Roberto Ramon Martinez Cardenas

Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1095/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Roberto Ramon Martinez Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual envía testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 222/2022, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado por ministerio de ley; y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. ***

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintidós. Admiten Queja Intégrese el oficio electrónico signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, través del cual comunica que el órgano colegiado de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de cinco de julio pasado dictado en el presente juicio de amparo, el cual registró bajo el número 222/2022, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la determinación que resuelva el citado medio de impugnación.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. QUEJA Intégrese el escrito signado por el quejoso Roberto Ramón Martínez, a través del cual, interpone recurso de queja contra el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós. Por tanto, toda vez que no existen partes a las cuales notificar, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en Turno, para su sustanciación. De igual forma, ríndase el informe relativo, en el sentido de que se reconoce la emisión de la determinación impugnada, sin embargo, la misma se encuentra ajustada a derecho, lo anterior dado que el quejoso no reclamó un acto de imposible reparación o que afectara materialmente sus derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. Háganse las anotaciones respectivas. Por otro lado, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. En ese sentido resulta innecesario el envío de copias certificadas del presente sumario a fin de que el tribunal de alzada esté en aptitud de substanciar el referido medio de impugnación.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Radicación Vista la demanda que promueve *****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1095/2022-I-B. Acto reclamado El quejoso señala como autoridad responsable a la siguiente: Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca del Poder Judicial del Estado de México. De quien reclama: La resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****, a través de la cual, se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de ocho de abril del año en curso por medio de la cual se ordenó llevar acabo el emplazamiento a la codemandada ****, a través de su representante *****. Sentando lo anterior, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe precisarse que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En principio, conviene establecer que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el diverso 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "(.) De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. -Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. --- Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...)--- III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: --- (...)--- b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;---- [...]---V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[...]." --- Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. ---Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.---Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que el Tribunal Más Alto de este País resolvió que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; por lo que, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****, a través de la cual, se tramitó el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de ocho de abril del año en curso por medio de la cual se ordenó llevar acabo el emplazamiento a la codemandada María Gabriela Martínez Rodea, a través de su representante María Teresa Rodea Ruiz. Es así que dicha determinación, a consideración de este juzgador federal, no afecta directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino que se trata de una violación de carácter formal o intraprocesal, que incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se sostiene en la medida que, conforme a las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se puede deducir, que el motivo de reclamo del quejoso estriba, esencialmente, en la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****, a través de la cual, se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de ocho de abril del año en curso, por medio de la cual se ordenó llevar acabo el emplazamiento a la codemandada ****, a través de su representante ****. No obstante de ninguna manera puede considerarse como una violación directa a derechos sustantivos del quejoso, tales como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, sino que, se considera como una violación de carácter adjetiva o procesal, en términos de la fracción I del artículo 172 de la Ley de Amparo, la cual no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo biinstancial. En ese sentido, es válido establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular, pues se ha visto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal (como en el caso la resolución que constituye el acto reclamado), si éstos no producen a las partes una afectación en sus derechos sustantivos, pues los efectos de éste tipo de violaciones son meramente formales o procesales. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por el tema que informa la tesis número 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, con el contenido y epígrafe siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE A DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. ****." Asimismo, resulta aplicable la tesis pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito XX.69 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 346, con registro digital 202600, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO AL CODEMANDADO. ES IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL. ****." En conclusión, que si el acto reclamado lo constituye La resolución de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente ****, a través de la cual, se resolvió el recurso de revocación hecho valer contra la determinación de ocho de abril del año en curso por medio de la cual se había ordenado llevar acabo el emplazamiento a la codemandada *****, a través de su representante ****, resulta evidente que, como se ha venido diciendo, resulta un acto cuyas consecuencias son únicamente de carácter adjetivo o procesal, pues dicho acto no conlleva ninguna lesión a los derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último interpretado en sentido contrario; de ahí que en términos del artículo 62 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por ****. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Medios de comunicación alternos En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que señale medios de comunicación alternos (no procesales), tales como el correo electrónico o número telefónico. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Juicio en línea Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Notificación especial a las partes En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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