Roberto Rocha Ríos
Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Rocha Ríos
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 4075 que signa el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta Ciudad; por el que remite testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial 16/2018, en sesión del día treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, de la que se aprecia que se resolvió en la forma siguiente: "PRIMERO. Se declara fundado el impedimento por Vicente Salazar López, Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para seguir conociendo del juicio de amparo indirecto 397/2018, de su índice. SEGUNDO. Envíense los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para que proceda en los términos indicados en esta resolución. En consecuencia, acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente cuaderno como asunto concluido. De conformidad con el capítulo relativo a "SERIES DOCUMENTALES NO CONTEMPLADAS EN LOS SUPUESTOS DE LOS PUNTOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO DEL AGC 1/2009" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de conservación, en razón de que se ubica en la primer hipótesis establecida en el párrafo primero del Capítulo citado con antelación, pues se trata de un asunto de relevancia documental en el que el titular de este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer de la demanda con que se formó el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa.
- Incidental
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguense las razones actuariales mediante las cuales devuelve los oficios de notificación 14234/I/2018 y 14235/I/2018, dirigidos a las autoridades denominadas Primer y Segundo Comandante de la Policía Ministerial dependientes de la Fiscalía General del Estado, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, de las que se advierte que no existen con esas denominaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se tienen por inexistentes a las citadas autoridades, por tanto, suspéndase toda comunicación oficial con las mismas.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 3319/2018, que signa el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, por el que comunica que acusa de recibo y se admitió el impedimento planteado por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Rocha Ríos, siendo registrado bajo el impedimento 16/2018. partes.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Como está ordenado en auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 397/2018-I promovido por Roberto Rocha Ríos, contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal y Oral, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; se forma por duplicado este incidente de suspensión. LEY DE AMPARO APLICABLE De inicio, es necesario precisar que en el Estado de Veracruz, ya entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; por tanto, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, deben realizarse conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, porque ello provocaría incertidumbre jurídica a las partes en torno a la norma aplicable en la medida cautelar, por lo que únicamente debe atenderse a la fecha en que se haya solicitado la medida cautelar para resolver lo conducente. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marzo de 2018, Materia Común, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Mediante Decreto publicado el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones normativas, entre las cuales se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente, publicado en ese mismo medio oficial, el 2 de abril de 2013, el cual establecía que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en esa materia se regiría por la Ley de Amparo abrogada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que una norma transitoria tiene como función, regular el paso ordenado de la ley anterior a la legislación nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de seguridad y certeza jurídicas respecto de la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. Por tanto, si el artículo décimo transitorio mencionado se trata de una norma transitoria de carácter procesal, atendiendo al régimen de transitoriedad de las normas, se arriba al convencimiento de que si el legislador estableció expresamente, a través de un artículo transitorio, el momento específico en que una norma concreta queda derogada y ésta es de naturaleza procesal, los operadores jurídicos deben atender a tal disposición; en ese sentido, en el caso específico se concluye que a partir del 18 de junio de 2016, debe considerarse que el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal al determinarse la pérdida de su vigencia, de ahí que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, deben realizarse conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, porque ello provocaría incertidumbre jurídica a las partes en torno a la norma aplicable en la medida cautelar, por lo que únicamente debe atenderse a la fecha en que se haya solicitado la medida cautelar para resolver lo conducente." En esas condiciones, el presente incidente de suspensión se regirá conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del dos de abril de dos mil trece. INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo, que deberán rendir las responsables por duplicado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que reciban la notificación de este presente proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda; apercibidas que de la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, sino que, además, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización en su valor diario, de acuerdo a los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 260, fracción I, en relación con el diverso 237 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Así mismo, solicítese al juez responsable para que, al rendir su informe previo, informe los siguientes datos: La época en que se cometió el delito o delitos por los cuales libraron la orden que constituye el acto reclamado; así como la fecha en que se emitió la misma. Precisen con exactitud el artículo, fracción, inciso y párrafo, en que se encuentre previsto y sancionado el delito o delitos por los cuales libraron la orden de aprehensión contra la aquí quejosa; y si es calificado como grave por la ley; El salario que hubiere manifestado percibir ante el órgano ministerial consignante, si es que declaro ante él; y Si de lo actuado se desprenden motivos o circunstancias que permitan establecer que la quejosa se sustraiga de la acción de la justicia. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Dado que el quejoso señaló como autoridades responsables a un Juez, de quien reclama la privación de la libertad; en esas condiciones, se le tiene como acto reclamado: Del Jue responsable: La orden de aprehensión. La ejecución del anterior acto. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Con fundamento en los artículos 162 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. El efecto de dicha medida es que no se ejecute el acto reclamado en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Asimismo, la medida cautelar que se concede tampoco impedirá que se prive de la libertad al quejoso, si se trata de actos diversos a los reclamados o si existe alguna orden de captura que se hubiera emitido con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda que se provee. Además, de tratarse el proceso o carpeta de investigación sobre delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; en términos del artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo, la suspensión sólo producirá el efecto de que el impetrante, una vez cumplida la orden restrictiva de libertad, quede a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente en lo que se refiere a su libertad y a disposición de la autoridad a la que corresponde conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. REQUISITO DE EFECTIVIDAD La medida surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si, dentro del término de cinco días, la parte quejosa no otorga garantía de $2,000.00 (dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional) en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la que se fija como medida de aseguramiento con fundamento en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de la materia. Plazo que se estima prudente, dado que de fijarse uno mayor se corre el riesgo de que al exhibir la garantía, se encuentre sustituida por la suspensión definitiva; lo anterior atento a que el Juez de Distrito tiene la facultad de adoptar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes para evitar que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y al principio de celeridad que rige en materia de suspensión.
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