Roberto Sánchez Águilar
Expediente 175/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Sánchez Águilar
- Roberto Sánchez Águilar y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo que promovieron *****, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
(notificación por medio de lista a la parte quejosa)En veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta con un escrito, con folio de recepción 2708. Conste. La secretaria. Lic. Ileana Patricia Infante Martínez San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos para que obre como corresponda, el escrito y anexo signado por *****; mediante el cual, cumple con la prevención realizada en auto de diecisiete de febrero del año en curso y precisan que el acto reclamado es: "La resolución Dictada en la Causa Penal ***** por el Licenciado ****, Juez de Control del Circuito Judicial en Materia Penal de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con fecha treinta de enero del año dos mil veintidós, a favor del señor *****. Por el hecho que la Ley señala delito (sic) de fraude que se ha cometido de los suscritos". Asimismo, se le tiene a la segunda de los promoventes, aclarando que su nombre correcto es ***** y no *****, como lo asentó en su escrito inicial de demanda. Desechamiento. En el caso concreto se estima, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Al respecto resulta necesario precisar que el principio de definitividad en materia de amparo, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Se afirma lo anterior porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdicción ordinaria debe agotarse previamente. En ese sentido, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 355/2019 estableció que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C, del artículo 20 de la Constitución federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, porque, con independencia de que el auto de no vinculación a proceso no hace referencia expresa a esos derechos, lo cierto es que sí genera un efecto indirecto sobre ellos. Aunado a ello precisó que para corroborar esta afirmación, era necesario interpretar lo que establecen los artículos 318 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte -dijo- que con la no vinculación, no se continuará con la investigación, en su fase complementaria, lo que impedirá que se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y su correspondiente condena de reparar el daño. Entonces, resulta claro que el auto de no vinculación a proceso cancela de facto que la reparación del daño ocurra. Además, si bien, el Ministerio Público puede seguir la investigación y formular una nueva imputación, ello dependerá de que éste decida ejercer sus facultades para tal efecto. En ese contexto, señaló que la legitimación de la víctima u ofendido del delito para interponer recurso de apelación, también asegura su derecho de acceso a la justicia, pues a través de una revisión, por parte del tribunal de alzada, de la decisión de no vincular a proceso se controla la legalidad de la misma, pues dadas las consecuencias que trae consigo dicha determinación (y a la que nos hemos referido en párrafos que anteceden) debe asegurarse que la misma se actualice solo en los casos en que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación. Concluyendo que las víctimas y ofendidos sí están legitimados para interponer el recurso de apelación en contra de tal determinación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, en virtud de que dicha norma los faculta expresamente para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito y además porque con dicha legitimación se asegura su derecho de acceso a la justicia. Derecho que pueden ejercer aunque no se hayan constituido como coadyuvantes del Ministerio Público. Decisión que se adoptó, porque es la que mejor garantiza el respeto y cumplimiento de los derechos de acceso a la justicia y de reparación del daño de las víctimas u ofendidos por un ilícito de índole penal, mismos que se encuentran ubicados dentro del apartado material del ordenamiento de mayor jerarquía de nuestro sistema jurídico. En el caso concreto se tiene que los quejosos reclaman del juez responsable Juzgado de Control del Circuito Judicial en Materia Penal de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, el auto de no vinculación a proceso dictado a favor de *****, dictado en la causa penal *****, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude genérico. En tal virtud, si conforme al artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que contra tal determinación es procedente el recurso de apelación, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta inconcuso que la parte quejosa tenía la obligación de agotar dicho medio de defensa previo a la promoción del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 295, con número de registro digital 2022501, de rubro y texto: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Sin que en el caso se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, porque como se precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencialmente la procedencia del medio ordinario de defensa en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 971, con número de registro digital 2017808 de rubro y texto: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo.
- Principal
(notificación a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda de amparo que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el quince de febrero del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, que promovieron **** y **** o ****, contra actos del Juez de Control de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 175/2022. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. Prevención de la demanda. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, esa circunstancia tendrá que ser postergada, toda vez que existe una irregularidad que requiere ser proporcionada, pues conforme al precepto 114 de la Ley de Amparo, todo solicitante de la protección de la Justicia Federal, debe expresar con precisión y de forma clara qué actos le atribuye a la autoridad designada como responsable. Por otro lado, el arábigo 108, fracción III de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo indirecto deberá expresarse, entre otros aspectos, el siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame [.]" Ahora bien, en el presente caso el solicitante de amparo, omitió el capítulo de acto reclamado, sin que pase por alto esta autoridad que en el capítulo de hechos y antecedentes, destaca lo siguiente: "IV. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto a usted, que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: A). LA RESOLUCIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2022, DICTRADA EN LA CAUSA PENAL ****, RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL JUEZ DE CONTROL *****, Dicto el Auto de No Vinculación a Proceso a favor del señor *****. (.)" Bajo esa tesitura, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias simples de ley, para correr traslado a las partes, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Diga cuál es el acto reclamado. Sobre esta prevención, es aplicable, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 393 del tomo CVIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 368564, con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXV, página 3192, con registro 329080, de rubro: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL." Y la jurisprudencia IV.3o.A. J/18 (9a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3709, de rubro "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA". Apercibimiento. Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Además, dígasele a la parte quejosa y a sus autorizados, que la afirmación de hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el (los) acto (s) reclamado (s), con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se encuentra considerado como delito en términos de lo previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta y por autorizada en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones a ***** por no encontrarse registrada su cédula profesional en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADO DE DISTRITO". En tanto que, respecto al resto de las personas designadas, únicamente se les tiene como autorizadas para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado de manera expresa la parte quejosa. Se toma nota del número telefónico y correo electrónico que proporciona para establecer comunicación no procesal. Acceso, consulta y notificación electrónica. Por otra parte, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Asimismo, con la finalidad de que este Juzgado se encuentre en condiciones de impartir una justicia pronta y expedita, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita a las partes para que proporcionen un correo electrónico o un número telefónico; lo anterior, atendiendo a la contingencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19 y para poder entablar comunicación, en caso de ser necesario; sin que ello, implique que las notificaciones se les realice por dicho medio. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Notificación a las partes. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las autoridades que tengan el carácter de responsables que en este juicio sólo le serán notificadas mediante oficio, en su residencia oficial, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos y gratuidad de los servicios. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas se hará previa solicitud y autorización previa solicitud y autorización por acuerdo, que se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notificación y envío de oficio. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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