ROBERTO RODRIGUEZ MENDIOLA y Otros.
Expediente 963/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ROBERTO RODRIGUEZ MENDIOLA y Otros.
- Roberto Rodriguez Mendiola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, se tiene que el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, concediéndose el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional otorgada. Al resultar el proceder del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, violatorio del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de ***, la nombrada autoridad deberá: De inmediato emitir el título de concesión en seguimiento a la respuesta favorable contenida en el oficio B00.910.01.1/005783 de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Dirección Local a su digno cargo. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Dicha determinación causó ejecutoria el trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 59 a 61), motivo por el cual el mismo día se requirió al Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento en los términos precisados. INFORME DEL CUMPLIMIENTO. El Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, remitió oficio y anexos registrados bajo folio 1721, en el que informó haber emitido el título de concesión 08GUA100295/12AMDL07 a favor de los aquí quejosos, el cual envió al Registro Público de Derechos de Agua, para su debida inscripción, lo cual acredito con el reporte de seguimiento de los trámites del Sistema Integral de Administración del Agua. SE LEVANTA RESERVA. Toda vez que en proveído de siete del mes y año en curso, se reservó proveer en cuanto al fondo del escrito signado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, hasta en tanto feneciera el plazo de tres días concedido al peticionario del amparo, escrito a través del cual manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto; por tanto, dígasele al promovente que la concesión de la protección constitucional fue para que el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad, emitiera el título de concesión en seguimiento a la respuesta favorable contenida en el oficio B00.910.01.1/005783, contrario a lo que dice en el sentido de que se tendría por cumplido el fallo protector con su inscripción ante el Registro Público de Derechos de Agua; pues la inscripción del referido título en la citada dependencia no se incluyó en los efectos de la concesión del amparo debido a que se sobreseyó el juicio de amparo respecto esa autoridad porque a la fecha en que se falló el presente juicio, el referido Director no había emitido el título de concesión y, por ende, el Registrador Público de Derechos de Agua, con sede en la ciudad de México, no podría inscribir un título que a la fecha no existía. Además de que la aducida falta de inscripción, no resulta ser un acto de la competencia del Director Local quien resultaba ser la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ello de conformidad con los artículos 26, fracción V, letra b) y 86 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. Efectos ceñidos en la sentencia de amparo que han de estimarse consentidos por los impetrantes, pues no promovió medio de impugnación alguno, y por ende constituyen cosa juzgada y firme la ejecutoriedad de los efectos de la sentencia. Ahora bien, en cuanto la alegada falta de notificación del título queda rebasada con el circunstancial registro que del mismo se dé, pues dicho acto registral resulta progresivo al de la notificación, toda vez que generaría su publicidad y lo hace oponible ante terceros; luego entonces, no resulta dable atender dicho argumentos relativos a la falta de notificación, pues inclusive el conocimiento del referido título es de estimarse cumplido con la notificación personal ordenada por auto de cinco de marzo del presente año, proveído en el que se hizo saber al impetrante el cumplimiento dado por la autoridad responsable obligada al cumplimiento. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. Toda vez que en autos se encuentra acreditado fehacientemente que la autoridad responsable emitió el título de concesión en seguimiento a la respuesta favorable contenida en el oficio B00.910.01.1/005783, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo.
- Principal
Por recibido el ocurso de cuenta signado por el licenciado ***, autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista que se le dio con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y hace diversas manifestaciones. Atento a lo anterior, se reserva para su acuerdo, hasta en tanto fenezca el plazo de tres días que se concedió a dicha parte con las constancias relativas al cumplimiento de ejecutoria.
- Principal
Por recibido el comunicado de cuenta signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a través del cual informa que se ha emitido el título de concesión *** derivado del oficio *** dentro del expediente ***, mismo que fue remitido al Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, el veintisiete del mes pasado, mediante el Reporte del Seguimiento de los Trámites. Por tanto, previo a tener o no por cumplida la concesión de amparo emitida en el juicio constitucional en que se actúa, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil, al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello; este órgano de control constitucional, proveerá lo conducente de conformidad con el referido ordinal. Asimismo, se ordena notificar a la parte quejosa tanto el contenido del oficio y anexos de cuenta, como el contenido del presente proveído. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6° Transitorio de la Ley de Amparo Vigente, ya que su contenido no se opone en lo sustancial con el citado cuerpo de leyes, de rubro es el siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8º. Constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contesto por escrito la petición que le formulo el quejoso e intento notificarle sin éxito, o aun cuando este haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encantándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga en su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimiento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por el responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad Celaya, Guanajuato, por medio del cual manifiesta que de acuerdo a la información proporcionada por parte de la Subdirección de Administración del Agua de esa Dirección, a cargo del ingeniero ***, el título de concesión *** con número de expediente *** continúa pendiente de firma por parte de la Dirección Local, y solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En razón de lo anterior, hágase del conocimiento del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y del ingeniero *** de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección respectivamente, que se otorga la prórroga de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído para que den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto: De inmediato emitir el título de concesión en seguimiento a la respuesta favorable contenida en el oficio *** de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedido por la Dirección Local a su digno cargo. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, en la prórroga concedida, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete; es decir, se impondrá al Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y al ingeniero ***, de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección, una multa desde luego, y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que pude culminar con la separación del puesto y consignación de la autoridad contumaz. Es ilustrativa la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2014 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1044, con número de registro 2007622, la cual indica: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. De igual forma, se invoca la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, la cual indica: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.
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