Roberto Revilla Velázquez
Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Roberto Revilla Velázquez
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz. Notifica el auto de catorce de abril del año en curso donde la Superioridad recibió del diverso 828/2023-I (con anexos) de este índice y admitió el recurso de queja interpuesto por **********, en su carácter de apoderado del quejoso **********, contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Lo radicó bajo el toca 54/2023. Se toma nota. Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado -electrónicamente- por , quien se ostenta como apoderado del quejoso . Interpone recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo. Asimismo, anexa ocurso por el cual formula agravios. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da entrada al recurso. Ríndase el informe justificado relativo a la queja de que se trata. Manifestando que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remítanse -vía interconexión- los ocursos por los que interpone queja y expresa agravios, respectivamente, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, a través de su Oficina de Correspondencia Común, con sede en Xalapa, Veracruz, así como las constancias digitalizadas del expediente en que se actúa necesarias para su resolución. Habilítese la herramienta "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente electrónico. Notifíquese. Personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo presentada -electrónicamente- por Juan Manuel Pérez, quien se ostenta como apoderado de Roberto Revilla Velázquez. Contra actos del 1. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese con el número 231/2023-I. Hágase la captura en el libro electrónico de control correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracciones IV y V de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme la fracción IV el juicio de amparo procede contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. En relación con la diversa V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (en ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos permiten advertir lo reclamado es: - La omisión y/o abstención de emitir acuerdo respecto de la promoción presentada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del expediente laboral 568/X/2015, del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, con residencia en Boca del Río [señalada como responsable]. Con la cual solicita la actualización de planilla de liquidación. Ello con el propósito de lograr, en su oportunidad, la ejecución el laudo. Del capítulo de antecedentes de la demanda se obtiene, en lo destacado: 1. El once de octubre de dos mil dieciocho, se dictó laudo por la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, dentro del expediente 568/X/2015, relativo al juicio laboral promovido por el aquí directo quejoso contra Comercializadora de Productos Cerveceros, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Dicho fallo no fue favorable a los intereses del quejoso. Por tanto, promovió juicio de amparo directo. En el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. 3. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable dictó laudo condenatorio en contra del patrón (aquí tercero interesado). El cual quedó firme, al haberse negado el amparo a la moral Comercializadora de Productos Cerveceros, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del juicio 319/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. 4. El doce de mayo de dos mil veintidós, Roberto Revilla Velázquez presentó escrito a fin de que se diera cumplimiento al laudo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno (sic). En concreto, solicitó actualización de la planilla de liquidación y dictara auto de requerimiento y embargo en contra de la parte demandada. Cuya omisión de atender (dentro del plazo jurisprudencialmente establecido para ello) fue combatida en su momento a través del juicio de amparo indirecto 619/2022-IX de este índice. Asunto en el que se emitió sentencia de sobreseimiento. 5. Por escrito recibido por la responsable el catorce de febrero de dos mil veintitrés, solicitó nuevamente actualización de planilla, de conformidad con el laudo emitido en el juicio natural. Hasta el día de presentación del ocurso que se provee, no ha sido notificado de ningún acuerdo. Refiere el impetrante han pasado casi treinta y cinco días. Dicha omisión constituye la dolencia constitucional. Como se constata de los conceptos de violación esgrimidos. Expuesto lo anterior, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, que en este momento no es de imposible reparación. Versa sobre aspectos relativos a la omisión de acordar un ocurso por el que se solicita actualización de planilla de liquidación, para la continuación de la secuela ejecutiva correspondiente. Ocurso que presentó el catorce de febrero de dos mil veintitrés. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna. En el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. Se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proveer un escrito. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por su contenido, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de 'imposible reparación'; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada" Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En efecto, dado el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que la violación reclamada se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Sin que en el caso particular pueda considerarse que de la fecha en que formuló la petición ante la autoridad responsable (catorce de febrero del año en curso) a la presentación de la demanda (veintidós de marzo de este año), exista una abierta dilación del procedimiento o su total paralización. Es inconcuso que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuenta la responsable para que pudiera evidenciarse existe violación a un derecho sustantivo al configurar una dilación excesiva. El cual inició el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Esto es, luego de fenecido el plazo de ley para acordar la promoción -cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del ocurso respectivo, como lo prevé el numeral 838 de la Ley Federal del Trabajo aplicable-. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1643 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente. Por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo. Signifíquese al peticionario de derechos humanos que si en el plazo indicado (45 días naturales) la responsable no acordara su petición, tiene expeditos sus derechos para promover diversa acción de amparo, si así lo decidiere, para impugnar el estado de abstención. Decisión que se toma sin inadvertir el promovente se ostenta como apoderado legal del directo quejoso -se aprecia del anexo- pero el documento exhibido no se estima idóneo para acreditar su personalidad [con independencia de que manifiesta se trata de reproducción inalterada del diverso impreso, de su contenido se advierte es copia simple y no contiene firmas de los integrantes de la Junta responsable]. No obstante, aun subsanando esa omisión, no sería factible llegar a una distinta decisión, en atención a la actualización de la causa de improcedencia indicada en párrafos precedentes. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita el acceso al juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: . Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita. b) En caso ser factible lo anterior, permítase al usuario que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme al artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le realizarán electrónicamente en el "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, con el usuario descrito, bajo los términos que establece el artículo 61 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. MEDIO NO PROCESAL. Se toma nota del correo electrónico proporcionado como medio de comunicación no procesal. AUTORIZADOS. Se faculta en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a (ya que del escrito de demanda se advierte se trata de un juicio laboral y promueve la parte trabajadora). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. De forma personal a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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