Roberto Salazar Meraz
Expediente 1241/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2015
Partes del expediente
- Roberto Salazar Meraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil catorce (fojas 55 a 64), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Titular, Representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", sito en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejaran insubsistente el acta administrativa de catorce de agosto de dos mil catorce, así como la sanción impuesta al quejoso en la misma; asimismo, hecho lo anterior, emitieran otra en la que dieran estricto acatamiento a los argumentos establecidos en la sentencia de amparo. Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil catorce (foja 72), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, mediante oficios números ++ y ++, presentados el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce y el cinco de enero de dos mil quince (fojas 164, 165 y 171, 172, respectivamente), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Titular, Representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", sito en Almoloya de Juárez, Estado de México, con el primero informaron las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, después, con el segundo, del acta administrativa de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida el treinta de diciembre de dos mil catorce, con lo cual dichas autoridades refieren dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 171 a 182). Luego, en proveído de seis de enero de dos mil quince (foja 183), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Después, por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince (fojas 184 a 187), con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables a fin de que dieran cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, en específico de que en el acta administrativa de treinta de diciembre de dos mil catorce, las responsables fueron omisas en establecer la invalidez del reporte de seguridad número 818/2014, pues el mismo carece del nombre del servidor público que lo firma, circunstancia que no cumple los lineamientos que prevé el Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, en específico lo establecido en el numeral 13 del ordenamiento mencionado. Aunado a eso, las responsables pretendían subsanar dicha omisión, con el simple hecho de asentar en una nueva impresión del reporte, el nombre del servidor público que reportó la conducta desplegada por el impetrante de garantías. Atento a lo anterior, las responsables por oficios ++ y ++ (fojas 191 y 192, así como 207 a 213), recibidos en este juzgado el cuatro y veintitrés de marzo, ambos de dos mil quince, el Titular, el representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y en suplencia del Director de Seguridad y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, el comandante adscrito al área de seguridad y custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitieron copia certificada del acta administrativa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de cuyo contenido se colige que dejó insubsistente el acta de correctivo disciplinario de catorce de agosto de dos mil catorce, sus consecuencias e imposición de sanciones y declaró la invalidez del reporte de seguridad 818/2014, pues de la misma, se advierte lo siguiente: ".SE DEJA SIN EFECTO LA SANCIÓN IMPUESTA Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE ELLA EMANAN, SIN MENOSCABO DE MENCIONAR QUE SE DA CABAL CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN IMPUESTA EN LA SENTENCIA DE AMPARO, TODA VEZ QUE EL REPORTE DE SEGURIDAD ADOLECE EN LA CUMPLIMENTACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE ESTIMULOS (SIC) Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS." Es decir, en ese acto se dejaron sin efectos todas las medidas, consecuencias e imposición de sanciones, dictadas en contra del aquí quejoso, derivadas del correctivo disciplinario que por esta vía tildó de inconstitucional; de igual manera, las responsables hicieron de su conocimiento la medida aplicable para su inmediata ejecución y se le exhortó, a no reincidir en ese tipo de conductas. Luego, en proveído de veinticinco de marzo de dos mil quince (foja 214), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables cumplieron con los aspectos establecidos y satisficieron los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues el diecisiete de marzo de dos mil quince, dejaron insubsistente el acta administrativa de catorce de agosto de dos mil catorce, así como la sanción impuesta al quejoso en la misma; asimismo, hecho lo anterior, emitió otra en la que observó los argumentos establecidos en la sentencia de amparo. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por el Titular, el representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y el Director de Seguridad y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", a través del cual, en atención al acuerdo de cinco de marzo de dos mil quince, informa que dejó insubsistente el acta administrativa de catorce de agosto de dos mil catorce, y en su caso emitió otra, en la que se determinó dejar sin efecto la sanción impuesta y sus consecuencias, así mismo se hizo del conocimiento del interno la valoración concensuada en la que se le exhortó a no incurrir en conductas contrarias al reglamento institucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; así como con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizaron las responsables al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Titular, el representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y el Director de Seguridad de las Áreas de Custodia y Guardia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", informa que, en vías de cumplimiento a la ejecutoria, el asunto de donde derivó el acto reclamado se programó para ser sometido al Pleno del Consejo Técnico Interdisciplinario de ese centro carcelario, para el diecisiete de marzo de los actuales; en consecuencia, téngase por realizadas sus manifestaciones, y una vez que se lleve a cabo la referida cesión, remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la sentencia amparadora. Apercibida de que no hacerlo, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Lo anterior es así, ya que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios y, que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por las autoridades responsables; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, se llega a la convicción de que la concesión del amparo no ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: Mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil catorce (fojas 55 a 64), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Titular, Representante legal del Consejo Técnico Interdisciplinario y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", sito en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejaran insubsistente el acta administrativa de catorce de agosto de dos mil catorce, así como la sanción impuesta al quejoso en la misma; asimismo, hecho lo anterior, emitiera otra en la que estableciera la invalidez del reporte de seguridad en los términos expuestos. Posteriormente, en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil catorce (foja 72), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Luego, en proveído de seis de enero de dos mil quince (foja 183), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que las autoridades responsables no dieron cabal cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, por las consideraciones siguientes: Si bien es cierto, tal como lo acreditan las autoridades responsables, en cumplimiento a la sentencia de amparo, dejaron insubsistente el acta administrativa de catorce de agosto de dos mil catorce, así como la sanción impuesta al quejoso en la misma; de igual manera, el treinta de diciembre de dos mil catorce, se emitió diversa acta administrativa en la que aducen observaron los argumentos establecidos en la sentencia de amparo; sin embargo, en lo atinente al reporte de seguridad número 818/2014, que describe la conducta desplegada por el interno, y en la cual se sustenta el correctivo disciplinario impuesto al aquí quejoso, tal aseveración hecha por las responsables es incorrecta. Lo anterior es así, pues en el acta administrativa de treinta de diciembre de dos mil catorce, las responsables fueron omisas en establecer la invalidez del reporte de seguridad número 818/2014, pues el mismo carece del nombre del servidor público que lo firma, circunstancia que no cumple los lineamientos que prevé el Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, en específico lo establecido en el numeral 13 del ordenamiento mencionado. Aunado a eso, las responsables pretenden subsanar dicha omisión, con el simple hecho de asentar en una nueva impresión del reporte, el nombre del servidor público que reportó la conducta desplegada por el impetrante de garantías, actuar que deviene improcedente pues los efectos del fallo protector son claros al establecer que respecto de dicho reporte, se debe establecer su invalidez. Máxime que, dada la naturaleza del acta administrativa, esto es, por tratarse de un acto administrativo a través del cual se impone un correctivo disciplinario al quejoso. Es menester precisar que el acto administrativo, es el principal, aunque no el único medio, por el cual se exterioriza la función o actividad administrativa desplegada por cualquier ente integrante de la administración pública en el marco de sus atribuciones; por tanto, al ser el acta de correctivo disciplinario, un acto de naturaleza administrativa, los efectos de la concesión del amparo se traducen en que la autoridad responsable gestione lo tendente a nulificar o dejar insubsistente el mismo, omitiendo reiterar el vicio advertido, el cual tiene su origen en el reporte de seguridad número 818/2014, pues de esa manera se restituye al quejoso en el goce de las prerrogativas que salieron de su esfera jurídica o se menoscabaron, como consecuencia de la ejecución del acto. Lo anterior, en el entendido de que continúa subsistente el apercibimiento decretado mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil catorce (foja 72), es decir, para el caso de ser omisas en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual en su caso, se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de inobservancia. Además, se hace del conocimiento de las responsables, que aun cuando dejen su puesto, continuará su responsabilidad por el desacato al fallo constitucional, durante el tiempo que duró en su encargo y por esa razón, también podrá ser consignado en términos del artículo 107, fracción XVI constitucional.
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