Roberto Robles Anaya
Expediente 1695/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1695/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Roberto Robles Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III. Vistos los presentes autos, se advierte que el Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, aún no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo transitorio tercero de ésta, requiérasele nuevamente a la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, para que en el plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que la autoridad debe de actuar con la celeridad y prontitud debidas, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada. Apercibido que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
MESA I. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I.1695/2019, promovido por Roberto Antonio Canul Uicab, defensor particular del quejoso Roberto Robles Anaya, contra un acto que reclama del Titular de la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público de la Federación de la Unidad del Sistema Tradicional, Delegación Mérida, de la Delegación de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), por violación a los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 Constitucionales. ANTECEDENTES. PRIMERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentra el informe previo de la autoridad responsable, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la parte quejosa reclama la resolución de siete de noviembre del año en curso, en la cual le fueron negadas copias de la averiguación previa con número de expediente AP/PGR/YUC/MER-II/202/2014. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar el presente incidente de suspensión por duplicado; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, y 130 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional, manifestó en su respectivo informe previo la certeza del acto que por esta vía se le reclama, tal y como se advierte del citado informe. TERCERO. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. De conformidad con el primer párrafo de la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a analizar por separado las cuestiones de procedencia de la suspensión en el juicio de amparo en el siguiente orden: 1. Actualización de premisa relativa a la existencia de los actos reclamados. 2. Si la naturaleza de esos actos permite su paralización. 3. Cumplimiento de requisitos legales (artículo 128 de la Ley de Amparo); y 4. Si es necesaria la exigencia de alguna garantía. Al efecto, cobra aplicación el siguiente criterio, cuyos datos de rubro y texto, dicen: "SUSPENSION DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, MANERA DE REALIZARSE EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse; por su orden, las siguientes cuestiones: a). Si son ciertos los actos reclamados, los efectos y consecuencias combatidas (premisa). b). Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c). Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo, (requisitos legales); y d). Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros perjudicados (requisito de efectividad)". En primer término, la premisa consistente en que si son ciertos o no los actos reclamados, en el caso concreto se advierte la certeza de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. En segundo orden, se aprecia que la naturaleza jurídica del acto reclamado reviste la característica de negativo. En ese contexto, para poder determinar si procede conceder o no la medida cautelar solicitada por el promovente del amparo, es necesario precisar, la naturaleza del acto reclamado (actos consumados, negativos, futuros e inciertos etcétera), esto es, que sea susceptible de ser suspendido. Sirve de orientación la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que reza: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". Ahora, por lo que ve al acto reclamado por la parte quejosa y respecto de la cual pide la suspensión consistente, en la resolución de siete de noviembre del año en curso, en el cual le fueron negadas copias de la averiguación previa número AP/PGR/YUC/MER-II/202/2014, que solicitó en dicho expediente; al respecto debe negarse la suspensión definitiva. Toda vez, que se aprecia que la naturaleza jurídica del acto reclamado reviste la característica de negativo, pues consiste en que la autoridad responsable, en el acuerdo de siete de noviembre del año en curso, dictado en autos de la averiguación previa número AP/PGR/YUC/MER-II/2014, negó la expedición de copias de dicho expediente, que solicitó el aquí quejoso en dicha actuación, traduciéndose en el rechazo expreso de la pretensión del particular. En efecto, los actos que pueden ser reclamados en un juicio de amparo son variados, por lo que la doctrina y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido varias clasificaciones de actos para dar claridad en cuanto a su naturaleza y así poder determinar si, en principio, procede o no la suspensión en su contra. De esta forma, se reconoce la existencia de actos de naturaleza positiva y los de naturaleza negativa. Un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer, y que implican una acción, una orden, una privación o una molestia. En cambio, los actos de naturaleza negativa consisten en una conducta omisiva o en una abstención de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone; estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo expreso o ficto de la autoridad acerca de lo pedido. En contra de este tipo de actos negativos, por regla general, es improcedente conceder la suspensión, toda vez que de concederse se daría a la medida efectos constitutivos, al reconocerse un derecho del cual se carece antes de presentarse la demanda; lo que está prohibido por el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, en razón de que no puede invalidarse el acto reclamado y obligarse a la autoridad a que reconozca aquello que le fue pedido u obre en determinado sentido, pues estos efectos son propios de la sentencia, en la que se determine conceder la protección constitucional tras un análisis de fondo del asunto. Esto es así, porque en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, si el acto es de carácter negativo, el efecto propio de una eventual concesión amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, tomando en cuenta que la finalidad de la medida cautelar implica paralizar el acto reclamado de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, es inconcuso que ello no puede ocurrir cuando se trate de una negativa de la potestad para acceder en la forma que pretende el quejoso, como ocurre en la especie. De estimar lo contrario, se estaría dando efectos restitutorios propios de la sentencia constitucional en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por ende, por lo que ve a la medida cautelar solicitada por el quejoso, respecto del acto que hace consistir en el acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en la averiguación previa AP/PGR/YUC/MER-II/2014, en el cual el Agente del ministerio Público de la Federación responsable, le negó la expedición de copias de la citada averiguación previa; SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, atendiendo a que tal acto, por su naturaleza, tiene el carácter de negativo y contra éste resulta improcedente otorgar tal medida, pues de lo contrario se daría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Sirven de apoyo a esta consideración, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, respectivamente, señalan lo siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". "ACTOS NEGATIVOS. Un acto tiene el carácter de negativo, cuando la autoridad se rehúsa a hacer algo y la suspensión no puede tener el efecto de ordenar al Juez, que acceda a la petición del quejoso, y por lo mismo, no procede conceder la suspensión". Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a Roberto Robles Anaya, la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la resolución de siete de noviembre del año en curso, en el cual le fueron negadas al quejoso las copias de la averiguación previa con número de expediente AP/PGR/YUC/MER-II/202/2014; por los motivos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. ...
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que el término otorgado al quejoso Rodolfo Roldan, en proveído de veintinueve de noviembre pasado, para el efecto de aclarar si era su deseo interponer recurso de inconformidad o únicamente realizar manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; en consecuencia, llevando a efecto el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, y visto nuevamente el escrito con número de registro 20604, signado por el referido quejoso, agréguese el mismo únicamente para que obre como legalmente corresponda y téngase al citado impetrante haciendo las manifestaciones contenidas en el ocurso de mérito, para los efectos legales conducentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
- Principal
III.- Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, aún no ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso señalado, se le impondrá una multa de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga.
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