Roberto Sergio Embarcadero

Expediente 839/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
839/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Ríos Sánchez
  • Roberto Sergio Embarcadero
  • Roberto Sergio Embarcadero y Otros.
  • Lucio Vega González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de que en el presente juicio se sobreseyó, y atendiendo a que no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de destrucción. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la Circular SECNO/10/2021, de la que se advierte que en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que estableció como medida para los órganos jurisdiccionales del segundo circuito, entre otras, que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de éstos sería el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se aprobó la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, cuyo objetivo, en términos del artículo 1º de dicho Acuerdo, es la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; en consecuencia, se continúa con el trámite de este juicio de amparo. Vistas las constancias de autos, se advierte que el quejoso Eulalio Gallardo González, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que se transcribe a continuación: Autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Acto reclamado La omisión de otorgar los sustitutivos de la pena en el expediente de ejecución de sentencias 1026/2019, respecto de la condena de prisión que le fue impuesta en la carpeta administrativa 535/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por su responsabilidad en el delito de robo con modificativa agravante de haber recaído respecto de un vehículo automotor y haberse realizado en su ejecución la violencia. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, incido d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Dicho precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el caso, el quejoso reclama la omisión del Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México de otorgarle alguno de los sustitutivos de la pena, respecto de la condena de prisión que le fue impuesta en la carpeta administrativa 535/2019, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por su responsabilidad en el delito de robo con modificativa agravante de haber recaído respecto de un vehículo automotor y haberse realizado en su ejecución la violencia; sin embargo, de las constancias que informan a este juzgado relativas al expediente electrónico de ejecución de sentencias 1026/2019, que remitió el juez responsable, no se advierte que el quejoso hubiera solicitado a la autoridad jurisdiccional encargada de la ejecución de su condena que le otorgara dicho sustitutivo, de conformidad con el procedimiento que al efecto establece el artículo 116 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber: Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. En ese orden, si dichos preceptos establecen la posibilidad de que las personas sentenciadas puedan acudir ante el juez de ejecución para instar la referida controversia para solicitar cualquier cuestión que tenga relación con, entre otras cuestiones, la duración, modificación y extinción de la pena, es posible determinar que a través de ese medio ordinario de defensa, es posible que el juez de ejecución resuelva lo conducente sobre la pretensión del quejoso de que se le apliquen los sustitutivos respecto de la pena que le fue impuesta en la carpeta administrativa 535/2019, por su responsabilidad en el delito de robo con modificativa agravante de haber recaído respecto de un vehículo automotor y haberse realizado en su ejecución la violencia. En ese orden de ideas, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues como quedó de manifiesto, previo a promover el juicio constitucional, el quejoso deberá instar la controversia a que hace referencia los artículos 116 y 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; máxime que no se advierte la actualización de algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro; para lo cual, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en esta sentencia, así como la información reservada. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente al quejoso; por oficio a la autoridad responsable; por correo institucional a la defensora pública ****; y, por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que del proveído de uno del mes y año en curso, en el que se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; al día de la fecha en que fue programada la celebración de la audiencia constitucional, aún no transcurre en su totalidad el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.

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