Roberto Sanchez Partida

Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
826/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Sanchez Partida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por la quejosa Carolina Solís Ruiz, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia del mismo y oportunamente envíense los presentes autos, así como el escrito original de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del recurso de revisión interpuesto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Judith Ventura Ávila, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 826/2022, promovido por Dony Emerson Pérez Bocanegra Roberto Sánchez Partida, Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos y Gonzalo Tamayo García, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula en funciones de ejecución y otras autoridades. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. A continuación la Secretaria da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 Demanda de amparo. 02-03 2 Auto admisorio 04-10 3 Emplazamiento a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación. 12-14 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Niega 44-59 2 Asistente del Despacho Judicial encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Niega 60 3 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. Niega 78-88 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La secretaria hace constar que, las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Documentales 45-59 2 Asistente del Despacho Judicial encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Documentales Un tomo bajo el resguardo de la Secretaria V de este juzgado. 3 Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. Documentales 79-88 Al respecto la Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Acto continuo, se abre la etapa de ALEGATOS, y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se les tiene por precluido tal derecho a todas las partes, con lo anterior se cierra este período. Posteriormente, al respecto se acuerda: ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 826/2022. 826/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de uno de julio de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, Dony Emerson Pérez Bocanegra, Roberto Sánchez Partida, Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos y Gonzalo Tamayo García, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que un apartado posterior se precisaran. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente 826/2022, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que una vez que se integró el expediente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que encabeza esta resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Así, del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del 1. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chiapas, 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, ambos con residencia en Tapachula y 3. Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, lo siguiente: El incumplimiento de la resolución dictada dentro de la Controversia 1942/2021, emitida el once de abril de dos mil veintidós, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que determinó fundada para los siguientes efectos: "Tener programada la televisión por lo menos una hora del día a fin de que ponga un canal en el cual se difunda el noticiero que la responsable elija; con la salvedad de que no sea un noticiero especializado en una sola materia." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chiapas, 2. Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, ambos con residencia en Tapachula y 3. Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados [fojas 44, 60 y 78]. Sin embargo, del contenido de sus informes justificados, se advierte que no se ha emitido pronunciamiento por parte del 1. Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Chiapas, que declaré el cumplimiento de la controversia 1942/2021; por tanto, se desvirtúa la mencionada negativa y se tienen por cierto el acto reclamado especificado en el considerando segundo de la presente resolución, por lo que así se le tiene para todos los efectos legales conducentes. Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron como apoyo a su informe, medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de documentos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO.- Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en perjuicio de los quejosos algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En suma, se reitera que la parte quejosa reclama el incumplimiento de la resolución emitida por el juez federal responsable el once de abril de dos mil veintidós, en la controversia 1942/2021, en la que se determinó que se debía: "Tener programada la televisión por lo menos una hora del día a fin de que ponga un canal en el cual se difunda el noticiero que la responsable elija; con la salvedad de que no sea un noticiero especializado en una sola materia." Ahora bien, los dispositivos 124 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen: Artículo 124. Sustanciación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Artículo 129. Ejecución de la resolución. La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. De la lectura íntegra de dichas disposiciones se advierten dos etapas relacionadas con el cumplimiento a las determinaciones emitidas por la autoridad jurisdiccional en materia de controversias en ejecución. En un primer momento, esto es, al admitir la controversia la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes, para lo cual requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva (art. 124). En un segundo momento, dicha normatividad estatuye que en ejecución de la resolución definitiva emitida en la controversia, ésta se ejecutará una vez que quede firme; que transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Asimismo, prevé que cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Inclusiva, el dispositivo 129 transcrito indica que cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. De igual forma, se establece que si la autoridad informa que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Que cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Y finalmente, se establece que cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Ahora bien, las medidas de apremio que autoriza dicha legislación se encuentran previstas en los dispositivos 25 fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria, las cuales refieren: Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: .IX. Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones;. Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: .II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable. En vista de las invocadas disposiciones, este juzgado estima que tratándose de escenarios como el descrito, en que se reclame la omisión del juez de ejecución para hacer cumplir sus determinaciones emitidas en las controversias constitucionales, ya sea en su trámite o en el cumplimiento de la resolución que las resuelva, cuenta con medios de apremio conducentes y directos para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria correspondiente. Así, tenemos que en atención a la controversia 1942/2021, la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 15 "CPS-Chiapas", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, por oficio SSPC/PRS/CGCF/CFRS15/DG/012745/2022 de uno de agosto de dos mil veintidós, manifestó haber dado cumplimiento a la determinación de once de abril de la anualidad en curso, remitiendo copia de la programación de televisión de ese centro penitenciario del veinticinco al treinta y uno de julio, del que se advierte una hora de noticias diarias en el canal 102 (foja 82). Lo cual, conforme al artículo 129, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentra pendiente de dar vista a las personas privadas de su libertad y a su defensa para pronunciarse sobre el cumplimiento, pudiendo manifestar su inconformidad, ante lo cual, se correrá traslado a la autoridad penitenciaria para que se pronuncie al respecto. Así, una vez transcurra el plazo que otorgue, el Juez responsable procederá a determinar si la resolución fue cumplida, parcialmente o que es de imposible cumplimiento, dando a la autoridad penitenciara un término que no exceda de tres días para que, de no encontrarse debidamente cumplida, proceda a acordar lo conducente y, de no hacerlo aplicará las medidas de apremio que correspondan. Empero, queda a cargo de los quejosos, solicitar el requerimiento de su cumplimiento y la aplicación de los medios de apremio aludidos, pues así se advierte del artículo 124 y 129 párrafo segundo, transcritos, que facultan al accionante de la controversia a peticionar al juez de ejecución la aplicación de la medida coercitiva. De modo que, el quejoso cuenta con la facultad de pedir a la autoridad jurisdiccional responsable la aplicación de los medios de apremio para vencer la contumacia de la autoridad penitenciaria al no dar cumplimiento a sus determinaciones; luego, el acto así reclamado no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados por el impulso procesal que corresponde a las partes. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues está supeditado a que la parte quejosa solicite la ejecución forzosa de la resolución del juez en dicha controversia, lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos. Por su alcance interpretativo, es aplicable la tesis XVII.2o.12 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro digital: 2022076, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 935, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL. Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutelan los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que éste no es arbitrario y evitar indefensión-. Por su parte, el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista los medios de apremio que puede emplear el órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, sin precisar algún procedimiento para su aplicación, incluso, los artículos 57, párrafo último y 59, permiten que puedan aplicarse de manera indistinta. Del proceso legislativo que dio origen a ese código no se advierte alguna consideración sobre las medidas de apremio. Así, una interpretación literal del artículo 104, fracción II, conduciría a concluir que sólo se exige el apercibimiento para imponer arresto, en términos de su párrafo penúltimo. Sin embargo, la interpretación conforme de dicha norma, a la luz de los artículos constitucionales citados, permite concluir que, por regla general, el apercibimiento es un elemento indispensable previo a imponer cualquier medida de apremio, pues sólo a través de esa advertencia de la autoridad jurisdiccional, la persona está en aptitud de conocer la consecuencia jurídica de su contumacia. Este resultado hermenéutico protege de manera más amplia los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en términos del artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal y, además, guarda congruencia con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las contradicciones de tesis 46/99-PS y 125/2007-PS, de las que derivaron, respectivamente, las jurisprudencias 1a./J. 20/2001, de rubro: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS)." y 1a./J. 60/2008, de rubro: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO NECESARIAMENTE DEBE DETERMINARSE SU TEMPORALIDAD DESDE EL APERCIBIMIENTO.". Además, estimar que el apercibimiento no es un requisito que deba mediar antes de imponer una medida de apremio, implicaría equipararlas a infracciones por incumplimiento a disposiciones legales, lo cual no es admisible si se considera que participan de una naturaleza distinta, pues éstas son consecuencias jurídicas específicas que establece el órgano legislativo frente a conductas determinadas y que son del conocimiento de las personas desde la entrada en vigor del ordenamiento respectivo, en tanto que las medidas de apremio son herramientas de la autoridad judicial para que sus órdenes concretas se cumplan, ante cuyo desacato tiene la facultad para elegir discrecionalmente e imponer una sanción de entre las previstas limitativamente en la ley; y es precisamente esta discrecionalidad para determinar la medida de apremio aplicable a cada caso, lo que propicia inseguridad jurídica en los justiciables, que sólo se corrige con el apercibimiento previo. Lo anterior es acorde con el razonamiento que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 431/2013, de la que surgió la jurisprudencia 1a./J. 35/2014 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En conclusión, el acto reclamado no causa un perjuicio a la parte quejosa que sea de imposible reparación; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, es procedente su sobreseimiento. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dony Emerson Pérez Bocanegra, Roberto Sánchez Partida, Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos y Gonzalo Tamayo García, por los actos reclamados a las autoridades responsables, en los términos precisados en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, con el cual en atención al requerimiento efectuado el quince de agosto de dos mil veintidós, el Defensor Público Federal adscrito, informa que el treinta y uno de agosto del año en curso, se constituyó al Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, para realizar visita carcelaria únicamente a los quejosos Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos y Gonzalo Tamayo García, anexando acta de visita carcelaria. Atento a lo anterior, se tiene por hechas sus manifestaciones y por cumplido el requerimiento antes mencionado; asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en acuerdo de quince de agosto del presente año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de agosto de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Ahora bien, del análisis del contenido del informe justificado que antecede y de las constancias anexas, se JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 aprecia que se actualiza una posible causa de improcedencia, debido a que la autoridad penitenciaria responsable informa y acredita que dio cumplimiento a la ejecutoria derivada de la controversia 1942/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En tal virtud, con apoyo en el numeral 64 de la ley de amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de ser omisa, se continuará con el trámite que corresponda. Tiene aplicación al caso, la tesis 1a. CCV/2018 (10a.), con número de registro 2018702, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, si bien es cierto que el precepto mencionado no establece explícitamente que se podrán ofrecer medios de prueba que demuestren la no actualización de esa causa de improcedencia, es evidente que se debe brindar la oportunidad amplia a las partes para que al momento que se les da la vista, no sólo puedan argumentar sino también probar. Esta interpretación es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que toda persona tiene derecho a, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el propósito de que mediante un proceso, en el que se respeten las formalidades esenciales, se decida sobre la pretensión o la defensa; siendo una de esas formalidades, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para demostrar su pretensión." REPRESENTANTE COMÚN Por otra parte, toda vez que del informe se desprende que el quejoso Roberto Sánchez Partida, fue trasladado a diverso centro penitenciario el treinta de junio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo representante común en el presente juicio de amparo al diverso quejoso Jaime de Jesús Corrales Romero, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, se comisiona al actuario para que practique la notificación ordenada en acuerdo de quince de los corrientes, al quejoso señalado en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente al representante común y a la defensa. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano