Roberto Ruedas Almaraz
Expediente 917/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Roberto Ruedas Almaraz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. No obsta a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley en la materia, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se le haya reclamado y, en el caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir el auto de que se trata. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, se considera que este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II, de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. NOTIFÍQUESE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Gómez Palacio, Durango; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada del auto de radicación dictado en el juicio de origen 2/638/2018, en el cual señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, del escrito inicial de demanda presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, el cuatro de julio del año actual, remitido el cinco siguiente por razón de turno a este juzgado, se advierte que el quejoso Roberto Ruedas Almaraz, por propio derecho, reclama en este asunto: "La omisión de emitir auto de radicación de demanda y asignarle número estadístico a mi escrito inicial de demanda, así como señalar fechas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no obstante que el 22 de julio de 2017 el tribunal responsable sello de recibido en original el escrito de demanda, y sin que a la fecha haya dictado auto alguno en relación a mi petición de demanda recibido. Cometer dilaciones y omisiones, así como retardar el juicio laboral". De las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, conforme lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto, se aprecia copia certificada del auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, por el que admitió a trámite la demanda, asimismo, señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, se advierte que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en el asunto en que se actúa. En consecuencia, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Lo anterior, porque en el expediente laboral de origen se admitió a trámite la demanda y se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inconcuso es que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto , toda vez que con ello, se subsana la omisión que impugnó la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideró vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad del acto. Entonces, los efectos de carácter omisivo del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se le atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que significa la desaparición total de las consecuencias del acto reclamado, restituyéndolo en el pleno goce de sus derechos que consideró violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquél, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a lo establecido en el ordinar 63, fracción V, de la ley en la materia, por ello, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las once horas con veinte minutos de esta fecha. Finalmente, no se soslaya el hecho de que en el auto admisorio se haya reservado el emplazamiento de los terceros interesados; sin embargo, ante el sobreseimiento decretado en el presente juicio, resulta innecesario ordenar el mismo.
- Principal
Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por los miembros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Durango, mediante el cual hacen del conocimiento, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, toda vez que en los autos del juicio laboral de origen se dictó el auto de radicación, en el que se ordenó señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley correspondiente. En tales condiciones, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita a este juzgado copia certificada de la referida actuación, toda vez que resulta necesaria para generar certeza a esta juzgadora; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo admisorio. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, Durango, por auto de seis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se le solicitó rindiera su informe justificado, toda vez que del talón respectivo, se desprende que quedó notificada el nueve del citado mes y año; por tanto, es inconcuso que no ha transcurrido el término en cita, ya que la misma, hasta el tres de agosto de este año, se encontraba gozando de su periodo vacacional, reanudando labores el día de hoy En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada en esta fecha y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga su verificativo. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
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