Roberto Salvador Reyes Díaz

Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Salvador Reyes Díaz
  • Fiscalía Estatal de Jal isco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Colegiado comunica. Se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la sentencia de tres de agosto de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la revisión principal 314/2022 interpuesto por Roberto Salvador Reyes Díaz, aquí partes quejosas. Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Roberto Salvador Reyes Díaz, por los motivos y fundametos precisados en la sentencia recurrida." Por lo anterior, se toma nota y se ordena acusar el recibo de estilo, para los efectos legales conducentes. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Orden de depuración. Toda vez que en el presente asunto confirmo la sentencia impugnada que por una parte sobreseyó el presente juicio y por otra, se negó el amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en la fracción III, inciso a del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el dos de junio del dos mil veintitrés; por tanto, será conservable una vez que transcurra el plazo de conservación tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. En cuanto al original del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 20, fracción III, del Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se negó a la parte quejosa; y, el duplicado es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable dos sobres de constancias que remitió. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a tres de junio de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado informa. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano colegiado admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Nota de registro de revisión principal. Se toma nota que se registró como revisión principal 314/2022; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mich

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 743/2021, promovido por Roberto Salvador Reyes Díaz, contra actos del Director General de la Fiscalía Estatal de Jalisco Constitucional del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el trece de mayo de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Roberto Salvador Reyes Díaz solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Demanda registrada con el número 743/2021, posteriormente, en proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados, después, al haber cumplido parcialmente la prevención de referencia en proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el primero de los acuerdos antes aludidos, por lo que, se procedió a realizar pronunciamiento respecto de la admisión o desechamiento de la demanda sin tener como autoridad responsable al Director de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a quien el quejoso atribuyó los siguientes actos reclamados: "A) La falta de notificación debidamente fundada y motivada de la terminación de mi nombramiento, B) La falta de la orden aplicación de los exámenes de control y confianza, para acreditar mi permanencia, así como sus consecuencias jurídicas y materiales. C) La indebida baja administrativa que se haga a partir de que fenezca mi incapacidad; así como sus consecuencias jurídicas y materiales. D) La falta renovación de mi nombramiento E) La negativa a entregarme mi indemnización a que por derecho corresponde." De igual forma, en el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, antes aludido, se admitió a trámite la demanda, respecto de las autoridades: Director General de la Fiscalía Estatal de Jalisco. Director General de la Dirección General Administrativa de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y, Comandante del Área de Robo a Negocios adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Se requirió a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (folios 151 a 153), se admitió la ampliación de demanda por actos reclamados al i) Fiscal del Estado de Jalisco y ii) la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco consistente en la notificación de terminación de nombramiento, se requirió por los informes justificados respectivos y se dio vista al Agente del Ministerio Público respecto de la ampliación de demanda. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Fiscal del Estado de Jalisco. La negativa a expedirle-renovarle nombramiento a partir del 21 veintiuno de abril de dos mil veintiuno y consecuencias jurídicas y materiales. La conclusión del nombramiento del quejoso antes de concluir la incapacidad vigente al quince de abril de dos mil veintiuno. La falta de renovación del nombramiento de policía investigador adscrito a las Fiscalía General del Estado. Director General de la Dirección General Administrativa de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La omisión de notificar justificadamente al quejoso la terminación del nombramiento de policía investigador. La separación de las funciones operativas y administrativas del quejoso. Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y, La falta de aplicación de los exámenes de control y confianza, para acreditar su permanencia. La falta de aplicación del proceso de reevaluación para la apertura del proceso de separación y de los exámenes de control y confianza, para acreditar su permanencia. Comandante del Área de Robo a Negocios adscrito a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. La separación de las funciones operativas y administrativas del quejoso. Con motivo de la ampliación de demanda: Fiscal del Estado de Jalisco y, Director de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La notificación de terminación del nombramiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco (folios 89 al 101 de autos), ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, ocasión en la que, en lo que aquí interesa señaló: ". NO ES CIERTO, toda vez que el quejoso si fue programado para su proceso de reevaluación en control de confianza por su cargo de Policía investigador B adscrito a la Fiscalía Estatal de Jalisco. En efecto, el impetrante de garantías fue programado al proceso de reevaluación en control de confianza de conformidad con el artículo 5 inciso d) de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, sin embargo, fue omiso en presentarse, por lo que mediante oficio CESP/CEECC/RI/NA/0244/2020 se notificó el resultado obtenido por el quejoso a la Fiscalía Estatal de Jalisco, del cual se anexa copia certifica (sic) en sobre cerrado; ." De igual forma resulta inexistente el acto reclamado al Fiscal del Estado (fojas 105 a 122), consistente en: La negativa a expedirle-renovarle nombramiento a partir del 21 veintiuno de abril de dos mil veintiuno y sus consecuencias jurídicas y materiales y Los reclamados al Director General de la Dirección General Administrativa de la Fiscalía del Estado de Jalisco (fojas 127 a 130), consistentes en: La omisión de notificar al quejoso la terminación del nombramiento de policía investigador. La separación de las funciones operativas y administrativas del quejoso. Así como el reclamado al Comandante del Área de Robo a Negocios de la Fiscalía del Estado de Jalisco (fojas 131 a 134), consistente en: La separación del cargo de policía investigador y sus consecuencias jurídicas y materiales de dicho acto. Pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado; sin que el quejoso hubiere desvirtuado tal negativa, pues no allego´ medio de conviccio´n ido´neo para acreditar su certeza. En consecuencia, a dichas autoridades no les asiste obligacio´n de exponer razonamiento alguno al respecto y tampoco es posible imponerles la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusio´n el arti´culo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa; toda vez que, al no haber nacido a la vida juri´dica la actividad autoritaria que reclama la parte quejosa, es evidente que no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. No obstante lo anterior, como se precisó previamente, el Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco para sustentar la negativa de los actos que le fueron reclamados remitió copia certificada del oficio CESP/CEECC/RI/NA/0244/2020 por el que se notificó a la Fiscalía Estatal de Jalisco el resultado obtenido por el quejoso después de que fue programado al proceso de revaluación en control de confianza de conformidad con el artículo 5, inciso d) de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus municipios, pero fue omiso en presentarse para llevar a cabo el mismo. De igual forma, se cuenta con la copia certificada del nombramiento remitido en copia certificada por el Fiscal del Estado de Jalisco, respecto del quejoso Roberto Salvador Reyes Díaz, con vigencia del uno al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno y que obra en sobre por separado. Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio pleno, acorde a los artículos 197 y 202 de la legislación adjetiva federal, por tratarse de documentos certificados por un fedatario público, con los que se pone de manifiesto el resultado obtenido por el quejoso con motivo del trámite desplegado para la reevaluación de control de confianza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 inciso d) de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y la vigencia de su nombramiento como policía investigador hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa. En efecto, el que promueve una demanda de amparo esta´ obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas que dicho acto es inconstitucional. En ese sentido, la parte quejosa si bien exhibió pruebas, lo cierto que son insuficientes para controvertir las negativas ya mencionadas y, con ello, demostrar la ejecución que reclama. Así se advierte que el quejoso aportó como medios probatorios los siguientes: Credencial para portación de arma expedida a favor de Roberto Salvador Reyes Díaz, como policía investigador B número de folio 2020-01734B, expedido el doce de diciembre de dos mil veinte con vigencia hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno (folios 18 vuelta y 19). Credencial como personal operativo a nombre de Roberto Salvador Reyes Díaz en la que se precisa el puesto de policía investigador B del quejoso (folio 20). Constancia por haber acreditado el "Curso de Capacitación de Competencias Básicas para Policía de Investigación" emitido por la Fiscalía del Estado de Jalisco a través del Instituto de Formación y Profesionalización el quince de noviembre de dos mil diecinueve (folio 20 vuelta). Constancia expedida en favor del quejoso por haber acreditado el "Curso de Formación inicial equivalente para Policía de Investigación", expedido por la Fiscalía del Estado de Jalisco a través del Instituto de Formación y Profesionalización el tres de septiembre de dos mil diecinueve. Prescripción de reposo temporal para el trabajo, emitida por la Dirección de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de folio 14053202100000768 expedida el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno por catorce días (folio 21 vuelta). Prescripción de reposo temporal para el trabajo expedido por la Dirección de prestaciones médicas el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno por quince días. Oficio FE/DGA/DRH/2242/2019, de uno de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco por el que se instruye al quejoso que debería presentarse a laborar bajo las órdenes del Director General de la Policía de Investigación (foja 19 vuelta). Medios de convicción que, como se adelantó, resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, las cuales valoradas en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En efecto, con las documentales descritas en los incisos a y b, únicamente se acreditan la existencia de las credenciales expedidas por la Fiscalía Estatal de Jalisco, por las que, en la fecha de emisión se identificó a Roberto Salvador Reyes Díaz como personal operativo de dicha depen dencia, al tener el puesto de investigador B, y su autorización para portar el arma descrita en la primera de dichas identificaciones. Referente a las constancias expedidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco en favor del quejoso por haber acreditado el "Curso de Capacitación de Competencias Básicas para Policía de Investigación" y, el "Curso de Formación inicial equivalente para Policía de Investigación", expedido por la Fiscalía del Estado de Jalisco a través del Instituto de Formación y Profesionalización el tres de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente acredita dicha circunstancia, pero no la obligación de esa dependencia a renovar indefinidamente el nombramiento de policía investigador con el que se desempeñaba el quejoso. De las prescripciones de reposo temporal emitidas por la Dirección de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social otorgadas en favor del peticionario de amparo únicamente se acredita la prescripción de reposo temporal por enfermedad general otorgada inicialmente el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno por quince días y prorrogada el treinta y uno de marzo de la citada anualidad por catorce días más, sin que dicha prórroga hubiera generado efecto alguno a partir del uno de abril siguiente, pues, de las actuaciones que integran el presente juicio se acredita que la relación que Roberto Salvador Reyes Díaz tenía con la Fiscalía concluyó en la fecha de expedición de la segunda prescripción médica de reposo. Finalmente, con el oficio FE/DGA/DRH/2242/2019, de uno de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco únicamente se acredita la indicación que en esa fecha se dio al quejoso para comparecer a laborar bajo las órdenes del Director General de la Policía de Investigación. De ahí que, con tales pruebas no desvirtúa las negativas de las responsables. Luego, dado que la parte quejosa no aportó elementos de prueba alguno que desvirtúe el contenido de los informes, respecto de las negativas que sostienen las autoridades a quien se les reprochan los actos reclamados, cobra firmeza el contenido de sus informes justificados. Así pues, no se advierte que la parte quejosa haya allegado medios de convicción que lograran desvirtuar las comentadas negativas y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción, IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades señaladas al inicio de este considerando. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 1917- septiembre de 2011, Sexta Época, tomo II procesal constitucional 1, común, primera parte - SCJN segunda sección- improcedencia y sobreseimiento, página 305, que dispone lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible a foja 355 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, que establece: "INFORME JUSTIFICADO QUE NIEGA EL ACTO RECLAMADO. Si las autoridades responsables niegan los actos que les son atribuidos por los quejosos y dichos informes negativos no fueron desvirtuados en forma alguna, procede sobreseer en el juicio de amparo en términos de lo que señala la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Fiscal del Estado de Jalisco consistente en la Conclusión del nombramiento que tenía Roberto Salvador Reyes Díaz, antes que feneciera la incapacidad concedida el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno por catorce días, como prórroga de la concedida previamente el dieciséis de marzo de dicha anualidad, el referente a la falta de renovación del nombramiento de policía investigador adscrito a las Fiscalía General del Estado y, la notificación de terminación del nombramiento, pues, por lo que se refiere al primero y al tercero de los actos precisados, así lo reconoció la citada autoridad al rendir los informes respectivos ( ver folios 105 a 122 y 168 a 174). Referente al acto consistente a la falta de renovación del nombramiento de policía investigador adscrito a las Fiscalía General del Estado, resulta cierto, no obstante que el titular de dicha dependencia lo hubiera negado al rendir el mismo, pues de las constancias que integran el presente juicio, queda de manifiesto que al concluir el nombramiento de policía investigador con el que contaba el quejoso ya no se renovó su nombramiento. De igual forma, resulta cierto el acto reclamado a la Directora de Recursos Humanos respecto de la notificación de la terminación del nombramiento a Roberto Salvador Reyes Díaz, pues, así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 175 a 180). Certeza del acto reclamado que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades de referencia, consistentes en copia certificada del nombramiento de Roberto Salvador Reyes Díaz, como policía investigador B, con vigencia del uno al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno que obra en sobre por separado, el oficio FE/DGA/DRH/1459/2021 de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno dirigido al Roberto Salvador Reyes Díaz, por el que se informa que no podrá seguir laborando en la Fiscalía del Estado de Jalisco al haber fenecido el término estipulado en su nombramiento, la constancia de notificación realizada al peticionario de amparo el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se asentó que el peticionario de amparo se negó a recibir el comunicado de referencia por no estar de acuerdo con el mismo y la constancia de notificación de baja del quejoso a su puesto cono policía investigador ( fojas 120 a 122). Medios de convicción a los que se les concede valor probatorio pleno, acorde a los artículos 197 y 202 de la legislación adjetiva federal, por tratarse de documentos certificados por fedatarios públicos. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Precisado lo anterior, se advierte que el Fiscal General del Estado de Jalisco por conducto del Director General Jurídico de dicha dependencia informa de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV y XVI de la Ley de Amparo. Lo anterior, al considerar que el nombramiento expedido al quejoso es un acto consentido tácitamente, al haber desplegado todos sus efectos, obteniendo su fin propuesto, evidenciándose el consentimiento tácito del quejoso al no ejercer la acción constitucional durante la vigencia del mismo, lo anterior, en virtud de que el nombramiento como acto-condición no es un acto unilateral, al coexistir la expresión de la voluntad del Estado contratante y la voluntad del peticionario e amparo, quien lo aceptó y conoció oportunamente los efectos y alcances de dicho nombramiento y, no obstante ello, omitió controvertirlo durante el tiempo de vigencia. Previo a dar respuesta a la causal de improcedencia informada por el Fiscal General del Estado der Jalisco, se debe señalar que, dicha causal pudiera considerarse una cuestión de fondo; no obstante, lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado sí tiene la naturaleza de un acto administrativo, porque se concreta mediante un acto unilateral emitido por una autoridad facultada para hacer la designación. Lo anterior, con independencia de que no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación; sin embargo, este tipo de relaciones ya se ha definido por nuestro más alto tribunal del país, que los nombramientos a miembros de corporaciones policiacas son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca, la tesis PC.III.A. J/72 A (10a.), con registro 2020246, emitida por el pleno de este circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del libro 68, Julio de 2019, Tomo III, en materia común, administrativa, de la página 1894, décima época, que dice: "ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y/O DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO O LA OMISIÓN DE OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del análisis sistemático de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3o., fracciones XII y XXIII, 27 y 36 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se obtiene que: i. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus propias leyes; ii. Conforme a la propia legislación local en materia de seguridad pública se consideran elementos operativos, entre otros, a quienes se les atribuya ese carácter mediante nombramiento; iii. Dicho nombramiento es un acto administrativo condicionado, que no se considera como contrato de trabajo ni un acto expedido con fundamento en las leyes que rigen la relación laboral del Estado con sus empleados servidores públicos. Aunado a lo anterior, de las jurisprudencias P./J. 24/95 y 2a./J. 77/2004, sustentadas respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que: 1) Los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, están excluidos por la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V (actualmente fracción VI), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que ha transformado la relación Estado-empleado, equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris, pues para los citados grupos la relación sigue siendo de orden administrativo y el Estado, autoridad; 2) La relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y los reglamentos que les correspondan y, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad; 3) Aun cuando las Legislaturas de los Estados deben regular las relaciones de los trabajadores del Estado, acatando las bases establecidas en el artículo 123 constitucional y en sus disposiciones reglamentarias, el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública se encuentra expresamente señalado en el citado numeral 123, apartado B, fracción XIII, como especial y fuera del ámbito laboral; y, 4) Al referirse el Constituyente a que "se regirán por sus propias leyes", se crea para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, un estatus jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa. Por tanto, la relación entre los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa y se caracteriza por la excepcionalidad de derechos laborales, por lo que el Estado no es equiparable a un patrón, de ahí que, las determinaciones que tome en torno a dicha relación no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. Consecuentemente, la retención del pago o la omisión de otorgar los beneficios derivados de la prestación de servicios de los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública hacia el Estado, debe considerarse un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la promoción del juicio administrativo en el Estado de Jalisco, es optativa (en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007), pues se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco exige mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los previstos en la Ley de Amparo." Máxime que, de las constancias que integran el presente juicio queda de manifiesto que, el quejoso venía desempeñándose en ese puesto desde abril de dos mil diecinueve y, no se advierte alguna circunstancia que le hiciera pensar que sería su último nombramiento y por esa razón combatirlo en la vía del amparo al momento de tener conocimiento de la vigencia por un mes del mismo. Finalmente, el encargado del Despacho de la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza (fojas 89 a101), refiere que en el caso se actualiza la causal contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracciones I y II, en concordancia con el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al considerar que el acto que le fue reclamado no afecta al quejoso al no haber generado consecuencias jurídica, pues no existió separación de cargo, ni procedimiento para tal fin, sino un término de nombramiento por la vigencia del mismo; sin embargo, al haberse sobreseído en este juicio respecto a dicha autoridad, a ningún fin práctico conduciría el análisis de la misma. Al no existir diversas causas de improcedencia propuestas por las partes o que el suscrito advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad de los artículos que por esta vi´a controvierte la quejosa, en términos de los conceptos de violación que exponen en su demanda. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación respecto de la norma impugnada. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por el quejoso, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no lo deja ni a los demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente, aunado que, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción. Precisado lo anterior, se advierte que, substancialmente, el quejoso expresó los siguientes conceptos de violación: ( Los actos reclamados infringen lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues injustificadamente lo destituyeron de su cargo y sus labores, sin que se hiciera llegar copia del comunicado respectivo. De igual forma, refiere que el acto reclamado infringen los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, al pretender dar a conocer la separación de su cargo violentaron no se cumplieron con las formalidades de ley previstas en el la Ley de Sistema de Seguridad del Estado de Jalisco, específicamente al no haber sido notificado de dicho de la separación de su cargo, ni tampoco previamente de la instauración de procedimiento previo a la separación del cargo. De igual forma, el quejoso consideró que, la separación de su encargo no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 83 de la Ley de Sistemas de Seguridad del Estado de Jalisco y, que en su caso particular se interpreta indebidamente el numeral de referencia. Para sustentar lo anterior, señala que el artículo de referencia establece que, la conclusión del servicio "es la terminación de su nombramiento la cesación de sus efectos legales", lo que considera que debe interpretarse que, el servicio profesional de carrera, concluye por terminación del nombramiento (simple transcurso del tiempo) o por cesación de los efectos, derivada de la actualización de cualquiera de los supuestos contenidos en dicho precepto legal y que la norma de referencia, no prevé en forma alguna esa terminación por el mero transcurso delplazo fijado en el nombramiento, sino que debe entenderse que la terminación del nombramiento sólo puede obedecer a la separación o a la remoción previstas en sus fracciones I y II, respectivamente. Destacando además que, en su caso no se apertura procedimiento de separación previsto en el capítulo V que contienen los artículos 129 a 141 del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ni recibió aviso de estar en alguno de esos supuestos y, que durante el periodo que cumplió sus funciones jamás se le aplicaron los exámenes de control y confianza. Por último, refiere que al haber sido separado del cargo que desempeñaba como Policía Investigador se afecta su derecho de estabilidad laboral y, como consecuencia, le agravia el hecho de que no se le hubiere instaurado procedimiento alguno para efecto de separarlo de su cargo y su derecho a recibir una indemnización. A efecto de entender el sentido de la presente resolución, es pertinente destacar que el artículo 14 de la Constitución, en lo que interesa dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.].". En el citado numeral se encuentra el derecho humano de audiencia, la que implica la principal defensa de que dispone todo particular frente a los actos del poder público que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y preciados intereses. Dentro de este derecho se contienen subderechos que aseguran al particular contar con mecanismos que le permitan una adecuada defensa como lo es el que, previo a la emisión del acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, con número de registro 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En relación con lo dicho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho fundamental de audiencia previa únicamente rige respecto los actos privativos e implica que la emisión de un acto cuyo efecto es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de los particulares debe estar precedido de un procedimiento en el que se les permita a los ciudadanos desarrollar plenamente sus defensas. En ese sentido, la audiencia previa es de observancia obligatoria tratándose de actos privativos de la libertad, propiedades, posesiones o derechos particulares, entendiéndose por este tipo de actos aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios, esto es, un acto privativo tiene como finalidad la privación de un bien material o inmaterial. Por lo que, tratándose de actos privativos, la defensa para que sea adecuada y efectiva, debe ser previa, con el fin de garantizar efectivamente los bienes protegidos a través del artículo 14 Constitucional. Dichas consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 200080, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". En ese sentido, se debe reiterar que el impetrante de amparo se desempeñaba como policía investigador de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por lo que, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 3°, fracciones I y XII, y 4° de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establecen: "Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, se debe entender por: Carrera ministerial: al servicio profesional de carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia; [.] XII. Elementos operativos: los integrantes de las instituciones de la Fiscalía Estatal, de la Secretaría de Seguridad, de la seguridad pública municipales, de procuración de justicia y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, y a todos a quienes se les atribuya ese carácter mediante nombramiento, instrumento jurídico equivalente expedido por autoridad competente o realicen funciones de operadores o supervisores en los centros de comunicación o cabinas de radio de las instituciones de seguridad pública o lleven a cabo funciones operativas en las áreas previstas por el artículo 5° de esta ley; [.] "Artículo 4°. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Las relaciones jurídicas de los ministerios públicos, peritos y los elementos operativos de las Instituciones policiales se regirán por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables." De los numerales previamente transcritos, en lo conducente, queda de manifiesto que, las relaciones jurídicas de los integrantes de la Fiscalía General del Estado, se regirán por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Ahora, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2017 en sesión de dos de octubre de dos mil diecisiete, en lo conducente, consideró: ".el Congreso Local expidió la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que precisamente regula las relaciones de trabajo entre el Estado de Jalisco y los miembros de las instituciones de seguridad pública, como es la Secretaría de Movilidad de la propia entidad; y siendo así, resulta oportuno reproducir lo que al efecto establece su artículo 3°, fracción XVII: "Artículo 3º. Para los efectos de esta ley, se debe entender por: . XVII. Nombramiento: el acto condición, también definido como acto administrativo condicionado, que no se considera como contrato de trabajo ni un acto expedido con fundamento en las leyes que rigen la relación laboral del Estado con sus empleados servidores públicos, en virtud de la excepción constitucional establecida en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, que establece que los grupos ahí señalados se rigen por sus propias leyes. (.) La norma legal transcrita patentiza que en concordancia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombramiento de un elemento de seguridad pública como "acto condición", no reviste la naturaleza de un contrato de trabajo, ni podría fundarse en las disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que rigen las relaciones laborales entre el Estado y sus empleados; pues teniendo presente el imperativo constitucional inmerso en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las instituciones policiales de las e (textual) federativas se regirán por sus propias leyes, es concluyente que el régimen de exclusión de la relación de trabajo entre el Estado y los elementos de policía se ubica en el marco de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por ser la codificación especial, aplicable a los especialistas operativos y policías de vialidad de la Secretaría de Movilidad de la propia entidad, que forman parte del "sistema de seguridad pública", al tenor del artículo 26, fracción III, de la misma legislación, que textualmente dispone: Artículo 26. Los cuerpos de seguridad pública de Jalisco son: (.) III. Los cuerpos operativos de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de conformidad con su ley y su reglamento; (.) En adición a lo anterior, es importante puntualizar lo que establece el artículo 83, de la citada ley de seguridad pública estatal, en cuanto a la conclusión del cargo de sus elementos de seguridad y especialistas operativos: I. Separación por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia. En el caso de elementos de las instituciones policiales, además de la causa anterior podrán ser separados si en los procesos de promoción concurren las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos o, que habiendo participado en dichos procesos, no hubiere obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él; b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes para conservar su permanencia; II. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o, en el caso de los policías, incumplimiento de sus deberes de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o III. Baja por: a) Renuncia; b) Muerte o incapacidad permanente; o c) Jubilación o retiro. Al concluir el servicio los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán entregar al funcionario designado para tal efecto toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega-recepción". "La intelección del precepto legal en cita permite colegir que el servicio profesional de carrera para personal ministerial y elementos operativos de las instituciones de seguridad pública, concluye: I. Por terminación de su nombramiento; o, II. Por cesación de sus efectos legales. El primer motivo de conclusión opera por el simple transcurso del término establecido en el nombramiento, lo cual justifica la separación, sin responsabilidad para el Estado ni para el elemento de seguridad pública. En cambio, para que el segundo supuesto de conclusión de servicios cobre vigencia, la cesación de los efectos del nombramiento requiere indefectiblemente que se materialice cualesquiera de los motivos precisados en el invocado numeral 83, a saber: "i. Separación por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia; "ii. Remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o, en el caso de los policías, incumplimiento de sus deberes de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; y, iii. Baja por renuncia, muerte o incapacidad permanente; jubilación o retiro. "Por la naturaleza de estos motivos, es requisito sine qua non que la separación del elemento de seguridad - a diferencia de la conclusión por terminación del nombramiento-, se funde en la comprobación plena de cualesquiera de las causas indicadas, mediante la resolución que se dicte en el previo procedimiento administrativo previsto en el Capítulo IV de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, intitulado "Del procedimiento de responsabilidad administrativa", en donde se fijan las reglas de su iniciación, instrucción y resolución (artículos 118 a 128); pues de no ser así, la separación resultaría injustificada, con la consecuente responsabilidad indeminizatoria a cargo del Estado. Retomando el tema del primer supuesto del numeral 83 en cita, relativo a la conclusión del servicio profesional por terminación de los nombramientos otorgados por la institución a los elementos de seguridad pública, y con el propósito de dar mayor solidez al marco jurídico aplicable a esa relación de trabajo desde su inicio, se considera oportuno hacer las siguientes acotaciones: De entrada hay que recordar que el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece con claridad que la "terminación de nombramiento" motiva la conclusión de la relación de trabajo entre el Estado y el elemento de seguridad pública; regla ésta que, como se dijo, opera por el simple transcurso del término establecido por el primero y aceptado por el segundo; y de ahí que derivado de ese acuerdo de voluntades, el acto administrativo condicionado queda sujeto a temporalidad." (Énfasis añadido) De dicha contradicción de tesis derivaron las jurisprudencias PC.III.A. J/36 A (10a.), con número de registro 2016025 y PC.III.A. J/37 A (10a.), con número de registro 2016026, que señalan: "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A SUS ELEMENTOS DE POLICÍA VIAL O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, DEBEN FUNDARSE EN LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las instituciones policiales, entre otros grupos, se regirán por sus propias leyes, sujetando así las relaciones entre el Estado y los cuerpos de seguridad pública a un régimen especial de exclusión. En congruencia con ese imperativo constitucional, el Congreso Local expidió la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, cuyas normas atienden precisamente a esa finalidad; por tanto, será en esta legislación especial en la que debe fundarse el nombramiento de los elementos de policía vial o especialistas operativos de la Secretaría de Movilidad de la entidad, por corresponder a los cuerpos de seguridad pública, según su artículo 26, fracción III." "SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. LOS NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO DE POLICÍAS VIALES O ESPECIALISTAS OPERATIVOS, AFECTADOS DE NULIDAD POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, NO PRODUCEN CONSECUENCIAS POSTERIORES A LA SEPARACIÓN DEL CARGO CON MOTIVO DE SU TERMINACIÓN. El nombramiento por tiempo determinado de un policía vial o especialista operativo de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, carece de la debida fundamentación cuando se expide con base en la Ley para los Servidores Públicos de la misma entidad, porque tratándose de una relación de trabajo sujeta al régimen de exclusión previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe fundarse en la legislación especial, que es la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; de ahí que dicho nombramiento (o acto condición), se encuentra afectado de nulidad relativa cuando tiene su origen en aquella legislación general. No obstante, esa violación necesariamente deberá hacerse valer antes de que concluya el plazo de vigencia fijado, pues de lo contrario, dicho acto condicionado surtirá todos sus efectos de temporalidad desde su nacimiento a la vida jurídica hasta su conclusión, desempeñando su función de manera regular, dada la irremediable consumación del cumplimiento total de su finalidad. Consecuentemente, si la indebida fundamentación del nombramiento por tiempo determinado se advierte después de su conclusión, resultan ociosas su anulación y eventual declaratoria de nulidad, pues sobre ello pesa la relevancia de que el acto condición desplegó todos sus efectos y se obtuvo su fin deseado." Bajo ese tenor, de la sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se aprecia el criterio relativo a que el artículo 83 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, establece: a) La "terminación de nombramiento" motiva la conclusión de la relación de trabajo entre el Estado y el personal ministerial o elementos operativos de las instituciones de seguridad pública. b) Esa regla opera por el simple transcurso del término establecido por el primero [el Estado] y aceptado por el segundo. c) Derivado de ese acuerdo de voluntades, el acto administrativo condicionado queda sujeto a temporalidad. d) El primer motivo de conclusión (terminación de nombramiento) opera por el simple transcurso del término establecido en el nombramiento, lo cual justifica la separación, sin responsabilidad para el Estado o elementos operativos de las instituciones de seguridad pública. De acuerdo con dicho criterio judicial, está prevista la temporalidad determinada de los nombramientos de personal policial de las instituciones de seguridad pública municipal; además de que el artículo 83 de la indicada ley establece la posibilidad de que concluya la relación entre el Estado y el personal respectivo por el transcurso del tiempo del nombramiento temporal. Como se refirió previamente, en el caso en estudio, obra el nombramiento por tiempo determinado con que contaba la parte quejosa vigente del uno al treinta y no de marzo de dos mil veintiuno, constancia a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º. De ahí lo infundado el motivo de disenso que indica la parte quejosa, en el sentido de que fue indebido que se le separara de su cargo que desempeñaba como Policía investigador, sin que se le haya instaurado procedimiento de separación, pues tal como se indicó, basta el transcurso del plazo del acto condición para la conclusión de la relación que sostenía con el Estado, sin responsabilidad para éste. Es decir, es innecesario que las responsables inicien un procedimiento o emitan una resolución donde resuelvan que se terminó dicha relación laboral o que se produjo la separación legal. Asimismo, no existe responsabilidad legal alguna de la Fiscalía General del Estado, derivado de dicha forma de terminación de servicio, por ende, no existía responsabilidad indeminizatoria a cargo de las responsables con respecto del quejoso, pue no se está en presencia de una separación de cargo injustificado que amerite la indemnización respectiva. Sin que asista razón a la parte quejosa cuando afirma que cuenta con estabilidad en el empleo, pues como se dijo, contaba con nombramientos temporales, los cuales protestó de conformidad. Sumado a que, inclusive dado el acto condición que lo vinculaba con la institución policía a la que pertenecía, se encontraba en un régimen especial donde no puede reclamarse la posible afectación a derechos laborales como el de estabilidad en el empleo o cargo o inmutabilidad de las condiciones de permanencia. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 106/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 163054, que dice: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA. Los agentes de la policía federal ministerial son empleados públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se susciten para el Estado y que representa una medida de orden constitucional a la fecha y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del Tribunal en Pleno P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.". De todo lo anterior se sigue que la relación jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto tribunal 2a./J. 14/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.", por lo cual no pueden reclamar la posible afectación a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su nombramiento. De igual forma, resultan infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso respecto de la notificación que le fue practicada el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno con relación a la terminación de su nombramiento como policía investigador atribuida al Fiscal General y a la Directora de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General del Estado, planteada en vía de ampliación de demanda. Respecto de dicho acto reclamado, el quejoso aseveró que no se realizó siguiendo las formalidades del debido proceso y que la diligencia de referencia no se encuentra debidamente fundada y motivada, además de carecer de las razones y circunstancias a que aduce la responsable. De igual forma, la parte quejosa señaló que el acta de notificación que exhibió la responsable se llevó a cabo en el periodo en que se encontraba gozando de incapacidad por enfermedad, lo que deja en evidencia la estrategia y dolo de la responsable, pues es de lógica razón que, por su condición física y médica, en la que se encontraba en la fecha en que le notificaron la terminación de su nombramiento no pudo haber asistido a las instalaciones de la fiscalía y para acreditar su dicho hace referencia a la constancia de incapacidad que le fue expedida el treinta (sic) de marzo de dos mil veintiuno en la que le concedieron catorce días de licencia médica, lo que estima deja en evidencia las mentiras y falacias en que incurrieron las responsables en el acta relativa a la notificación de la conclusión de su nombramiento. Motivos de disenso que, como se dijo, resultan infundados, para sustentar tal aseveración resulta necesario ingresar las imágenes siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- De las imágenes previamente insertas, queda de manifiesto que, por oficio FE/DGA/DRH/1459/2021, la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, informó al quejoso Roberto Salvador Reyes Díaz que la vigencia de su nombramiento concluyó el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno y, por tal razón, a partir del uno de abril de dicha anualidad no continuaría laborando en la Fiscalía del Estado de Jalisco, al haber fenecido el término estipulado en dicho nombramiento. Ahora, de la constancia de notificación de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno previamente inserta, se advierte que, contrario a lo aseverado por el quejoso, cumple con las formalidades de ley, al precisar el lugar y fecha en la que se llevó a cabo, esto es, a las nueve horas con quince minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, en el edificio marcado con el número dos mil quinientos sesenta y siete de la calle catorce, zona industrial de Guadalajara, Jalisco. De igual forma, se asentó el nombre de los funcionarios que llevaron la diligencia, esto es Martha Verónica Rangel Jáuregui en su carácter de Coordinadora de Planeación e Información A, ante el Licenciado José Ramón Gutiérrez Ramos en s u carácter de Director de lo Consultivo y Legislativo y Gustavo Ruano Gutiérrez Director de Responsabilidad Administrativa. Asimismo, contrario a lo señalado por el quejoso, en la diligencia de notificación en estudio, los funcionarios de referencia hicieron constar que en ese acto notificaron a Roberto Salvador Reyes Díaz, policía investigador de la Fiscalía general del Estado, quien se identificó con gafete oficial 24700 expedido por dicha dependencia el oficio FE/DGA/DRH/1459/2021, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado, en el cual se le informó del término de nombramiento el cual concluyó el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, pero previa lectura de dicho comunicado se negó a recibir el mismo por estar en desacuerdo con el mismo. Sin que la constancia de prescripción de reposo ofertada como prueba por el quejoso, aporte algún elemento con el que se acredite alguna irregularidad en la diligencia de notificación en estudio, pues la existencia de esta, así como su vigencia -catorce días a partir del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno-, son cuestiones ajenas a las formalidades que debe cumplir dicha actuación, por lo que, con independencia de la fecha en se hubiera expedido, la cual cabe precisar, contrario a lo aseverado por el quejoso, fue emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno y, no el treinta del mes y año en cita, no constituye un medio idóneo para desvirtuar la validez de la diligencia de que se trata. Sin que el hecho de que el quejoso gozara de licencia médica por enfermedad general en la fecha en que se practicó dicha notificación acredite su imposibilidad para acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en donde se practicó la notificación en estudio, en la data señalada en esta, pues, por una parte, en la diligencia respectiva se asentó que esta se entendió directamente con el quejoso y, por otra, de la licencia de referencia se advierte que, esta fue expedida en el turno vespertino, circunstancias de tiempo que validan la diligencia, pues esta indefectiblemente pudo tener lugar previo a la expedición de la licencia de que se trata. Máxime que, al concluir el nombramiento del quejoso en la fecha de esa diligencia, no solo se justifica, sino que se exigía la práctica de la misma, aunado a que, fue hasta el uno de abril siguiente cuando se recibió en la Fiscalía General del Estado la constancia de licencia médica por catorce días con vigencia a partir del treinta y uno de marzo. Para mayor ilustración se inserta la constancia de licencia expedida en favor del quejoso el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer sin que se advierta en su perjuicio alguna violación manifiesta de la ley que los dejara sin defensa, de modo que hubiera lugar a suplir la deficiencia de éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. En similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 595/2019, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinte. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Salvador Reyes Díaz, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados del Titular, Director de la Dirección General del Centro de Evaluación de Confianza, Director General Administrativo y Comandante del Área de Robo a Negocios, todos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Salvador Reyes Díaz, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados del Fiscal del Estado de Jalisco y Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía de Jalisco por las determinaciones tomadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, hoy veintiuno de febrero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP/ZSI

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del análisis del presente expediente, se advierte que está transcurriendo el plazo a las partes para que se impongan del informe rendido por la Fiscal del Estado de Jalisco y la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, respecto del cual se proveyó el veinticuatro de septiembre del año en curso, respecto de la ampliación de demanda. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.

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