Roberto Ricardez Gomez
Expediente 1631/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1631/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Junta Especial Numero Treinta Y Seis de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Tabasco
- Roberto Ricardez Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA I.- CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA
- Principal
MESA I.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 694-2016, derivado del juicio de amparo 1631-2016-I, promovido por *. En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE). Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad declaró fundada la queja interpuesta por la parte accionante del amparo, por lo que se provee respecto a la demanda de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En principio, se destaca que el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA; ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto y, finalmente, que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al analizar la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: El señalamiento en el acuerdo de fecha 10 de Octubre del 2016 dictado por la responsable en el expediente laboral No. 36/2015 en el que se señala FECHA Y HORA para la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS para el día 9 de abril del 2017, fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, fecha excesivamente distante y por consecuencia entorpeciendo la prontitud y expedites en la administración de justicia en el expediente laboral 36-2015. Asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna de la autoridad responsable descrita con anterioridad, lo siguiente: El auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 36-2015, de su índice, en el que señala fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo, esto es, para el nueve de abril de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, del estudio realizado a los actos reclamados este juzgador advierte que en el presente caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis aislada identificada con la clave IV.3o.108 K, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995, página 353, en materia Común, cuyo rubro y texto dice: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Así, en relación al acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 36-2015, de su índice, en el que señala fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo, esto es, para el nueve de abril de dos mil diecisiete; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo contenido, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija [.] Así, del último artículo transcrito, se pone de relieve que siempre que exista un agravio personal y directo del promovente del juicio de amparo, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Sobre este tópico, a fin de demostrar la improcedencia del juicio es necesario precisar que el acto reclamado a estudio, es la dilación procesal de parte de las autoridades responsables en el señalamiento para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para el nueve de abril de dos mil diecisiete, la cual se refiere que se encuentra fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo. Así pues, en el caso opera la improcedencia anunciada ya que partiendo de la certeza y subsistencia del acto reclamado, es inobjetable que la posible sentencia amparadora, no podría surtir efectos materiales ni jurídicos al extinguirse la actuación con el simple transcurso del tiempo; por tanto, sería materialmente imposible restituirlo en el goce de sus derechos constitucionales que considera vulnerados, y como el acto reclamado no es de carácter patrimonial no podría ubicarse en los supuestos del cumplimiento sustituto de ejecutorias de amparo para que se optara por esa forma de cumplimiento prevista en la ley de la materia. Así tenemos que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgador dispone del término de veinticuatro horas para resolver si desecha, previene o admite la demanda de amparo. Por tanto, en el supuesto sin conceder que fuere admitida, acorde a lo dispuesto por el artículo 117 del ordenamiento legal antes invocado, se requeriría a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, la rendición de informe justificado dentro de los quince días siguientes a su notificación; una vez hecho lo anterior explica el ordenamiento legal en cita que deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, pues cuando acontezca lo contrario de debe acordar diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Es por esta circunstancia que el artículo 115 de la ley de la materia, resume estos trámites y estableciendo a la vez un plazo de treinta días, entre la presentación de la demanda y la fecha de la audiencia constitucional, que en el presente caso sería el ocho de marzo de dos mil diecisiete (en el supuesto sin conceder que así aconteciere). Así las cosas, tomando en consideración que el término probable en el que transcurriría el plazo para que en su caso, las partes pudieran impugnar la sentencia referida, sería del nueve al veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (ello sin tomar en cuenta el día de descanso que podría gozar la responsable atento al Natalicio de Benito Juárez) y el requerimiento de cumplimiento a la responsable se acordaría el veinticuatro de marzo siguiente, mismo que se publicaría al día siguiente hábil -veintisiete del último mes y año citado-; por tanto, el oficio por medio del cual se notificaría a la responsable se recibiría el día veintiocho de marzo posterior y conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, el término para el cumplimiento de sentencia es de tres días hábiles, lo que significa que dicho cumplimiento podría actualizarse del veintinueve al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, de ahí que la nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se fijaría legalmente dentro de los diez días hábiles a partir del momento en el que legalmente se le requiera dicho cumplimiento, acorde a lo establecido por el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual presumiblemente transcurriría del tres al catorce de abril de dos mil diecisiete (ello sin tomar en cuenta los días de descanso de que podría gozar la responsable atento a la denominada semana santa); fecha posterior a la establecida en el acto reclamado (nueve de abril de dos mil diecisiete). En las relatadas consideraciones, se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto reclamado en análisis, pues este órgano de control constitucional se vería imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo impone el artículo 77 de la Ley de Amparo; esto es, restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, ya que esa circunstancia sólo se actualiza cuando sea jurídica y materialmente posible, lo cual no acontece en la especie; además de que sería en perjuicio del justiciable. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 90-97, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que prescribe: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. De ahí que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, por cuanto hace al acto en análisis, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, al ser improcedente la demanda de amparo en relación a los actos combatidos por el quejoso, ello obliga a este juzgador constitucional a desecharla de plano, atento a lo establecido en el artículo 113 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.
- Principal
Siendo las nueve horas del catorce de Febrero de dos mil diecisiete, la suscrita actuaria judicial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, hago constar que no se presento a notificarse de manera personal la parte quejosa, en el presente juicio de garantías, a pesar de haberle dejado aviso de notificación, siendo procedente hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo en la diligencia anterior, por lo que procedo a efectuar la notificación del auto de ocho de Febrero de dos mil diecisiete, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a las nueve horas del catorce de Febrero de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Doy fe. EL CITADO AUTO DICE: MESA I.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 694-2016, derivado del juicio de amparo 1631-2016-I, promovido por *. En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente y realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, (SISE). Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad declaró fundada la queja interpuesta por la parte accionante del amparo, por lo que se provee respecto a la demanda de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. En principio, se destaca que el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA; ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto y, finalmente, que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al analizar la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: El señalamiento en el acuerdo de fecha 10 de Octubre del 2016 dictado por la responsable en el expediente laboral No. 36/2015 en el que se señala FECHA Y HORA para la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS para el día 9 de abril del 2017, fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, fecha excesivamente distante y por consecuencia entorpeciendo la prontitud y expedites en la administración de justicia en el expediente laboral 36-2015. Asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna de la autoridad responsable descrita con anterioridad, lo siguiente: El auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 36-2015, de su índice, en el que señala fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo, esto es, para el nueve de abril de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, del estudio realizado a los actos reclamados este juzgador advierte que en el presente caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aún de oficio, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la tesis aislada identificada con la clave IV.3o.108 K, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación XV-II, Febrero de 1995, página 353, en materia Común, cuyo rubro y texto dice: IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes. Así, en relación al acto reclamado consistente en el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el expediente laboral 36-2015, de su índice, en el que señala fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo, esto es, para el nueve de abril de dos mil diecisiete; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuyo contenido, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. [.] Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija [.] Así, del último artículo transcrito, se pone de relieve que siempre que exista un agravio personal y directo del promovente del juicio de amparo, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Sobre este tópico, a fin de demostrar la improcedencia del juicio es necesario precisar que el acto reclamado a estudio, es la dilación procesal de parte de las autoridades responsables en el señalamiento para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para el nueve de abril de dos mil diecisiete, la cual se refiere que se encuentra fuera de los parámetros legales previstos en la Ley Federal del Trabajo. Así pues, en el caso opera la improcedencia anunciada ya que partiendo de la certeza y subsistencia del acto reclamado, es inobjetable que la posible sentencia amparadora, no podría surtir efectos materiales ni jurídicos al extinguirse la actuación con el simple transcurso del tiempo; por tanto, sería materialmente imposible restituirlo en el goce de sus derechos constitucionales que considera vulnerados, y como el acto reclamado no es de carácter patrimonial no podría ubicarse en los supuestos del cumplimiento sustituto de ejecutorias de amparo para que se optara por esa forma de cumplimiento prevista en la ley de la materia. Así tenemos que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Amparo en vigor, este juzgador dispone del término de veinticuatro horas para resolver si desecha, previene o admite la demanda de amparo. Por tanto, en el supuesto sin conceder que fuere admitida, acorde a lo dispuesto por el artículo 117 del ordenamiento legal antes invocado, se requeriría a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, la rendición de informe justificado dentro de los quince días siguientes a su notificación; una vez hecho lo anterior explica el ordenamiento legal en cita que deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, pues cuando acontezca lo contrario de debe acordar diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Es por esta circunstancia que el artículo 115 de la ley de la materia, resume estos trámites y estableciendo a la vez un plazo de treinta días, entre la presentación de la demanda y la fecha de la audiencia constitucional, que en el presente caso sería el ocho de marzo de dos mil diecisiete (en el supuesto sin conceder que así aconteciere). Así las cosas, tomando en consideración que el término probable en el que transcurriría el plazo para que en su caso, las partes pudieran impugnar la sentencia referida, sería del nueve al veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (ello sin tomar en cuenta el día de descanso que podría gozar la responsable atento al Natalicio de Benito Juárez) y el requerimiento de cumplimiento a la responsable se acordaría el veinticuatro de marzo siguiente, mismo que se publicaría al día siguiente hábil -veintisiete del último mes y año citado-; por tanto, el oficio por medio del cual se notificaría a la responsable se recibiría el día veintiocho de marzo posterior y conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, el término para el cumplimiento de sentencia es de tres días hábiles, lo que significa que dicho cumplimiento podría actualizarse del veintinueve al treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, de ahí que la nueva fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se fijaría legalmente dentro de los diez días hábiles a partir del momento en el que legalmente se le requiera dicho cumplimiento, acorde a lo establecido por el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual presumiblemente transcurriría del tres al catorce de abril de dos mil diecisiete (ello sin tomar en cuenta los días de descanso de que podría gozar la responsable atento a la denominada semana santa); fecha posterior a la establecida en el acto reclamado (nueve de abril de dos mil diecisiete). En las relatadas consideraciones, se pone de manifiesto que el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto reclamado en análisis, pues este órgano de control constitucional se vería imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo impone el artículo 77 de la Ley de Amparo; esto es, restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, ya que esa circunstancia sólo se actualiza cuando sea jurídica y materialmente posible, lo cual no acontece en la especie; además de que sería en perjuicio del justiciable. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P.J. 90-97, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que prescribe: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. De ahí que la demanda que se provee resulte notoriamente improcedente, por cuanto hace al acto en análisis, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Corolario de lo expuesto, al ser improcedente la demanda de amparo en relación a los actos combatidos por el quejoso, ello obliga a este juzgador constitucional a desecharla de plano, atento a lo establecido en el artículo 113 de la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.
- Principal
MESA I. Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, lo radicó con el número 694/2016.
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