Roberto Rivero Gutiérrez

Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Roberto Rivero Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/8/2021, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por ---------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y glósese a los presentes autos únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional." Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el duplicado es susceptible de destrucción, y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la demanda y resolución en la que se concedió la suspensión, por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias remitidas por la responsable Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, consistentes en copia certificada del expediente 689/2019, de su índice, en apoyo a su informe justificado, en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad, para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le envían. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o de omitir informar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de unidades diarias de medida y actualización, en el supuesto de incumplimiento, equivalentes a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N). Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Por otro lado, con fundamento en el citado artículo 21, del Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Para lo anterior, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4, del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para ello, deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II, del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL 642/2021-II Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ONCE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 642/2021-II, en audiencia pública, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Abel Mejía Campos, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas. Acto seguido el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, por reproducido en todas y cada una de sus partes el informe justificado rendido por las responsables. Abierto el período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas aportadas por las partes durante la substanciación del presente juicio de amparo. El Juez provee: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de las partes y tómense en consideración al momento en que se dicte la resolución que en derecho corresponda. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Acto seguido el Juez acuerda: Téngase a las partes por precluído su derecho para realizar alegaciones. Con lo anterior, se tienen por efectuadas las etapas procedentes en la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se realiza el estudio de las constancias para dictar la sentencia que en derecho corresponda, con lo que culminará esta audiencia constitucional. VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 642/2021-II, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el 2 treinta de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, enviado al día siguiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado el dos de julio último, a este Juzgado Décimo de Distrito, Roberto Rivero Gutiérrez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA.- EL C. JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORA.- ELC. NOTIFICADOR O NOTIFICADORA EN FUNCIONES DE EJECUTOR DEL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS 1.- De la autoridad señalada como responsable, señalo como acto reclamado el procedimiento seguido a mis espaldas relativo al juicio radicado bajo el expediente 689/2018. 2.- De la autoridad señalada como responsable, la posible ejecución de una diligencia de lanzamiento en mi contra que con motivo de la tramitación del juicio señalado y se materialice en contra del suscrito quejoso. 3.- De la autoridad responsable en general, todas y cada uno de los efectos y consecuencias de los actos anteriormente señalados." SEGUNDO Trámite del juicio. Por auto de seis de julio del año en curso, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo a trámite con el número 642/2021-II; se requirió su informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló pedimento; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro del Municipio de Ecatepec de Morelos, en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y las diversas constancias que obran en el juicio, se advierte que la parte quejosa, reclama: 1. Del Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México:  La orden de lanzamiento en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número ****, de su índice, respecto del inmueble ubicado en la ***, del cual aduce, el quejoso tiene la posesión. 2. De la Notificadora adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México:  La ejecución de la orden. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, ya que al rendir su informe justificado, aceptó el acto a ella atribuido, como se advierte de autos; y, para justificar la legalidad del mismo, remitió en apoyo a su informe copia certificada del expediente número ****, de su índice, el cual obra en un tomo de pruebas por separado y se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los ordinales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Notificadora adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe, negó el acto a ella reclamado; sin embargo, del contenido íntegro del mismo se aprecia que llevó a cabo el acto impugnado por el quejoso; por ende, se tiene por desvirtuada su negativa y se tiene por cierto el acto a ella atribuido, de conformidad con el precepto 117, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente caso, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De la lectura del artículo transcrito, se advierte que la Ley de Amparo hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico; sin embargo, la figura del interés legítimo se encuentra excluida tratándose de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues desde la reforma constitucional en materia de amparo se consideró que en estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que siempre es necesario mantener. Así, quien resuelve, advierte que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. El interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14, constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/91, cuya finalidad de esa resolución es evitar que exista incertidumbre sobre qué posesión debe protegerse en el juicio de amparo indirecto en que el quejoso se ostenta como persona o tercero extraño a un juicio del orden civil y, en ese tipo de juicio constitucional, qué debe demostrar el promovente del amparo para acreditar su interés jurídico; asimismo, concluyó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pero no de una simple posesión material de un bien. Sobre esa base, arrojó luz para que los operadores jurídicos estén sabidos que, para que la posesión de un quejoso, que se ostenta extraño a un juicio sea susceptible de protección constitucional, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y, para no dejar lugar a dudas, la propia Corte especificó qué debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión, lo cual de entrada prueba que quien acude al juicio de amparo tiene un interés jurídico para ello, pues sólo de ese modo no se estará analizando la posible afectación a una posesión simple que, a su vez, conllevara a un estudio absurdo e injusto de esta última; tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". De suerte tal, que la parte quejosa que se ostente como tercera extraña al juicio natural está obligada a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad o posesión del inmueble que defiende. En el caso, el quejoso refiere en su demanda de amparo que ejerce la posesión del ***. Como se puede apreciar, el quejoso invoca como violado un derecho reconocido y tutelado por el orden jurídico, como es la posesión de un bien inmueble. Luego, para que la parte quejosa acredite su interés jurídico para reclamar la orden de lanzamiento que se pretende ejecutar en el inmueble referido, deberá demostrar que efectivamente tiene algún derecho respecto de dicho bien. En ese sentido, el quejoso exhibió para acreditar dicha situación la siguiente documental: Contrato original de arrendamiento de uno de diciembre de dos mil veinte, donde funge como arrendador *** y como arrendatario el quejoso ***, respecto del bien inmueble que se defiende en la presente instancia. Documento que es de naturaleza privada, exhibido con el ánimo de acreditarse el interés jurídico; sin embargo, dicha documental por sí sola no se trata de un acto por el cual las partes intervinientes ratifiquen el pacto de voluntades a efecto de actualizar un documento de fecha cierta y con ello acreditar su interés jurídico para efectos del presente juicio de amparo, respecto del inmueble que defiende el quejoso en esta instancia constitucional, pues el simple contrato no cumple con ese requisito para acreditar el citado interés, pues como se dijo se trata de un documento privado y con exhibir el original no acredita que sea de fecha cierta, esto para poder acreditar el interés jurídico que se requiere. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2007, determinó que los documentos que consignen contratos traslativos de uso - contrato de compraventa- o arrendamiento, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta, dado que la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, pues para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, la cual se obtiene cuando el documento se presenta a un registro público, ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Sustenta las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 81042, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 63, del Volumen LXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." Lo anterior, sin que existan mayores elementos de prueba con los cuales pudiese relacionarse y acreditar efectivamente dicha situación. De ahí que, el agraviado carece de interés jurídico para instar este juicio de amparo; pues, no exhibió prueba fehaciente que demuestre que tiene algún derecho sobre el inmueble que defiende, sobre el cual se pretende ejecutar la orden de lanzamiento que se reclama y su ejecución, por lo que es de concluirse que no acreditó que los actos reclamados afecten un interés jurídico tutelado en la ley en su beneficio. Por otra parte, tampoco lesionan los intereses del quejoso, lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número ***, del índice del Juez natural, al no haber sido llamado, oído y vencido en dicho procedimiento judicial, ya que no acreditó en esta instancia el interés jurídico para emitir un desenlace distinto al presente. De todo lo anterior, se llega a la conclusión, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento, se sobresee el juicio de amparo. Cabe señalar que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, este Juzgado se encuentra impedido para entrar al estudio y análisis del fondo de los actos reclamados. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ****, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los razonamientos expuestos en el considerando último de este fallo constitucional. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, quien actúa con Abel Mejía Campos, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista de ocho días otorgada a las partes en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, para que se impongan del informe justificado rendido por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, así como de las pruebas que aportó. En mérito de lo anterior, a fin de dar margen a que transcurra el término en comento, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado Federal. Para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presentes en la audiencia constitucional de manera virtual, con apoyo en el numeral 25 del citado acuerdo, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación. Si las partes asisten al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Finalmente, en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo sin su asistencia, ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia, de manera física o en línea. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Así, lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Jesús Facio Rodríguez, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado y en apoyo al mismo adjunta copias certificadas del expediente 689/2018, relativo al Juicio de Controversias del Estado Civil de las Personas y el Derecho Familiar sobre Nulidad de Acta de Nacimiento, constante de un tomo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado y constancias por parte de la autoridad oficiante, asimismo, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y dese cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, de conformidad con los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la prueba documental que exhibe la responsable, misma que se tomará en consideración en el momento procesal oportuno y para un mejor manejo de la misma, se ordena formar un anexo de pruebas con carátula de identificación correspondiente. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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