Roberto Reyes Meza

Expediente 160/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
160/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Roberto Reyes Meza
  • Ramón Saúl Lugo Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 7367/2021 signado electrónicamente con evidencia criptográfica y firma digitalizada por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual acusa recibo del diverso 1731, con el que este tribunal le remitió la copia autorizada del testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como los antecedentes y demás constancias que sirvieron de base para el dictado de la resolución respectiva. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Amparo en revisión

    CONFIRMA Y SOBRESEE

  3. Amparo en revisión

    Del estado que guarda este expediente, se advierte que la quejosa, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le otorgó en acuerdo de quince de enero del presente año dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese este asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B" del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Amparo en revisión

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que formula el titular de la ponencia "B" de este órgano jurisdiccional, magistrado Arturo Castañeda Bonfil, al que acompaña el amparo en revisión 160/2019, en el que expuso lo siguiente: "Mediante escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, el cuatro de septiembre del citado año, el cual fue remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, donde presidencia lo admitió por acuerdo de seis de dos mil diecinueve y lo registró con el número 160/2019; el quejoso interpuso recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada por el referido juzgador federal, el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, autorizada el treinta siguiente, en el juicio de amparo indirecto *****. En la demanda constitucional que dio origen al referido controvertido, el quejoso señaló como acto reclamado de la Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de Huatabampo, Sonora, la ilegal orden de privación de su derecho real de hipoteca, respecto a la casa habitación ubicada en ***** de dicha ciudad, identificado como *****. Seguido el juicio por sus demás trámites, se celebró la audiencia constitucional en la que se dictó sentencia el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, autorizada el treinta siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62, de manera oficiosa el suscrito detecta una causal de improcedencia del juicio constitucional, diversa a la analizada por el juez de Distrito, de ahí que se encuentre constreñido a su análisis. Para determinar lo anterior, en principio se destaca el momento en que al quejoso se le ocasionó un agravio personal y directo en relación al acto reclamado, consistente en la privación de su derecho real de hipoteca, derivado de la cancelación de la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con motivo del juicio ordinario civil reivindicatorio y de nulidad *****, en el que se emitió el acto reclamado. En relación a los elementos que se consideran para determinar a partir de cuándo se actualiza el agravio al quejoso y que debe controvertir en el amparo; resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a pagina 95, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época, Registro 196930, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." A fin de determinar la oportunidad para la promoción del juicio de derechos por persona extraña a juicio, solo puede establecerse como regla general, que el término debe empezar a computarse a partir de que tiene conocimiento de la actuación que le causa perjuicio jurídico al quejoso legitimado para promoverlo. Lo anterior implica que pueden presentarse varias hipótesis para determinar cuál es la actuación que le depara perjuicio al promovente del amparo, ya que puede suceder que ese perjuicio sea en sí el juicio, caso en el cual será a partir de que tiene conocimiento del procedimiento judicial relativo cuando estará legitimado para promoverlo, o bien, puede suceder que sea la sentencia dictada en el juicio la que por sí misma cause ese agravio personal y en tal supuesto, debe atacarla, o en su defecto, puede ocurrir que únicamente el mandamiento de ejecución relativo le ocasione agravio, por lo que debe determinarse en cada caso cuál es la actuación que le para un perjuicio jurídico a la persona extraña para, a partir de que tenga conocimiento de tal actuación, computar el término concerniente para la promoción del juicio de amparo. Las reglas señaladas aplican cuando se trata de un tercero que no tiene la condición de parte en el juicio relativo siendo, por tanto, ajeno al litigio correspondiente y no le afectan, en sí mismos, los actos o resoluciones de un juicio del que no es parte, pudiendo tan solo llegar a ocasionarle un agravio cuando traten de ejecutarse en su perjuicio, sin que sea suficiente la mera posibilidad de una afectación, sino que es necesario que se trate de un perjuicio real, actual e inmediato. En el caso concreto, *****, quejoso en el amparo de donde proviene el presente recurso, es una persona extraña al juicio ordinario civil *****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de Huatabampo, Sonora, de donde proviene el acto reclamado; de ahí que sea necesario precisar de manera exacta cuál es el acto que ha dicho tercero extraño le causa perjuicio y que lo legitime para promover el amparo indirecto, como lo establece la jurisprudencia transcrita. El auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 763 a 766 del anexo I), constituye el acto que el quejoso reclama porque, dice, la autoridad responsable en ese acuerdo decretó cancelar la inscripción del gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble materia del juicio, derivado del contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado por el peticionario de amparo con *****. Por su parte, en la sentencia recurrida el juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio porque, resolvió, el quejoso estuvo enterado de la existencia del juicio civil *****, a cuya falta de llamamiento atribuye medularmente el acto reclamado, por lo menos desde el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en que promovió el diverso juicio de derechos ***** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, en contra de la propia autoridad responsable y las actuarias adscritas a ese juzgado civil de origen, por la orden de desalojo ejecutada, según el dicho del propio quejoso en ambos juicios de amparo, el siete de agosto de la propia anualidad. El anterior pronunciamiento del juez federal, el suscrito lo estima inadecuado para pretender decretar la extemporaneidad de la demanda, pues como se dejó asentado, el quejoso es una persona extraña al juicio civil de origen, es decir, no tiene el carácter de actor ni de demandado y por ende, no existe forma de asegurar que el juicio de amparo es extemporáneo, si no hay un momento determinado a partir del cual se pueda afirmar que se tuvo conocimiento del acto. El suscrito afirma lo anterior, porque ciertamente el auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, es posterior al veintisiete de agosto del mismo año, en el que incluso lo acepta el recurrente, tuvo conocimiento de las constancias que conformaban hasta ese momento el juicio, empero, las posteriores actuaciones no le pueden surtir efecto las notificaciones, como si se tratare de una parte contendiente. De manera que lo trascendental es indagar si existe un auto previo al de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, cuando el quejoso conoció del juicio de origen, que evidencie si en esa fecha existía o no una determinación judicial que ya le causaba perjuicio en su derecho real de hipoteca, para que a partir de ahí promoviera el amparo y no esperarse hasta una actuación posterior que pudiera tener la característica de derivar de aquella que ya le afectaba. Así, tenemos que el quince de junio de dos mil dieciocho, se dictó un auto donde el juez de instancia, como también lo hizo en el acto reclamado, sostuvo que en virtud de que en el juicio civil ***** desde el uno de julio de dos mil cinco, se giró oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Huatabampo, Sonora, y con motivo del mismo se hizo la anotación marginal de que efectivamente el inmueble materia de la controversia se encuentra sujeto a litigio; esa circunstancia, dijo el juez civil, prevalece sobre la inscripción hipotecaria que el mismo bien resiente, en favor del quejoso. Ello, sostuvo el juez de origen, porque la inscripción de sujeción a litigio fue mucho antes que el gravamen hipotecario, razón por la cual, determinó, lo resuelto en el juicio civil reivindicatorio y de nulidad, le para perjuicio al promovente del amparo Ramón Saúl Lugo Guerra, de conformidad con el artículo 232, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. El suscrito estima que dicho pronunciamiento decretado por el juez civil, implica un perjuicio personal y directo en contra del quejoso, porque el derecho dilucidado en el juicio de origen, debido a la inscripción de sujeción a litigio respecto del inmueble también hipotecado, se hace extensivo al propio promovente del amparo, al establecerse que la sentencia que ordena la entrega del citado bien en favor de la actora de aquella contienda, le para perjuicio al aquí recurrente. Lo anterior es así, porque la referida determinación del juez de instancia natural constriñe a entregar el inmueble al ganancioso del citado juicio, tan es así que en el auto mencionado se ordenó la ejecución y desalojo, aun cuando estaba en posesión de una persona que resultaba ser depositaria judicial derivada de la ejecución de hipoteca en favor del promovente del amparo. De ahí que esa afectación tiene la naturaleza de ser actual al momento en que se dictó el auto y directa, ya que de manera clara y contundente se determinó que la sentencia también debía ser cumplida por el tercero extraño -quejoso- acreedor hipotecario, lo que evidentemente constituye la pérdida de todos los derechos derivados del contrato de hipoteca, incluyendo, la inscripción de la misma. En vista de lo expuesto, resulta claro que el acto que debió haber reclamado el quejoso aquí recurrente, es precisamente aquel de quince de junio de dos mil dieciocho, lo cual no hizo, pese a que tuvo conocimiento del mismo por lo menos desde el veintisiete de agosto del propio año en que promovió el amparo indirecto *****; lo que genera una actuación o acto consentido porque en su momento no se presentó demanda constitucional contra dicho acuerdo, dentro del término que la propia ley establece, como lo dijo el Juez Octavo de Distrito en aquel juicio de derechos *****, cuya resolución fue confirmada por este Primer Tribunal Colegiado según se precisó en la última parte del considerando quinto de la ejecutoria. De manera que, aun cuando la demanda de amparo promovida contra el acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto aquí reclamado, se presentó dentro de los quince días a partir de la fecha que dice el quejoso tuvo conocimiento del mismo; lo cierto es que se trata de un acto derivado de otro consentido, por lo cual el suscrito estima que se actualiza el sobreseimiento en el juicio conforme a lo previsto en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento." En efecto, porque en este acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el juez de instancia, conforme a los mismos argumentos expresados en aquel auto de quince de junio de la propia anualidad, determinó que la sentencia dictada en el juicio ordinario civil *****, también era ejecutable en contra del peticionario de amparo y por ende, sostuvo, procedía cancelar la inscripción de la hipoteca. Así, resulta fácil advertir que el pronunciamiento respecto de la obligación del quejoso de cumplir con la sentencia dictada en el citado juicio ordinario civil con todas sus consecuencias, ya existía desde junio de dos mil dieciocho y pese a ello, como se vio, no fue combatida oportunamente. En consecuencia, el suscrito estima que al eventualmente haberse actualizado una diversa causal de improcedencia en el juicio de derechos fundamentales, a la analizada por el secretario en funciones de juez de Distrito, debe confirmarse la sentencia impugnada, acorde a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado es derivado de otro consentido, según el artículo 61, fracción XIII, de la propia legislación. Con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se estima necesario conceder vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga". En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que exponga lo que a su interés convenga en relación con la diversa causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista a la parte quejosa con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si el quejoso puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificado personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.

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