Roberto Sántiz López o Roberto Sántiz Gómez
Expediente 200/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 13/08/2019
Partes del expediente
- Roberto Sántiz López o Roberto Sántiz Gómez
- Lic. Paola Etelvina Pérez Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA, POR MEDIO DEL CUAL ACUSA DE RECIBO LA RESPONSABLE...
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...SE TIENE POR CONSENTIDO EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DECLARO CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO...ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ESTABLECIDO SE ORDENA SU DEPURACION... FINALMENTE DEVUELVASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS DOCUMENTALES QUE ANEXO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBIENDO ACUSAR RECIBO DE ESTILO, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE LE IMPONDRA LA MULTA INDICADA...
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Visto; el estado de autos y tomando en consideración que mediante proveído de veinte de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el oficio 3202/2019 y anexo, signado por el Juez de Control de Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida por este órgano de control constitucional, remitiendo un DVD certificado que contiene audio y video de la audiencia correspondiente; ello para que las partes, dentro del término de tres días legalmente computados, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por dicha autoridad. Tal acuerdo se notificó al quejoso el veintiséis de junio del año en curso, desahogando la vista respectiva el dos de julio siguiente, en el que manifestó lo siguiente: "Que por medio del presente escrito, vengo ante Usted para realizar MANIFESTACIONES EJECUTORIA DE SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 200/2019-VIII interpuesto por mi autorizante el quejoso C. ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo y a efecto de que dichas manifestaciones de inconformidad surtan sus efectos legales correspondientes y sean tomadas en consideración al momento de emitir la resolución sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la responsable. Para lo cual procedo a realizar en la siguiente forma: I.- Antecedentes Con fecha trece de junio de dos mil diecinueve y su continuación con fecha 18 dieciocho de junio, se llevó a cabo la reposición de audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso del C. ROBERTO SANTIZ GOMEZ en el cuadernillo de exhorto 19/2019 dictado en la causa penal 19/2018 en cumplimiento a lo ordenado en el amparo indirecto 200/2019 dictado por el Juez Quinto de Distrito de Amparo y juicios Federales. II.- Autoridades responsables Autoridad Ordenadora: Licenciado Manuel Martin Antonio Álvarez en su calidad de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainala. Autoridad Ejecutora: Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 catorce "El Amate" III.- Conformidades en el Desarrollo de la audiencia, en la formulación de imputación y vinculación a proceso Siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día trece de junio de dos mil diecinueve, dio inicio la audiencia en la que estando presente el Licenciado Manuel Martin Antonio Álvarez en su calidad de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtia y Copainala, cumpliendo con las formalidades del procedimiento y una identificada las partes, dio la palabra a la C. Fiscal del Ministerio Público de nombre, HILDA MARTHA GÓMEZ OVANDO, Fiscal de! Ministerio público Adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, sin embargo el suscrito defensor solicitó al Sr. Juez de Control se le concediera el uso de la voz a efecto de solicitar se abriera audiencia para calificar la legal detención del SR. ROBERTO SANTIZ GOMEZ, bajo el planteamiento de que si bien es cierto no estamos en presencia de una detención en flagrancia sin embargo en el momento de la detención del SR. ROBERTO SANTIZ GOMEZ se cometieron violaciones a Derechos Humanos, además de que en el procedimiento de esta audiencia se debía dar cumplimiento a la concesión del amparo 200/2019 específicamente a lo dispuesto en lo contenido en el folio 49 de la sentencia de amparo y en el CONSIDERANDO SEPTIMO, EFECTOS DE LA CONCESION DE AMPARO, dictado por el JUEZ QUINTO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, justificar la detención y la necesidad de cautela, ante dicho planteamiento El Juez de Control resolvió que no ha lugar sobre la petición planteada, sin embargo ordeno a la Fiscal de Ministerio Público la apertura de carpeta de investigación por el delito de lesiona en contra del C. ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, en contra de quien o quienes resulten responsables. Seguidamente la C. HILDA MARTHA GÓMEZ OVANDO, Fiscal del Ministerio público Adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, formulo imputación por el Delito de Motín, Previsto en el artículo 353 del Código Penal del Estado de Chiapas, conforme a lo siguiente: PRIMERO. SOLICITUD DE FORMULACION DE IMPUTACIÓN. La C. Fiscal del Ministerio Público de nombre, HILDA MARTHA GÓMEZ OVANDO, Fiscal del Ministerio público Adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, sin sujetarse a los lineamientos de la sentencia de amparo, FORMULÓ IMPUTACIÓN al C. ROBERTO SANTIZ LÓPEZ Y/O ROBERTO SANTIZ GÓMEZ por el delito de MOTIN, previsto y sancionado en el numeral 353, en relación a los numerales 10, 14, párrafos primero, fracción 1, 15, párrafos primero y segundo y 19, fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas., sin que solicitara y motivara la aprehensión del imputado C. ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, incluida la necesidad de cautela en términos de lo dispuesto en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exponiendo y no leyendo los datos de prueba, mismos datos de prueba que expuso. NSEGUNDO. SOLICITUD DE VINCULACIÓN A PROCESO, la SOLICITUD-DE VINCULACIÓN A PROCESO de la C. Fiscal del Ministerio Público de nombre, HILDA MARTHA GÓMEZ OVANDO, Fiscal del Ministerio público Adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena, fue por el delito de MOTIN, previsto y sancionado en el numeral 353, en relación a los numerales 10, 14, párrafos primero, fracción 1, 15, párrafos primero y segundo y 19, fracción 111, del Código Penal del Estado de Chiapas, s\n justificar la orden de aprehensión v la necesidad de cautela, y sin exponer datos de prueba idóneos, suficientes v pertinentes que cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, bajo el argumento de economía procesal y de evitar obvias repeticiones que no fueron expuestos en el momento de formular imputación, lo anterior constituyen desacato a lo ordenado en la sentencia de amparo en el considerando séptimo, además causan una violación manifiesta al debido proceso e incumple con lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. TERCERO. Ante la formulación de imputación y la solicitud de vinculación contra del C. ROBERTO SANTIZ LÓPEZ y/o ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, sugirió al imputado solicitar ampliar el plazo a 144 horas para que se resolviera su situación jurídica, por lo que ante tal solicitud del Juez de Control Fijo la 14:30 Catorce horas con treinta minutos del día 18 dieciocho de junio de 2019 dos mil diecinueve. CUARTO. RESOLUCIÓN DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. En continuidad a la audiencia, con fecha 18 dieciocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, la defensa dio respuesta a los argumentos expuestos por la fiscalía en la FORMULACION DE_ IMPUTACIÓN Y SOLICITUD DE VINCULACION A PROCESO en contra del C. ROBERTO SANTIZ LÓPEZ Y/O C. ROBERTO SANTIZ GÓMEZ, demostrando que se trata de persona diversa, para lo cual previamente a la audiencia la defensa corrió traslado a la fiscalía mediante descubrimiento probatorio consistente de documentales y testimoniales a favor de ROBERTO SANTIZ GOMEZ relevancia y pertinencia consistente en acreditar el nombre correcto de ROBERTO SANTIZ GOMEZ, persona que no guarda identidad a quien ejecutaron la orden de aprehensión, por ser persona diversa. En el desarrollo de la audiencia se incorporaron las pruebas documentales y testimoniales y se demostró que ROBERTO SANTIZ GOMEZ a quien le ejecutaron la orden de aprehensión no guarda identidad con ROBERTO SANTIZ LÓPEZ, además de que mediante las testimoniales se demostró que no participo en el ilícito que le pretenden atribuir, en consecuencia el Licenciado Manuel Martin Antonio Álvarez en su calidad de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtia y Copainala, en el momento de emitir su resolución resolvió NO VINCULAR A PROCESO por el delito al de "MOTÍN", previsto\en el artículo 353 del Código Penal del Estado de Chiapas. ^ Por lo que mediante el presente escrito venimos ante Usted Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, manifestando nuestra conformidad con la resolución del Licenciado Manuel Martin Antonio Álvarez en su calidad de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainala, en el cuadernillo de exhorto número 19/2019 de la causa penal 19/2018 en la cual resolvió no vincular a proceso por el delito al de "MOTÍN", previsto en el artículo 353 del Código Penal del Estado de Chiapas en contra del C. ROBERTO SANTIZ GOMEZ por tratarse de persona diversa. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, en el sentido de que éstas constituyen una cuestión de orden público, en la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En treinta de abril de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, dictándose sentencia en la misma data, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez, a efecto que el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, realizara lo siguiente: Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, deje insubsistente la audiencia de imputación de cinco de febrero de dos mil diecinueve y el auto de vinculación a proceso de siete del mismo mes y año, emitida en la causa penal 19/2018, contra el quejoso Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, en relación a los numerales 10, 14, párrafos primero, fracción I, 15, párrafos primero y segundo y 19, fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas. Reponga el procedimiento desde dicho momento, señalando para tal efecto nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de imputación y vinculación o no vinculación a proceso, a fin que subsane la irregularidad consistente en la transgresión a la característica de oralidad de los procesos penales, vigilando que la representación social dé cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 44 y 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Deberá propiciar que la fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrá leer registros de la investigación para apoyo de memoria, previa solicitud de autorización para ello, teniendo en cuenta además, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la aprehensión de los imputados, incluida la necesidad de cautela, exponiendo y no leyendo los datos de prueba con los que considere se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; y, En su oportunidad, con libertad de jurisdicción resolver lo que en derecho corresponda en cuanto a la vinculación a proceso solicitado por el Fiscal del Ministerio Público. De igual forma, siguiendo los lineamientos de la presente resolución, prescinda de clasificar la conducta de la antes nombrada por el hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de la seguridad pública y de la nación. Con fundamento en el artículo 141, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en uso de su facultad jurisdiccional, determine si es posible reclasificar la conducta del imputado por diverso delito, debiendo especificar la hipótesis que se actualiza." FIRMEZA DE LA SENTENCIA. Mediante acuerdo de veinte de mayo de este mismo año, causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio, lo que se hizo del conocimiento del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno y Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Catorce, "El Amate", ambos con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, requiriéndoles para que dieran cumplimiento a la concesión del amparo (foja 233-234). Lo cual aconteció mediante oficio 2370/2019, recibido en la oficialía de partes de este juzgado federal el veintisiete de mayo del año en curso, dándose vista a las partes, para que dentro el término de tres días se manifestaran respecto al cumplimiento, por lo que en auto de seis de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado Federal, tuvo por no cumplido el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable vulneró las formalidades del procedimiento al permitir que la fiscal diera lectura a las constancias que integran la carpeta de investigación, vulnerando la característica constitucional y esencial de oralidad que debe observarse en el proceso penal. Por lo anterior, se requirió nuevamente al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que dentro de los tres días siguientes, remitiera el cumplimiento al fallo protector, apegándose a los lineamientos que le fueron establecidos para tal efecto en el mismo. ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Mediante oficio 3202/2019, recibido el veinte de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, remitió DVD certificado de la audiencia pública y oral celebrada el dieciocho de junio del presente año, dejando insubsistente la audiencia inicial de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el hecho que la ley señala como delito de MOTIN, y en su lugar dictó un nuevo auto de no vinculación a proceso a favor de Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez. Del examen del disco DVD que contiene audio y video del acto reclamado, remitido por la responsable, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 109 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa en su artículo 2°, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Relativo a dicha prueba, se debe precisar, que adquieren el valor probatorio de referencia, al haber sido certificados por la autoridad responsable, quien actuó en cumplimiento a sus funciones y con motivo de ellas, pues, de la reproducción de los discos compactos con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia relativa al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo, es accesible para su posterior consulta, además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; luego, se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 217 del citado Código Adjetivo Civil Federal al equipararse a inspecciones judiciales. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, visible en la página 703, cuyo contenido es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." [Lo resaltado es de este Juzgado] VISTA CON EL CUMPLIMIENTO. Por acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Robustece lo anterior, la Tesis 2a./J.26/2000, visible en la página 243, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, que es del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Reproducida anteriormente) ANÁLISIS EVALUATIVO En tales circunstancias, en la siguiente tabla se muestra como la autoridad responsable acató los lineamientos antes transcritos. TÉRMINOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABLE. El Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, deje insubsistente la audiencia de imputación de cinco de febrero de dos mil diecinueve y el auto de vinculación a proceso de siete del mismo mes y año, emitida en la causa penal 19/2018, contra el quejoso Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, en relación a los numerales 10, 14, párrafos primero, fracción I, 15, párrafos primero y segundo y 19, fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas. Reponga el procedimiento desde dicho momento, señalando para tal efecto nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de imputación y vinculación o no vinculación a proceso, a fin que subsane la irregularidad consistente en la transgresión a la característica de oralidad de los procesos penales, vigilando que la representación social dé cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 44 y 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: * Deberá propiciar que la fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrá leer registros de la investigación para apoyo de memoria, previa solicitud de autorización para ello, teniendo en cuenta además, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la aprehensión de los imputados, incluida la necesidad de cautela, exponiendo y no leyendo los datos de prueba con los que considere se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; y, * En su oportunidad, con libertad de jurisdicción resolver lo que en derecho corresponda en cuanto a la vinculación a proceso solicitado por el Fiscal del Ministerio Público. De igual forma, siguiendo los lineamientos de la presente resolución, prescinda de clasificar la conducta de la antes nombrada por el hecho que la ley señala como delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de la seguridad pública y de la nación. Con fundamento en el artículo 141, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en uso de su facultad jurisdiccional, determine si es posible reclasificar la conducta del imputado por diverso delito, debiendo especificar la hipótesis que se actualiza. El Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, por oficio 3202/2019, recibido el veinte de junio de dos mil diecinueve, en cumplimiento al auto de seis de junio de dos mil diecinueve, que tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, remitió DVD certificado de las audiencias públicas y orales celebradas la primera el trece de junio del presente año, en la que dejó insubsistente la audiencia inicial de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y se imputo de nuevo por el hecho que la ley señala como delito de MOTIN, asimismo, amplió el plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas de conformidad con el segundo párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalando las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de junio de la presente anualidad, para la continuación de la audiencia incidental; asimismo, en la continuación de la audiencia dictó un nuevo auto de no vinculación a proceso a favor de Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez, por el delito antes precisado. Así una vez analizada la actuación del Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, se advierte que primeramente dejó insubsistente la audiencia de imputación de cinco de febrero de dos mil diecinueve y el auto de vinculación a proceso de siete del mismo mes y año, emitida en la causa penal 19/2018, contra el quejoso Roberto Santiz López y/o Roberto Santiz Gómez, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, previsto y sancionado en el artículo 369, en relación a los numerales 10, 14, párrafos primero, fracción I, 15, párrafos primero y segundo y 19, fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas. Asimismo, en cumplimiento a los numerales 44 y 313, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable solicitó al órgano acusador realizara las imputaciones correspondientes, respetando el principio de oralidad, absteniéndose de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones, sino que por el contrario expresara argumentación y conocimiento del asunto, tal y como se observó en lo expuesto por el Juez de Control en la audiencia de trece de junio de dos mil diecinueve, en el minuto 11:54 y 11:55, la fiscal del ministerio público, desde el minuto 11:56:00 expuso de manera espontánea los hechos que obraban en las constancias de la carpeta de investigación e imputando el delito de Motín al imputado. Continuando con el desarrollo de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el término ampliado por la autoridad responsable, resolviendo los argumentos formulados por la fiscal del ministerio público y los contra argumentos de la defensa, procedió en el minuto 21:26:44 a dictar la resolución correspondiente, por lo que en términos de lo previsto por los artículos 19 de la Constitución Política y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, analizó y justificó con los datos de prueba ofrecidos por el ministerio público determinando que son idóneos suficientes y pertinentes para la existencia del delito que la ley señala como Motín previsto y sancionado en el artículo 353 fracción I del Código Penal del Estado de Chiapas (minutos 21:29). Concluyendo a partir del minuto 21:44, el estudio de los elementos para emitir el auto de vinculación previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, al no existir razonabilidad en los datos de prueba, determinó atento a los principios de lealtad, objetividad y buena fe, por parte del ministerio público, en el minuto 21:57 dicto AUTO DE NO VINCULACION A PROCESO del quejoso Roberto Saniz Gómez o Roberto Santiz López. Por lo que es evidente que la autoridad ordenadora acató los lineamientos señalados en la ejecutoria dictada en el presente juicio, lo que se advierte del análisis del disco compacto de audio y videograbación que contiene el auto de no vinculación a proceso de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en virtud de que para el dictado de la nueva resolución se le devolvió jurisdicción a la responsable a fin de que emitiera la resolución que considerara conveniente. Así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debe concluirse que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, pues los efectos de la concesión del amparo fue para que el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, atendiera al principio de oralidad que rige al nuevo sistema de justicia penal y partiendo de ello, debía de calificar la patición realizada por el fiscal y con plena jurisdicción resolver lo que en derecho conviniere. Aspectos que se tienen por cumplido, toda vez que del archivo digital enviado en cumplimiento a la sentencia emitida por este juzgador, puede apreciarse que el juez responsable propició el hecho de que las partes expusieran de manera ordenada sus pretenciónes, dando prioridad al principio de oralidad que rige el nuevo sistema de Justicia Penal y en uso de la libertad en jurisdicción que le fue devuelta, dictó AUTO DE NO VINCULACION A PROCESO al quejoso citado, por el delito de Motìn previsto en el artículo 353, y sancionado en la fracción I, en relación a los numerales 10, 14 párrafos primero fracción I, 15 párrafos primero y segundo y 19 fracción III, del Código Penal del Estado de Chiapas. Además, la persona autorizada por el quejoso, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, el dos de julio del presente año, manifestó su conformidad con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, toda vez que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa, Tuxtla y Copainala, cumplió con las formalidades del procedimiento. Por ello y sin analizar la legalidad de la nueva resolución dictada en cumplimiento y al haberse satisfecho los puntos sobre los cuales, este órgano de control constitucional estimó convenientes conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, se determina que la sentencia dictada en este juicio de amparo HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Cobra aplicación por identidad jurídica, la Tesis de Jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente, como asunto concluido. Dése vista de lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo, a fin que pueda hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, signado por el licenciado José Ramón Pérez Villatoro, autorizado del quejoso Roberto Santiz Gómez, por medio del cual manifestó su conformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al efecto, se tienen por hechas sus manifestaciones en los términos que precisa, las cuales serán tomadas en consideración, en el momento procesal oportuno.
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