Roberto Rangel Lozano
Expediente 1122/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Roberto Rangel Lozano
- ROBERTO RANGEL LOZANO y Otros.
Actuaciones
- Principal
...el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, a través del cual informa que en proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo promovida por Roberto Rangel Lozano...archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
Juicio de amparo 1122/2018-3. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede. Conste. Secretario. Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de catorce de noviembre del año en curso, se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de catorce de los presentes mes y año, por los motivos expuestos en la constancia de mérito. Por tanto, se ordena que el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se notifique por lista, así como las subsecuentes, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; así como las subsecuentes, hasta en tanto se señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Resulta aplicable a lo así ordenado, la jurisprudencia 20/2008 emitida por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2007-PS, (registro 169843), rubro y contenido siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
personal armando
- Principal
Juicio de amparo 1122/2018-3. En catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez, con la demanda de amparo promovida por , registrado con el folio 18382. Conste. Secretario. Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por , contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, quedando registrado con el número 1122/2018-3, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, sin que sea el caso admitirla en la vía propuesta. Cierto, el impetrante reclama la sentencia definitiva de veintidós de octubre del dos mil dieciocho, dictada en el proceso penal 18/204-III, que por el delito de contrabando equiparado, se le instruye ante el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Al efecto, conviene precisar que en materia de amparo, la competencia se finca primordialmente atendiendo a tres factores: a) El territorio; b) La materia jurídica sobre la cual versa el acto que se reclama; y c) La índole especial de la autoridad que se señale como responsable. De ello, es evidente que para establecer la competencia, el Juez de amparo no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto de reproche, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe conocer del asunto planteado por el quejoso. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es incompetente para conocer de esta demanda de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que es atendible en la vía directa ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior, en virtud de que se reclama la sentencia de un juicio penal, contra lo que al margen del principio de definitividad, la vía idónea para su análisis constitucional es el amparo directo. Al respecto, es orientadora la Jurisprudencia P./J. 16/2003) (10a.) que aparece en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, (registro 2006612), página 854, de contenido: AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." Dadas las razones anotadas, con fundamento en lo que establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, declara carecer de competencia para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, remítase los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho considere sea procedente, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos de los artículos 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutierrez Perez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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