Roberto Reyes González
Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Roberto Reyes González
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, se había desechado el presente juicio de amparo, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Al no haber promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el mismo como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Finalmente, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el numeral 17 constitucional, se ordena que el presente proveído sea notificado a las partes por lista de acuerdos.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Con la demanda de amparo promovida por Roberto Reyes González, presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente de amparo respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 46/2021-I. Del examen de la demanda que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Roberto Reyes González, por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad del promovente para ratificar su contenido y en el cual se exprese su voluntad con lo solicitado. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Interpretación del marco normativo. El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Roberto Reyes González, presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda, de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento de identidad válido y vigente respectivo. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra. Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, los reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto al escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Decisión En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con la demanda de amparo promovida por Roberto Reyes González, presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente de amparo respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 46/2021-I. Del examen de la demanda que se provee, se advierte que la misma se presentó en línea y sin la firma electrónica correspondiente a Roberto Reyes González, por lo que no obra el documento de identidad que evidencie la voluntad del promovente para ratificar su contenido y en el cual se exprese su voluntad con lo solicitado. En atención a lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Interpretación del marco normativo. El artículo 107, fracción I, Constitucional establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; ello implica que el acto impugnado lesione algún derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, ocasionando perjuicio a su titular; esto es, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico es la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al referido juicio, para que se le restituya en el goce de los derechos infringidos. De lo que se concluye que el juicio de amparo, se rige por el principio de instancia o iniciativa de parte, el cual establece que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley o acto de autoridad, la persona afectada en sus intereses jurídicos, situación que fue retomada en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al definir quién puede ser considerado como quejoso dentro del juicio de amparo. Caso concreto. En el presente asunto, tomando en cuenta que la demanda de amparo promovida por Roberto Reyes González, presentada en línea, no contiene la firma electrónica certificada, siendo lo anterior una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su esfera de derechos fundamentales, pues sin ello no puede considerarse ejercitada la acción constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en virtud de tratarse de un medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, se colige, que no se acredita la voluntad de quien suscribe. Lo anterior es así, porque la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda, de donde resulta indispensable que conste en original la firma de quien promueve o el documento de identidad válido y vigente respectivo. En adición lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitió el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, se establece en su artículo 6 que todas las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la Firma Electrónica; asimismo, el precepto 10 del citado acuerdo expone que las disposiciones de que se trata son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito y que en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el ordinal 16 del acuerdo de que se trata, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea, será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación en los términos establecidos en ese acuerdo, aunado a que deberán realizar un registro en dicho sistema, que es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra. Asimismo el precepto 17 del acuerdo en comento, establece como excepción que el archivo que contenga la demanda de amparo no sea firmado electrónicamente, los reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el artículo 45 del acuerdo antes referido se establece el procedimiento para presentar solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, de donde se obtiene que un requisito es que el usuario agregue a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, con la excepción de que se trate de demandas electrónicas a que se refiere el numeral 42 del acuerdo en cuestión. Bajo este contexto, es posible concluir que toda promoción presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá ser firmada electrónicamente, haciendo uso de la Firma Electrónica de la persona que la suscribe, con las excepciones previstas en el acuerdo relativo, a fin de dar certeza de que el contenido del documento electrónico fue emitido por el firmante, quedando asentado para tal efecto la evidencia criptográfica de la firma. Por tanto, toda vez que el escrito que generó este expediente se presentó a través del aludido Portal de Servicios en Línea y que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en los artículos 17 y 42 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se puede concluir en lo relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que debe cumplirse con las mismas formalidades que los documentos presentados de manera impresa, incluyendo la firma de la persona que lo suscribe, pues la vía electrónica únicamente es un instrumento para facilitar el acceso a la justicia y acercar al Poder Judicial Federal a la ciudadanía. Bajo estas directrices, no es posible proveer respecto al escrito de demanda de amparo que se presentó de manera electrónica, al carecer de una formalidad que afecta su validez, esto es, la constancia de la evidencia criptográfica (firma electrónica) que corresponda con la persona que solicita la protección constitucional. De esta manera, es inconcuso que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Decisión En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Notifíquese personalmente.
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