Roberto Sánchez González

Expediente 1197/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1197/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Roberto Sánchez González
  • Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, informen sobre el acatamiento dado a la suspensión definitiva otorgada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar, y tomando en consideración que a la fecha no se encuentra debidamente cumplida la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente al Presidente Especial y Auxiliar de la Mesa F ambos de la Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que sin excusa ni pretexto dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente en el que se encuentra señalada la fecha para el desahogo de la prueba pericial, esto es, el trece de junio de dos mil dieciocho, remitan copias certificadas de las constancias en las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector, esto es, desahogue la prueba pericial, ofrecida en el juicio laboral 2571/2010-F; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá a cada una de las omisas una multa.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscriben el Presidente Auxiliar, el Actuario Notificador y el Secretario, todos de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del contenido de las aludidas constancias, se evidencia una causal de improcedencia indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2ª./J 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Ahora bien, en atención a lo anterior, este juzgador decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en atención a las consideraciones que a continuación se precisarán. Cabe destacar, que la parte quejosa en esta vía constitucional reclama de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como del Presidente Auxiliar de la Mesa E, adscrito dicha Junta, lo siguiente: "[.] IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME:- De la SEXTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, reclamo la omisión en que ha incurrido de vigilar la actuación del C. Presidente Auxiliar de la Mesa E de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, respecto del juicio laboral de origen 892/2016-E para que se esté desarrollando el procedimiento de conformidad a lo previsto por la Ley Federal del Trabajo.- Del C. Presidente Auxiliar de la Mesa E de la SEXTA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓMN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO, reclamo en general todo lo actuado dentro del procedimiento laboral número 892/2016-E y en particular la omisión de la autoridad en no resolver el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES de fecha 11 Once de Julio del año 2017, ya que desde el momento que se presentó dicho INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES hasta la fecha no ha existido ningún tipo de resolución por parte de la autoridad, en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, de las documentales que se adjuntaron al informe con justificación, consistente en copia certificada de la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se advierte, que con tal fecha la responsable emitió resolución por la cual declaró procedente el incidente de nulidad promovido por la codemandada Ana María Alcoser Elizarraras, dentro del juicio laboral de origen; documental que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, como se precisó, toda vez que la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones de fecha once de julio de dos mil diecisiete; y, con la constancia reseñada en párrafos que anteceden se acredita que la responsable el nueve de mayo pasado, emitió resolución por la cual declaró procedente el incidente de nulidad promovido por la codemandada Ana María Alcoser Elizarraras, dentro del juicio laboral de origen; en tal situación, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que con aquello se constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido, por tanto, no puede continuar surtiendo efectos. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la quejosa; en consecuencia, resulta indiscutiblemente improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna. Es aplicable la tesis número P. CL/97, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Sustenta este mismo criterio la tesis 2ª./J. 9/98, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las condiciones apuntadas, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la citada legislación, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Así como, por las razones que la informan, la tesis XIV.1º.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1235, del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". (Lo subrayado es de este Juzgado de Distrito, para evidenciar la hipótesis aplicable al caso). Por tanto, se ordena dejar sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el oficio que suscriben los Delegados del Director General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mediante el cual, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y remite anexos; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar y tomando en consideración que en proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó suspender el procedimiento en el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes y se remitieron los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, con motivo de la queja interpuesta, por lo que, este Juzgado de Distrito, se reserva a proveer lo que en derecho corresponda hasta que se resuelva dicho recurso y se levante la suspensión del procedimiento.

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