Roberto Regalado Antonio

Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Roberto Regalado Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, RESOLUCION DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, se agregó a este expediente el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, a través del cual remitió copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo dictada en este asunto. Por lo que, en ese mismo acuerdo, se dio vista a las partes con dichas constancias, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Dicho acuerdo se notificó a la parte quejosa, el 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 2 veintidós de junio del año en curso, y al tercero interesado veintitrés de los corrientes, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aquella pieza, y esta juzgadora procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Para ello, primeramente, es menester dejar sentado que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió a Roberto Regalado Antonio, para que el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula: 1. Deje insubsistente el proveído de diez de diciembre de dos mil veintidós; y, 2. Con plenitud de jurisdicción, emita otra, debidamente fundada y motivada, en la que atienda los puntos analizados en la sentencia de amparo. De las constancias que el juez responsable, anexó a sus oficios agregados en proveídos de dieciocho de mayo y quince de junio ambos del año en curso, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2, por tratarse de documentales expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, se obtiene que: ? En acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, declaró insubsistente el proveído de diez de diciembre de dos mil veintidós, dictado en la causa 856/2017, de su índice (foja 104). ? En su lugar, el doce de junio del presente año dictó acuerdo en el que en atención a los puntos 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 3 analizados en la sentencia concesoria de amparo dictada en este expediente: a) Expuso los razonamientos lógicos y jurídicos que lo condujeron a concluir que no era procedente la aplicación de la jurisprudencia de rubro MEDIDA CAUTELAR DE GARANTIA ECONOMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN II, DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIETOS PENALES, SU FINALIDAD NO ES GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO, y, por ende, debía atenderse a lo que establece el código adjetivo de la materia. b) Motivo y fundó, porque la tesis I.9o.P.219 P, de rubro MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA. AL DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SU MONTO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE CONSIDERAR QUE EL IMPUTADO PUDO NO HABER MANTENIDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA QUE TENÍA PREVIO A SER DETENIDO, POR ENCONTRARSE INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, que fue invocada en el escrito de diez de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Ortiz Gordillo, no era aplicable al caso concreto. c) Expuso los razonamientos lógicos y jurídicos, basados en su experiencia en la materia, que le llevaran a concluir que debía establecerse la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de obligaciones inherentes a su proceso. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 4 d) Estableció que fijó el monto del pago de la reparación del daño, consistente en $1,007,000.00 (un millón siete mil pesos 00/100 moneda nacional), atendiendo al dictamen suscrito por Saturnino Palomeque Culebro, perito contable adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales Fronterizo Costa, de la Fiscalía General del Estado. e) Indicó el fundamento legal en el que se basó para señalar como concepto de multa la cantidad de $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), a razón de 100 días de salario mínimo vigente a la época en que sucedieron los hechos, así como la fuente de información de la que obtuvo que el salario mínimo en el año dos mil trece correspondía a la cantidad de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional). f) En relación a lo anterior, expuso que tomó en consideración que el delito se ejecutó sin violencia y no se advirtió que el procesado haya tenido antecedentes de habérsele instruido proceso y condenado previamente; esto en relación a los requisitos establecidos en los artículos 524 y 528 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas; y, g) En lo que respecta al fundamento legal en que se basó para determinar que la fianza personal, debía comprobar que tiene bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad, cuyo valor sea el doble de la cantidad señalada como garantía, exhibiendo certificado de 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 5 libertad de gravámenes, que comprenda un término de diez años y constancia de estar al corriente del pago de la contribución respectiva para que justifique la solvencia del mismo; estableció que el mismo encuentra sustento en el artículo 531 y 532 de la ley adjetiva penal vigente en la época de los hechos. Por lo anterior, se estima que la autoridad judicial responsable dio cumplimiento al fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en sus actuaciones. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ANOTACIONES Y SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción lll, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 6 por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. CLASIFICACIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL El presente expediente se considera conservable; por lo tanto, se conservará por el término de tres años en el archivo de "trámite" a que se refiere el numeral 91 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido y transcurrido ese plazo, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo establece el mencionado artículo 17. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo de conformidad con el artículo 34 de acuerdo en comento. CLASIFICACIÓN DEL CUADERNO INCIDENTAL 1 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 7 Se hace la indicación que el cuaderno incidental que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 202 , fracción lll del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse dicho incidente y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el párrafo tercero3 del artículo 20 del multicitado acuerdo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. 2 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; III. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; . 3 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, una vez al año, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, deberá destruir estos expedientes y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 08/05/24 11:01:11 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a JUDITH VENTURA AVILA 8 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el segundo párrafo del artículo 20 del citado Acuerdo General.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula y anexos, con el cual remite copia certificada de las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente expediente. En tal virtud, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas constancias, córrase traslado a las partes y déseles vista por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Con el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo concedido, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Primer Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, encargada del despacho por ministerio de Ley, remitiendo las constancias con las que consideró haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente y sin ningún valor el diverso de diez de diciembre del dos mil veintidós, dictado en la causa penal 856/2017 de su índice. Sin embargo, de la lectura de la misma, se advierte que la autoridad responsable nuevamente incurrió en los vicios abordados en el fallo amparador, en el que se estableció que debía: a) Exponer los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a concluir que no era procedente la aplicación de la jurisprudencia de rubro MEDIDA CAUTELAR DE GARANTIA ECONOMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN II, del CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIETOS PENALES, SU FINALIDAD NO ES GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO y, por ende, debía atenderse a lo que establece el código adjetivo de la materia. b) Establecer, porque aun cuando la tesis I.9o.P.219 P, de rubro MEDIDA CAUTELAR DE GARANTÍA ECONÓMICA. AL DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN DE SU MONTO, EL JUEZ DE CONTROL DEBE CONSIDERAR QUE EL IMPUTADO PUDO NO HABER MANTENIDO LA CAPACIDAD ECONÓMICA QUE TENÍA PREVIO A SER DETENIDO, POR ENCONTRARSE INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, que fue invocada en el escrito de diez de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el licenciado Jorge Alberto Ortiz Gordillo, no hace referencia a que la parte quejosa deba acreditar su incapacidad económica con prueba idónea, como lo es un estudio socioeconómico, determinó que no podía hacer asequible el monto de las obligaciones inherentes al proceso sin la existencia de esa probanza. c) Exponer los razonamientos lógicos y jurídicos, basados en su experiencia en la materia, que le llevaran a concluir que debía establecerse la cantidad finalmente decretada, esto es, $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), entre las que pueden encontrarse, por ejemplo, el mayor o menor interés que pueda tener el acusado en sustraerse a la acción de la justicia, las características del mismo y, demás que, a su criterio y experiencia, puedan tomarse en consideración. d) En relación al monto del pago de la reparación del daño, que la potestad responsable fijó en $1,007,000.00 (un millón siete mil pesos 00/100 moneda nacional), debía establecer en base a que documental que obre agregada en autos fijó la misma. e) En relación al concepto de multa, $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) a razón de 100 días de salario mínimo vigente a la época en que sucedieron los hechos, la potestad responsable debía establecer el fundamento legal en el que baso su actuar, así como la fuente de información de la que obtuvo que el salario mínimo en el año dos mil trece correspondía a la cantidad de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional). f) Analizar los requisitos establecidos en los artículos 524 y 528 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, estos son, los antecedentes del inculpado, la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del procesado y el mayor o menor interés que pueda tener en sustraerse a la acción de la Justicia. g) Establecer, el fundamento legal en que se basó para determinar que la fianza personal, debía comprobar que tiene bienes raíces inscritos en el Registro Público de la Propiedad, cuyo valor sea el doble de la cantidad señalada como garantía, exhibiendo certificado de libertad de gravámenes, que comprenda un término de diez años y constancia de estar al corriente del pago de la contribución respectiva para que justifique la solvencia del mismo; es decir, en que oficio, manual, reglamento o ley, se basó para determinar los lineamientos previamente citados para la exhibición de la fianza personal. Así, la autoridad responsable cumplió con lo especificado en el inciso c), pues expuso los razonamientos lógicos y jurídicos, basados en su experiencia en la materia, que le llevaran a concluir que debía establecerse la cantidad decretada en $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), esto es, para garantizar la comparecencia del procesado en todas y cada una de las diligencias a las que sea requerido, a su consideración, proporcional al monto motivo de la causa penal de origen y el posible riesgo de sustracción de la justicia. Por otra parte, en cuanto al inciso d), se estableció que el monto del pago de la reparación del daño, que la potestad responsable fijó en $1,007,000.00 (un millón siete mil pesos 00/100 moneda nacional) atendía al dictamen suscrito por el C.P. Saturnino Palomeque Culebro, perito contable adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales Fronterizo Costa, de la Fiscalía General del Estado. En relación al diverso e), determinó que el concepto de multa $6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) es a razón de 100 días de salario mínimo vigente a la época en que sucedieron los hechos, tomando en cuenta que el salario mínimo lo era de $61.38 (sesenta y un pesos 38/100 moneda nacional) como se advierte de la página de internet especificada en el acuerdo que se analiza y con fundamento en el artículo 270, fracción III, de la Ley Sustantiva Penal vigente en la época de los hechos. Seguidamente, atendiendo al inciso f), expuso que tomó en consideración que el delito se ejecutó sin violencia y no se advirtió que el procesado haya tenido antecedentes de habérsele instruido proceso y condenado previamente. Ahora bien, en relación al especificado en el a) de esta determinación, la autoridad responsable determinó: "(.)Por último se advierte que la tesis jurisprudencial invocada por la parte quejosa, esta no resulta procedente ya que no es aplicable al asunto que nos ocupa (.)"; sin embargo, nuevamente dejó de establecer los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a concluir que no era procedente la aplicación de la jurisprudencia de rubro MEDIDA CAUTELAR DE GARANTIA ECONOMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN II, del CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIETOS PENALES, SU FINALIDAD NO ES GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO y, por ende, debía atenderse a lo que establece el código adjetivo de la materia; máxime que en la ejecutoria de amparo, se establecieron lineamiento en relación a cuando debía o no, observarse la misma. Asimismo, dejó de emitir pronunciamiento en relación a lo establecido en el inciso b) y g) especificado en este acuerdo, así como en la sentencia dictada en el presente asunto; sin exponer los motivos y fundamentos de derecho en que se basó su actuar. De lo anterior, se concluye que el juez responsable incurrió en un defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014 (10a .) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, deje insubsistente el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés y dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, siguiendo puntualmente los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. En el entendido, que la autoridad responsable no está obligada a acordar procedente la solicitud de la parte quejosa en los términos peticionados, ni modificar el monto de la caución, únicamente debe observar la garantía de legalidad y seguridad jurídica que debe revestir todo acto de autoridad, al momento de emitir el acuerdo que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." 1 "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la 1 Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19. observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada."2 En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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