Roberto Resendiz Diaz
Expediente 481/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Roberto Resendiz Diaz
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informó el acatamiento al fallo protector, ello, mediante oficio presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la oficialía de partes común, misiva a la que adjuntó copia de la constancia con la que justifica el cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. En mérito de lo anterior, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, este juzgador ordenó dar vista a las partes procesales con el referido oficio y anexo, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este juzgado federal acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se notificó a la parte quejosa el veintisiete de julio de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestación alguna; por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio de amparo, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo los siguientes: ".se concede al quejoso la protección de la justicia federal para el único efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, tome todas las medidas que tenga a su alcance y desahogue las pruebas pendientes en el expediente laboral, a fin de ponerlo en estado de alegatos; lo anterior, siempre y cuando no se hayan desahogado o acredite la imposibilidad que tenga para hacerlo. Es decir, siempre que el proceso laboral no concluya por una causa anormal de extinción (avenimiento de las partes, caducidad de la instancia, desistimiento, etcétera) o si se presenta una imposibilidad material o jurídica para su desahogo, lo que en todo caso, deberá acreditarse fehacientemente con las constancias correspondientes." En cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que se certificó el total desahogo de las pruebas y dio vista a las partes para que formularan sus alegatos. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitido por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; por tanto, lo que procede es DECLARAR CUMPLIDO el fallo amparador. Ello es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que con data veinticuatro del mes y año en curso, se tuvo a la autoridad de cuenta informando el cumplimiento a la sentencia de amparo del presente juicio de amparo y se acordó lo conducente a su contenido.
- Principal
Visto el oficio y anexo signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, con el oficio de cuenta y anexo dese vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado Federal emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele informando que requirió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, su informe respecto de la prueba que ofertó la parte demandada en el juicio de origen 685/2018, lo que comunica a fin de acreditar los trámites que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo. Ahora bien, y toda vez que los efectos del amparo fueron para que la autoridad responsable antes mencionada, hiciera lo siguiente: ".se concede al quejoso la protección de la justicia federal para el único efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, tome todas las medidas que tenga a su alcance y desahogue las pruebas pendientes en el expediente laboral, a fin de ponerlo en estado de alegatos; lo anterior, siempre y cuando no se hayan desahogado o acredite la imposibilidad que tenga para hacerlo. Es decir, siempre que el proceso laboral no concluya por una causa anormal de extinción (avenimiento de las partes, caducidad de la instancia, desistimiento, etcétera) o si se presenta una imposibilidad material o jurídica para su desahogo, lo que en todo caso, deberá acreditarse fehacientemente con las constancias correspondientes." En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HABILES, siguientes al que tenga conocimiento del presente acuerdo, informe sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el presente asunto. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Notifíquese por lista.
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