Roberto Romero Villareal

Expediente 1418/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1418/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Romero Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en auto de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, para que señalara las constancias que deben remitirse al Tribunal Colegiado para la substanciación del recurso de queja interpuesto sin que lo hubiera hecho. En tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con el recurso de queja interpuesto por **********, quejoso en el presente juicio de amparo, contra el proveído del nueve de noviembre del año que corre; comuníquese al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, que conozca de ese medio de impugnación que es cierto el acto que se recurre, dado que este órgano jurisdiccional emitió la aludida determinación. Por lo anterior, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo que una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran todo lo actuado en este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a **********, quejoso en el presente juicio de amparo, interponiendo recurso de queja contra el proveído del nueve de noviembre del año que corre; en consecuencia, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que en el plazo de tres días señale las constancias que deberán remitirse al órgano colegiado que tenga que resolver el medio de impugnación de que se trata. Una vez transcurrido el plazo que se concede, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Licenciado ***********, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con sede en Naucalpan, Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1418/2023-VII. En el presente asunto el acto reclamado consiste en la coacción por parte de la responsable para retirar la denuncia formulada por el quejoso. Ahora bien, analizado integralmente el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo debe ser desechada, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia. Dicha causa de improcedencia se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 1o., los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme a los preceptos trascritos, se advierte que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso en concreto el quejoso reclama la coacción por parte de la responsable para retirar la denuncia formula. Lo anterior hace patente la improcedencia de la vía constitucional, puesto que procede conforme a su intención la vía ordinaria. Dicha vía se encuentra contemplada en los artículos 108, 253 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dicen: "Artículo 108. Víctima u ofendido (.) En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. (.)". "Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los preceptos legales transcritos se desprende que en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que el citado Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima, además de que si bien, el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado; por tanto los actos de intimidación, que reclama el quejoso, se traducen, en una actitud del servidor público, lo cual más bien puede constituir un delito cometido por funcionarios públicos que debe ser impugnada en diversa vía y no así en el juicio de amparo indirecto. En efecto, en el presente asunto el acto reclamado consiste en la coacción por parte de la responsable para retirar la denuncia formulada por el quejoso, cuestión que corresponde hacer valer en diversa vía, más no en el juicio de amparo, cuya materia se constriñe a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad, no la investigación de hechos que pudieren constituir delitos, que es competencia del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización se citan a continuación: No. Registro: 186,767 Tesis aislada Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Junio de 2002 Tesis: I.6o.P.37 P Página: 664 "INTIMIDACIÓN, INEXISTENCIA DEL DELITO DE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 219, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. De lo establecido en el artículo 219, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, se desprende que los elementos del cuerpo del delito de intimidación son: a) un sujeto activo que tenga el carácter de servidor público; b) que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona; y, c) que lo anterior lo realice para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahora bien, si se atiende a la clasificación de los delitos, en atención a su resultado, la intimidación es un ilícito cuyo resultado es material, porque debe materializarse la acción del servidor público al inhibir o intimidar mediante la violencia física o moral a cualquier persona, de manera tal que también se trata de un delito de lesión, ya que causa un daño al bien jurídicamente tutelado por la norma, esto es, un menoscabo en la buena administración de justicia, incluso, un daño al sujeto pasivo en cuanto a su libertad para ejercer el derecho de acceso a la justicia. Por lo anterior, debe estimarse que el delito de intimidación es un ilícito de acción que para su consumación requiere que la actuación del servidor público inhiba o intimide a una persona, para que ésta o un tercero no denuncien o formulen querella, o bien, aporten información relativa a la probable comisión de una conducta ilícita sancionada por el Código Penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En consecuencia, habrá atipicidad cuando la conducta del servidor público no inhiba o intimide a una persona para que ésta o un tercero presenten denuncia o formulen querella, o bien, aporten información de la probable comisión de un ilícito previsto en las leyes citadas, pues al no producirse el resultado material no se daña el bien jurídico tutelado por la norma, faltando, por tanto, el objeto jurídico y, actualizándose con ello, la causa excluyente prevista en el artículo 15, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal." También es aplicable por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), la emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2002215, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, de fecha Noviembre de 2012, Tomo 2, cuyo rubro y texto a la letra dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público". De tal forma, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar el presente juicio de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión que indica y por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De conformidad en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente en el lugar en donde se encuentra recluido. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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