Roberto Rivera Díaz

Expediente 1567/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1567/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Roberto Rivera Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil diecinueve. El estado procesal del presente asunto, así como la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para hoy a las once horas con cinco minutos de hoy, como se determinó en auto de seis de diciembre pasado; sin embargo, en proveído de veinticuatro de diciembre del año en curso (foja 58), se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Magistrada Presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mismo que se les notificó el veintiséis siguiente, por lo que en términos del artículo 31 fracción II de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos el veintisiete posterior, y a la fecha transcurre el primer día, por lo que no se esta en posibilidad de llevar a cabo dicha audiencia. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las once horas del diecisiete de enero de dos mil veinte. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 7 en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la ley de amparo, ('...el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,...'), sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ('si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.'),por lo tanto, el juez de distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el juez de distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con los oficios suscritos por la Magistrada Presidenta de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través de los cuales en atención a los oficios 31062/2019 y 31063/2019 rinde informe justificado, y remiten copia certificada del expediente JGA/47/2019, del oficio TJA-P/480/2019 y del diverso TJA-PJGA/166/2019 de su índice. Con el informe y constancias de mérito hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma

  3. Principal

    III) Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción notificó al tercero interesado ******************** la radicación del presente juicio de amparo, de la que se advierte que manifestó señalar el mismo domicilio para oír y recibir notificaciones en el que fue emplazado. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes y con sustento en el ordinal 305 de la misma codificación, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado de mérito, el designado para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Roberto Rivera Díaz por propio derecho, contra actos del Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico; y regístrese en el libro de gobierno con el número 1567/2019-III. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, pues con fundamento en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo, la parte quejosa no lo solicitó. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237 fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En el entendido de que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado vía mensajería acelerada, telegrama, correo electrónico a la dirección 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en PDF o JPG y que el documento este escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico o vía fax al número (01722) 2.36 05.00 ext. 3107, con firmando dicho envío en la misma extensión. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Causas de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiese alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Apercibimiento de autoridad inexistente. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que algunas de las autoridades señaladas como responsables, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Tercero interesado. Por otro lado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado a Rafael González Osés Cerezo, sin perjuicio de que de las constancias generadoras del acto reclamado, se advierta la existencia de uno diverso. Por tanto, como lo establece el último párrafo del artículo 116 de la Ley de Amparo, por conducto del actuario adscrito a este juzgado, con copia simple de la demanda de amparo y del presente proveído, notifíquese a la parte tercero interesada de referencia la radicación del presente asunto, en el inmueble señalado en el ocurso de amparo. Asimismo, le haga saber la instauración del presente juicio, el derecho que tiene para apersonarse al mismo y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se les haga, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibidos que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se les harán por medio de lista que se fije en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la quejosa. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Eduardo Guerrero Nava, Eduardo Rojas Rubio y Giovani Jerónimo Jasso Ledezma por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las demás personas nombradas en términos restringidos, por no contar con la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por no tener dicho registro. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Pruebas. Ténganse por anunciadas las pruebas que ofrece, debiendo de hacer relación en la celebración de la audiencia constitucional. Se habilitan horas y días inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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