Roberto Rentería Díaz

Expediente 404/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
404/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Roberto Rentería Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el pedimento de amparo 283/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por medio del cual pretende formular alegatos, sin que sea necesario realizar providencia al respecto, toda vez que mediante proveído de dos de los actuales (fojas 6 a 11), se desechó la demanda de amparo, asimismo, el catorce de junio de este año (fojas 13 y 14), causó estado dicho acuerdo, y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. Como lo solicita, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2° , expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que el promovente ***, no impugnó el acuerdo de dos de junio del año en curso (fojas 6 a 11), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    Notificación personal I. Se recibe demanda telegráfica. Se recibe demanda telegráfica a nombre de ***, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 404/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Autoridades responsables y actos reclamados. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda telegráfica de amparo se advierte que el promovente reclama en esta instancia a las siguientes autoridades responsables: No. Denominación: 1 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Receptora de Denuncias, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, con domicilio conocido ampliamente en Avenida Jorge Luis Flores Enríquez, domicilio conocido en Edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 2 Agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Receptora de Denuncias, con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 3 Juez Penal de Control Ciudad. 4 Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. 5 Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. El acto reclamado consistente en: ". . .ACTOS RECLAMADOS A) LA ILEGAL ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA, DECRETADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y TRATADA DE CUMPLIRSE O EJECUTARSE POR LA AUTORIDAD EJECUTORIA TENDIENTE A PROCURAR MI DETENCIÓN Y LA CONSIGUIENTE PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD EN EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS. B) DE LA AUTORIDAD SEÑALADA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR ADSCRITO A MESAS 1, 2, 3, ADEMÁS DEL ACTO SEÑALADO ANTERIORMENTE DE ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA, TAMBIÉN SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR LAS PETICIONES DEL SUSCRITO CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO QUE SE INDICA MÁS ADELANTE". IV. Desechamiento. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no se actualiza algún supuesto legal para la presentación de la demanda vía telegráfica. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de los numerales invocados, los que establecen: *** Las citadas disposiciones legales establecen que el juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para esos efectos, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de los actos precisados, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las reglas establecidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, se puede presentar la demanda de amparo en la forma en que lo realiza el quejoso, cuando la petición del juicio de amparo y de la suspensión sea respecto de actos que no admitan demora, siempre que el promovente encuentre algún inconveniente en la justicia local. Entendiendo por actos que no admiten demora, aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el referido artículo 22 constitucional. En lo referente a la inconveniencia de acudir a la justicia local, se debe entender como la circunstancia de que en el lugar donde tenga ejecución el acto comprendido como de aquellos que no admiten demora, no existan autoridades judiciales locales o que, existiendo en el lugar, se nieguen a recibir la demanda, o bien que por cualquier motivo, a juicio del quejoso, estimare que existe inconveniente en la justicia local para pedir el amparo y la suspensión del acto reclamado, mismo motivo que el quejoso debe externar en su petición al solicitar amparo vía telegráfica. Fuera de estos supuestos, el quejoso debe promover el juicio de amparo por escrito. Situaciones arriba indicadas, que en el caso no suceden, dado que de la lectura del telegrama allegado, se advierte que si bien la parte quejosa reclama la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución; tales actos no actualizan la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que no se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues si bien refiere que reclama una orden de comparecencia o detención; por tanto, es claro, que el solicitante del amparo debió instar la demanda de mérito por escrito y no vía telegráfica, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Máxime que del telegrama que se provee se advierte que la parte quejosa es quien promueve el amparo, razón por la cual es dable suponer que no se encontraba en imposibilidad de presentar el original de su escrito respectivo; además, de que no se encuentra privada de la libertad, en tanto que precisa en el documento de mérito que se pretende ejecutar el acto reclamado. De tal suerte que todas las manifestaciones que se contienen en la comunicación del quejoso, no constituyen una excepción para la presentación de la demanda vía telegráfica, como lo pretende, es decir, el quejoso no cumplió con las obligaciones que la ley le impone para estar en posibilidad de presentar un amparo por la vía telegráfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXI.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, consultable en la página mil doscientos treinta y cinco, del tomo XXXII, septiembre de dos mil diez publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 163834, que a la letra dice: *** En las relatadas condiciones, se desecha la demanda de amparo, con base en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. IV. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . V. Domicilio. Se tienen como su autorizado en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Francisco Gilberto Martínez Reyes, y como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. VI. Expedición de copia certificada. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada por duplicado de esta determinación y entréguense a la persona autorizada para tal efecto, previa razón de recibo que se deje en autos. VII Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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