ROBERTO SALVADOR LUNA CRUZ y Otros.
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ROBERTO SALVADOR LUNA CRUZ y Otros.
- Roberto Salvador Luna Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, con el que en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcribe el auto de nueve de diciembre del año en curso, emitido en el expediente laboral *****...*** de su registro, de la que se advierte lo siguiente: Que dado que el ahí actor no compareció en el plazo de tres días hábiles, como se le indicó en auto de veintinueve de noviembre pasado, ello, a efecto de hacerle entrega del dinero consignado a su favor en esa junta, por el ayuntamiento demandado, por tanto, ordenó requerir al citado actor para que comparezca a las doce horas del once de enero de dos mil veintitrés, a recibir el citado pago parcial. Así también, indica que a efecto de tomar otras medidas tendentes al cumplimiento del fallo protector, y atendiendo a que el ayuntamiento ahí demandado tiene la obligación de presupuestar de forma inmediata y transparente la partida presupuestal que cubra el pago de las obligaciones contraídas en sentencias y laudos, por ello, ordenó requerir al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por conducto cabildo municipal, para que incluyan dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio de dos mil veintitrés, la partida correspondiente al pago de la condena económica pendiente de pago a favor del aquí quejoso, por la cantidad de $******....*** mismo que deberá informar y acreditar, a más tardar en los primeros cinco días del mes de enero de año entrante, así también, que se le seguirá requiriendo los pagos establecidos en el programa que obra en autos del expediente laboral de su registro. Ordenó girar oficio al Congreso del Estado, por conducto de su representante legal, a efecto de que llegado el momento que marque la normativa correspondiente y aplicable, autorice la partida correspondiente en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, al Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que cubra la condena pendiente de pago a favor de la parte ahí actora. Por tanto, téngase a la responsable oficiante, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando lo anterior, y estese en espera de lo que tenga a bien informar, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
"****"MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo promovida por***, con el carácter de ***s", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1441/2022. Acredita personalidad ostentada Además se tiene a dicho promovente adjuntando a su libelo constitucional copia certificada del nombramiento de diecisiete de agosto de dos mil veinte. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Guadalajara, Jalisco lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad Responsable Ordenadora el acuerdo de fecha primero de diciembre de dos mil veintidós, en el cual requiere a mi representado acredite el cabal cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que no acatar se procederá a imponerme una multa que si fijara entre 300 y mil Unidades de Medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación a los transitorios primero y tercero del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016". Antecedentes del acto reclamado. El promovente señala en sus antecedentes: PRIMERO.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco, admitió la demanda de nulidad negativa ficta promovida por la Ciudadana Cecilia Cortez Díaz Corona, representante legal de la empresa FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V., instaurando el expediente número 8310/19-07-02-4. SEGUNDO.- Con fecha trece de abril de dos mil veintiuno la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Guadalajara, Jalisco, dictó sentencia condenatoria al hospital por un monto de $1,298,764.11. TERCERO.- Para dar cumplimiento a la sentencia de fecha trece de abril de dos mil veintiuno dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente de Guadalajara, Jalisco dentro del expediente número 8310/19-07-02-4, se exhibió mediante oficio HNO/DG/DAJ/OF.-01364/2022 de fecha 21 de octubre del año 2022, el cheque numero 0001033 expedido por el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Doctor Guillermo Zarate Mijangos a favor de la actora por un monto de $1,298,764.11 (Un millón doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 11/100 M.N.). CUARTO.- EI día 08 de diciembre del 2022 llegó al correo electrónico del Hospital de la Niñez Oaxaca dirección.hnoaxca@gmail.com un acuerdo de la Segunda Sala Regional de Occidente de Guadalajara, Jalisco de fecha 01 de diciembre del 2022 dentro del expediente número 8310/19-07-02- 4 en el que se nos ordena a mi representado acredite el cabal cumplimiento de la sentencia definitiva, para cubrir el adeudo por un monto de $1,298,764.11 (Un millón doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro pesos 11/100 M.N.), consistente en las facturas numero: 5251139675, 5251139676, 5251140412, 5251140942, 521140553, 5251141655, 5251142156, 5251142313, 5251143505, 5251144401, 5251145127, 5251146067 y 5251146349, así como de los gastos financieros. Toda vez que dicho acuerdo me causa perjuicio por falta de fundamentación y motivación toda vez que mi representado Hospital de la Niñez Oaxaqueña desconoce el monto total al que refiere como gastos financieros, pues para que esta autoridad realice las gestiones necesarias ante las Instancias correspondientes es necesario se conozca la cantidad total a que ascienden los gastos financieros que solicita la parte actora, motivo por el cual vengo a solicitar el amparo y protección de justicia federal ya que como lo manifesté en líneas anteriores ya di cumplimiento a la sentencia exhibiendo el cheque correspondiente ante el Tribunal de la Segunda sala regional de occidente de Guadalajara, Jalisco con el saldo plasmado en el cheque y fondo suficiente para su dicho cobro (.) Desechamiento Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Primera causa de improcedencia que se estima actualizada. Precisado lo anterior, el suscrito juzgador advierte que contra el acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 6° y 7° de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. De las disposiciones legales transcritas se desprende la regla general de que el juicio de amparo procede en contra de leyes o actos que violen derechos humanos, los cuales, como derechos subjetivos solo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas. La excepción de procedencia del juicio promovido por personas morales públicas, se surte cuando reclaman, mediante los funcionarios o representantes que determinen las leyes, los actos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Supuesto que en el presente caso no se actualiza, porque el acto reclamado constituye actuaciones dictadas en el expediente de nulidad 8310/19-07-02-4, en el cual la autoridad que pretende ser quejosa fungió como autoridad demandada, es decir, en una relación de supra a subordinación respecto al empresa demandante, de modo que el juicio de amparo resulta improcedente de manera manifiesta e indudable, en tanto que el acto reclamado sólo afecta el ejercicio de la función pública. Al caso, aplica por analogía la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, de la Segunda Sala, visible a página 254 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Junio de 2003, de la Novena Época de título y contenido siguientes: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Además, el artículo 7°, de la Ley de Amparo, al disponer que cualquier persona moral pública podrá solicitar amparo cuando la norma general, un acto u omisión afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en la que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, debe interpretarse en el sentido de que dicha afectación se da únicamente cuando aquéllas realicen actividades con el carácter de personas de derecho privado, pero no cuando lo hacen en ejercicio de sus atribuciones propias investidas de imperio, como sucede cuando actúan como autoridades en un procedimiento contencioso administrativo por actos relacionados con la administración pública federal o local, en el que sólo actúan en defensa de la legalidad de un acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio. Asimismo, es preciso señalar que, en los juicios de naturaleza administrativa -cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante-, lo que se encuentra a debate es precisamente un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues precisamente, el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones. Igualmente, se destaca que, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto que derive de un juicio contencioso administrativo -sea sustantivo o adjetivo-, lógicamente, por ese solo hecho carecerán de legitimación para promover el juicio de amparo, en virtud de que las actuaciones que son materia de controversia en tales procedimientos, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que las leyes les otorgan, para el cumplimiento de las funciones públicas que les son encomendadas. De ahí que, si bien, en algunos casos se pudiese considerar que mediante el juicio contencioso administrativo las personas morales oficiales pretenden proteger cuestiones patrimoniales, lo cierto es que no se surte el diverso supuesto atinente a que actúen en un plano de igualdad fáctica jurídica como si se tratase de un particular, lo cual constituye el requisito sin el cual no puede actualizarse el supuesto de excepción consagrado en el precepto 7 de la Ley de Amparo; puesto que en el despliegue de su actuación como ente de gobierno, se encuentra desprovisto de toda posibilidad de exigirla protección de derechos fundamentales. En suma, la circunstancia de que la parte quejosa, haya figurado como demandado en el expediente nulidad 8310/19-07-02-4, no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que le otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece, dado que en el expediente de origen la persona moral oficial funge como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está envestida, siendo inaceptable, por ende, que en este caso pueda solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". Entonces, con todo lo anterior, se patentiza que quien pide amparo, se trata de una persona de derecho público, y por ende, no está legitimada para instar el juicio constitucional. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1022 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Octubre de 2017, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de texto: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación el diverso artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 6 y 7, del mismo cuerpo legal. Segunda causa de improcedencia que se estima actualizada. Aunado a lo anterior, también se estima actualizada la diversa causa de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento legal, este último interpretado en sentido contrario, los cuales respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación de estos preceptos se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en juicio en ejecución de sentencia, procede siempre y cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado emane del procedimiento de ejecución de sentencia y no constituya la última resolución dictada en el mismo. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Al efecto, resulta ilustrativa en aplicación por analogía la jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que señala: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia con registro digital 2001059, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que señala: ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aún los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. Ahora bien, como ya se dijo, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 8310/19-07-02-4, por la Segunda Sala Regional de Occidente de Guadalajara Jalisco, en donde requiere a la parte quejosa acredite el cabal cumplimiento de la sentencia definitiva de trece de abril de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no acatar se procederá a imponerle una multa que se fijara entre 300 y mil Unidades de Medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con relación a los transitorios primero y tercero del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016. De lo anterior resulta claro que del auto, de que se duele la parte quejosa fue dictado dentro de la fase de ejecución de sentencia en el referido expediente administrativo; es decir, se trata de una determinación intermedia dictada en la fase ejecutiva, por tanto, no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, porque no se trata de la resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen, ni ordena el archivo definitivo del expediente, que son en contra de las cuales procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que persigue se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como conceptos de violación en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que determine el cumplimiento total de la sentencia, o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías biinstancial. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI. 2o.J/27 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito3, que señala: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien es procedente el juicio constitucional contra actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, ello acontece en las siguientes hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. En el caso se estima que el acto reclamado no se ubica en ninguna de esas hipótesis. Es así, el acto del que se duele el quejoso es el acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el expediente 8310/19- 07-02-4, por la Segunda Sala Regional de Occidente de Guadalajara Jalisco, en donde requiere a la parte quejosa acredite el cabal cumplimiento de la sentencia definitiva de trece de abril de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no acatar se procederá a imponerle una multa; esto es dicho acto no fue dictado de manera previa y es necesario para preparar la ejecución, y tampoco se trata de un acto que impida, obstaculice o retrase dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, y menos se trata de un acto que afecte de forma inmediata o inminente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Es aplicable la jurisprudencia, con Registro digital: 2024100, Tesis: I.11o.C. J/7 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2764, de rubro: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, así como autorizados para tal efecto, esto es, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
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