Roberto Reyes Armendarez

Expediente 125/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
125/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Roberto Reyes Armendarez
  • Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de este juicio de derechos fundamentales, se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia emitida el doce de abril de ese mismo año, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; asimismo se reservó el pronunciamiento respecto al archivo, hasta en tanto se contara con los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades responsables dentro de la presente contienda. En ese sentido, toda vez que ya se cuenta con dichos acuses, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Cabe precisar que el citado Acuerdo General establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, en atención a que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, emitida por este órgano jurisdiccional, por la que se sobreseyó el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de la autoridad responsable foránea, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo dictado y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Finalmente, una vez que se recaben los acuses de recibo de los oficios con los que se notificó la sentencia de doce de abril de dos mil veintiuno, se acordara lo respectivo al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 125/2020-II, promovido por Roberto Reyes Armendarez, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el cinco de febrero de dos mil veinte, Roberto Reyes Armendarez promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad. 2.- Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. 3.- Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. 4.- Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Todos con sede en la Ciudad de México. 5.- Director del Centro de Ejecución de Sanciones. Con sede en esta Ciudad. 6.- Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Gobierno de Tamaulipas. Con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. "ACTO RECLAMADO: De todas y cada una de ellas, reclamo la Orden de Traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, hacia cualquier otro lugar, establecimiento o Centro de Reclusión diferente en cualquier parte de la República Mexicana". SEGUNDO. En auto de cinco de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 125/2020-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, se tiene que el solicitante del amparo reclama de las autoridades responsables la orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, hacia cualquier otro lugar, establecimiento o Centro de Reclusión diferente en cualquier parte de la República mexicana y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, el titular de la Policía Federal Ministerial y el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de esta última, todos con sede en la Ciudad de México; Encargada del despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas y, Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. El quejoso no desvirtuó esas negativas; no obstante que los comunicados de mérito le fueron puestos a la vista, a fin de que se impusiera de su contenido y expresara lo de su intención, o bien, allegara prueba con el peso suficiente para desvirtuar las aseveraciones (negaciones) de las responsables, no obstante de que se encontraba obligado a hacerlo; por ende, este juzgador está imposibilitado para darle realce a sus afirmaciones. Apoya lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia por reiteración de tesis VI.2º. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página sesenta y siete, tomo 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En efecto, como la parte quejosa omitió exhibir algún medio de convicción que acreditara los actos imputados a las autoridades responsables, ello constituye un obstáculo que impide a este juzgador analizar su constitucionalidad, pues aun y cuando el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; sin embargo, ésta obligación solamente surge cuando el Juez constitucional, previo al examen del acto reclamado advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de base a la responsable para la emisión de dicho acto, o bien, cuando en el proceso de donde emana, obren pruebas que resulten indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando como en el caso, las responsables niegan el acto reclamado y la parte quejosa omite exhibir los documentos que determinen su existencia, porque no se trata de pruebas que deban recabarse oficiosamente, sino del propio acto reclamado; y asumir un criterio contrario equivaldría a que cualquier persona hiciera uso irracional del juicio de amparo pretendiendo que el juzgador tomara carácter de investigador para probar la existencia del acto que reclame, lo cual es inadmisible. Es aplicable al caso concreto el contenido de la tesis aislada consultable en la página 428 del Tomo IX, del mes de Junio de 1992, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTIAS CON APOYO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO QUE SE LE RECLAMA Y EL QUEJOSO NO ACREDITA SU EXISTENCIA PROCEDE EL. Cuando las autoridades responsables niegan la existencia del acto que de cada una se les reclama, y los que intentaron la acción constitucional no aportaron ninguna prueba tendente a acreditar su existencia procede sobreseerse en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual manera, se cita el contenido de la tesis aislada consultable en la página 376 del Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común del siguiente rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa". En la parte relativa es aplicable el contenido de la jurisprudencia I.3º.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660 del Tomo V, Segunda Parte-2, enero a Junio de 1990, Octava Época, Materias Administrativa, Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías respecto a las autoridades aludidas en este considerando. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Roberto Reyes Armendarez por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que la audiencia constitucional dentro del expediente que nos ocupa, se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, el pasado veintidós de marzo de dos mil veintiuno se tuvo al titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de esta última, con sede en Ciudad de México rindiendo su informe justificado; por tanto, con fundamento en lo establecido en el dispositivo 117, párrafo segundo, de la legislación de la materia, se difiere la misma en virtud de que no se cuenta con la anticipación de los ocho días establecidos en dicho numeral. Con motivo de lo anterior, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe reseñado en párrafo antecedente, y no transgredir la garantía de defensa que le asiste, además de propiciar una mejor aplicación de la ley de la materia, con la finalidad de que el juicio de amparo se constituya en un medio de control de la constitucionalidad eficaz, se fijan de nueva cuenta las diez horas con cuarenta y tres minutos del doce de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. Tiene aplicación al respecto, la tesis 1.7oP.17K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2280, del mes de septiembre de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017979, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CELEBRARLA ANTES DE QUE CONCLUYA EL PLAZO DE OCHO DÍAS ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO DENTRO DE ÉSTE, EL QUEJOSO HAYA DESAHOGADO LA VISTA QUE SE LE DIO CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con el segundo párrafo del precepto mencionado, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos, debe mediar un plazo mínimo de 8 días entre la fecha de notificación del informe justificado y la diversa para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual no autoriza a que el órgano de control la celebre antes de fenecido ese término, no obstante que se haya desahogado la vista con respecto al informe pues, de lo contrario, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento de amparo que amerita su reposición, ya que esa temporalidad se prevé necesaria para garantizar el efectivo acceso a la justicia, ya que es potestad del quejoso presentar argumentos que desvirtúen las afirmaciones de las autoridades responsables al rendir sus informes, más aún, si ese periodo fue previsto para recabar y presentar pruebas que acrediten la existencia del acto reclamado. De ahí que no pueda considerarse que el hecho de que el quejoso haga manifestaciones en torno al desahogo de la vista antes de que concluya el plazo que se le otorgó, signifique que precluye su derecho para formular más alegaciones o probar lo conducente dentro del plazo respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano