio, trece de octubre y uno de diciembre de dos mil veintidós, respectivamente.5 Luego, una vez agotados los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, en virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de 4 Fojas 61 y 62 5 Fojas 74, 170 y 177 la materia6, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, y apreciación de las constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que enseguida se precisa: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. La resolución dictada en audiencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el cuaderno preliminar 389/2021, en la que declaró improcedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese contexto, el Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al rendir su informe justificado aceptó7 el acto que le fue reclamado, por ende, al reconocer expresamente su existencia, éste se tiene por cierto y plenamente probado. Certeza que se corrobora con la videograbación de la audiencia celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en el cuaderno preliminar 389/2021, que remitió el juez responsable como apoyo a su informe justificado, de la que se advierte la emisión de la resolución en la que declaró improcedente el 6 Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 7 Fojas 50 y 51 recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que fue interpuesto por el aquí quejoso. Constancia contenida en un disco versátil digital y que adquiere el carácter de prueba documental pública, a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo.8 CUARTO. Causas de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia P.J. 22/919 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en 8 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013, (con número de registro electrónico 2004362) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". 9Octava Época; Registro: 205800; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VII, Junio de 1991; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 22/91; Página: 60. la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integral a sus inconformidades. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,10 de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio y resolución del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados, 10 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez; materia común; página ochocientos treinta. tal y como se demostrará en el desarrollo de este considerando. Antecedentes. Previo a justificar lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, para mayor claridad del asunto, es pertinente destacar los antecedentes que le dieron origen, lo cuales se obtienen de lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo,11 de los que se destacan: ? Que el quejoso Roberto Serrano Carreño por derecho propio y en su calidad de defensor particular de Alejandro De la Vega Valladolid en la causa penal 2092/2018, del índice del Centro de Justicia Penal del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, denunció hechos posiblemente constitutivos de los delitos contra la administración de justicia y ejercicio ilícito del servicio público. ? Que el Agente del Ministerio Público determinó abstenerse de investigar los hechos denunciados. ? Que al estar inconforme con esa decisión interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ? Que el juez de control señalado como responsable en audiencia de catorce de febrero de dos mil veintidós resolvió declarar improcedente el recurso, ya que consideró que al tener calidad de denunciante y no de víctima u ofendido, carecía de legitimación para promoverlo. Determinación que constituye el acto reclamado. 11 Fojas 05 y 06 del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo. Ahora bien, para constatar el acto reclamado, se examina la audiencia virtual desarrollada el catorce de febrero de dos mil veintidós; pues es la videograbación en la que se registró de manera íntegra y fidedigna el acto reclamado que lo constituye precisamente la resolución oral dictada por propia voz del órgano jurisdiccional respectivo. Es así que reproducida la videograbación aludida, se constata que el juez de control, luego de declarar abierta la audiencia en relación con el cuaderno preliminar 389/2021, procedió a la individualización de las partes,12 encontrándose presentes en la audiencia desarrollada en modo virtual, la Agente del Ministerio Público adscrita al Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; por la parte ofendida, Roberto Serrano Carreño y Javier Fernando Tarín Robles; sus asesores jurídicos Zeus Rodríguez Velarde y Juan Orozco Gama, de quienes se constató su registro de cédula profesional. Por parte de la defensa se encontraba presente la licenciada Ana Haydee Beltrán Aguilar, a quien se le reconoció el carácter de defensora particular del imputado Fidel García Villanueva y, en esa misma audiencia, previa designación como si defensora particular presentada por escrito por parte de la imputada Alejandra Rodríguez Astorga, el juzgador le tomó protesta y aceptación del cargo conferido; asimismo, el juez hizo constar la incomparecencia de los imputados Fidel García Villanueva y Alejandra Rodríguez Astorga, destacando que éstos fueron oportunamente notificados y a su vez se certificó que les fue enviada la liga de acceso para esa audiencia virtual; en ese sentido en lo que interesa, el juez determinó que aun con la incomparecencia de los imputados, dado que en esa audiencia se encontraban debidamente representados por su defensora particular se procedería a su desahogo. 12 Tiempo de audiencia 12:23:30 horas Posterior a ello tomó el uso de la voz el licenciado Juan Orozco Gama, asesor jurídico de quienes se ostentaron como ofendidos, entre ellos el aquí quejoso, quien expuso esencialmente al juez lo siguiente:13 Que el día doce de mayo de dos mil veintiuno, Roberto Serrano Carreño, en su carácter de defensor particular de Alejandro De la Vega Valladolid, en la causa penal 2092/2018 y Javier Fernando Tarín Robles, como representante legal de Alejandro De la Vega Valladolid, dentro del juicio de amparo 320/2021, presentaron denuncia en contra de Fidel García Villanueva, en su calidad de Juez de Control y en contra de Alejandra Rodríguez Astorga en su carácter de auxiliar de sala y que los hechos que motivaron la denuncia fue: ? Que durante la secuela procesal de la causa penal 2092/2018 seguida en contra de Alejandro De la Vega Valladolid, se fijaron las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia intermedia. ? Que en la fecha indicada, el imputado Alejandro De la Vega Valladolid, así como sus defensores particulares Zeus Rodríguez Velarde, Rogelio Martínez Romo y Roberto Serrano Carreño, desde las dieciséis horas del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se encontraban reunidos en un domicilio en espera de que les fueran enviados por correo electrónico o red social, los códigos o ligas de acceso para la videoconferencia dentro de la plataforma zoom para el desahogo de la referida audiencia. ? Que se hicieron las dieciséis horas con treinta minutos, pero ninguno de los presentes recibieron por correo electrónico o 13 Tiempo de audiencia 13:39:40 horas la red social WhatsApp los códigos o ligas para el acceso a la videoconferencia fijada para la audiencia intermedia. ? Que a las diecisiete horas con seis minutos del ese mismo día, Rodrigo Serrano Carreño recibió un correo electrónico de la licenciada Alejandra Rodríguez, en el que le envió la liga o código de acceso a la videoconferencia señalada para las dieciséis horas con treinta minutos en la sala virtual tres; esto es, treinta y seis minutos después de la hora fijada para la audiencia. ? Que una vez que se recibieron los códigos se siguieron los pasos para ingresar a la videoconferencia, sin embargo, el organizador de la audiencia virtual no lo autorizó. ? Que a las diecisiete horas con nueve minutos del mismo día, Alejandro De la Vega Valladolid recibió un mensaje en su número telefónico personal por parte de su asistente, quien textualmente le expresó: "Señor llamó por teléfono la señorita que dijo ser licenciada Alejandra Rodríguez Astorga, pidió hablar con usted y yo le llamé a usted, pero no me pude comunicar, le dije que no me había podido comunicar con usted y que si gustaba podría dejarme su número para yo pasarle a usted su mensaje, pero me dijo que no, que solo le dijera que debido a que usted no se presentó a la audiencia, le van a emitir una orden de aprehensión". ? Que ante esta inseguridad, a las diecisiete horas con veinticinco minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se envió correo electrónico a la cuenta de Alejandra Rodríguez Astorga, con el siguiente mensaje: "Recibido su mensaje ya estamos esperando su acceso a la sala virtual". ? Que no obstante del envío de este mensaje no hubo respuesta y mucho menos se autorizó el ingreso a la audiencia, sin embargo, Alejandro De la Vega Valladolid y sus defensores continuaron en espera, sin abandonar la sesión. ? Que a las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos, de nueva cuenta se envió un correo a la licenciada Alejandra Rodríguez Astorga, con el siguiente mensaje: "Buenas tardes licenciada, no hemos recibido acceso a la sala, estamos desde las cuatro esperando a la celebración de la audiencia programada para las cuatro treinta p.m. del día de hoy, desconozco la razón y por ello le pregunto, se llevará la audiencia? O ya puede retirarse nuestro cliente?, quedo a la espera de su respuesta o llamada telefónica a mi celular si lo prefiere (se cita número telefónico) saludos" ? Que se dieron las dieciocho horas sin recibir alguna respuesta, por lo que la defensa comenzó a consultar el expediente electrónico de la causa penal 2092/2018 dentro de la página del Poder Judicial del Estado y al momento de hacer la consulta en este portal virtual, se observó la existencia de un documento cuyo título aparecía como "orden de aprehensión, sustracción", el cual aparecía firmado por el juez de control licenciado Fidel García Villanueva, a las diecisiete horas con veintisiete minutos del mismo día cuatro de mayo de dos mil veintiuno. ? Que dentro del mismo expediente se consultó el apartado alusivo a las audiencias y al reproducir la audiencia programada para las dieciséis horas con treinta minutos, se observó que esta audiencia comenzó a las diecisiete horas con once minutos y diecisiete segundos; es decir, cinco minutos después de que fueron recepcionadas vía correo electrónico los códigos de acceso a la plataforma, pero que nunca fue autorizado el ingreso. ? Que del audio y video de la audiencia se advierte que bajo el argumento de la incomparecencia del acusado Alejandro De la Vega Valladolid, a petición del Agente del Ministerio Público se hizo la declaratoria correspondiente de sustracción de la justicia y el juez atendió la petición de la fiscalía y ordenó su reaprehensión. ? Que el juez preguntó a la encargada de sala (que resultó ser Alejandra Rodríguez Astorga) si había tenido un contacto con el acusado o sus abogados, y que la auxiliar le informó que se había comunicado a los tres contactos, esto es de los licenciados Roberto Serrano Carreño, Rogelio Martínez Romo y Zeus Rodríguez Velarde, pero que no había tenido éxito; que le había enviado correo electrónico al licenciado Roberto Serrano Carreño, pero que no había tenido respuesta alguna y que también se había comunicado al despacho de Alejandro De la Vega Valladolid pero que su secretaría había manifestado que no se encontraba. ? Que en la propia audiencia se aprecia que el juez accedió a la petición del ministerio público de declarar la sustracción de la justicia y emitió el mandato de captura en presencia del asesor jurídico de la supuesta víctima y no en una audiencia privada. ? Que con toda esa información que se consideraba falsa y tergiversada se generó un daño a un bien jurídico del acusado que lo es la libertad, ya que debido a esa manipulación de la justicia se libró un mandamiento de captura en contra de Alejandro De la Vega Valladolid. El asesor jurídico del ahora quejoso, continuó su argumento mencionando que esos mismos hechos se habían plasmado en la denuncia que Roberto Serrano Carreño presentó al Agente del Ministerio Público a quien se le solicitó realizara una investigación, pero que la fiscalía sin hacer investigación alguna, el once de junio de dos mil veintiuno resolvió abstenerse de investigar. Señaló el asesor jurídico que el Agente del Ministerio Público resolvió respecto de Fidel García Villanueva, que no había existido dolo, ya que actuó a su leal saber y entender, resolviendo con plena jurisdicción y conforme a derecho, y que si en el caso se hubiese vulnerado algun derecho del denunciante, no había evidencia de que se hubiese hecho valer algún medio ordinario o extraordinario de defensa legal. Al respecto el asesor jurídico, en esencia, expresó que la fiscalía hizo conclusiones dogmáticas, ya que a su consideración era imperativo para el juez que verificara que efectivamente se hubiera citado al imputado y sus defensores, que se les hubieran enviado las ligas correspondientes y que además constatara si el imputado había intentado conectarse o no a la audiencia, lo cual - a su parecer no había hecho- y por tanto consideraba que su actuar era indebido y por ello solicitaron a la fiscalía que investigara y encuadrara su conducta como típica de un ilícito. Agregó que tampoco era correcto que por lo que hace a la conducta atribuida a Alejandra Rodríguez Astorga, la fiscalía concluyera que en la denuncia no se precisaba que ésta fuera la funcionaria responsable; que ella solo había respondido lo que el juez le preguntaba; que no había constancia de que el imputado y sus defensores se hubiesen conectado a la videoconferencia y que tampoco había constancia de que se hubiere interpuesto alguna queja en su contra. Por todo ello el asesor jurídico del ahora quejoso Roberto Serrano Carreño, concluyó que lo determinado por la fiscalía derivaba precisamente porque no había hecho la investigación que se le había solicitado, ya de haberla realizado hubiera podido averiguar si la denunciada era o no la funcionaria responsable, si el juez había o no actuado en forma debida y además se hubiese percatado que el imputado interpuso un juicio de amparo en defensa del actuar del juzgador; por lo cual solicitaban al juez de control, ahora responsable, determinara procedente ese recurso innominado y resolviera que la Agente del Ministerio Público hiciera la investigación correspondiente. Bajo ese panorama el juzgador responsable dio el uso de la voz a la Agente del Ministerio Público a fin de que expusiera lo que consideraba conveniente a las manifestaciones de los asesores jurídicos,14 a lo cual la fiscal expresó, en esencia, que reconocía que el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se había recibido la denuncia presentada por Rodolfo Serrano Carreño en contra de Alejandra Rodríguez Alcantara por la posible comisión del hecho calificado como delito de ejercicio indebido del servicio público, que se prevé en el artículo 290, fracción V del Código Penal para el Estado de Baja California, así como en contra de Fidel García Villanueva por el hecho calificado como delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 323, fracción VI del Código Penal para el Estado de Baja California; asimismo dijo que la resolución de abstención de investigar se emitió conforme a derecho y con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 21, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en el artículo 131, fracción XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sostuvo la fiscal que después del análisis de la denuncia se determinó, en cuanto a Alejandra Rodríguez Alcántara, que no 14 Tiempo de audiencia 14:22:50 horas se cumplían con los requisitos o los elementos objetivos y subjetivos que el ilícito que se le imputa requiere, ya que de la denuncia no se obtuvo evidencia clara de que el actuar que se le atribuía fuera de manera dolosa siendo este un elemento esencial para la configuración del delito, además de que no se desprendía que hubiera interpuesto, al momento de la recepción de la denuncia, alguno de los medios idóneos que la ley prevé para hacer valer la violación de los derechos que reclamaban; señaló también que, en cuanto a la conducta atribuida a Fidel García Villanueva, el delito que se le atribuía tenía como esencia alterar el equilibrio entre las partes y que esa alteración tuviera como consecuencia un daño, y, que en el caso esto no se actualizaba, ya que lo que se desprendía del escrito de denuncia es que él fue informado por su auxiliar administrativo encargado, que se enviaron esos códigos (para acceder a la videoconferencia programada para las dieciséis horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintiuno), por lo que ante la incomparecencia del imputado, en plenitud de jurisdicción y como lo prevé la ley, procedió a declararlo como extraído de la acción de la justicia y posteriormente girarle una orden de aprehensión, sin que se advirtiera, al momento de la presentación de la denuncia, que se hubiese agotado algún medio de los previstos en la ley para hacer valer esa violación y tampoco se advertía que el ciudadano juez lo hubiera hecho por obra propia o con dolo. En el debate, luego de escuchar los argumentos de oposición de la defensa, el juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa particular de los imputados para que hiciera manifestaciones a lo argumentado por las partes, a lo cual la abogada particular sustancialmente expresó que15 los recurrentes no contaban con legitimación para impugnar la determinación de la fiscalía debido a que no les revestía el carácter víctima u ofendido en términos del artículo 4 de la Ley General de Víctimas, si no únicamente el carácter de denunciantes, ya para sustentar 15 Tiempo de audiencia 14:22:50 horas su argumento citó la tesis con registro digital 202108016de rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES." Asimismo, en resumen adujo que compartía el criterio sustentado por la Agente del Ministerio Público en virtud de que los recurrentes en su exposición de los hechos narrados en la denuncia ni en los vertidos en esa audiencia habían aportado la información suficiente para sustentar que la representante social debía realizar la investigación de hechos susceptibles de los delitos de uso indebido del servicio público y contra la administración de justicia, imputados a sus defendidos. Posteriormente en réplica, el asesor jurídico señaló, en lo que interesa, que en cuanto a la falta de legitimación sustentada por la defensa, en los delitos, solo se debe tener legitimación para denunciar cuando éstos son perseguibles por querella, lo cual dijo no acontecía en este caso. Agregó que respecto al argumento relacionado con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, este era parcial debido a que la defensa había citado una tesis aislada del año dos mil diecisiete, pero que él fundaba su criterio en una tesis de registro 16 VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. Cuando una persona en su calidad de denunciante en una carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima u ofendido, pues debe acreditar alguno de estos supuestos con motivo de la comisión de un delito, en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido; al asesor jurídico; el imputado; el defensor; el Ministerio Público; la Policía; al órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso; además, el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Víctimas establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Tesis Aislada I.9o.P.254 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2527, registro digital 2021080. 202314317 del año dos mil veintiuno, cuyo rubro señala: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA TIENE EL DENUNCIANTE CUANDO SU PRETENSIÓN ES SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y QUE EL MECANISMO QUE ACCIONÓ SEA EXPEDITO.", argumentando que esta tesis establecía una interpretación idéntica al caso concreto, y que por ello de la forma en que fue planteada la denuncia de hechos, los denunciantes sí tenían legitimación para interponer el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo abonó a su criterio, lo contenido en la jurisprudencia con número de registro 202176518 de rubro: 17 LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA TIENE EL DENUNCIANTE CUANDO SU PRETENSIÓN ES SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y QUE EL MECANISMO QUE ACCIONÓ SEA EXPEDITO. Hechos: El quejoso, por propio derecho y en su calidad de mandatario judicial del albacea en un juicio sucesorio, denunció hechos posiblemente constitutivos de los delitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación; sin embargo, el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal y la Fiscalía la aprobó; inconforme con esta decisión, aquél interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, el Juez de Control lo declaró improcedente, en virtud de que el denunciante, al no ser víctima u ofendido del delito, carecía de legitimación para promoverlo; inconforme, promovió amparo y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el denunciante tiene legitimación para interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales contra la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, cuando su pretensión no es denunciar el hecho ilícito por un mero interés cívico, sino salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y que el mecanismo que accionó sea expedito, en función de los intereses que representa. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, como derecho subjetivo personal o individual, el de acceder a la justicia y a que ese mecanismo sea expedito (contrario a una dilación injustificada). De modo que tratándose de delitos donde los bienes jurídicos tutelados afecten dicha prerrogativa (como sucede en los ilícitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación, por ejemplo), entender en sentido limitativo las figuras de ofendido y víctima, implicaría desatender el derecho de la persona que, al considerar transgredida una prerrogativa fundamental, compareció ante la autoridad investigadora a denunciar la probable comisión de un ilícito con el propósito de conocer la verdad y obtener justicia. Por tanto, el raciocinio proteccionista al derecho invocado debe materializarse por las autoridades del país, considerando los datos que se adviertan del caso concreto, con el objeto de que las personas que puedan resentir una afectación en el disfrute del citado derecho humano, directa o indirectamente y con independencia de que les corresponda una indemnización económica, puedan hacer valer sus derechos en un procedimiento asequible que les otorgue un real y efectivo acceso a la justicia, en el cual tengan la oportunidad de participar y ser escuchados. Tesis Aislada I.9o.P.315 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2493, registro digital 2023143. 18 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA, AL OTORGARLE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA. La Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte de un sistema normativo complejo, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo primordial es el combate a la corrupción y el debido cumplimiento de las obligaciones concernientes al servicio público. En este sentido, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la exposición de motivos que dio origen al ordenamiento inicialmente citado, se advierte que uno de los ejes principales del sistema es la integración de la participación ciudadana con un papel más activo, acorde con los principios de transparencia, imparcialidad, "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA, AL OTORGARLE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA." Concluyendo, en cuanto a este tópico, que además de todo lo anterior, uno de los denunciantes es defensor particular en el proceso penal de origen donde ocurrieron los hechos que se denunciaron; y por esa propia naturaleza, le correspondía el derecho de defender los derechos de su patrocinado sobre las actuaciones de la causa en la que lo representa. En lo demás expuso argumentos para corroborar su postura respecto de la veracidad e intención de los hechos denunciados, en contraposición de la postura interpretada por la defensa particular de los imputados en su denuncia. Asimismo, en sus siguientes intervenciones tanto la Agente del Ministerio Público como la defensa, se mantuvieron en su criterio y defendieron con contrargumentos la postura inicialmente adoptada. En ese contexto, el juez de control responsable declaró cerrado el debate,19 señaló que contaba con competencia para equidad y legalidad, con la ayuda de un marco legal que establezca las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente. Congruente con esos propósitos, de la interpretación conjunta de los artículos 3, fracción IX, 91, 100, último párrafo, 101, último párrafo, 102, 112 y 116, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se colige que podrán tener el carácter de denunciante las personas físicas o morales, o el servidor público que acude ante las autoridades investigadoras con el fin de exponer actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, otorgándole una participación activa, tanto en la fase de investigación -denuncia y conclusión de hechos que puedan constituir falta administrativa o abstención-, como en el propio procedimiento de responsabilidad en su calidad de tercero, por lo que su intervención no se reduce a un mero denunciante, pues incluso se le otorga el derecho para impugnar la abstención de la autoridad investigadora de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y, en su caso, las determinaciones exculpatorias, mediante el recurso de inconformidad. Por tanto, el denunciante de los hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la determinación de no iniciar la investigación relativa. Tesis Aislada I.4o.A.186 A (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1024, registro digital 2021765. 19 Tiempo de audiencia 17:11:20 horas resolver y destacó que su resolución era dictada con base en los argumentos planteados por las partes comparecientes en la audiencia, quienes tuvieron acceso a la carpeta de investigación, y a quienes respetó su derecho a intervenir y controvertir los hechos que cada uno expuso, citando como sustento para ello la tesis de registro digital 2014359,20 de rubro: "AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ESTA DILIGENCIA EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, SÓLO PUEDE DECIDIR SOBRE LO QUE ADUZCAN LOS ASISTENTES, RESPETANDO EL EQUILIBRIO PROCESAL ENTRE LAS PARTES." Establecido lo anterior determinó declarar improcedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustentando su resolución en las siguientes consideraciones: ? Que los promoventes Roberto Serrano Carreño (aquí quejoso) y Javier Fernando Tarín Robles, así como sus asesores jurídicos, no tenían personalidad jurídica dentro del número único de caso 22220/2021 que fue impugnado, debido a la abstención del Agente del Ministerio Público para investigar. 20 AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ESTA DILIGENCIA EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, SÓLO PUEDE DECIDIR SOBRE LO QUE ADUZCAN LOS ASISTENTES, RESPETANDO EL EQUILIBRIO PROCESAL ENTRE LAS PARTES. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por tanto, tratándose de la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, con base en el principio de contradicción indicado, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, quienes en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de controvertirlos o confrontarlos, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de lo contrario, es decir, que el juzgador se sustituyera a alguna de las partes para subsanar deficiencias técnicas, atentaría contra los principios señalados, en especial, el de contradicción. Tesis Aislada I.7o.P.65 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1876, registro digital 20114359. ? Que conforme lo establece el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, los recurrentes no tenían la calidad de víctimas ni directas ni indirectas. ? Que de igual modo, el artículo 108 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que será considerada víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y que por tanto en el caso, ni Roberto Serrano Carreño ni Javier Fernando Tarín Robles habían acreditado esa afectación. ? Que a su vez el numeral 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece quiénes son partes del proceso, esto es quienes específicamente pueden ser sujetos de procedimiento, y que dicho artículo dispone en el caso, que lo es la víctima u ofendido, así como su asesor jurídico. ? Que había quedado de manifiesto por lo argumentado en la audiencia que en el escrito inicial o denuncia que obra en la carpeta, se refiere que son denunciantes los recurrentes, uno como defensor particular de Alejandro De la Vega Valladolid en una causa penal y otro es señalado como representante legal de este mismo en un juicio de amparo; sin embargo, adujo el juez, que no por qué en diferentes procesos ya sea penales o bien en un juicio de amparo, sean defensores o representantes legales de un persona, eso les dé el carácter de víctimas. ? Que esa apreciación la sustentaba en la tesis de registro digital 2021080,21 que establece que no tiene el carácter de 21 VÍCTIMA U OFENDIDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN DENUNCIA HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUTIVOS DE DELITO, SI NO DEMUESTRA QUE COMO CONSECUENCIA DE ÉSTOS SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, PÉRDIDA FINANCIERA O MENOSCABO DE SUS víctima u ofendido en la carpeta de investigación quien denuncia hechos que considera constitutivos de delito si no demuestra que como consecuencia de esos hechos sufrió un daño físico pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales, es decir que cuando una persona tiene calidad de denunciante como lo fue en el caso, quienes directamente denunciaron ante el ministerio público un hecho considerado delictivo; sin embargo, estos no demostraron que sufrieron un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunciaron, por tanto, no les recae el carácter de víctima u ofendido pues deben acreditar alguno de estos supuestos con motivo de la comisión del hecho, para gozar de los derechos que establece el artículo 20, Apartado C, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ? Que en el caso concreto en los delitos que se denunciaron el bien jurídico tutelado es la administración de justicia pero no se había acreditado cual fue el menoscabo directo a los derechos de los denunciantes. ? Que también sustentaba su determinación haciendo referencia a la tesis aislada con registro digital 2017919,22 la DERECHOS FUNDAMENTALES. Cuando una persona en su calidad de denunciante en una carpeta de investigación dé noticia de un hecho que considera delictivo, pero no demuestra que sufrió un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia del delito que denunció, no le recae el carácter de víctima u ofendido, pues debe acreditar alguno de estos supuestos con motivo de la comisión de un delito, en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales no reconoce al denunciante como sujeto del procedimiento penal, pues sólo contempla a la víctima u ofendido; al asesor jurídico; el imputado; el defensor; el Ministerio Público; la Policía; al órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso; además, el artículo 4, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Víctimas establece que la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la propia ley, y que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Tesis Aislada I.9o.P.254 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2527. 22 MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE LA CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, NO PUEDE INTERPONERLO CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR, EL ARCHIVO TEMPORAL, LA APLICACIÓN DE UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. De conformidad con el precepto mencionado, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son impugnables por la víctima u ofendido del delito ante el Juez de Control, por lo que dicho medio de que en específico refiere al medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y precisa que el denunciante que no tiene calidad de víctima u ofendido del delito no puede interponerlo, entre otros supuestos, contra las determinaciones del ministerio público sobre abstención de investigar, como es el caso, esto es, se considera que el denunciante que solo dio noticia de la comisión de un hecho delictivo al no concurrir en la calidad de víctima u ofendido por no haber resentido una afectación ya sea física, mental, emocional, patrimonial o en sus derechos fundamentales no puede interponer dicho medio ordinario de defensa contra esas determinaciones. ? Que no pasaba desapercibidas las manifestaciones de los llamados asesores jurídicos, quienes sostuvieron que los denunciantes sí estaban legitimados para recurrir y que con su argumento habían citado la tesis de registro digital 2023143, la cual refiere que existe la legitimación para interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la determinación del ministerio público sobre el no ejercicio de la acción penal, cuando la pretensión del denunciante es salvaguardar el derecho de acceso a la justicia y que el mecanismo sea expedito; sin embargo, adujo el juez que este criterio deriva de un caso de no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público aprobado por la fiscalía y que el denunciante estando inconforme con la decisión interpuso el recurso innominado, que el juez de control lo declaró improcedente en virtud de que el denunciante al no ser víctima u ofendido carecía de impugnación debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; sin embargo, el denunciante que sólo dio noticia de la comisión de un hecho delictivo, al no concurrir en él la calidad de víctima u ofendido, por no haber resentido una afectación ya sea física, mental, emocional, patrimonial o a sus derechos fundamentales, no puede interponer dicho medio ordinario de defensa contra esas determinaciones. Tesis Aislada I.6o.P.121 P (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2404. NANCY GUADALUPE HUERTA GARATE 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.48.42 15/05/26 18:00:00 22 legitimación para promoverlo, ante lo cual se promovió juicio de amparo en el que el juez de distrito lo confirmó, pero que el tribunal colegiado en el recurso de revisión estableció que sí tenía legitimación para intervenir en este medio impugnación; sin embargo, que este criterio citado por los asesores jurídicos acotaba específicamente el supuesto, a que se habían denunciado hechos probablemente constitutivos de delitos de denegación o retardo de justicia o prevaricación, lo que en el caso concreto no acontecía, pues no se advertía que lo denunciado haya sido en ese sentido; esto es el criterio citado por lo asesores faculta a los denunciantes a interponer este recurso innominado, pero cuando esa denuncia haya sido a efecto de salvaguardar un acceso a la justicia y que este sea expedito debido a que los hechos del ministerio público constituían una denegación o retardo de justicia y prevaricación, por lo que en el caso consideraba que no acontecía esa situación, pues la abstención del ministerio público no fue por esos fines. ? Que en el caso la denuncia la habían presentado los recurrentes por propio derecho independientemente de que ellos sean defensores particulares o representantes legales de la diversa persona de nombre Alejandro De la Vega Valladolid, pero que, como la defensora lo había destacado, este último no había figurado en la denuncia, esto es, él no la interpuso ni señaló como sus asesores jurídicos a ninguno de los presentes en esa audiencia, pues advertía que estos la llevaban a cabo directamente y que incluso se había mencionado que el propio Roberto Serrano Carreño refirió que se le estaban violentando derechos, sin embargo, adujo el juez, que esto se debió haber comprobado, esto es, que existía un menoscabo o un daño directo a los denunciantes.cio de Amparo 155/2022-III 23 ? Hizo alusión el juez responsable a la tesis aislada citada por los asesores jurídicos de registro digital 2021765 (de rubro RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA, AL OTORGARLE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA.) pero hizo incapie que esta trata de un tema totalmente diferente, pues se toca un tema de interés jurídico para promover un juicio de amparo en temas de responsabilidades administrativas, y que si bien la materia administrativa permite que un denunciante de una posible falta administrativa tenga ese derecho a recurrir, esto es cuestión de esa materia, pero que la legislación penal es clara en establecer quién tiene carácter de víctima y quién no, y que en este caso la víctima lo sería Alejandro De la Vega Valladolid, pero que esta no había figurado como parte en ese cuaderno preliminar, con independencia de que los denunciantes tenga, uno el carácter de defensor particular en una causa penal, y, el otro, de representante legal en un juicio de amparo, por lo que insistió que por tal razón carecían de legitimación para interponer el recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ? El juez sustentó su conclusión también en la jurisprudencia con registro digital 161929 y rubro: ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, cuyo criterio dijo, hace referencia a que existe una falta de legitimación del denunciante y señala quiénes pueden interponer el recurso y es la víctima, es decir, que es ésta es quien tiene la legitimación activa. Por las consideraciones anteriores, el juez responsable concluyó que en el caso lograba advertir que los presentes en la audiencia nombrados como víctimas de manera errónea, no tenían ese carácter, ya que a su juicio no tenían legitimidad para ser sujetos de un derecho de impugnar una resolución del ministerio público, como lo es una facultad de abstenerse de investigar, establecida en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en mérito de lo expuesto encontraba improcedente la solicitud realizada por los de nombre Roberto Serrano Carreño y Javier Fernando Tarín Robles, quienes fueron los denunciantes y por Juan Orozco Gama y Zeus Rodríguez Velarde a los que ellos mismos nombraron como sus asesores jurídicos, al no tener la calidad de víctima dentro del número único de caso 22220/2021. Conceptos de violación. Una vez plasmado lo destacado del desarrollo de la audiencia de control judicial relativa a la interposición del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a dar contestación a los conceptos de violación formulados por el quejoso, motivos de inconformidad que se estudiarán de manera conjunta por encontrase relacionados entre sí, como lo permite el artículo 7623 de la Ley de Amparo24. 23 "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda". 24 Al efecto se invoca la jurisprudencia 2o.J/5 (con número de registro electrónico 2011406), sustentada por del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en la página 2010 En el apartado de conceptos de violación, el impetrante del amparo plasma una definición de los conceptos de víctima, ofendido y denunciante, hace alusión a los derechos de la víctima y el ofendido en el procedimiento penal, esboza un análisis del derecho a la tutela judicial efectiva y aborda consideraciones del por qué en nuestro orden legal el denunciante de un delito puede considerarse víctima u ofendido. Asimismo sostiene, en esencia, lo siguiente: ? Que contrario a lo expuesto por el juez responsable en su resolución, sí tiene legitimación para interponer el recurso hecho valer, toda vez que la legitimación se acredita en el caso, por los intereses que representa. ? Que si bien es cierto que la resolución reclamada corresponde a un procedimiento penal diverso a la causa penal en la cual es defensor particular de Alejandro De la Vega Valladolid, quien es el que resintió el actuar del ilícito denunciado, también lo es que el cuaderno preliminar atañe directamente a la causa penal instruida a la víctima de ese actuar, ya que se imputan precisamente al juez de control y de una diversa servidora pública, hechos que cometieron en el proceso penal instruido a su defendido Alejandro de la Vega Valladolid. Por tanto, afirma el quejoso, que si él es defensor del imputado en aquella causa, de la cual derivaron los hechos denunciados como probablemente constitutivos de delitos materia de la carpeta de investigación de la que proviene el acto que aquí se reclama, resulta notorio que éstos fueron denunciados por del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". afectar el ejercicio de derechos y actos de defensa del propio imputado. Por ello estima que no es acertada la resolución del juez responsable, al considerar improcedente el recurso innominado, pues -a su parecer- existen elementos idóneos y suficientes para concluir que interpuso el recurso no como un mero denunciante, sino que en el fondo, su pretensión estaba directamente constreñida a salvaguardar, como defensor del imputado en el proceso penal del que emanaron los hechos denunciados, sus derechos de adecuada defensa, acceso a la justicia e imparcialidad. Que de avalarse la resolución del juzgador responsable se estará vedando de manera definitiva la adecuada defensa y acceso a la justicia de su defendido por un formalismo excesivo, pues lo que pretende es salvaguardar los intereses de su defendido y no los propios. Para sustentar sus argumentos cita la tesis 1a.CCXC/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO." Señala el quejoso que considerar válida la determinación reclamada, en tratándose de delitos donde los bienes jurídicos tutelados afecten a la sociedad, entender en -estricto sensu- las figuras de ofendido y víctima, implicaría desatender el derecho de tutela judicial efectiva de la persona que al considerar transgredido un derecho fundamental que le corresponde tutelar, compareció ante la autoridad investigadora a denunciar la probable comisión de hechos ilícitos con el propósito de conocer la verdad, obtener justicia, obtener un respeto a una adecuada defensa y debido acceso a la justicia, no motivado únicamente por un interés cívico, por tanto, concluye que el acto reclamado evidentemente es contrario al orden constitucional. Como se adelantó al inicio del presente considerando, los conceptos de violación hechos valor por el quejoso son infundados. Lo anterior es así ya que sus motivos de inconformidad se constriñen a afirmar que su legitimación para interponer el recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva de que tiene la calidad de defensor particular de la víctima Alejandro De la Vega Valladolid, en la causa penal en la que se actualizaron las conductas atribuidas a Fidel Villanueva García, en su carácter de juez de control y a Alejandra Rodríguez Astorga, en su calidad de encargada o auxiliar de sala en la audiencia intermedia fijada para el día cuatro de mayo de dos mil veintiuno, y en que, a su juicio, son constitutivas de los delitos contra la administración de justicia y ejercicio indebido del servicio público. Esto porque sostiene que al no declarar procedente su recurso implicaría desatender el derecho de tutela judicial efectiva de la persona que al considerar transgredido un derecho fundamental que le corresponde tutelar, compareció ante la autoridad investigadora a denunciar la probable comisión de hechos ilícitos con el propósito de conocer la verdad, obtener justicia, obtener un respeto a una adecuada defensa y debido acceso a la justicia. En primer término debe decirse que los argumentos que el quejoso expone no se encaminan a controvertir las razones que el encontraba legitimado para interponer el recurso innominado que planteó. Esto ya que, como acertadamente lo destacó el juez de control, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 108, establece a quién se le reconoce el carácter de víctima u ofendido en un proceso penal, ya que dicho numeral señala: "Artículo 108. Víctima u ofendido. Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima." Con base en tales premisas legales se estima acertada la interpretación del juez de control, que lo llevó a concluir que al aquí quejoso en el caso sometido a su estudio, no le revestía la calidad de víctima; es así ya que en efecto, la conducta denunciada por el ahora peticionario del amparo, tuvo una consecuencia y afectación directa en su patrocinado Alejandro De la Vega Valladolid y no en él, como defensor particular. En efecto, como lo hace ver el quejoso, él tiene una personalidad reconocida en la causa penal 2092/2018 de la cual derivaron los hechos que denunció, y esa legitimación procesal lo faculta y obliga para ejercer una adecuada defensa e interponer lo recursos y medios de defensa en representación de su patrocinado, e incluso hasta el juicio de amparo en su nombre, pues así lo faculta el artículo 14 de la Ley de Amparo, respecto de esa causa. Sin embargo en el caso, el acto reclamado deriva de un procedimiento diverso a la causa penal 2092/2018 en la que ya tiene legítimamente reconocida una personalidad y si bien presentó una denuncia ante la autoridad ministerial investigadora de delitos, los hechos que la sustentan evidencian que la afectación directa de las conductas atribuidas a los ahora terceros interesados recae, en su caso, en su defendido Alejandro De la Vega Valladolid y no en el denunciante, por tanto la calidad de víctima le reviste a aquel. Por lo que es correcto que el juez responsable dejara claro que en la legislación penal aplicable en el caso concreto, existe una disposición expresa de la persona en la cual recae el carácter de víctima y que, en su caso, es quien se encontraba legitimada para interponer el recurso previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que para mayor entendimiento se transcribe: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En ese contexto, el impetrante del amparo pretende que se le reconozca un derecho como víctima de una conducta delictiva que legalmente no tiene, o más aun, que se le considere legitimado para interponer el recurso previsto en el mencionado precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el solo hecho de ser abogado defensor de la víctima en diversa causa penal de donde dice se originaron los hechos que a su juicio pueden configurar los ilícitos denunciados, pero atender favorablemente su petición sería desconocer el contenido y alcance del propio artículo 258 multireferido que expresamente confiere a la víctima u ofendido el derecho de impugnar ante el juez de control la determinación del ministerio público sobre la abstención de investigar. Lo anterior de ninguna manera implica una vulneración a la tulela judicial efectiva ni que se apliquen formalismos excesivos para denegar una justicia, ya que atento a las circunstancias del caso concreto, la víctima directa y que resintió las consecuencias de la conducta posiblemente delictiva atribuida a Fidel García Villanueva y Alejandra Rodríguez Astorga en su carácter de juez de control y auxiliar de sala respectivamente, en todo momento tuvo los medios a su alcance para, en caso de encontrarse inconforme con la resolución de abstención de investigar del Agente del Ministerio Público, impugnar a través del recurso innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y otorgar -de ser su deseo- la legitimación procesal al quejoso como su asesor jurídico a fin de que ejerciera una defensa adecuada, sin embargo no lo hizo así, por tanto, en el caso no se trata de la exigencia de formalismos excesivos como el quejoso lo hace ver, si no de que la tutela se exija por quien tiene interés en que se salvaguarden sus derechos, de ahí que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa se estimen infundados. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación, se niega el amparo y la protección de la justicia federal solicitados en contra de la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós en que se declaró improcedente el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Serrano Carreño, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de diciembre de dos mil veintidós. Emplazamiento. Vista la diligencia de cuenta, se advierte que el tercero interesado Fidel García Villanueva, al ser emplazado al presente juicio de amparo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Domicilio. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintidós. Certificación. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo el expediente no está integrado para dictar sentencia, dado que obra encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado Fidel García Villanueva, al presente juicio de amparo, ordenada en proveído de veinte de julio de dos mil veintidós. Se comisiona a la actuaria. Consecuentemente, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, para que efectúe el emplazamiento del tercero interesado Fidel García Villanueva, ordenado en el proveído veinte de julio de dos mil veintidós, pues como se ve su omisión contraviene con lo dispuesto en el numeral 17 constitucional. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2a/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado Fidel García Villanueva.

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