ROBERTO REYES GARCIA y Otros.
Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ROBERTO REYES GARCIA y Otros.
- JOSE ALBERTO REYES GARCIA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veinticuatro siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho de septiembre al cuatro de los que cursan. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Se desecha de plano la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 755/2021-V- 1. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: "De las Autoridades señaladas como responsables, se reclama el traslado o relegación que pretenden aplicarnos, ya que a algunos de los Quejosos nos fue impuesta prisión preventiva para enfrentar nuestro proceso penal y otros hemos sido condenados en sentencia, por lo que fuimos recluidos por las autoridades correspondientes en el centro de compurgación donde actualmente nos encontramos, o sea en el CENTRO PENITENCIARIO EL CASTILLO en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa; pues tan es así que nuestras propias familias tuvieron que deshacerse de sus bienes en el lugar de su residencia para venir a asentarse en esta ciudad de Mazatlán, con el afán de estar cerca de los Quejosos y poder visitarnos la mayor de las veces posible e inclusive diariamente, por lo que la decisión de las Autoridades Responsables de trasladarlos a otra penitenciaria distinta, trasgrede en si nuestros derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Del estudio realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que obliga a desecharla. En cuanto a los citados actos, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación. En la preindicada legislación nacional, se prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad, impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. ORDEN DE TRASLADO FUERA DE PROCEDIMIENTO La parte quejosa reclama el traslado que le pretende ser ejecutado a un diverso centro de reclusión y, en consecuencia, el perjuicio económico que representaría a sus familiares, así como el temor de ser objeto de malos tratos, golpes o cualquier otra arbitrariedad e incluso la muerte, por parte de las responsables. Previo acudir al amparo, los quejosos tenían la obligación de agotar el medio ordinario de defensa que se encuentra establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 116, 117, 122, 123, 124, 127, 131 y 132. De los dispositivos normativos antes referidos, se advierte el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Así, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige los actos ahora reclamados, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 132, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2017653, que dice lo siguiente: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Ahora, resta por corroborar que cuando se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad contempladas en la fracción XX invocada, es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación, no implique una violación directa a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial y, por tanto, se tratan de actos que emite una autoridad legalmente competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado de que se trata y las condiciones de internamiento, no son actos que carezcan de fundamentación, porque están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente, por lo que hace al traslado, en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral: tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Máxime, que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los Jueces de Ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. En ese sentido, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado y, en general, de las condiciones de internamiento, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Por tanto, la orden de traslado urgente o excepcional por parte de la autoridad administrativa, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues es un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que regula el principio de definitividad. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio con registro digital: 2023190, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con número de tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), cuyo rubro es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." No se soslaya que los quejosos señalaron en su escrito de demanda que con motivo del traslado reclamado, tienen el temor de que pudieran ser objeto de relegación, malos tratos, golpes o cualquier otra arbitrariedad, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que los actos reclamados no son de aquéllos descritos en la última norma citada; sino que se trata de una orden de traslado por parte de las autoridades responsables; de ahí, que no pueda apreciarse aun indiciariamente que se ubiquen en los supuestos establecidos en tal norma, ya que se trata de actos inciertos. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que reclama la orden de traslado y en vía de consecuencia es que considera se pondría en riesgo su vida, integridad y dignidad como actualización del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; además, no se advierte algún elemento adicional del que se pueda inferir que efectivamente se pondrá a los quejosos en riesgo para la ejecución de tales actos; circunstancias que debe plantear ante el juez de ejecución correspondiente. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida aparentemente por Roberto Reyes García, José Alberto Reyes García, Uriel Ruiz Santos, Celso Landeros Ordoñes, Miguel Salomé Lizárraga Osuna, Jesús Alonso Armenta Valdez, Guadalupe Fletes Medina, Jesús Enrique Labrador Torres, Jonathan Jasiel Guillén Guerrero, Rubén Calderón Espinoza, Jesús Calderón Espinoza, Juan Calderón Espinoza, Francisco López Villa, Gael Ariel Andrade Montero, Eduardo Jonathan Martínez Larios, Luis Alfonso Fausto Aguayo, Jansson Francisco Navarro Cruz, José Alberto Lugo Ibarra y Emanuel Adán Benitez Camacho. REPRESENTANTE COMÚN. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a Roberto Reyes García. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Naranjas número 18200, Fraccionamiento Universidad, en esta ciudad; y únicamente para recibir notificaciones no procesales .el correo electrónico juanjusa@gmail.com, y el número telefónico 6692022450. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Juan Manuel Rodríguez Santiago; quien tiene su cédula profesional número 5832382, debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos.
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